Podrán ser beneficiarias el 25,36 por ciento de las personas con discapacidad de Castilla-La Mancha, más de 35.700 castellano-manchegos y castellano-manchegas.
La nueva normativa cuenta con un presupuesto de cinco millones de euros para 2018, que servirán para crear 105 plazas residenciales para personas con discapacidad intelectual y 85 plazas para enfermedad mental.
Emiliano García-Page, presidente regional, ha afirmado hoy que Castilla-La Mancha será “la Comunidad más avanzada, más proteccionista y más garantista” con la ley de Protección y Apoyo Garantizado a las Personas con Discapacidad, cuyo anteproyecto tomará en consideración el próximo martes 26 de diciembre el Consejo de Gobierno.
García-Page ha anunciado hoy la aprobación del anteproyecto de esta nueva normativa en rueda de prensa junto a Aurelia Sanchez, consejera de Bienestar Social, y Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda y Administraciones Públicas.
“Es un auténtico orgullo que el primer acto que tengamos, nada más aprobar el presupuesto, es poder presentarles en público la ley que aprobaremos la semana que viene”, ha celebrado el presidente regional, quien ha asegurado que la ley de Protección y Apoyo Garantizado a las Personas con Discapacidad es “la columna vertebral de la conciencia de cualquier sociedad que se precie de ser moderna, justa y solidaria”.
García-Page ha manifestado su interés por “la preocupación vital de tantas y tantas familias que, a pesar de vivir en un país moderno, avanzado”, tienen “dudas” sobre “qué puede pasar con su gente cuando ellos falten, no terminan de fiarse”.
Por ello, se ha mostrado “tremendamente contento” por el impulso de esta ley que, junto al balance de gestión, “casi justifica toda una legislatura, por no decir toda una vida pública”, ha asegurado.
“Para poder decir con claridad, con franqueza, a los padres, a las madres, a todos los familiares que tienen un grave discapacitado que duerman tranquilos, que si un día ellos no están, estará la sociedad. Y por ley, una ley que espero que tenga unanimidad”, ha aseverado el presidente regional.
Beneficiarios
Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha detallado que en Castilla-La Mancha hay 140.823 personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento y la ley se dirige a aquellas personas que necesitan apoyo para la toma de decisiones, que técnicamente se denominan personas con discapacidad psíquica mayores de 18 años, lo que incluye discapacidad intelectual, enfermedad mental, daño cerebral y deterioro cognitivo.
En concreto, este colectivo está conformado en Castilla-La Mancha por 35.700 personas, que representan el 25,36 por ciento de las personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma.
Presupuesto
Sánchez ha explicado que la dotación presupuestaria prevista para 2018 para el desarrollo de la ley es de cinco millones de euros, que servirán, en primer lugar, para crear las unidades de protección y apoyo que serán las encargadas junto a las seis fundaciones tutelares de elaborar un plan personal de futuro para aquellas personas con discapacidad que tengan limitada su capacidad de toma de decisiones.
También para la creación de 105 plazas residenciales para personas con discapacidad intelectual, para la puesta en marcha de 85 nuevas plazas residenciales para enfermedad mental y para el impulso en la creación de plazas de atención especializada.
Por otra parte, la consejera de Bienestar Social ha destacado la colaboración en la elaboración de la ley del CERMI Castilla-La Mancha y ha añadido que, durante la fase de consulta pública, se presentaron 26 alegaciones al texto, de las que se incorporaron el 80 por ciento.
“En definitiva, es una ley que sitúa a Castilla-La Mancha a la vanguardia a nivel nacional en servicios sociales y atención a la discapacidad, es pionera en España, supera los avances importantes de este contexto nacional y también las recomendaciones europeas, pero ante todo es una ley que da tranquilidad, seguridad y que da bienestar a las familias de Castilla-La Mancha”, ha concluido.
