El Gobierno de Castilla-La Mancha ha adjudicado, en lo que va de Legislatura, un total de 515 viviendas en régimen de alquiler, de las cuales 195 han sido en la provincia de Ciudad Real.
Agustina García, consejera de Fomento, ha manifestado que “desde el minuto uno, el objetivo del Gobierno de García-Page fue dar un giro radical en política de vivienda respecto a lo que se estaba haciendo, por eso se comenzó a invertir en la rehabilitación de viviendas que estaban abandonadas y olvidadas con la prioridad de cubrir las necesidades de los ciudadanos”.
García ha hecho estas declaraciones durante la entrega de llaves de seis Viviendas de Protección Pública (VPP) en régimen de alquiler en Alcázar de San Juan, de las cuales cuatro son de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN) y las dos restantes propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En el acto ha estado acompañada por Rosa Melchor, alcaldesa de Alcázar; Javier Barrado, director general de Planificación Territorial y Sostenibilidad y presidente de GICAMAN; José Antonio Carrillo, director general de Urbanismo y Vivienda; Carmen Olmedo, delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real; y Fernando Garrido, director gerente de GICAMAN.
La consejera de Fomento ha expresado que “para el Gobierno regional, la vivienda no es solo ladrillo ni cemento, sino también espacios donde familias, como estas seis, pueden crecer y tener un espacio para el desarrollo personal y familiar”.
En estos términos, Agustina García ha agradecido a la alcaldesa el compromiso de colaboración que se ha marcado el Ayuntamiento con el Gobierno de Castilla-La Mancha en la línea de la rehabilitación de estas y otras viviendas que durante los cuatro años de la anterior Legislatura estuvieron “en desuso y con falta de conservación”.
En relación a las personas que peor lo están pasando en estos tiempos, García ha dicho que “el número de desahucios era más alto y había que tomar una decisión, por lo que desde el Gobierno regional se ha comenzado con una política social integral para que las concesiones de estas viviendas sean “un paquete completo en materia social, para que estas familias que están en una situación complicada vean que, a través de la política, se les puede facilitar un hogar”.
En la rehabilitación de estas viviendas que han sido adjudicadas el Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido 77.000 euros “después de estar cuatro años de la Legislatura anterior sin mantenimiento”, ha recalcado García, añadiendo que “la política de vivienda de la Junta de Comunidades no se termina con la entrega de estas viviendas, sino que se va a trabajar ya en un nuevo proyecto para rehabilitar más”.
La alcaldesa, por su parte, ha reconocido que estas viviendas han estado abandonadas durante los cuatro años de la Legislatura anterior y que el Ayuntamiento ha tenido que intervenir para evitar ocupaciones y desalojar en los casos en que se habían producido. Igualmente, Melchor ha ratificado el compromiso de colaborar para renovar el parque de vivienda pública y que tenga salida para nuevos demandantes.
Así, ha avanzado que a través del Plan de Empleo de la Junta se procederá a poner la mano de obra para la rehabilitación considerando que “no nos parece normal que haya casas cerradas cuando hay en Alcázar más de 300 demandantes de vivienda y unos 830 en toda la provincia de Ciudad Real con gente que lleva hasta 15 años esperando”.
La consejera ha recordado que esta semana la alcaldesa de Alcázar de San Juan asistía a la presentación del programa de Áreas de Rehabilitación Urbana Integral (ARUI) de la que esta localidad ha sido adjudicataria para la renovación de viviendas en el barrio de La Pradera. “Es la manera de utilizar fondos públicos para un fin social y habitacional para familias que han mostrado sus necesidades en esta materia y que el Gobierno regional canaliza a través de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria (OIH)”, ha subrayado.
Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, ha continuado García, “vamos a priorizar a los colectivos más desfavorecidos, a aquellas personas que tienen más necesidades y más dificultades para acceder a bienes y servicios”.
515 viviendas adjudicadas en régimen de alquiler en lo que va de Legislatura
En lo que va de Legislatura, el Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha adjudicado 515 viviendas en toda la región, de las que 195 han sido en la provincia de Ciudad Real. Respecto a las ayudas de alquiler, el Gobierno de Emiliano García-Page ha concedido un total de 7.755 por un valor de 14,5 millones de euros. Para la convocatoria de 2016, que se ha cerrado en febrero de este año, se han presentado un total de 11.434 solicitudes que se encuentran en fase de evaluación para verificar el cumplimiento de las bases de la convocatoria. “Son medidas que se están tomando porque la gente lo está demandando, como es el caso de estas ayudas de alquiler”, ha reiterado.
En la Legislatura del anterior Gobierno hubo 3.467 ayudas, mientras que “hoy desde el Gobierno de García-Page tenemos en la hoja de ruta el objetivo de claro de ayudar y potenciar la política de vivienda”, ha insistido la consejera de Fomento.
Desde que el presidente García-Page se puso al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha, hace apenas dos años, se han entregado en Alcázar de San Juan 12 viviendas, “a un promedio de una cada dos meses, después del parón de la anterior Legislatura”, ha ensalzado Melchor.
Visita a la primera fase del acondicionamiento de la CM-3107
Posteriormente, la consejera de Fomento ha realizado una visita a las obras de la CM-3107, que estuvo parada durante toda la anterior legislatura y que conecta Alcázar de San Juan, con su pedanía Cinco Casas y, cuando esté completada, con Manzanares. Con el actual Gobierno “se verá hecha realidad esta obra que está a las puertas de poder inaugurar”, ha explicado Agustina García. De las dos fases de esta vía, la primera, que es la que está en ejecución, podría estar finalizada durante el próximo mes de julio.
La consejera ha insistido en el compromiso del presidente García-Page en la conservación y mejora de las carreteras con la finalidad de “garantizar la seguridad a los ciudadanos y favorecer la conexión entre municipios”. Las obras afectarán a un total de 12 kilómetros y, mientras la primera fase, que ha consistido básicamente en el reciclado del firme ya está a punto de finalizar, la segunda está en fase de licitación y, de superarse el obstáculo actual del bloqueo de los presupuestos, se podría adjudicar en el año 2018.
En total se van a mejorar cerca de 24 kilómetros. En lo que respecta a la segunda fase, las características técnicas del proyecto son similares: reciclado del firme y refuerzo con dos capas de mezcla bituminosa en caliente. En el caso de la primera fase, el presupuesto de adjudicación es de 1.408.542,85 euros, mientras que en el caso de la segunda se ha previsto que la licitación salga en 2.249.938,78 euros.
En la visita de este tramo de 12 kilómetros ha estado también presente el director provincial de Carreteras y Transportes, David Merino.
