El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha subrayado que las cuentas de 2017 destinan el 70 por ciento del presupuesto no financiero a gasto social y el 30 por ciento restante a potenciar la economía y el mercado laboral.
El Gobierno de Emiliano García-Page ha incrementado un 11,6 por ciento el gasto social en los primeros años de la legislatura, lo que supone 520 millones de euros más para sanidad, educación y bienestar social.
Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, ha destacado hoy que la aprobación del presupuesto para 2017 permitirá que Castilla-La Mancha siga avanzando con paso firme por la senda del progreso, un recorrido que se inició hace algo más de dos años con la llegada del Gobierno de Emiliano García-Page y una nueva forma de hacer política, que es la fuerza de este presupuesto, como lo será del de 2018.
Ruiz Molina así lo ha afirmado durante la intervención con la que ha terminado el debate en las Cortes regionales de la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2017, que ha sido aprobada en la votación posterior.
Estos presupuestos, ha subrayado Ruiz Molina, son unas cuentas “con alma” en las que confían tanto los ciudadanos como los empresarios de esta región.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha continuado resaltando que las cuentas de este ejercicio abrirán la puerta para que en los próximos meses se aprueben las de 2018, que darán otro gran impulso a la recuperación social y económica de Castilla-La Mancha.
Ruiz Molina ha querido agradecer su trabajo en relación con estos presupuestos a los empleados públicos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y a los de las Cortes regionales y también a los agentes económicos y sociales por sus aportaciones, dado que el diálogo social es seña de identidad del Gobierno regional.
Al día se destinan 13,7 millones al Estado de bienestar; 5,5 al desarrollo económico y 1,7 a inversiones
El presupuesto de 2017, que asciende a un total de 8.941 millones de euros, se incrementa un 6,2 por ciento respecto al del año pasado y tiene como objetivos mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, incentivar la creación de riqueza y empleo y mantener unas finanzas públicas saneadas.
En este ejercicio, al igual que en 2016, se destina el 70 por ciento del presupuesto no financiero a gasto social, es decir, siete de cada diez euros tienen como objetivo la consolidación del Estado de bienestar.
En total para gasto social se destinan 5.020,5 millones de euros, lo que supone 205,8 millones más que en 2016 y 520 millones más desde el inicio de la legislatura. En solo dos años, el Gobierno de Emiliano García-Page ha incrementado un 11,6 por ciento el gasto social.
Este incremento del gasto destinado a sanidad, educación y bienestar social permite que cada día se destinen 13,7 millones de euros a recuperar los servicios públicos esenciales en Castilla-La Mancha.
Con estas cuentas regionales se impulsará la inversión, que aumenta un 21 por ciento y será fundamentalmente de carácter social, lo que permitirá dotar de infraestructuras básicas a los servicios públicos y generar empleo gracias al efecto multiplicador de la inversión pública.
Además, el presupuesto para 2017 incluye la puesta en marcha del Plan Integral de Garantías Ciudadanas y atiende las demandas de los empleados públicos de la Administración regional, que recuperarán el 1,5 por ciento de la conocida como ‘tasa Cospedal’.
Prácticamente el 30 por ciento restante del presupuesto no financiero se destina a gasto dirigido a generar más riqueza y empleo, continuando con las ayudas e incentivos para el tejido empresarial y el emprendimiento y potenciando la innovación para mejorar la competitividad de Castilla-La Mancha.
Así, el Ejecutivo de García-Page continúa apostando firmemente por la potenciación de la economía y del mercado laboral, objetivo al que se destinan diariamente 5,5 millones de euros.
En comparación con el inicio de la legislatura, se incrementan un 35 por ciento las partidas destinadas al crecimiento económico, lo que supone 94,5 millones de euros más que en 2015.
Esta apuesta por el desarrollo económico ha permitido, por ejemplo, que el Plan Extraordinario de Empleo de Castilla-La Mancha, que puso en marcha el actual Gobierno regional hace dos años, haya beneficiado a 35.600 personas y el Plan Adelante, a unas 2.000 empresas, en su primer año de funcionamiento.
Nuevos avances que apuntalan la recuperación de Castilla-La Mancha
La Ley de Presupuestos para 2017, con respecto al proyecto de Ley que se presentó el pasado mes de enero, contiene nuevos avances que recogen demandas sociales y que enriquecen las cuentas regionales para dar un mayor impulso a la recuperación de Castilla-La Mancha. Estos nuevos avances del presupuesto suponen modificaciones por valor de unos 59 millones de euros, una variación que es más cualitativa que cuantitativa.
Así, en el área de agricultura se incrementa la financiación del programa de Agricultura Ecológica, se incluye una partida nueva para las compensaciones a los agricultores con explotaciones dentro de zonas ZEPA, se recoge una nueva partida para financiar las actuaciones necesarias a fin de resolver el tema del amianto en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo, se incluyen nuevas dotaciones del Fondo Verde para actuaciones de protección de la naturaleza y fauna en la Red de Áreas Protegidas y se dota con 110.000 euros la partida para medidas de educación ambiental.
En el ámbito de educación, se habilita la regulación legal para que a partir del próximo curso 2017-2018 el contrato del personal interino docente se prolongue desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto y para que se reduzcan las horas lectivas en secundaria y bachillerato. Además, se dotan nuevas partidas para el inicio de la cesión a Toledo y Cuenca de la colección de arte de Roberto Polo y para la mejora del Parque Arqueológico de Carranque (Toledo) y se destinan 90.000 euros para el Conservatorio de Música de Mota del Cuervo (Cuenca).
Por su parte, en el área de empleo y economía, se incluye una nueva partida de dos millones de euros para la recuperación económica de ciudades en declive socioeconómico y otra de tres millones para zonas en despoblamiento.
Por último, en el ámbito de los servicios sociales se refuerza la plantilla para agilizar la tramitación de los expedientes en materia de Dependencia, se incluye una nueva partida de nueve millones de euros financiada con fondos finalistas procedentes del 0,7 por ciento de la declaración del IRPF, se incorpora una nueva partida para la evaluación del Plan Integral de Garantías Ciudadanas y se incrementan las ayudas de Cooperación al Desarrollo.
