La Central Sindical Independiente y de Funcionarios valora que finalmente se haya recuperado este recorte salarial para los empleados públicos de la región con el abono del 25% restante
El sindicato advierte que en Castilla-La Mancha aún existen diputaciones y ayuntamientos que no han procedido a pagar el total de la paga extra de 2012
El abono del 25 por ciento restante de la paga extra de 2012 a los empleados públicos de la Junta de Comunidades finalmente se ha convertido en una realidad, una reivindicación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) que ahora se ve cumplida. Después de prorrogarse en diversas ocasiones el plazo para abonar las cantidades, hoy se ha procedido al pago después de que el pasado jueves el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, anunciara su ingreso para esta semana tras la reunión institucional mantenida con CSIF.
El Gobierno de Castilla-La Mancha cumple así su promesa y responde a las demandas de CSIF tras ver cómo otras comunidades autónomas como Galicia, Asturias, Baleares, Castilla y León, Melilla, Extremadura, La Rioja, País Vasco, Comunidad Valenciana, La Rioja o Canarias ya habían procedido con anterioridad a pagar la totalidad de la paga extra.
No obstante, todavía queda pendiente el abono de parte de esta paga extra de 2012 en diferentes instituciones públicas de la comunidad. Así, la Diputación Provincial de Albacete sólo ha pagado hasta el momento el 50% y como ejemplos más significativos, entre los ayuntamientos de grandes poblaciones de la región, Villarrobledo (Albacete) aún no ha pagado nada, en La Roda (Albacete) todavía falta el 50% y Alcázar de San Juan (Ciudad Real) tiene pendiente el pago del 25% del total de esta paga extra.
CSIF valora la recuperación del diálogo con el Gobierno regional, pero lamenta que se haya tardado tanto tiempo en proceder al ingreso del abono completo de la extra, así como que se dilate el fin del 3% de reducción salarial a los empleados públicos hasta 2019. El sindicato seguirá vigilante para cumplir con el restablecimiento de los derechos sustraídos y los recortes sufridos por los empleados públicos desde 2010.
