El personal funcionario de la Administración General del Estado (AGE) puede llegar a cobrar un 20 por ciento menos que los empleados públicos de Castilla-La Mancha, el personal laboral cuenta con un 16 por ciento menos de salario y el contraste aumenta con los trabajadores de instituciones penitenciarias con hasta 30 por ciento menos de retribuciones
El sindicato llevará a cabo el próximo miércoles concentraciones en toda España, y en Castilla-La Mancha frente a las subdelegaciones de Gobierno de cada una de las provincias
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE), tanto en el ámbito nacional como en el de Castilla-La Mancha, considera una razón de justicia igualar las retribuciones de los empleados públicos de este sector con las plantillas de las comunidades autónomas, motivo por el cual llevará a cabo el próximo miércoles concentraciones a partir de las 11 horas frente a las subdelegaciones del Gobierno de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Cuenca, así como la Delegación del Gobierno en Toledo.
Luchar por esta equiparación supone acabar con una de las mayores discriminaciones dentro de la Función pública en España. A lo largo de los años se ha generado este agravio comparativo y el personal de la AGE (ministerios, organismos, entes, entidades gestoras e instituciones penitenciarias), cuenta actualmente con unas retribuciones un 25 por ciento inferiores respecto a la media de las diferentes comunidades autónomas y corporaciones locales.
En Castilla-La Mancha las diferencias son más que notables con una horquilla de 8.225-5.000 euros más de salario para los empleados públicos de la región respecto a los de AGE dependiendo del nivel de funcionariado, así como de 2.788-512 euros en lo que se refiere a personal laboral y cuyo Convenio Único está denunciado a nivel estatal.
Los contrastes son aún más evidentes en el personal de instituciones penitenciarias, ya que, realizando la comparación con Cataluña, única comunidad que tiene las competencias transferidas, las diferencias oscilan entre 21.784 y 6.303 euros respecto a las retribuciones que reciben los empleados de este sector en Castilla-La Mancha.
Así, el personal funcionario de AGE puede llegar a cobrar un 20 por ciento menos que los empleados públicos de Castilla-La Mancha; el personal laboral cuenta con un 16 por ciento menos de salario, y los trabajadores de instituciones penitenciarias alcanza un porcentaje del 30%.
En el ámbito de la Administración de Justicia, Castilla-La Mancha no tiene competencia de gestión de medios materiales y personales a diferencia de otras comunidades. Así, y dependiendo de los diferentes cuerpos que integran este sector (Gestión Procesal Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial), la pérdida retributiva en la región oscila entre 570 y 383 euros mensuales respecto a País Vasco, territorio donde el complemento específico es mayor.
Asimismo, se da la circunstancia de que en la Administración General del Estado no está desarrollada la carrera profesional, lo que influye de manera negativa en sus retribuciones e impide prosperar salarialmente a profesionales de diferentes 
ámbitos.
Para CSIF, esta discriminación es aún más difícil de entender si analizamos el número de efectivos afectados. En este momento, en la Administración General del Estado, incluida la Administración de Justicia no transferida, el número de trabajadores se sitúa en torno a los 230.000 y esperan una equiparación salarial. En Castilla-La Mancha, el número de trabajadores en AGE a los que afecta este desequilibrio salarial es de 9.031 personas: Albacete (2.008), Ciudad Real (2.169), Cuenca (830), Guadalajara (1.211) y Toledo (2813).
Por todo ello, desde CSIF protagonizamos esta campaña reivindicativa bajo el lema ‘A igual trabajo, igual salario’, en la que hemos trasladado a los partidos políticos, grupos parlamentarios, y a los Ministros de Hacienda y Función Pública e Interior nuestra exigencia de equiparación salarial. Las movilizaciones previstas para el miércoles suponen un paso más hacia este objetivo.
CSIF recuerda a Hacienda que los empleados públicos de la Administración General del Estado también reclaman una equiparación salarial, como Policía y Guardia Civil, con los que ya se está negociando. De manera paralela, CSIF reclama la negociación de oferta de empleo público para 2018 y la jornada de 35 horas semanales en las administraciones que así lo acuerden con sus sindicatos, para evitar conflictos institucionales como ha ocurrido recientemente en Andalucía. CSIF es partidario de articular fórmulas similares a las de esta administración en el reparto de jornada.
