Amalia Gutiérrez, concejal popular en el Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete), confirma que su Grupo se ha visto obligado a denunciar públicamente otra nueva ilegalidad cometida por el alcalde socialista de la localidad, “que nos está costando mucho dinero a los ciudadanos”.
Ha resumido los hechos que consisten en “una firma de forma unilateral por parte del alcalde Alberto González de un contrato menor con una empresa privada, cántabra, para la privatización del servicio de control de velocidad con radar y la gestión de las multas”.
Desde el Grupo Municipal Popular se han hecho eco de esta situación, que se caracteriza por ser la primera vez que se ha contratado en la localidad a una empresa privada para poner multas a los ciudadanos, servicio que siempre antes había recaído en la Policía Local.
La concejala popular ha informado de los hechos, que han consistido en que “el alcalde, sin contar con nadie, le ha quitado esa competencia a la Policía, se la ha dado a una empresa privada, con un único afán recaudatorio que le sirva para cubrir sus caprichos, que no son pocos”.
“La irregularidad ha consistido –comenta Amalia Gutiérrez- en que el alcalde socialista firmó un contrato menor con un empresario cántabro, para traer a nuestra localidad y poner en nuestras calles un coche con radar y conductor, para vigilar y multar por exceso de velocidad”. Siguiendo con la explicación, nos informa la edil popular que ese contrato que firmó Alberto González es un contrato menor, que por ley no puede superar los 18.000 €, “cantidad que se ha sobrepasado con creces, y aun estando advertido por el Grupo Popular, mantuvo en vigor el contrato, de forma irregular”.
Ha recordado cómo en Comisión de Economía, se les advirtió a los cuatro concejales del PSOE allí presentes, y ha referido que la respuesta de Juan Luis Íñiguez era que “le daba lo mismo y que seguirían multando aun saltándose la ley”.
El Grupo Popular ha querido transmitir que el alcalde socialista, con su contrato ilegal, ha estado multando a los ciudadanos de Villarrobledo de forma irregular, y ante la advertencia del PP, “el alcalde se ha visto en la obligación de extinguir el contrato con la citada empresa, la cual, además, se llevaba el 50% del importe de las multas”.
Amalia Gutiérrez ha dejado claro que, si la gestión de esos controles y las correspondientes multas se hubieran hecho desde la Policía Local, el 100% de esos importes se hubiera quedado en el Ayuntamiento.
Como resumen a esta situación, la concejal popular ha dicho que, “el alcalde socialista ha estado multando de forma ilegal a los ciudadanos, para conseguir una mayor recaudación y pagarse sus caprichos; ha privatizado por primera vez el servicio de control de velocidad y multas, con una empresa que se quedaba con el 50% del importe recaudado, hecho que ha provocado que se pongan multas a destajo; y todas estas irregularidades con la complicidad de IU y de SPV, los cuales eran conocedores de los hechos pero han callado y lo han permitido”.
Ha terminado haciendo hincapié en que los ciudadanos deben saber “quién nos gobierna y cómo nos gobiernan”
