El Pleno ha dado luz verde con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención de PSOE e IU a esta modificación de créditos por importe de 650.952,53 euros, de los que 500.000 se destinarán a obras del Plan de Rehabilitación de Patrimonio Provincial, previstas inicialmente para 2018, en Albendea, Huélamo, Monteagudo de las Salinas, Priego, San Clemente y Cuenca
La Diputación Provincial de Cuenca ha aprobado este miércoles en sesión plenaria con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención de PSOE e Izquierda Unida una modificación de créditos por importe de 650.952,53 euros que se destinará principalmente a inversiones en patrimonio, aunque también en cultura, servicios sociales y eficiencia energética.
Una modificación de créditos que, según ha explicado Julián Huete, vicepresidente de la Diputación y portavoz del equipo de Gobierno, se financia en su mayor parte con los 500.000 euros consignados inicialmente en el presupuesto de este año para el convenio de colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el arreglo de caminos y que finalmente no empezará a ejecutarse hasta el próximo año, tal y como ha confirmado el propio Gobierno regional.
Como consecuencia, el Ejecutivo provincial pretende destinar ese medio millón de euros a varias obras del Plan de Rehabilitación, Conservación y Protección del Patrimonio de la Provincia de Cuenca previstas inicialmente para el ejercicio 2018 y que ahora podrán adelantarse. Éstas no son otras que la continuación de las obras del Mausoleo de Llanes (Albendea) y la rehabilitación del Puente Almagrero (Huélamo), los muros del Castillo de Monteagudo de las Salinas, el Puente Allende o Liende (Priego), la antigua iglesia de Jesuitas de San Clemente y el Puente del Chantre (Cuenca).
Pero eso no será todo, con esta modificación de créditos también se suplementará una serie de partidas tanto del Área de Cultura, como por ejemplo el Programa Talía o la Fundación Antonio Pérez, como de Servicios Sociales, así como la contratación de una consultoría para la asistencia técnica ante la intención de la Diputación de acogerse a una convocatoria de subvenciones del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Cultural para proyectos singulares de eficiencia energética. De esta manera, la institución provincial, según ha detallado Huete, promoverá inversiones en este sentido en los municipios conquenses que deseen adherirse cofinanciando con el Ayuntamiento la aportación del 20% de la inversión, que no se cubre con la financiación europea de fondos FEDER.
Tampoco ha habido unanimidad a la hora de abordar la aprobación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016 con el fin de darle trasladado al Ministerio de Hacienda y al Tribunal de Cuentas. En esta ocasión, también ha salido adelante con el respaldo del Grupo Popular y a pesar del voto en contra de socialistas e IU. Unas cuentas que, según ha explicado el portavoz del equipo de Gobierno, han arrojado un resultado presupuestario positivo de 9.937.793,34 euros y un grado de ejecución del 81,40 por ciento.
En esta línea, también ha llamado la atención sobre el remanente de tesorería, que a 31 de diciembre de 2016 se estimaba en 22.744.834,77 euros y la continua reducción del endeudamiento que en estos seis años ha pasado de 62,5 millones de euros a los actuales 10,7, lo que representa el 17,5% de los ingresos corrientes de la institución.
Todo ello, sin dejar a un lado, el periodo medio de pago a proveedores, que en octubre se situó en 0,68 días, teniendo en cuenta que con el nuevo sistema de cálculo de dicho periodo no se contabilizan los 30 primeros días desde que entra la factura en la Administración. Periodo que, en los meses de noviembre y diciembre, se acortó más aún, situándose por debajo, incluso, de esos 30 primeros días no computables, con -0,86 y -1,35 días, respectivamente.
Cifras que, según Huete, avalan la excelente gestión de este equipo de Gobierno que viene acompañada de un fuerte esfuerzo inversor, siendo esta Diputación la más inversora con respecto a su presupuesto.
