Reitera la petición de dimisión de Diego Ortega por falsas acusaciones en relación con el sobreseimiento de la querella de aguas
Ha durando cinco años porque ampliaban la denuncia para que no se juzgara. Dice que fue una cortina de humo para esconder su nefasta gestión con la que arruinaron al ayuntamiento
Amparo Bremard, concejala de Asuntos Jurídicos del gobierno local en el ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real ha valorado el sobreseimiento de la “querella de aguas” como la prueba de que todo fue un montaje político con la intención de desprestigiar al gobierno socialista de entonces, enturbiar su gestión, anularlos de la vida política y justificar la venta de la Empresa Pública de Aguas.
Una venta con la que, dice, solo trataban de ocultar su pésima gestión en el ayuntamiento al que arruinaron en su mandato en el que además lo único que hicieron fue perder 5 millones para la ciudad de los fondos FEDER, y cerrar Servicios que tenía la ciudad como el Centro de Drogodependientes (referencia regional y nacional), la Estación de Enología, la Fundación Municipal, la Oficina de la Vivienda, el consorcio del alto Guadiana y el Centro de Profesores.
Ha insistido en pedir la dimisión de Diego Ortega, entonces alcalde (y único político en el ayuntamiento en la actualidad) por la cantidad de acusaciones falsas que ha realizado contra sus compañeros y trabajadores del ayuntamiento.
Han sido cinco años los que han pasado desde que se interpuso la querella que dice se ha ido ampliando cada vez que se iba a juzgar “porque sabían que eran acusaciones falsas” y con el fin de tener atrapados a los concejales acusados, e incluso ampliando los denunciados para implicar a más gente.
La concejala ha mostrado su satisfacción con el sobreseimiento y archivo de la causa ya que se demuestra que todo ha sido una “persecución política”. Invita a echar mano de la hemeroteca cuando en 2012 el PSOE ya decía que toda la denuncia era un montaje y persecución política. A través de la hemeroteca también quiere recordar que CXA y el PP que en 2012 se comprometen a un Plan de Viabilidad de la empresa para que se mantenga siendo pública, lo que se sigue insistiendo por parte del concejal Ángel Puente. Incluso después de poner la querella en la que ya se hablaba de empresa deficitaria este último concejal insiste en que los trabajadores siguen cobrando al igual que los proveedores lo que da indicios de que solo se pretendía, como ahora se demuestra, desprestigiar al anterior alcalde del PSOE, José Fernando Sánchez Bódalo, a los concejales Benito Montiel y Ana Belén Tejado y a trabajadores del ayuntamiento a los que, por hacer su trabajo, les acusan de colaboracionistas.
Bremard señala que han tenido que escuchar cosas como que todo era una trama de corrupción, o un chiringuito para favorecer sus intereses particulares, donde se distraían millones de euros, continuas alusiones a imputaciones que ahora resultan ser falsas. Afirma que a través del auto del juez queda meridianamente claro que todo es falso. Son 50 folios dice, en los que analiza punto por punto las imputaciones y los supuestos delitos, analiza todo y concluye que en ninguno de los casos hay delito.
Deja claro que los procedimientos de adjudicación se ajustan a legalidad y que no se ha favorecido a ninguna empresa, que no se contraviene el ámbito penal en ninguna de las acusaciones que se realizaron, no existe fraude; en definitiva, desmonta todo de lo que se acusaba a los compañeros, ha dicho.
Y añade que si CXA y el PP primero decían que la empresa era viable y luego que no lo era, solo pretendían la persecución política y enturbiar la gestión que se estaba haciendo por el gobierno del PSOE.
Explica además que deuda existía, con un préstamo a largo plazo que se iba liquidando fácilmente mes a mes, pero que la quebraron a propósito lo demuestra que ese crédito a largo plazo lo decidieron quitar (obligar a pagarlo a corto plazo) para hacer creer a la gente que había que pagarlo de inmediato. Lo ha explicado con el ejemplo de una familia que tiene una hipoteca que paga mes a mes, si la hipoteca le dicen que hay que pagarla en el momento se arruinaría, “eso es lo que hicieron, por eso forzaron la quiebra”. Y de esa manera, añade la regalaron porque dice que ni siquiera cobraron por ella lo que valía, lo que se estaba pagando en otros pueblos por similar venta de la empresa de aguas, aquí “se regaló”. Y afirma que lo único que pretendían era ocultar su “nefasta” gestión en el ayuntamiento donde se “cargaron servicios” que se venían prestando como centro comarcal que ejercía Alcázar, y además perdieron varios millones en subvenciones que ya estaban adjudicadas, “una cortina de humo, intentaron incendiar todo el pueblo con la justificación de que había una trama de corrupción que se ha demostrado que era mentira”.
Pide por ello la dimisión de Diego Ortega o al menos que pida disculpas a los concejales y trabajadores que metió en una querella con acusaciones falsas, sin fundamento, acusaciones muy graves que se ha demostrado que no llevaban razón.
Ha querido mostrar igualmente el apoyo tanto a sus compañeros de partido como a los trabajadores que han sido injustamente acusados sin fundamentos, que han tenido que soportar, “ellos y sus familias las malas lenguas” durante años sin ser culpables de nada.
Preguntas
La concejala a preguntas de los informadores también ha hablado de la contestación que Diego Ortega ha dado sobre su dimisión, dice que él dimite si lo hace la alcaldesa porque también se ha archivado una querella contra él por el pago de facturas de Aguas, Bremard ha dicho que ambos casos no tienen comparación y que además ese caso contra Ortega aún está abierto y en estudio de si continúan con la querella. Insiste en que cree que debería dimitir por la cantidad de acusaciones falsas que realizó contra los entonces concejales y contra los trabajadores a los que se llevaron por delante.
También los periodistas se han referido a la información de que el PSOE intentó vender aguas en 2000, explica la edil que a lo largo de la gestión se plantearon todas las posibilidades, pero que se constató que era una empresa rentable y pública y así siguió siéndolo. Al igual que se amplió (y se hizo legalmente, y así lo dice el juez) el objeto social de la misma pudiendo encomendar obras (lo que además revertía en beneficios para el ayuntamiento).
Por último, también ha pedido a Diego Ortega que se retracte de llamar trilero a Sánchez Bódalo porque ha querido recordar que ella formó parte de la anterior legislatura donde los concejales del PSOE en la oposición fueron insultados “y hemos tenido que oír palabras muy gruesas”.
