Tras ser rechazadas las catorce enmiendas parciales presentadas por el Grupo Socialista unos minutos antes del comienzo del pleno, el presupuesto para el próximo ejercicio ha sido aprobado inicialmente con el respaldo del Grupo Popular y pese a los votos en contra de socialistas e Izquierda Unida
Con el respaldo del Grupo Popular y el voto en contra de socialistas e Izquierda Unida, la Diputación Provincial de Cuenca ha aprobado inicialmente en la sesión plenaria de este jueves su presupuesto para el próximo ejercicio 2017, que asciende a 78,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 11 por ciento, sobre todo por la integración del Consorcio de Bomberos ‘Cuenca 112’ y el Consorcio Provincial de Medio Ambiente (Consorma). Eso sí, un presupuesto éste, el consolidado, en el que se incluye tanto el del Patronato de Desarrollo Provincial (2,3 millones de euros) como el del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación (4,2 millones).
El debate presupuestario, que se ha prolongado durante más de tres horas y media, arrancaba con las catorce enmiendas parciales presentadas por el Partido Socialista, que finalmente han sido rechazadas con los votos en contra del Grupo Popular, que ha criticado el hecho de que se haya tenido constancia de su existencia tan solo unos minutos antes del inicio del Pleno.
Tanto Julián Huete, portavoz del equipo de Gobierno, como Benjamín Prieto, presidente de la Diputación, han defendido este presupuesto, que han tildado de “inversor y novedoso”. Inversor porque, tal y como han remarcado, se destina casi una tercera parte del mismo a inversiones. No en vano, se han consignado casi 24 millones de euros; un 26,1 por ciento más que en el presente ejercicio. Cifra a la que, según han recordado, hay que sumar los más de 13 millones de euros en mantenimiento de carreteras, aunque se contemplen en el capítulo 2 de gastos corrientes en bienes y servicios.
En el capítulo de inversiones destacan los casi 9 millones de euros del Plan de Obras y Servicios, del que se beneficia la totalidad de los municipios de la provincia, así como el algo más de un millón de euros destinado al ciclo del agua; es decir, desde sondeos, captaciones y calidad del agua hasta la mejora de redes de abastecimiento y la depuración de aguas en pequeños municipios.
La rehabilitación, conservación y protección del patrimonio de la provincia ocupa, igualmente, un lugar destacado en el esfuerzo inversor de este presupuesto. Y es que, con fondos propios de la Diputación, se contemplan actuaciones por un importe 1.385.000 euros. Intervenciones a las que se suman los 4,7 millones de euros procedentes en un 80% del Programa Operativo FEDER 2014-2020, del que la Diputación participa como organismo con senda financiera y que complementa con el 20% de la inversión.
Si bien, según ha recordado Prieto, esta convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia competitiva continúa pendiente del visto bueno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, aunque espera que lo resuelva cuanto antes con el fin de que cualquier Ayuntamiento de la provincia pueda solicitar en 2017 una ayuda comprendida entre los 50.000 y los 250.000 euros.
Es por todo ello que desde el equipo de Gobierno se habla de un presupuesto pensado por y para las personas, donde se tiene muy en cuenta a los Ayuntamientos de la provincia, que van a gestionar la mayor parte de las inversiones previstas; todo ello con el claro objetivo de “propiciar el desarrollo económico de la provincia, luchando, a su vez, contra la despoblación”.
Y eso también se persigue con las distintas novedades incluidas en este presupuesto, como por ejemplo, un programa de rehabilitación de antiguas estaciones de ferrocarril, que en 2017 contará con una partida de 170.000 euros teniendo previsto continuar en el siguiente ejercicio, y con el que no solo se pretende preservar este patrimonio, sino también darle un nuevo uso y aprovechamiento, que redunde en beneficio del territorio.
Pero las novedades van más allá y se contempla un Plan de Rutas y Lugares Turísticos, dotado con 330.000 euros, que tiene por objeto financiar las intervenciones encaminadas a facilitar los accesos a destinos turísticos, monumentos, lugares y parajes emblemáticos, así como acondicionar estos entornos para incrementar su atractivo para el visitante. Y, en esta línea, también se ha diseñado un programa de mejora del mobiliario urbano, dotado con 232.000 euros para la mejora de espacios públicos y de la calidad de vida de los ciudadanos en su entorno urbano.
