El Consejo de Gobierno ha analizado el rechazo de Podemos al Plan de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha que contempla además un aumento del 16 por ciento del Ingreso Mínimo de Solidaridad, un 35 por ciento de las ayudas que el Gobierno regional pone a disposición de las mujeres víctimas de violencia de género y el incremento del 16 por ciento de las ayudas al alquiler.
El portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, ha recordado que los dos diputados autonómicos de Podemos consideraron que los 100 millones de euros iniciales presupuestados para el Plan de Garantía de Rentas “eran insuficientes”, por lo que se acordó incrementar la cifra hasta los 119 millones de euros “como condición dentro del acuerdo de Presupuestos”.
El Gobierno regional ha advertido que el incumplimiento de Podemos del pacto de Presupuestos para 2017 supone “dejar en el aire” una inversión de casi ocho millones de euros para la inserción laboral de 4.060 personas, una medida incluida en el Plan de Garantía de Rentas Ciudadanas que había sido acordada con esta formación política “como antesala del acuerdo de Presupuestos” y que iba a convertirse en la “punta de lanza” para combatir el riesgo de pobreza que, a cierre del año 2015, afectaba a casi la tercera parte de la población de Castilla-La Mancha.
Así lo ha señalado Nacho Hernando, portavoz del Ejecutivo autonómico, después de que el Consejo de Gobierno haya analizado las consecuencias de la no aplicación de esta medida tras el rechazo de Podemos a las cuentas de 2017. Hernando ha señalado que “duele ver cómo Podemos, que anteriormente dijo todo lo contrario, ahora dice que no es una gran pérdida el no poder implementar el Plan de Garantías, o incluso faltan a la verdad al decir que se puede implementar sin Presupuestos del 2017 porque es solamente filosofía”.
El portavoz ha lamentado que Podemos diga que el Plan de Garantía de Rentas “sólo era una cuestión de formas» cuando es un plan “con fondo social, que requería de fondos”, cuyo rechazo, ha asegurado, se traduce en el “no” de la formación morada a que el Ingreso Mínimo de Solidaridad se incremente en un 16 por ciento, a que las ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género crezcan en un 35 por ciento o a que las ayudas al alquiler se incrementen también en un 16 por ciento “para que las personas que peor lo pasan puedan tener acceso y garantía a una vivienda digna”.
En palabras de Hernando, “es verdaderamente frustrante que teniendo un Plan que supone una mano tendida a la gente más humilde y con mayores necesidades de nuestra región, gente que tiene derecho a salir de la cuneta social, no podamos, a día de hoy, ayudarles por falta de Presupuesto, de rigor, de palabra y porque no son de fiar”, más aún si se tiene en cuenta que el propio Podemos, hace sólo dos meses, reconocía “que el Plan de Garantías implica tanto una reordenación como una intensificación de recursos” y que “este plan es la base para el reconocimiento de derechos sociales a la vivienda, a los suministros básicos, al empleo o, en su defecto, a una renta garantizada”.
El portavoz ha recordado que los dos diputados de Podemos en las Cortes regionales consideraron que los 100 millones de euros iniciales presupuestados para el Plan de Garantía de Rentas “eran insuficientes”, por lo que se acordó incrementar la cifra hasta los 119 millones de euros “como condición dentro del acuerdo de Presupuestos”. Asimismo, ha hecho hincapié en que el Gobierno del presidente García-Page puso en marcha desde el primer momento medidas concretas para luchar frontalmente contra la pobreza, como el Plan de Lucha contra la Pobreza Energética.
Más de 800.000 euros para programas de prevención de conductas adictivas
Por otro lado, Hernando también ha informado de la aprobación en Consejo de Gobierno de la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para la prevención y tratamiento de las conductas adictivas con un montante total de 810.000 euros y cuyo objetivo es “reducir el consumo de drogas y otras conductas adictivas en la población de mayor riesgo y, por otro lado, favorecer el abandono del consumo de drogas en personas con dependencia a estas sustancias”.
La primera línea de ayudas, dirigida a ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, cuenta con una cuantía de 510.000 euros, de los que 405.000 será para programas de prevención selectiva e indiciada y 105.000 para programas de educación de calle dirigidos a personas con drogodependencia. La segunda línea de ayudas va dirigida a asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro para el funcionamiento de centros y el desarrollo de programas de atención a personas con adicciones en Castilla-La Mancha.
En este caso, la cuantía prevista es de 300.000 euros, de los que 200.000 son para funcionamiento de centros de atención a personas con adicciones y 100.000 para programas de atención a este colectivo. “Estas ayudas contribuyen a mantener una red de recursos que, debidamente coordinados con las Unidades de Conductas Adictivas, permiten ofrecer a las personas con adicciones distintas opciones de tratamiento adaptadas a las necesidades y características individuales”, ha finalizado el portavoz.
