En los dos únicos recursos presentados por ayuntamientos del Partido Popular el tribunal ha dado la razón a la Diputación de Toledo desestimándolos.
El Gobierno de la Diputación Provincial de Toledo quiere dejar claro que los tribunales no han anulado ninguna de las subvenciones que se han concedido a los municipios de la provincia de Toledo en la presente legislatura con la presidencia de Álvaro Gutiérrez, muy al contrario de lo que está asegurando falsamente el Grupo Popular de la Diputación faltando a la verdad y tergiversando las sentencias judiciales.
En los dos únicos recursos que han presentado ayuntamientos gobernados por el Partido Popular a la convocatoria de subvenciones gestionadas por el Gobierno provincial, esto es al Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles de 2015, el tribunal ha dado la razón a la Diputación provincial de Toledo desestimando los recursos.
Por lo tanto, es absolutamente falso que la Diputación tenga que “dictar nuevas resoluciones de subvenciones del Plan de Inversiones” y que se haya condenado a la “Diputación de Toledo por falta de criterios objetivos de valoración en el reparto del Plan de Inversiones de 2015”, tal y como ha asegurado hoy el PP en una nota de prensa.
La sentencia a la que alude el Grupo Popular de la Diputación de Toledo lo único que reclama es que se dicten de nuevo tres resoluciones (las de los tres ayuntamientos recurrentes, de los 204 ayuntamientos beneficiados) incluyendo en ellas los criterios objetivos de valoración que no estaban incluidos de forma específica en dichas resoluciones, pero que ya estaban recogidos y valorados en el acta de la Comisión de valoración en la que se distribuyeron las ayudas.
Respecto al recurso presentado por el Ayuntamiento de Fuensalida contra bases de esta convocatoria solicitando su anulación, dejar claro que el tribunal lo desestimó porque eran conformes con la ley. De esta sentencia el PP no habla.
En ningún caso las sentencias anulan ni las bases generales, ni la convocatoria misma de las subvenciones, ni el reparto de fondos, por lo que, habiéndose solicitado su nulidad por los ayuntamientos demandantes, está claro que tanto los criterios objetivos de valoración como el reparto realizado respetan los principios y reglas de objetividad y equidad de la distribución de los fondos destinados a estas subvenciones.
La corrección que el tribunal solicita a la Diputación ya se ha realizado y ya se han especificado en las correspondientes resoluciones dichos criterios objetivos de valoración.
Queremos destacar que, por primera vez, se están aplicando criterios objetivos en el reparto de los fondos de la Diputación de Toledo a los ayuntamientos, medida que ha puesto en marcha el actual Gobierno provincial, junto a la transparencia en su gestión ya que, también por primera vez, la distribución de los programas de ayudas municipales se publica en el Diario Oficial de la Provincia.
La falta de rigor con la que el Partido Popular repartía las ayudas de la Diputación cuando gobernaba es la misma que está aplicando desde la oposición para acusar falsamente al actual Gobierno provincial que, si por algo se está caracterizando es por una gestión del reparto de fondos de forma transparente y objetiva.
