El informe desfavorable de la Secretaria General y los Servicios Jurídicos a la propuesta del PP establece que ya existen comisiones específicas para poder tratar la creación de un reglamento de distribución de fondos.
El vicepresidente y portavoz provincial defiende el alto nivel de transparencia y publicidad dado a las ayudas en la presente legislatura, con la publicación en el BOP y fomentado la participación de todos los grupos políticos.
El Pleno de la Diputación de Toledo ha manifestado hoy, con la mayoría del PSOE, Ciudadanos e IU, que no existe reparto desigual de los fondos de la Institución en los diferentes programas de subvenciones.
Santiago García Aranda, vicepresidente y portavoz de la Diputación, ha señalado que “la propuesta del PP, apoyada en falsedades y mentiras en cuanto a las resoluciones judiciales a las que hace mención, no tiene sentido porque las normas de distribución de fondos que se solicita el Partido Popular es la misma norma aprobada por el gobierno de García-Tizón”.
El vicepresidente entiende que “el PP no quiere una comisión sino un circo mediático, y ha conminado a todos los diputados provinciales a trabajar conjuntamente para mejorar la normativa que dejó en herencia el Partido Popular”.
García Aranda indica que la propuesta del PP ha sido informada desfavorablemente por la Secretaría General y los Servicios Jurídicos de la Diputación de Toledo, que argumentan la inconveniencia de crear una comisión especial cuando ya existe la Comisión de Transparencia, hacienda y Buen Gobierno en las que se puede tratar este asunto.
Además, el informe establece la inconcreción de los temas planteados y la falta de rigor de la propuesta, al no tener en cuenta que las comisiones no son órganos resolutivos para aprobar reglamentos, una cuestión que le corresponde exclusivamente al Pleno Corporativo.
Continúa el informe indicando que el Partido Popular solicita la creación de un reglamento cuando la propia ley de subvenciones establece que debe ser una ordenanza la que regule esas líneas de ayudas.
Además, García Aranda ha recordado que, en noviembre del año 2016, su grupo político ya planteó en la comisión correspondiente el cambio de la normativa de las subvenciones, que recibió el apoyo de los grupos de Ciudadanos e IU y la retirada de aquella comisión del Partido Popular, sin haber recibido respuesta hasta la fecha.
García Aranda ha confirmado, en contra de lo que asegura el Partido Popular en su propuesta “que las sentencias judiciales 
han respaldado las convocatorias de subvenciones de la Diputación provincial en la presente legislatura”, y ha aclarado que “sólo ha habido dos sentencias que han dicho que en la notificación realizada a tres ayuntamientos no se ha reproducido una parte del texto, que era la motivación, algo que se ha comunicado a los ayuntamientos y a los juzgados”.
El vicepresidente ha alentado a todos los representantes de la provincia de Toledo a trabajar para cambiar la normativa aprobada por el partido Popular en el año 2014, pero ha resaltado “que, a trabajar, no a intercambiar papeles de otras instituciones, como queda de manifiesto en que cuando quieren referirse a los grupos políticos lo hacen a los grupos municipales”, algo que denota el copia y pega y la falta de rigor.
Para García Aranda es importante que la Diputación de Toledo responda a las exigencias que le otorga la Ley de bases de Régimen Local, de “trabajar por el equilibrio de los municipios de la provincia”.
Y el vicepresidente ha afirmado, durante su intervención en el Pleno que “hemos tenido transparencia en las subvenciones, por primera vez en 6 ó 7 años, en el reparto de los fondos de la Institución, pues hemos publicado en el BOP, en contra de lo que hizo el PP, y como establece la normativa, cada uno de los fondos distribuidos a cada municipio; hemos aplicado la regla que había en vigor, aprobada por el PP; y hemos dado participación en las comisiones de valoración y distribución de fondos a todos los grupos políticos”.
Con estos argumentos y la posición unánime del PSOE, Ciudadanos e IU, se ha desestimado la propuesta del partido Popular por su falta de oportunidad, apoyarse en falsas sentencias judiciales y evitar el consenso necesario con el resto de formaciones para estudiar la proposición planteada.
