El presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto, ha participado en una mesa redonda de la III Conferencia de Presidentes de Gobiernos Provinciales, en la que ha reivindicado no solo el apoyo financiero del Gobierno central a estos planes fundamentales para los municipios, sino también el de las administraciones autonómicas
Benjamín Prieto, presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, ha defendido la recuperación de la aportación del Estado a la financiación de los Planes Provinciales de las Diputaciones tal y como ha venido haciendo en los últimos setenta años hasta 2012. Y es que, a su juicio, estos planes continúan siendo hoy en día muy necesarios para los municipios de nuestro país, ya que con ellos se garantizan unas infraestructuras y unos servicios en condiciones para sus ciudadanos. Así lo ha puesto de manifiesto este jueves en la III Conferencia de Presidentes de Gobiernos Provinciales, que se viene desarrollando en Segovia desde el pasado día 4 y que se prolongará hasta el viernes, organizada por la Diputación de esta provincia y la Fundación Democracia y Gobierno Local.
Prieto ha participado en la mesa redonda titulada ‘Cooperación económica local. Necesidad de recuperación de los Planes Provinciales del Estado a favor de las Diputaciones. La cooperación económica local en el ámbito económico’, en la que ha estado acompañado de los presidentes de las Diputaciones de Salamanca y Jaén, Francisco Javier Iglesias y Francisco Reyes Martínez, respectivamente, así como de Luis Miguel González Gago, director general de Ordenación del Territorio y Administración Local de la Junta de Castilla y León, y Fernando Fernández Figueroa, secretario general de la Diputación de Sevilla.
El presidente de la Diputación conquense ha abogado por la recuperación de este apoyo financiero del Gobierno central, ya 
que, a su juicio, “hoy nadie entiende una Diputación sin sus Planes Provinciales, que han permitido en las últimas décadas que los municipios, sean del tamaño que sean, puedan disponer de infraestructuras municipales adecuadas, que garanticen unos servicios mínimos imprescindibles para la población, como el abastecimiento de agua potable, red de saneamiento, suministro eléctrico, instalaciones, etc…”. Algo que, según ha recordado, han tenido que afrontar en los últimos años las Diputaciones con fondos propios, desde que en 2012 el Estado dejara de financiar parcialmente estos programas de cooperación y servicios. En este tiempo, tal y como ha detallado, la Diputación de Cuenca, por ejemplo, ha invertido en torno a 30 millones de euros en la realización de 730 obras en los municipios de la provincia a través de estos planes, que en los últimos seis años se ha elevado a más de 50 millones de euros en 1.270 obras, a lo que hay que sumar las actuaciones en patrimonio, conservación de caminos, etc…
Cifras que, a su juicio, respaldan la idoneidad de los Planes Provinciales y la actual necesidad en los municipios de continuar actuando en sus infraestructuras y servicios, porque “no hay que olvidar que invertir en las infraestructuras necesarias de los municipios no solo permiten mejores servicios para los ciudadanos, sino que también genera economía local y hace más atractivos nuestros pueblos, contribuyendo al asentamiento de la población en el medio rural y, en consecuencia, luchando contra el terrible fenómeno de la despoblación”.
Pero Prieto no se queda solamente ahí, ya que, desde su punto de vista, junto al Estado también deberían estar las administraciones regionales para sumarse a esa financiación de los Planes Provinciales; algo que no han hecho nunca, como ha sido el caso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y es que después de casi cuarenta años del Estado de las Autonomías, considera que ha llegado el momento de que los gobiernos autonómicos se impliquen más con las Diputaciones y apoyen a través de ellas estos Planes Provinciales, que tan necesarios son para los municipios de toda España.
Por todo ello, ha instado al Gobierno central y a las Comunidades Autónomas a que vean en las Diputaciones un aliado para apoyar a las entidades locales en sus competencias de garantizar unas instalaciones públicas y unos servicios a la población en condiciones y con suficientes garantías.