Sin embargo, los buenos resultados del ejercicio no parecen haber sido argumentos suficientes para la oposición, que ha optado por votar en contra. En el caso de IU por considerar, entre otras cosas, que una administración pública no tiene por qué ahorrar debiendo invertir todo lo posible en los municipios de la provincia; algo en lo que han coincidido los socialistas, a lo que han añadido sus reparos por no haber alcanzado un mayor grado de ejecución del presupuesto, a pesar de reconocer que ha sido de los más altos alcanzados en la institución, a la vez que han echado de menos más convenios de colaboración con otras instituciones.
Cuestión ésta última a la que el presidente de la Diputación le ha respondido recordándole que la institución conquense lleva más de dos años esperando a que la Junta de Comunidades vuelva a rubricar un convenio para el arreglo de caminos, sin olvidar los cerca de 8 millones de fondos europeos para rehabilitación del patrimonio y apoyo a pymes de la provincia de Cuenca que el Gobierno castellano-manchego tiene bloqueados también desde hace más de dos años.
Resto del orden del día
Así, salvo el cambio de obra del Plan de Obras y Servicios de 2017 solicitado por el Ayuntamiento de Belinchón que se ha aprobado pese a la abstención de los diputados del PSOE, el resto de peticiones similares de otros municipios, como Monreal del Llano, San Lorenzo de la Parrilla y San Clemente, han recibido el respaldo unánime del Pleno.
Unanimidad que, sin embargo, ha vuelto a romperse a la hora de dar el visto bueno al convenio de colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento de la capital en materia de residuos urbanos. Texto que finalmente ha sido aprobado con el apoyo de populares e Izquierda Unida y la abstención de los socialistas.
Con este convenio se viene a regularizar la relación existente entre ambas instituciones en esta materia tras la desaparición del Consorcio Provincial de Medio Ambiente (Consorma) y ser asumidas sus competencias por el Servicio Provincial de Medio Ambiente de la Diputación. Un convenio por el que la Diputación afronta los cometidos que el extinto Consorma llevaba a cabo para el Ayuntamiento de la capital, que no eran otros que el tratamiento de residuos urbanos, la recogida selectiva de envases, cartón, vidrio y aceite, así como de los puntos limpios, a lo que se suma la recogida y transporte de residuos urbanos en la zona de la Ciudad Encantada.
Mociones
En el apartado de mociones, indicar que ha regresado la unanimidad en el Pleno a la hora de respaldar la presentada por Izquierda Unida relativa a que los parques infantiles sean más inclusivos mediante la mejora de la accesibilidad y la creación de nuevos parques o adecuación de los existentes con el fin de que todos los menores, independientemente de sus capacidades funcionales, puedan disfrutar de éstos.
En consecuencia, se ha acordado realizar en colaboración con los Ayuntamientos de la provincia, colectivos especializados en el ámbito de la diversidad funcional, asociaciones de padres y madres de menores afectados por alguna disfuncionalidad y técnicos un estudio sobre la accesibilidad e inclusividad de los parques infantiles existentes en la provincia.
Asimismo, se ha aprobado adoptar medidas para que los parques infantiles existentes en la provincia se adapten a los resultados derivados de dicho estudio, buscar la colaboración de otras administraciones públicas para conseguir el objetivo de este estudio y trasladar esta moción a todos los Ayuntamientos de la provincia, la Junta de Comuindades de Castilla-La Mancha y el Gobierno central.
No ha corrido mejor suerte otra moción de IU, en esta ocasión, sobre el apoyo a las organizaciones sindicales Comisiones Obreras y UGT en la defensa del sistema público de pensiones, puesto que no ha llegado a debatirse al no ser aprobada su urgencia con el rechazo del Grupo popular y pese al apoyo de PSOE e IU. Algo que también ha ocurrido con la presentada por el Grupo Socialista sobre la reforma urgente de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. En esta ocasión, el rechazo del Grupo Popular se ha sustentado en el hecho de que el Gobierno central ya está trabajando en ello a través de la Comisión del Pacto Social y Político por la Educación, por lo que no corresponde a esta Diputación emprender acciones en esta materia.
