Ha salido adelante gracias a los votos del Grupo Popular y de la diputada no adscrita, mientras que el Grupo Socialista y Ahora Guadalajara han votado en contra
El Pleno de la Diputación Provincial celebrado hoy ha acordado instar a la Comisión del Pacto de Toledo para que elabore y remita al Gobierno de la Nación las nuevas recomendaciones necesarias para articular las orientaciones de futuro que deben guiar el modelo de Seguridad Social, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, progresando en su equilibrio financiero. Del mismo modo, también se instará al Gobierno de la nación a seguir trabajando con los Agentes Sociales en el diálogo social y seguir manteniendo la colaboración permanente con la Comisión del Pacto de Toledo para que puedan concluir, con el necesario consenso, los debates que está llevando a cabo. Asimismo, una vez que concluyan los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo, se comprometa a implementar las Recomendaciones con el necesario concurso de los Agentes Sociales.
Se trata de una propuesta que ha sido presentada por el Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara para su debate hoy en el Pleno y que ha salido adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno y de la diputada No Adscrita, pero que ha recibido los votos en contra del Grupo Socialista y de Ahora Guadalajara.
En la exposición de motivos de dicha propuesta ha quedado reflejado que la Seguridad Social es uno de los pilares básicos del Estado de Bienestar. Su mantenimiento y sostenibilidad forma parte de los grandes consensos nacionales articulado a través del Pacto de Toledo cuyas Recomendaciones se han venido realizando mediante reformas constantes en el sistema que han permitido avanzar en la sostenibilidad y suficiencia del sistema. Así, el compromiso de todas las fuerzas políticas ha permitido desarrollar un sistema capaz de cubrir necesidades y contingencias muy variadas, concediendo una amplia protección en comparación con otros sistemas.
La Seguridad Social española gestiona hoy más de 40 prestaciones sociales y un gran abanico de pensiones; cuenta con un sistema de pensiones mínimas del que tan sólo 11 de los 27 países de la Unión Europea disponen y mantiene un complemento de pensiones para quienes que no alcanzan ese nivel mínimo, que tan sólo tienen 4 países en Europa y que beneficia a cerca de 2,5 millones de pensiones, una cuarta parte del total (26,1% del total).
La Seguridad Social ha extendido su cobertura y llega a más personas hoy que nunca antes de su historia. Y la grave crisis económica que hemos atravesado no ha evitado que iniciáramos una recuperación con un avance muy importante en sus niveles de protección. La tasa de riesgo de pobreza de los jubilados mayores de 65 años se ha reducido a más de la mitad y España es el país de la OCDE que más reduce el riesgo de pobreza tras la jubilación. En esta etapa, desde el inicio de la crisis económica en 2007, la protección ha experimentado un enorme crecimiento. A 1 de febrero de 2018 el número de pensiones contributivas ascendió a 9.573.282, un 15,66% más de las que había en 2007.
Las nuevas pensiones son mucho más altas que las existentes previamente. La cuantía media de la pensión de jubilación (la que tiene el mayor peso en el total de pensiones) supera los 1.000 euros (1.077,52), y desde 2007 se ha incrementado un 41,67%. Desde el inicio de la crisis las pensiones han mantenido su poder adquisitivo. La tasa de sustitución, que relaciona salario y pensión, que en 2013 era la cuarta de la Unión Europea, ahora es la segunda más alta de la OCDE.
El compromiso con el sistema público de pensiones ha derivado en un incremento del gasto en pensiones contributivas que ha pasado de 79.805 millones de euros en 2007 a 122.777 en 2017, un incremento del 53%. En un sistema contributivo, como es el nuestro, la fuente principal de recursos económicos son las cotizaciones sociales. La pérdida de casi 3,5 millones de afiliados durante la crisis derivó en una fuerte caída de los ingresos de la Seguridad Social. En consecuencia, la destrucción de casi 4 millones de empleos derivó en una rápida disminución de la recaudación por cuotas, de tal forma que los ingresos anuales del sistema se redujeron entre 2008 y 2013 en 10.500 millones de euros.
La recuperación del empleo ha permitido recuperar ya dos de cada tres afiliados a la Seguridad Social perdidos durante la crisis, debido al crecimiento del empleo. Y esa buena evolución del empleo ha tenido un impacto positivo en los ingresos de la Seguridad Social. En 2017, el 94,1% de las pensiones se pagaron con empleo (1,5 puntos más que el año anterior). Por primera vez desde 2008, los ingresos por cuotas crecieron por encima del gasto en pensiones. Y la Seguridad Social invirtió así la tendencia e inició el camino hacia el equilibrio financiero.
La Seguridad Social, como empresa común que nos involucra a todos, constituye por sí misma un objetivo. Lo relevante es preservar el modelo con sus fundamentos y características y dotarle de los mecanismos que lo salvaguardan en situaciones complicadas y que aseguren su diversidad prestacional, con el consenso de todos los agentes implicados.
El Pacto de Toledo debe afrontar la responsabilidad de continuar diseñando el sistema de pensiones. Los pensionistas de hoy y del futuro no perdonarán que se deje pasar la oportunidad de llegar a un consenso para garantizar la suficiencia de las pensiones y la sostenibilidad futura del sistema de Seguridad Social.
