Compró el barco con las obras paralizadas judicialmente y sin permiso para botarlo
Fernando Muñoz y Santiago García Aranda, vicepresidentes de la Diputación de Toledo valoran la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y analizan el expediente del proyecto Ciudad de Vasco del PP
Muñoz destaca que el PSOE siempre ha estado y va a estar al lado del yacimiento arqueológico Ciudad de Vascos y que lo que no comparten es el proyecto del PP y García-Tizón
El equipo de Gobierno del PP en la Diputación de Toledo, presidida por Arturo García-Tizón, ejecutó el proyecto “Ciudad de Vascos” sin el preceptivo estudio previo de viabilidad, compró el barco sin haber solicitado la autorización de navegabilidad para el río Uso, no navegable, y adjudicó la construcción de dicho barco cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ya había dictado dos sentencias que paralizaban las obras.
Estas son algunas de las llamativas irregularidades que el equipo de Gobierno del PSOE se ha encontrado en el expediente de Ciudad de Vascos y que hoy daban a conocer los vicepresidentes de la Diputación de Toledo Fernando Muñoz y Santiago García Aranda en la misma rueda de prensa en la que analizaban la nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictada sobre este proyecto, y ya van cuatro, que anula el acuerdo del Gobierno de Cospedal que declaró urgente la expropiación de los terrenos sobre los que García-Tizón construyó el centro de interpretación y los embarcaderos.
Santiago García Aranda aseguraba que “el proyecto de García-Tizón, en el que pretendía gastarse seis millones de euros no contemplaba ni una sola actuación sobre la ruinas, ni siquiera un simple panel; el PP se gastó un millón y medio de euros sin siquiera haber realizado el estudio previo de viabilidad; y adquirió un buque sin siquiera haber solicitado la autorización de navegabilidad”.
“Un proyecto, en suma, que tal y como se ha ido ejecutando pareció haber nacido condenado al fracaso y que ha estado caracterizado por las irregularidades, la precipitación, las prisas y el interés electoral”, resumía García Aranda quien añadía que “no es algo que digamos nosotros, sino que es algo que pone de manifiesto, ni más ni menos, que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en su reciente sentencia”.
En este sentido, Fernando Muñoz calificaba la decisión del Tribunal de Albacete de “nuevo varapalo al proyecto del Partido Popular en Ciudad de Vascos, nuevo varapalo a la ex presidente de Castilla-La Mancha Dolores de Cospedal, nuevo varapalo al ex presidente de la Diputación de Toledo, Arturo García-Tizón, un varapalo a quien han estado sosteniendo este proyecto como el alcalde de Talavera, Jaime Ramos y un varapalo al entonces vicepresidente, Emilio Bravo, quien firmó los decretos referidos a las parcelas que debían expropiarse”.
Recordaba Muñoz que el PSOE siempre ha estado y va a estar al lado de Vascos “lo que no hemos compartido nunca y hemos estado en contra siempre es del proyecto del PP en Ciudad de Vascos y así lo hemos manifestado una y otra vez desde 2013”, un proyecto que se ha “convertido en el de las tres DES: el proyecto del despropósito, del despilfarro y, ahora ya, de la posible desviación de poder con fines electoralistas”.
A este último respecto, Santiago García Aranda remarcaba el hecho de que la sentencia del TSJ dice que “se plantea si se pudo incurrir en desviación de poder al recurrir a la urgencia de un procedimiento expropiatorio con el fin de conseguir con la ejecución de tal proyecto un rédito electoral de cara a las elecciones” de 2015, lo que plantea una “desviación de poder que habrían cometido García-Tizón y De Cospedal con todo el Consejo de Gobierno del PP de convidados de piedra”.
Y esta no es la única resolución judicial llamativa en torno a este proyecto que destacaba el vicepresidente y Portavoz, puesto que, tal y como desvelaba, tras la recopilación y estudio del expediente de Vascos, “nos hemos encontrado que hay una tercera sentencia dictada por el TSJ el 26 de marzo de 2015 que apercibía a Tizón de un posible delito de desobediencia por no acatar las otras dos sentencias que suspendían las obras e, incluso, le advertía del recurso a las fuerzas de seguridad para que lo hiciera”.
García-Tizón, finalmente, acató los autos y paralizó las obras el 29 de mayo de 2015 “mediante un decreto que dictó ya como vicepresidente en funciones camino de la oposición que es el lugar que debería haber ocupado siempre para así habernos ahorrado un quebranto tremendo a todos los ciudadanos de la provincia de Toledo”.
García Aranda resaltaba que la sentencia del TSJ, además, coincide en su argumentación con las primeras conclusiones que el equipo de Gobierno está haciendo del expediente y que dejan claro que el proyecto no se dirigía a atender servicios esenciales para la comunidad, como podrían ser hospitales o centros educativos y por tanto no estaba justificada la urgencia en la expropiación.
Respecto al barco, el Portavoz planteaba que se han vulnerado en dos aspectos fundamentales como es firmar el contrato de construcción el 17 de febrero, cuando desde noviembre de 2014 el primer auto judicial suspendía el procedimiento expropiatorio paralizando, por tanto, el proyecto.
Y segundo, continuaba, incumplir la Declaración de Impacto Ambiental de diciembre de 2013 que establecía como exigencia previa a la autorización del proyecto la presentación por parte de la Diputación de la autorización para la navegación del río Uso.
“No sólo no se presentó copia de dicha autorización antes de poner en marcha el proyecto, sino que García-Tizón compró el buque por varios cientos de miles de euros sin siquiera haberla solicitado”, explicaba García Aranda.
También informaba de que, previamente, el Servicio de Montes de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente advirtió de que la navegación fluvial y la construcción del embarcadero en el río Uso “supondría además de un afección negativa sobre los valores naturales del entorno y se incumpliría la obligación de mantener en estado de conservación favorable los espacios incluidos en la red natura 2000”.
Además, incidía en que el servicio de Montes señaló en 2013 que la alternativa óptima con menos afecciones sería aprovechar y mejorar el centro de interpretación existente en Navalmoralejo y mantener y mejorar el acceso actual. Es decir, 300.000 euros frente a 3 millones de euros. “Una alternativa que García Tizón se negó siempre a plantear”.
Con todo esto, el vicepresidente concluía de forma contundente que “se ha vulnerado, se ha infringido y se ha incumplido la Declaración de Impacto Ambiental”, así como “se ha aprobado un proyecto para Ciudad de Vascos basado en un barco sin haber obtenido previamente la autorización de navegabilidad y se han iniciado las obras sin atender y cumplir las obligaciones y requisitos por la declaración de impacto ambiental y García Tizón ni siquiera propuso la alternativa planteada por los propios técnicos de la Diputación y deseada por el servicio de Montes de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente”.
“Lo que nos lleva a concluir que el capricho del buque que tenía García-Tizón era la única guía de las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno del PP en la Diputación de Toledo”, finalizaba García Aranda.
