La acuciante crisis obliga a tomar una decisión límite
Más del 80% de las empresas de autobuses de la provincia de Toledo se plantean no continuar a partir del 1 de enero de 2021
La Asociación de Transporte de Viajeros por Carretera de la provincia de Toledo, ha decidido visibilizar aún más la acuciante crisis que sufren las empresas del sector, con una manifestación el próximo martes 1 de diciembre.
Cientos de autobuses procedentes de todos los puntos de la geografía provincial, ocuparán de manera ordenada determinadas vías de la ciudad de Toledo. Comenzarán a las 10 horas en la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, finalizarán el recorrido, comunicada a la Delegación del Gobierno de España, y termina en la Delegación Provincial de Educación en la Avenida de Europa.
Tras ochos meses continuados sin ingresos, los motivos por los que se manifiesta el sector son la carencia de trabajo, presión de los impuestos, así como la falta de pago de la Administración regional y de ayudas al sector. La pandemia ha dañado sobremanera a los empresarios de transporte de personas por carretera, puesto que la movibilidad ha sido la prohibición más destacada en el año 2020.
Además los continuos retrasos de pago por los pocos servicios que se realizan exclusivamente a la Administración regional, hacen imposible gestionar una empresa.
Una situación paradójica puesto que los empresarios tienen que asumir el pago de impuestos con un calendario claramente definido por dicha Administración. La misma que, en cambio, nunca determina cuándo hace efectivo el pago de los servicios contratados a los empresarios de este sector en la provincia de Toledo.
El poco trabajo que realiza las empresas de autobús, les cuestan dinero, porque dichos servicios se ofertaron cuando se podían combinar con otro tipo de servicios y por eso eran tan baratos. Ahora ante la ausencia de los servicios complementarios, las empresas manifiestan les cuesta dinero la realización del transporte escolar. Pero es lo único que hay y tienen miedo a que la Administración, si no lo hacen, les multen con sanciones de hasta 4.000 euros.
Una fórmula imposible de solucionar puesto que el empresario se sitúa ante un planteamiento sin salida: si presta el servicio de transporte escolar, le cuesta dinero; si deja de hacerlo, la Administración le sanciona.
Las empresas del sector han traslado de manera continua a la Administración regional, desde hace varios meses, tres peticiones:
- Compromiso de pago a 30 días de las facturas emitidas por los servicios contratados con la Administración, y no años como hasta ahora.
- Pago de ayudas al sector por la paralización de los contratos por causas no imputables a los transportistas.
- Medidas sanitarias urgentes que garanticen un servicio seguro en el transporte escolar.
Hasta el momento ninguna de las tres ha sido atendidas por la Administración regional. A esta falta de acción se suman a los argumentos inicialmente planteados, motivos por los que se manifestarán el próximo 1 de diciembre.