Los Ayuntamientos dispondrán un año más del Plan de Instalaciones Municipales, que cuenta con una partida de 500.000 euros, destinado a ayudas para la mejora, rehabilitación y nueva construcción de edificios destinados al fomento y promoción de actividades económicas.
Y en esta línea se contempla, del mismo modo, un programa de subvenciones para pequeñas y medianas empresas (Pymes) de sectores como el turismo o la hostelería, que está dotado con algo más de 1,5 millones de euros procedentes en un 80 por ciento de fondos FEDER y en un 20% de fondos propios de la Diputación; algo que igualmente está pendiente de la tramitación del Gobierno de Castilla-La Mancha.
En el capítulo de inversiones, no se dejan a un lado las carreteras. A los 13 millones para su mantenimiento, en 2017 se prevén varias actuaciones en la provincia por valor de 2.350.000 euros, que se vienen a sumar a la mejora de otras vías de comunicación, como son los caminos rurales. En este concepto se han consignado un total de 600.000 euros con la esperanza de que el Junta de Comunidades acceda finalmente a suscribir un convenio de colaboración en esta materia, al igual que se ha venido haciendo en la pasada legislatura, para poder abordar el arreglo de más caminos y más kilómetros.
Y es que la idea es, según ha enfatizado Huete, mantener el esfuerzo inversor de la Diputación en caminos rurales, que en los últimos cinco años ha supuesto una inversión total de 18 millones de euros.
Pero el equipo de Gobierno no solo apuesta por un importantísimo esfuerzo inversor, puesto que, un año más, seguirá avanzando en la amortización de la deuda. En esta ocasión, ha previsto destinar 2,1 millones de euros a hacer frente al único crédito contraído en la actualidad por la Diputación y del que queda por pagar un total de 8,5 millones de euros. Una deuda que el equipo de Prieto espera saldar por completo al final de legislatura con el objetivo de dejar completamente saneadas las cuentas de la institución provincial.
Otros puntos
Sin embargo, en el Pleno de este miércoles no todo ha sido presupuesto. De hecho, tras darse cuenta de la renuncia de Felipe Montero como diputado del Grupo Popular, se ha dado el visto, esta vez sí por unanimidad, a la creación de la Comisión Informativa Permanente de Prevención y Extinción de Incendios, como resultado de la integración del Consorcio de Bomberos ‘Cuenca 112’.
Estará integrada por siete miembros, de los que cuatro (presidente y tres vocales) corresponderán al Grupo Popular, dos al Grupo Socialista y uno a Izquierda Unida.
Unanimidad que se ha repetido tanto a la hora de aprobar el cambio de obra del POS de 2016 solicitado por el Ayuntamiento de Huete como en el visto bueno a la modificación de los estatutos del Patronato de Desarrollo Provincial y en la aprobación del Catálogo de Puestos de Trabajo del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación (OAGTR).
No ha ocurrido lo mismo con la aprobación inicial de la plantilla de personal de la Diputación para el ejercicio 2017, que ha salido adelante gracias al apoyo del Grupo Popular y a pesar del voto en contra de socialistas y la única diputada de Izquierda Unida.
Similar suerte ha corrido el visto bueno inicial al nuevo Reglamento del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Protección Civil y Emergencias, si bien, en esta ocasión, los populares han contado con el apoyo del Grupo Socialista, mientras que IU ha votado en contra.
De esta manera, y después de casi cinco horas, ha llegado el capítulo de las mociones, que se ha reducido a la presentada por el Grupo de Izquierda Unida solicitando el fin de los peajes en la autopista AP-36 (Ocaña-La Roda), tras ser intervenida por el Estado. Moción que, pese a contar con el respaldo de los socialistas, finalmente no ha llegado a debatirse al haber sido rechazada su urgencia con los votos del Grupo Popular.
