Los gobiernos no están tomando las medidas a medio y largo plazo para prever el problema tan serio que se avecina respecto a la tensión creciente entre la necesidad de contar con profesionales para cuidar a los mayores y la dificultad de encontrarlos, en un mercado laboral donde no se está ofertando el suficiente número de trabajadores cualificados.
Con fecha 19 de octubre de 2017 el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, acordó la modificación parcial del Acuerdo que se adoptó el 27 de noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, modificado previamente por el acuerdo de 7 de octubre de 2015.
El motivo que ha llevado a la Administración a adoptar este nuevo acuerdo es que no se podrá alcanzar la cualificación del 100% de los profesionales a 31 de diciembre de 2017.
Para ARTECAM este Nuevo Acuerdo del Consejo Territorial del SAAD deja de manifiesto:
- Que la necesidad de habilitar dos nuevos sistemas para el reconocimiento de las competencias profesionales para los cuidadores/gerocultores, es el resultado obtenido de la inadecuada planificación realizada por la Administración para cumplir con los plazos previstos en los anteriores Acuerdos, como consecuencia de la falta de consignación presupuestaria en las distintas convocatorias celebradas y la complejidad de los trámites que el procedimiento marca para su ágil resolución.
- Desde hace más de 10 años, las Patronales del Sector y los trabajadores están tratando de profesionalizar el sector. A mayor nivel de formación y cualificación, la tarea que se tiene que realizar se asume con una perspectiva distinta, con mayor seguridad, acierto y rigor profesional, traduciéndose en una mejora de la calidad del servicio prestado. De este modo vemos que la Administración no se plantea de igual forma, abrir una vía de habilitación extraordinaria para profesionales tales como ingenieros, médicos, enfermeros… porque se reconoce que estos profesionales tienen la valía técnica-profesional y la formación que exigen sus puestos de trabajo, lo que refleja la falta de reconocimiento y consideración, por parte de los gobiernos, hacia los trabajadores de este sector.
- Este tipo de medidas extraordinarias, tienen que acogerse como situaciones excepcionales, cuando la Administración no ha llegado a cumplir sus compromisos respecto a la legislación vigente. La filosofía de la ley y el esfuerzo del sector por la cualificación y profesionalización de las plantillas iba ligada al reconocimiento, a la valoración y al pago proporcional a la tarea que se desempeña, suponiendo un retraso a esta consideración y valoración a los profesionales del sector.
- Estas medidas no garantizan por sí mismas, la estabilidad de los trabajadores en el sector sociosanitario, porque para que exista una verdadera estabilidad, no sólo se requiere una mayor facilidad de acceso para la obtención de los certificado de cualificación, reduciendo los criterios exigidos y ampliando el plazo para su consecución, sino además una revisión de las condiciones salariales y laborales de los trabajadores, que generen un reconocimiento profesional y equiparación salarial con la que gozan los trabajadores de la misma categoría profesional en el sector público.
Con la consecución de los certificados de profesionalidad, es mucho más atractivo para los profesionales trabajar en el sector público, mediante las convocatorias ofertadas.
- Si bien es cierto, los trabajadores del sector han acogido con buena aceptación estas medidas. Encontramos profesionales que no reúnen el condicionante de la edad, pero sí cuentan con el requisito de la experiencia y con elevada formación continua en las distintas áreas de su competencia profesional. Esta habilitación excepcional les permite acceder al reconocimiento de sus competencias profesionales acreditadas por medio de su experiencia, que de otro modo les sería complicado pues muchos de ellos, no han podido acceder a la obtención del certificado de profesionalidad bien por no tener superadas las unidades de competencias básicas o cuando se trata de profesionales con nacionalidad extranjera que no han podido homologar sus titulaciones.
- No obstante, respecto a la habilitación provisional no se ha contemplado que, no todos los trabajadores tienen acceso a la formación presencial u online, especialmente en las zonas rurales, y que, para muchos de ellos, el iniciar una etapa formativa reglada les dificulta poder conciliar su vida personal y profesional.
Dicho esto, en ARTECAM entendemos que este tipo de actuaciones extraordinarias, serán utilizadas con frecuencia en un futuro por parte de la Administración. A día de hoy, los gobiernos no están tomando las medidas a medio y largo plazo para prever el problema tan serio que se avecina respecto a, la tensión creciente entre la necesidad de contar con profesionales para cuidar a los mayores y la dificultad de encontrarlos, en un mercado laboral donde no se está ofertando suficiente número de trabajadores cualificados.
Según las proyecciones de población realizadas por el Instituto Nacional de Estadística, el porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el 18,7% del total de la población lo que supone un total de 8.701.380 personas, pasará al 34,6% en 2066, alcanzando la cifra de población de 14.293.394. De mantenerse las tendencias actuales, la tasa de dependencia se elevaría desde el 53,5% actual hasta el 87,7% en 2066. La población centenaria pasaría de las 16.460 personas en la actualidad a más de 222.104 dentro de 50 años.
La propuesta que se ha realizado la Administración es que a la vista de los datos expuestos sobre el importante envejecimiento demográfico que se espera de la población y que teniendo en cuenta, que entorno al año 2050 se ha de producir un cambio generacional en las plantillas, que se constituyeron por los años 80, se debe comenzar a trabajar en planificar las necesidades reales, a medio y largo plazo, de profesionales para el sector, de sus perfiles y de las nuevas cualificaciones y categorías necesarias para atender a los mayores, aspecto sobre el que aún no se está trabajando.
