En un 5,1 por ciento de esas inspecciones se detectó algún tipo de práctica irregular o infracción.
Tanto el sector de las telecomunicaciones como el de la Energía, vienen siendo en los últimos años los que generan más inquietud entre los consumidores y usuarios.
A lo largo del pasado año, la Dirección General de Salud Pública y Consumo, en el marco de sus funciones y competencias en materia de consumo realizó un total de 82.452 actuaciones inspectoras durante 2017, observando en un 5,1 por ciento de ellas algún tipo de práctica irregular o infracción.
En cuanto a las actuaciones de control de calidad, se tomaron 146 tomas de muestras, correspondientes tanto a campañas regionales como nacionales, entre las que destacan los productos alimenticios, los juguetes, los cosméticos y productos de higiene personal o las herramientas y productos de bricolaje.
De las muestras analizadas, sólo una quinta parte presentaron alguna determinación analítica no conforme con la normativa vigente.
Respecto a las actuaciones en el ámbito de la seguridad de los productos, se gestionaron 2.216 notificaciones de alertas de las que tan sólo nueve tuvieron origen en los productos de la región, lo que supone un escaso 1,6 por ciento a nivel nacional.
En relación a las acciones de identificación y localización de productos notificados por la red de alerta europea RASFF se derivó la intervención de 27.268 unidades de producto.
Los servicios de inspección de la Dirección General de Salud Pública y Consumo y los inspectores locales de las Oficinas Municipales de Información y Consumo de la región, llevan a cabo durante todo el año exhaustivos controles de calidad y seguridad de los artículos que se comercializan a nivel autonómico y de los establecimientos de venta procediendo, a su vez, a la toma de muestras para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.
Estas actuaciones se complementan con la inmovilización cautelar y retirada de aquellos artículos que puedan presentar algún tipo de riesgo o hayan sido notificados en el sistema de intercambio de información de la red europea de alerta de productos peligrosos.
Como complemento a estas actuaciones, las Direcciones Provinciales de Sanidad atienden las reclamaciones y denuncias que cualquier persona consumidora desee plantear en relación a algún producto concreto.
Asimismo, desde la Dirección General de Salud Pública y Consumo se suscribieron cuatro convenios con distintas entidades, en el marco del diálogo empresarial e institucional, destacando el suscrito con la Consejería de Bienestar Social en materia de vulnerabilidad y pobreza energética.
Atención a personas consumidoras
En cuanto a la actividad de atención a las personas consumidoras y usuarias, el número de demandas registradas en la región a través de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y de los servicios de las direcciones provinciales de Sanidad ha alcanzado un total de 77.515. De ellas 53.197 demandas corresponden a consultas, 23.448 a reclamaciones, 220 a denuncias y 650 a quejas, siendo los sectores más demandados los relacionados con el ámbito de las telecomunicaciones, el suministro eléctrico, la banca y los servicios financieros, los seguros y el suministro de gas.
Cabe reseñar en este sentido que el sector de las telecomunicaciones como el de la energía vienen siendo en los últimos años los que generan más inquietud entre las personas consumidoras y usuarias; aunque las reclamaciones del sector bancario y de seguros son las que se han incrementado en este tiempo, y en el caso del primero, se ha visto incrementado en gran medida por el impacto que ha tenido la problemática de las cláusulas suelo en la actividad de las oficinas de atención al consumidor.
En lo que se refiere a la Junta Arbitral de Consumo de Castilla-La Mancha, durante el año 2017 se han registrado un total de 414 solicitudes de arbitraje, 369 expedientes admitidos a trámite y 395 laudos dictados. El sector de las comunicaciones ha sido registrado el mayor volumen con un 44,18 por ciento, en este sistema de resolución alternativa de litigios que en la región cuenta ya con un total de 12.200 empresas adheridas, lo que refleja claramente la confianza que este mecanismo despierta para abordar de forma rápida, amistosa y gratuita los problemas entre consumidores y empresarios.
Finalmente, la Dirección General de Salud Pública y Consumo ha llevado a cabo a lo largo del pasado año distintas acciones informativas y divulgativas entre las que destacan las relativas a la prevención del desperdicio alimentario y a la eficiencia y vulnerabilidad energéticas.
A esto se añaden las acciones formativas desarrolladas para técnicos de consumo en temas como el comercio electrónico, cláusulas suelo, servicios financieros, seguros, telefonía o ahorro energético.
Asimismo, la Consejería de Sanidad viene trabajando en la redacción del borrador de Ley sobre los Derechos de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha y en los decretos sobre el Consejo Regional de Consumo, así como la regulación del procedimiento administrativo a seguir en relación con los precios de los servicios públicos municipales objeto de intervención autonómica y sobre los distintivos a las mejores prácticas en consumo.
La actividad de la Consejería de Sanidad en materia de consumo se completa en el ámbito de la educación del consumidor con la formación de docentes, la edición regional del concurso escolar Consumópolis, la realización de talleres sobre consumo sostenible o la participación en el programa europeo ‘Consumer Classroom’.
