Por el perjuicio económico que está causando el aval bancario y que ha supuesto ya unos costes ya superiores a los 40.000 euros
El Ayuntamiento de Villacañas ha iniciado el procedimiento de exigencia de responsabilidad patrimonial a la Junta de Comunidades por el perjuicio que está causando a la Hacienda Pública Municipal debido al sostenimiento de la obligación de mantener una garantía mediante aval bancario, que no parece necesaria al tener un carácter finalista el crédito concertado por el Ayuntamiento para aportar la parte de la construcción de la piscina que le corresponde financiar.
Un aval bancario que ha supuesto ya unos costes al Ayuntamiento que suman más de 40.000 euros, a los que habría que añadir los intereses legales vigentes. Además, el consistorio reclama también el 5% del importe por el que se exigió el aval (más de 90.000 euros) por el daño moral y en la imagen pública causado, debido a la paralización injustificada de este importante proyecto.
El concejal de Deportes, Francisco J. Fernández, explica que no es de recibo tener que seguir manteniendo ese aval cuando las obras siguen paradas por parte de la promotora de la obra, que es el Gobierno de la presidenta De Cospedal a través de su empresa pública Gicaman.
Fernández además recuerda que esto ya se ha solicitado a la Junta sin que haya atendido la petición, pese a ser más que razonable. Por ello, finalmente, se ha iniciado este procedimiento. Pese a todo, desde el consistorio se sigue instando al Gobierno Regional a que retome las obras y termine la construcción de esta infraestructura.
El convenio de construcción de la piscina establece un presupuesto de la obra de casi 2’6 millones de euros, de los cuales la Consejería y el Ayuntamiento aportarían cada uno un 50%. Tal y como se determina, el Ayuntamiento adelantó el 30% del total que le corresponde financiar antes de licitarse la obra. Además, para disponer de financiación suficiente, concertó un crédito por el montante total de su aportación. Y por otro lado, tal y como se estipula en el convenio, constituyó una garantía mediante aval bancario por el 70% restante de lo comprometido. Es decir, recalca Fernández, el Ayuntamiento de Villacañas ha más que cumplido en todo momento con lo estipulado en el convenio firmado con la Junta de Comunidades.
Además, después de reiteradas reuniones y conversaciones con el consejero y el Director General de Deportes, en las cuales se asumió el compromiso por la Junta de Comunidades de no prolongar el perjuicio que se está causando al Ayuntamiento de Villacañas y sus vecinos tras más de tres años de gobierno de Cospedal en la Junta, no ha dejado de incrementarse el daño a la Hacienda Municipal así como el perjuicio a los vecinos de Villacañas, que ya deberían, desde hace tiempo, estar disfrutando de las instalaciones de la piscina climatizada. En cambio, concluye el concejal, “los villacañeros tenemos que asistir al espectáculo de ver una obra a medio hacer por la pasividad negligente de la señora De Cospedal”.
La obra de la piscina climatizada se inició en marzo de 2010 y, desde entonces, ha sufrido dos paralizaciones, la última y hasta ahora definitiva en mayo de 2012.
