El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ratifica la sentencia y desestima el recurso
En el recurso de los trabajadores se pusieron de manifiesto los claros tintes políticos de la convocatoria publicada en el año 2016 por parte de los actuales dirigentes de la Diputación
La justicia confirma la sentencia a la Diputación Provincial de Toledo que anula la bolsa de trabajo correspondiente a la categoría de operario de mantenimiento, convocada por Decreto 1266/2015 y publicado el 08/01/2016, dejándola sin efecto, al existir ya una bolsa de trabajo para dicha categoría en virtud de la convocatoria realizada en fecha 18/05/2012, como denunciaron un total de 17 ex trabajadores de la Institución Provincial ante los juzgados.
Esta sentencia, dictada y notificada por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), Sala de lo Contencioso Administrativo Núm. 2, se dicta en relación con el Recurso de Apelación interpuesto por la Diputación Provincial de Toledo, por medio de la cual se desestima dicho recurso de Apelación, confirmando la Sentencia de Instancia y, por lo tanto, dando la razón nuevamente a los recurrente y ex trabajadores de la Institución Provincial.
Se trata de un nuevo varapalo de la justicia a la gestión del actual Equipo de Gobierno del PSOE y de sus socios de IU y Ciudadanos y, especialmente, del presidente de la Institución Provincial, Álvaro Gutiérrez, cuyos desmanes e ilegalidades viene denunciando el Grupo Popular durante toda la legislatura.
En total, 17 fueron los trabajadores que han mantenido su batalla legal con la Diputación de Toledo y que, a pesar de haber superado la convocatoria en el año 2012 y formar parte de una bolsa de trabajo, han visto que, motivado por la actuación de la Diputación, no han podido desempeñar su trabajo como funcionarios interinos desde el año 2016, con los consiguientes perjuicios económicos, personales y sin olvidar la falta de reconocimientos a efectos administrativos en cuanto a antigüedad y demás derechos inherentes al puesto.
En el recurso interpuesto se pusieron de manifiesto los claros tintes políticos de la convocatoria publicada en el año 2016 por parte de los actuales dirigentes de la Diputación, que “lejos de tratar de profesionalizar” la bolsa de trabajo existente y válida del año 2012, lo único que pretendió fue sustituir unos trabajadores interinos que habían conseguido su puesto de trabajo de forma legítima, por otros, vulnerando los derechos de los trabajadores y en contra de la legislación que resulta de aplicación, como detalla la sentencia dictada por el TSJCLM.
Desde el Grupo Popular se espera que por parte de la Diputación de Toledo se acate la Sentencia dictada y procedan a su inmediata ejecución, reconociendo a los trabajadores afectados sus derechos vulnerados, sin que se les siga castigando durante más tiempo, de forma indebida, por unos motivos que nada tienen que ver con el desempeño de su profesión u oficio.
