Esta indefinición y vacío legal ya fue planteado en la campaña pasada, sin que tanto por parte del Ministerio de Agricultura como de las Comunidades Autónomas se le haya dado solución
La Asociación Mesa Nacional del Ajo y la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo, entidades representativas de la práctica totalidad del sector ajero español, han vuelto a unirse para un objetivo común: dar respuesta a la indefinición y vacío legal existente en España sobre el asunto de los arrendamientos de tierras y la generación de derechos de pago básico.
Y es que, unos 3.000 cultivadores de ajo de toda España volverán a encontrarse – si las administraciones, tanto nacionales como autonómicas, no lo remedian -, ante la problemática derivada de los arrendamientos de tierra y el cobro de los derechos de pago básico generados en las campañas 2013, 2014 y 2015 para el periodo 2015-2020.
Hay que recordar que los derechos de pago básico son generados por los propietarios de las parcelas. En las zonas de cultivo del ajo, el cultivador arrendatario de tierras generalmente no se beneficia de estos derechos, salvo que improbablemente le hayan sido arrendados también con la explotación. Esta práctica es la costumbre arraigada entre los propietarios, que se oponen a su variación, lo que puede provocar varias consecuencias.
Las consecuencias de estas prácticas son que, en unos casos, los derechos no son recibidos por el arrendatario cultivador de ajos porque no hay cesión de los mismos por arrendamiento, con lo cual el arrendatario no puede declarar esas parcelas en la PAC. En otros, si el arrendatario, con el objetivo de alcanzar la condición de explotación prioritaria – importante para las ayudas del segundo pilar de la PAC-, declara las tierras que explota, generará una duplicidad con el arrendador, y a la larga, la posibilidad de crear un conflicto con el mismo. En caso de duplicidad en la declaración, la Ley ampara al arrendatario en la declaración de la PAC, y no es deseo de los cultivadores de ajo provocar conflictos con los arrendadores propietarios de las tierras.
Esta compleja situación, en gran parte ajena a los cultivadores de ajo, ya fue comunicada al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a principios de este año, con petición de una solución concreta que no ha llegado. También tuvo ocasión de tratarse en la última reunión de la Comisión Regional del Ajo de Castilla-La Mancha celebrada en el mes de abril, y que no ha vuelto a ser convocada a pesar de haber transcurrido más de siete meses y existir temas de interés a tratar.
Compromisos no cumplidos
Fue entonces cuando la Consejería de Agricultura se comprometió, a través de las direcciones provinciales a reunir a las entidades tramitadoras de ayudas, para explicarles la problemática del arrendamientos de tierras en ajo y en otros cultivos hortícolas de interés como la cebolla y el melón, y la importancia de cumplimentar el modelo anual de cesión de derechos, garantizándose así que estos, una vez declarados y usados por los cultivadores arrendatarios, retornan a los propietarios arrendadores. Igualmente, la Consejería informaba de la realización de una campaña informativa entre el colectivo de afectados y entidades tramitadoras para que esto se llevara a cabo. Al sector ajero de Castilla-La Mancha no le consta que se haya realizado ninguna actuación en este sentido, y de haberse efectuado ha debido tener muy poco calado, ya que los ajeros continúan con los mismos problemas, que de mantenerse pueden dañar gravemente sus intereses como colectivo profesional.
El cultivo del ajo y la gran mayoría de las restantes siembras hortícolas nunca se han beneficiado de ayudas directas de la PAC, siendo dentro de los usos agrícolas, un sector generador de mucha mano de obra en labores de producción, manipulado y valor añadido. Un conflicto como el actual cercena a los productores la posibilidad de acceder a otro tipo de ayudas.
