El vicepresidente de la institución, Julián Huete, ha recordado al portavoz del Grupo Socialista en la Diputación que fue el Gobierno de García-Page quien intentó rescindir el convenio en febrero de 2016, pero que no consiguió gracias a las alegaciones en contra del equipo de Gobierno de esta institución provincial, que “sí ha demostrado que le preocupa este proyecto”
También ha recordado que un informe del Servicio de Arquitectura de la Diputación de octubre de 2016 determina que se realizaron certificaciones de obras muy por encima (1,1 millones de euros) de los trabajos ejecutados, por lo que se ha encargado un nuevo informe al mismo servicio para comprobar si ha podido haber incumplimiento grave de las obligaciones esenciales del contrato de asistencia técnica y es necesario acudir a los tribunales
“Diputación Provincial de Cuenca sigue planteando a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la continuidad del convenio para la conclusión de la residencia de mayores de Beteta y le insta a que asuma la gestión de este recurso, como competencia propia que es, y lo haga a la mayor brevedad posible”. De esta manera, ha respondido Julián Huete, vicepresidente de la Diputación Provincial de Cuenca, a las críticas vertidas recientemente por el portavoz del Grupo Socialista, Joaquín González Mena, en las que exigía al equipo de Gobierno de la institución provincial a poner solución de inmediato a esta residencia de mayores.
Y es que, según ha dicho, parece ser que se le ha olvidado que fue, precisamente, el Gobierno de García-Page quien en febrero del pasado año 2016 intentara resolver el convenio para la financiación de esta residencia; objetivo que no consiguió gracias a las alegaciones en contra presentadas por el equipo de Gobierno de la Diputación, que “sí ha demostrado, desde que llegó a esta institución en julio de 2011, que realmente le preocupa este proyecto”, aunque para ello la Junta de Comunidades debe de asumir sus responsabilidades.
No en vano, Huete, que ha comparecido junto al diputado de Fomento, Javier Parrilla, ha recordado que cuando accedieron al gobierno de la Diputación se encontraron con las obras de esta residencia paradas desde abril de ese año, habiendo consumido la totalidad del presupuesto tras dos modificaciones (6.116.493,43 euros), con la empresa adjudicataria, Obrum Urbanismo y Construcciones, S.L.U. en concurso de acreedores desde marzo de 2009 y, además, el Gobierno regional adeudaba a la institución provincial en este proyecto 2,7 millones de euros, que, por cierto, fueron pagados con María Dolores Cospedal al frente del Ejecutivo castellano-manchego.
Aun así, el vicepresidente ha subrayado que se intentaron reanudar las obras, dando luz verde a la tercera modificación presupuestaria solicitada por la Dirección Facultativa que elevaba el presupuesto total hasta los 6,8 millones, pero el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo echó por tierra esta iniciativa al entender que no era aceptable proceder a levantar la suspensión temporal de estas obras que estaban paradas desde abril de 2011, sin olvidar que la adjudicataria se encontraba en concurso de acreedores.
Y, entre tanto, tal y como ha recordado el diputado de Fomento, personal de la Diputación acometió una serie de trabajos de aislamiento en las obras ya ejecutadas de la residencia con el fin de que no se deterioraran con el paso del tiempo, lo que viene a corroborar la preocupación de esta institución por esta infraestructura.
Con este panorama, se abrió otro proceso en torno al intento de resolución del contrato con la empresa adjudicataria, que también se ve judicializado al ser recurrido por la constructora y que concluye con sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-M) con fecha de 13 de febrero de 2017, que confirma dicha rescisión contractual, si bien establece la procedencia de la incautación del 50% de la garantía definitiva.
Pero esto no acaba aquí, puesto en octubre del pasado año un informe del Servicio de Arquitectura de la Diputación determina que en relación a las obras de la Residencia de Beteta existe un saldo a favor de la institución provincial de 1.175.977,05 euros, puesto que se ha certificado y abono obra por un importe mayor al de la ejecución real del proyecto.
Una cuestión muy importante ante la que el equipo de Gobierno ha vuelto a solicitar un nuevo informe al mismo servicio sobre si ha podido haber incumplimiento grave de las obligaciones esenciales del contrato de asistencia técnica y, en su caso, si de dicho incumplimiento se han derivado importantes daños y perjuicios para la Corporación Provincial. Informe que todavía no se ha concluido, pero que, dependiendo de sus conclusiones, no se descarta acudir a los tribunales.
Así las cosas, Huete no entiende cómo el portavoz socialista se atreve a afirmar que esta Diputación no ha hecho nada en los últimos seis años en relación a la Residencia de Beteta cuando “desde el minuto 1 se ha hecho todo lo posible para la conclusión de las obras”. Y en esta línea, le ha recordado que este proyecto es cosa de dos, puesto que está enmarcado en el convenio firmado en 2005 entre la Junta de Comunidades y la Diputación conquense para la construcción de las residencias de mayores de Priego, Cañete y Beteta, inicialmente por un importe de 6,6 millones, que tras sucesivas adendas se elevó hasta los 14 millones, asumiendo el Gobierno regional el 60% y la institución provincial el 40% restante.
Es por ello que ha instado a González Mena a que se informe bien antes de realizar afirmaciones categóricas, porque solo se entienden por “desconocimiento o por la clara intención de confundir a la ciudadanía, a costa de lo que sea”.
