El Colegio de Farmacéuticos de Toledo acogió una nueva sesión formativa dirigida a licenciados sobre la inspección en Oficina de Farmacia que estuvo a cargo de Pilar González, jefa de Inspección Farmacéutica de la Consejería de Sanidad de la Dirección Provincial de Toledo, y que contó con la asistencia de más de 70 colegiados de toda la provincia toledana.
A esta jornada asistió también Ana María Rodríguez, presidenta de COF Toledo, que aseguró que el conocimiento de todos los aspectos de la inspección, como del resto de factores que día a día se producen en la farmacia, hacen que los profesionales puedan prestar un mejor servicio a la población.
En la sesión, de dos horas de duración, la ponente dedicó la primera parte a explicar aspectos legales y jurídicos como la potestad y obligaciones del inspector o la legislación de aplicación a la oficina de farmacia, mientras que en la segunda parte habló sobre los tipos de inspección y las inspecciones realizadas en procedimientos de la Ley 5/2005, de Ordenación del Servicio Farmacéutico en Castilla-La Mancha.
Además también se refirió a la inspección de certificación cumplimiento NNCC, elaboración y control de fórmulas magistrales y preparados oficinales y al plan de inspección de centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como al plan provincial, el programa de inspección a farmacias que dispensan medicamentos a pacientes residentes en residencias de mayores.
Finalmente, la inspectora habló sobre la inspección a petición de parte a través de las denuncias y la colaboración con otros organismos o entidades a este respecto. Ante una inspección manifestó que los profesionales dan todas las facilidades posibles para llevarla a buen término en el menor espacio de tiempo posible, asesorando y solucionando aquellos problemas que puedan surgir. En cualquier caso indicó Pilar González que la farmacia es un establecimiento muy regulado con una amplia y extensa normativa que garantiza la calidad del servicio y la inspección tiene una finalidad preventiva que intenta garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos, que contempla nuestra constitución.
