La Ministra Ribera vincula la continuidad del ATC de Villar de Cañas al cierre de las centrales nucleares. Pero las graves deficiencia de los terrenos justifican el cierre del ATC, independientemente del futuro de la energía nuclear
Un aplazamiento en la decisión sobre el ATC, abriría la puerta a que un gobierno salido de las próximas elecciones, relanzara el proyecto
En declaraciones públicas, la Ministra para la Transición Ecológica, ha expresado la necesidad de conocer a fondo los números de la energía nuclear (los costes del cierre de las centrales y de la gestión de sus residuos en diferentes escenarios) antes de tomar una decisión sobre el momento del desmantelamiento. Así mismo, vincula este calendario de cierre a la decisión sobre el ATC de Villar de Cañas.
Pero tanto esta Plataforma, como numerosos colectivos ciudadanos, partidos políticos e incluso el Colegio de Geólogos, han alzado, en repetidas ocasiones, la voz de alarma sobre riesgo que supondría la construcción del ATC en los terrenos elegidos junto a la población de Villar de Cañas (Cuenca). Además, esta ineptitud geológica la conoce de primera mano Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE, cuando fue consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En esa ocasión (julio de 2015) se opuso al informe que daba el visto bueno a la autorización previa o de emplazamiento del ATC, precisamente por las deficiencias de los terrenos y emitió un voto particular
El Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas., da potestad al titular de energía del gobierno central (en este caso la Ministra Ribera) a tomar la decisión sobre cada una de las 3 autorizaciones necesarias para poner en marcha el ATC. De esta manera, una siempre orden ministerial, daría al traste con el proyecto sin necesidad de pasar por el Consejo de Ministros.
Esta denegación de autorización debe estar motivada, pero nadie puede dudar que tomar una decisión sobre el ATC de Vilar de Cañas, es una prerrogativa del gobierno central. Así lo avala la sentencia de la audiencia nacional de 14 de julio de 2011 sobre el cierre de la CN de Garoña a pesar de contradecir (como en el caso del ATC) el informe del CSN que permitía prolongar su funcionamiento.
En caso de que Ribera denegara la autorización al ATC, en nada prejuzgaría sobre si, en un futuro, se optara por otra ubicación para el ATC o bien renunciar definitivamente a él y dejar los residuos temporalmente en almacenes individuales junto a las centrales nucleares, tal y como se está haciendo, poco a poco en España. Esta última opción, es la elegida en países como EE.UU. (que no tiene ATC) y además ahorraría al «Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos» 2.800 millones que cuesta (según Enresa) el ATC, así como unos 100 millones más (según Carlos Bravo de Greenpeace) que costaría el transporte de los residuos desde las CC.NN. hasta el ATC.
Para María Andrés (portavoz de la Plataforma) «Nos preguntamos la razón de no tomar ya una decisión. Se ha abierto una ventana de oportunidad que no sabemos el tiempo que durará, por eso, pedimos a la Ministra sensatez y que cierre ya el proyecto del ATC en Villar de Cañas, nada se lo impide. Demorar la decisión, supondría que un nuevo gobierno, tras las alecciones de 2020, podría retomar un proyecto como el ATC, poniendo a la población de la comarca de Villar de Cañas en un riesgo intolerable».
La Plataforma está realizando gestiones para conseguir una reunión con el Secretario de Estado de Energía José Domínguez Abascal, persona elegida por la Ministra como interlocutor para la política sobre energía nuclear.
