La Asociación Provincial de Empresarios de Transportes de Mercancías por Carretera -ATM-, presidida por Carlos Marín, ha celebrado una reunión de su junta directiva, en la que, de nuevo, se ha vuelto a valorar de forma positiva el crecimiento de asociados del 10 por ciento en este primer semestre, gracias a la labor de defensa y apoyo al sector que se está llevando a cabo desde esta organización empresarial.
Tras recordar el éxito de la última asamblea, también se refirió a la firma del convenio colectivo que recoge mejoras para las empresas y los trabajadores y a la Ley Macron, en la que pese a la presión ejercida desde el sector, la propia administración o las acciones legales iniciadas por la Comisión Europea, debido a la desproporcionada restricción que supone para la libre prestación de servicios y circulación, Francia no ha dado marcha atrás y la Ley Macron entró en vigor, el pasado 1 de julio.
ATM indica que será exigida, tanto para la realización de cabotaje como de transportes internacionales, excluyendo sólo los transportes en tránsito y para cualquier clase de vehículo, no sólo pesados. Estas nuevas normas no afectan a los autónomos (aunque éstos deben llevar a bordo del camión documentación relativa que demuestre su régimen) y no será necesario remitir previamente a la administración francesa una declaración de desplazamiento por parte de la empresa transportista, tal y como se informó en un principio, sino que bastará que facilite a cada uno de sus conductores asalariados un documento de acreditación de cumplimiento de la citada normativa.
La junta directiva ha conocido, en este capítulo, que este certificado en papel tiene que ir acompañado de otros documentos (informaciones sobre el salario y una justificación del salario con respecto al salario mínimo francés). Estos tres documentos pueden ser los requeridos por los funcionarios franceses, y la empresa tendrá la obligación de conservar los documentos de cada operación hasta los 18 meses posteriores a la misma.
Por otro lado, se mantiene la obligación de que la empresa transportista designe un representante legal con domicilio en Francia, con quien las autoridades francesas se pondrán en contacto en caso de necesidad de información o aclaración alguna.
Ante este tipo de hechos, la Confederación Nacional (CETM), a la que pertenece ATM y de la que es la única representante provincial, ha firmado un acuerdo de colaboración con un letrado hispano-francés, que cubrirá este servicio a los asociados que decidan contratarlo, ya que son muchas las empresas de la provincia afectadas por esta ley.
ATM, por ello se pone al servicio del sector, con el objeto de facilitar toda la información necesaria sobre este capítulo o cualquier inquietud que tenga el transportista en este sentido.
