La Central Sindical apunta que esto va a suponer un retraso “considerable” para los ciudadanos reclamantes
En C-LM los asumirán los Juzgados de Primera Instancia en todas las provincias salvo Cuenca que serán las UPAD
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Castilla-La Mancha considera “inasumible” la carga de trabajo adicional que va a suponer para los funcionarios judiciales la puesta en marcha de los juzgados para reclamar las ‘Cláusulas Suelo’, lo que redundará en un retraso “considerable” para los ciudadanos reclamantes.
Considera “improvisada” la medida además de “poco clara” su puesta en marcha. Para CSIF es “lamentable” que se pongan en marcha estos Juzgados y no se sepan los medios materiales y personales que se ponen a disposición de los 54 Juzgados designados por el Consejo General del Poder Judicial el pasado 25 de mayo.
En Castilla-La Mancha los encargados de asumir estas competencias han sido los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción con competencias en materia Mercantil en todas las provincias, salvo en Cuenca que será la UPAD (Unidad Procesal de Apoyo Directo) número 4.
Para CSIF, la atribución de dichas competencias a estos Juzgados y Oficinas Judiciales, ya sobrecargados de por sí, sin la dotación de personal suficiente y de refuerzo que ayude a la plantillas destinadas en los mismos, va a suponer una carga de trabajo inasumible para los funcionarios y un retraso considerable para los ciudadanos reclamantes.
Desde CSIF asistimos con preocupación al triste espectáculo que están ofreciendo las diferentes administraciones e instituciones que lanzan propuestas sin el apoyo suficiente de medios materiales y personales, a otras que se rebelan contra la propuesta del Consejo y que, abiertamente, dicen que van a hacer lo que les dé la gana y a un tercer grupo que, ni ha hecho nada ni se le espera.
En este sentido, CSIF se pregunta si, en su momento, se evacuaron los trámites que el artículo 98.2 de la LOPJ establece, precisamente, para asegurar el acuerdo que permita la dotación de esos medios materiales y personales adecuados y suficientes para llevar a cabo la iniciativa: informe favorable del Ministerio de Justicia y trámite de audiencia a las Salas de Gobierno y a las CCAA con competencias.
¿Qué dijeron cada uno de esas administraciones y órganos al respecto? Si la contestación fue negativa, ¿Por qué se decidió ir adelante con la medida sabiendo que no contaba con apenas apoyo? Y sobre todo en este contexto, ¿qué sentido tiene la declaración del pleno del Consejo de 23 de febrero en el sentido de que, si no había medios suficientes, no se iba a aplicar la medida? ¿Existen los medios o no existen?
Desde que se conoció la iniciativa CSIF solicitó que fuera cual fuera la medida que se tomara
- Fuera el resultado de un análisis con datos objetivos sobre el incremento de carga de trabajo que conlleva la presentación de demandas sobre cláusulas suelo y de un estudio comparado frente a otras posibles alternativas pensando siempre en facilitar los trámites a los ciudadanos.
- Estuviera consensuada al máximo con todas las administraciones competentes en materia de Justicia, para que se asegurara la dotación de medios materiales y personales suficientes y adecuados, para afrontar el previsible incremento de la carga de trabajo que se va a experimentar por este motivo.
- Se convocaran las mesas de negociación para planificar esa dotación de medios materiales y personales tal y como exige el Estatuto Básico del Empleado público y poder dar respuesta adecuada a las diferentes situaciones que se pueden dar en relación, por ejemplo, con la existencia o no de la denominada nueva oficina judicial, las dotaciones previas de los Juzgados afectados, la selección de personal, la normativa de prevención y seguridad, etc.
Nada de esto se ha hecho y hoy estamos como estamos. A la espera de una reunión de última hora el 31 de mayo para ver si se ponen de acuerdo tras cuatro meses mareando la perdiz. Y mientras tanto, los funcionarios no tienen ni idea de lo que tienen que hacer y de cuanta carga de trabajo van a tener que asumir a partir del 1 de junio y los ciudadanos siguen sin saber qué tratamiento se les va a dar a sus demandas.
