El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos ha subrayado que “el Gobierno del presidente Emiliano García-Page no va a permitir esta segunda fase de baterías de extracciones de agua en acuíferos de la Sierra del Segura” reflejada en el último decreto contra la sequía de la Confederación Hidrográfica del Segura, y publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Pedro Antonio Ruiz Santos ha calificado de “clamor” la alarma social generada por el Gobierno central, y ha recordado que el Consejo de Ministros aprobó el septiembre del pasado año, pozos de sequía en Hellín y Liétor, permitiendo la posibilidad de extraer 9,9 hectómetros cúbicos de agua del acuífero Mingogil-Villarones, evitando que estos bombeos se realizasen desde los acuíferos de El Molar, declarados sobreexplotados.
El Gobierno de Castilla-La Mancha presentará recursos y alegaciones a la segunda fase de los pozos de sequía en la cuenca alta del Segura, que afectarán a las localidades y pedanías de Elche de la Sierra, Ferez y Socovos, proyectada por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).
Así lo ha confirmado Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado de la Junta en Albacete, durante un encuentro informativo con los vecinos y regantes de Vicorto, aldea del término municipal de Elche de la Sierra, acompañado de Raquel Ruiz, alcaldesa de esta localidad; y Manuel Miranda, y César López-Ballesteros, directores provinciales de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y Fomento, respectivamente.
Ruiz Santos ha definido de “clamor”, la alarma creada en el Alto Segura, tras conocerse la intención de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) de extraer aguas de estos acuíferos en estas comarcas albaceteñas, a través del decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), autorizando nuevos pozos de sequía, en una segunda fase de baterías, “algo que el Gobierno del presidente Emiliano García-Page no puede consentir”, ha afirmado el delegado de la Junta.
El representante del Ejecutivo castellano-manchego ha recordado que estas decisiones ya se aprobaron por el Consejo de Ministros, el 8 septiembre del pasado 2017, fecha en la que se autorizaron pozos de sequía en Hellín y Liétor, permitiendo la posibilidad de extracción de 9,9 hectómetros cúbicos de agua del acuífero Mingogil-Villarones, evitando que estos bombeos se realizasen desde los acuíferos de El Molar, declarados sobreexplotados.
“Estos pozos se llevan agua en teoría para consumo humano, pero también supimos para regadíos en Cartagena”, ha apuntado el delegado de la Junta, que ha calificado estas medidas de “injustas”, explicando que estas baterías de agua se precintaron por parte de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, durante varios meses, por la aplicación de las medidas contempladas en la lucha contra los incendios forestales en Castilla-La Mancha.
Por su parte, la alcaldesa de Elche de la Sierra ha confirmado que el Ayuntamiento de esta localidad presentará alegaciones a estos pozos de sequía, y ha instado a los Consistorios de Ferez y Socovos a que se unan “en esta lucha por un recurso que es como el oro para nuestros vecinos, agricultores y regantes”.
Reivindicaciones a la CHS para las evaluaciones de impacto ambiental
Desde la Delegación de la Junta en Albacete se ha incidido en la necesidad de que la Confederación Hidrográfica del Segura considere los estudios de evaluación e impacto ambiental transmitidos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, en alusión a estos pozos de sequía, y han instado a este órgano de gestión y planificación hidrológica, a que instale una oficina o subsede de la propia CHS en la provincia de Albacete.
Recurso a los planes hidrológicos y puesta en marcha de las desaladoras
El Gobierno del presidente Emiliano García-Page ha recurrido los planes hidrológicos del Tajo, Guadiana, Júcar y Segura, y “seguiremos trabajando para que no roben esta agua que otros la aprovechan”, ha declarado el delegado de la Junta, que ha incidido en que los pozos de sequía son “una muestra de insolidaridad”, al igual que el trasvase Tajo-Segura.
En este sentido, Ruiz Santos ha criticado los 60 hectómetros cúbicos aprobados por la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, y ha incidido en la necesidad de que se pongan en funcionamiento al cien por cien las desaladoras en el Levante, como ha explicado el jefe del Gobierno regional y que se reflejará en diferentes iniciativas parlamentarias en las Cortes regionales, y en el Congreso de los Diputados.
