Fomento dio cuenta a la Comisión Provincial de Vivienda de las adjudicaciones y cambios y fue informada también de las 61 reparaciones efectuadas en el parque de vivienda pública, tanto en viviendas habitadas como vacantes, en el que se espera llegar a cien actuaciones al finalizar el año.
La reunión de la Comisión Provincial de Vivienda, presidida por José Antonio Carrillo, director general de Vivienda y Urbanismo, fue informada de las 25 adjudicaciones de viviendas públicas de titularidad autonómica realizadas por la Dirección Provincial de la Consejería de Fomento en Ciudad Real durante el último trimestre.
En este sentido cabe indicar que se han producido adjudicaciones en los municipios de Alcázar de San Juan, Almagro, Bolaños de Calatrava, Ciudad Real, Daimiel, La Solana, Manzanares, Puertollano y Valdepeñas.
La Comisión fue informada también de los cambios de vivienda que han sido autorizados en el último trimestre, así como de la actualización de los listados de demandantes.
El director general resaltó la reciente publicación del Decreto 41/2017, de 4 de julio, que incorpora medidas para facilitar el acceso a viviendas sujetas a algún tipo de protección pública y en que se potencian las labores de la Comisiones Provinciales de Vivienda.
El nuevo Decreto desarrollado por el Gobierno de Castilla-La Mancha en su objetivo de lograr la máxima efectividad del derecho de acceso a la vivienda, trata de incidir en los requisitos que se exigen a los posibles adquirentes en primera transmisión de viviendas protegidas, además de adecuar los mismos a la situación presente y procurar el efectivo destino de estos recursos habitacionales a favor de los ciudadanos, evitando con ello situaciones de desocupación de viviendas protegidas y, en definitiva, de pérdida del destino que les es propio.
De este modo, el Decreto facilita la adquisición, en primera transmisión, de viviendas de protección pública existentes en Castilla-La Mancha que no encuentren adquirente tras haber sido sometidas por sus promotores a los procedimientos al efecto establecidos en la legislación vigente y flexibiliza los requisitos de sus potenciales adquirentes para acceder a la propiedad de este tipo de viviendas, en particular los que se refieren a sus ingresos máximos, posibilidad de tenencia de otros inmuebles residenciales y motivos de traslado de domicilio por causa justificada, al tiempo que posibilita el cambio de las viviendas ya adquiridas en propiedad al régimen de alquiler y viceversa.
De igual modo, entre otras medidas, el Decreto establece el marco jurídico para una posible cesión temporal de la disponibilidad del uso de viviendas con protección pública calificadas para venta que sean titularidad de la Junta de Comunidades o de las empresas que pertenezcan al sector público regional, a administraciones, organismos públicos y entidades sin ánimo de lucro.
También posibilita la incorporación a patrimonios protegidos de personas con discapacidad de viviendas sujetas a regímenes de protección pública y mejora la regulación de la adjudicación por parte de las Comisiones Provinciales de viviendas de titularidad autonómica a favor de colectivos con especiales necesidades a través de figuras tan fundamentales como son los informes de los Servicios Sociales efectuados sobre cada caso concreto, e incorpora otras como el diagnóstico social de edificios de viviendas protegidas de titularidad pública que servirá para la mejor adecuación de las adjudicaciones de éstas a la realidad y particularidades de cada inmueble en cuestión.