Pilar Callado

La dotación presupuestaria de las ayudas asciende a 93.000 euros. De ellos, 78.000 euros se destinan a menores en situación de orfandad y 15.000 euros a familiares en situación de dependencia de la mujer víctima mortal como consecuencia de la violencia de género.

En abril del año 2020, el Ejecutivo autonómico modificaba estas ayudas para dar cabida a un mayor número de casuísticas. Actualmente, 18 menores tienen concedida la ayuda en Castilla-La Mancha.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 3 de enero de 2022 y se mantendrá abierto todo el año, hasta el 31 de diciembre de 2022. 

El Gobierno regional publica hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) la resolución del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha que recoge las ayudas para el próximo año 2022 destinadas a menores de edad en situación de orfandad como consecuencia de la violencia de género y a familiares en situación de dependencia de las mujeres víctimas mortales como consecuencia de dicha violencia.

La dotación presupuestaria de estas ayudas asciende a 93.000 euros. De ellos, 78.000 euros, financiados con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se destinan a menores en situación de orfandad; mientras que los otros 15.000 euros están destinados a familiares en situación de dependencia de la mujer víctima mortal como consecuencia de la violencia de género.

Estas ayudas fueron puestas en marcha por el Gobierno regional en el año 2019, mediante el Decreto 44/2019, que daba cumplimiento a una de las medidas más novedosas recogidas en la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género y que convirtió a Castilla-La Mancha en una de las pocas comunidades autónomas que contempla este tipo de ayudas para proteger a menores y personas dependientes que han quedado en una situación de gran vulnerabilidad.

En abril del año 2020, el Ejecutivo presidido por Emiliano García-Page ampliaba y perfeccionaba este Decreto para dar cabida a un mayor número de casuísticas. Esta modificación, que se realizó con carácter retroactivo, ha permitido dar cobertura a todas las situaciones de menores en la región. Actualmente, 18 menores tienen concedida la ayuda en Castilla-La Mancha.

En ese sentido, la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado, ha destacado “el compromiso férreo e inquebrantable del Gobierno regional con las y los menores víctimas de violencia de género que sufren esta violencia en sus propias vidas diariamente y, a veces, de la forma más cruel de todas, que es con el asesinato de sus madres”.

 Presentación de solicitudes, personas beneficiarias y requisitos

Tal y como se recoge en la resolución publicada hoy, el plazo de presentación de solicitudes para estas ayudas comenzará el día 3 de enero de 2022 y se mantendrá abierto todo el año hasta el 31 de diciembre de 2022.

Las solicitudes podrán presentarse, preferentemente, de manera telemática a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es); o también, mediante su presentación en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En cuanto a las personas beneficiarias de la ayuda a menores de edad, serán las hijas e hijos menores en situación de orfandad por homicidio o asesinato de sus madres como consecuencia de la violencia de género, pudiendo solicitar la concesión o la renovación de la ayuda económica la persona que ejerza la representación legal o quien ostente la guarda de hecho de las hijas e hijos menores.

En este caso, se deben cumplir los requisitos de no haber cumplido los 18 años, que la persona solicitante y la beneficiaria de la ayuda tengan domicilio y residencia efectiva en Castilla-La Mancha, o que la última vecindad administrativa de la madre fuese en alguno de los municipios de la región, entre otros.

En cuanto a las ayudas a familiares en situación de dependencia, podrán beneficiarse las y los familiares en situación de dependencia que conviviesen en el mismo domicilio cuando la última vecindad administrativa de la víctima fuese en alguno de los municipios de Castilla-La Mancha. Podrá solicitar la ayuda económica la persona interesada o quien ostente la representación legal o la guarda de hecho del familiar en situación de dependencia.

Para poder percibir la ayuda se deberán reunir requisitos como que la persona beneficiaria conviviese en el mismo domicilio que la mujer víctima mortal; que sea familiar consanguíneo y que tenga reconocido alguno de los grados de dependencia establecidos en el artículo 26 de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Todos los detalles de esta resolución están disponibles en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicado hoy.

La directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado, ha puesto en valor el trabajo de profesionales de la Red de Centros del Instituto de la Mujer, de los servicios centrales y provinciales de este organismo y de asociaciones y entidades del tercer sector quienes “hicieron posible que en una situación de excepcionalidad como la que vivimos durante el año 2020, la lucha frente a la violencia de género y la protección de las mujeres víctimas, sus hijas e hijos no se detuviese”.

Durante el año 2020, la Red de Recursos de Acogida atendió a 280 mujeres y 343 menores. Además de los 14 recursos ordinarios con los que contaba el Instituto de la Mujer, el Gobierno regional abrió un nuevo recurso de acogida para garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia machista, sus hijas e hijos durante la pandemia.  

Durante el año 2020, la Red de Recursos de Acogida atendió a 280 mujeres y 343 menores. Además de los 14 recursos ordinarios con los que contaba el Instituto de la Mujer, el Gobierno regional abrió un nuevo recurso de acogida para garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia machista, sus hijas e hijos durante la pandemia con el único objetivo de proporcionarles alojamiento, protección y una atención integral que les permita desarrollar una vida autónoma, independiente y libre de violencia.

En el transcurso de su intervención en la Comisión de Igualdad de las Cortes regionales, donde ha dado cuenta del Informe de la Ley para un Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha relativo a 2020, Pilar Callado, la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, ha puesto en valor el trabajo de profesionales de la Red de Centros del Instituto de la Mujer, de los servicios centrales y provinciales de este organismo y de asociaciones y entidades del tercer sector quienes “hicieron posible que en una situación de excepcionalidad como la vivida en 2020, la lucha frente a la violencia de género y la protección de las mujeres víctimas, sus hijas e hijos no se detuviese”.

Antes de explicar el contenido del informe, Callado ha recordado a las 37 mujeres asesinadas en España en lo que va de año por sus parejas o exparejas, una de ellas en Castilla-La Mancha, a las cinco niñas y niños asesinados en nuestro país y también a los huérfanos y huérfanas que dejan “estos terribles asesinatos”. También, ha recordado que la violencia de género se manifiesta de muchas otras formas, refiriéndose en concreto a la violencia sexual para condenar rotundamente las últimas agresiones ocurridas en España.

También ha destacado que el Ejecutivo autonómico pone a disposición de las mujeres víctimas de violencia de género una gran cantidad de medios para “una vez entra en contacto con cualquiera de nuestros recursos, tenga toda la información sobre sus derechos y las ayudas económicas, de empleo, o para la vivienda puestas a su alcance para que logren salir del círculo de la violencia, se sientan arropadas y el camino hacia su autonomía sea más fácil”.

Prevención y sensibilización para erradicar la violencia machista

Callado, ha manifestado el incuestionable compromiso del Gobierno de Emiliano García-Page para trabajar en la concienciación y sensibilización de la población y especialmente de jóvenes y adolescentes, y lograr así su implicación en el rechazo a la violencia que sufren las mujeres.

Las principales herramientas en ese sentido con las que cuenta la Consejería de Igualdad y el Instituto de la Mujer son sus diferentes líneas de subvenciones. Durante 2020, el Gobierno regional destinó 1,5 millones de euros a sus doce líneas de ayudas permitiendo el desarrollo de 228 proyectos, muchos de los cuales se desarrollaron en centros educativos de la región llegando a más de 25.500 alumnas y alumnos. En relación a 2015, el Ejecutivo autonómico ha multiplicado por 33 el presupuesto destinado a asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, empresas y entidades locales para el fomento de la igualdad y la prevención de la violencia de género.

La concienciación también llegó en 2020 a través de campañas de sensibilización entre las que destacan la de difusión del teléfono de atención 900 100 114 durante la pandemia, la campaña ‘Implícate contra la violencia de género’ que se editó en verano para redoblar esfuerzos de prevención tras el confinamiento y también con motivo del 25 de noviembre, o la de ‘Las mujeres no se compran’ para prevenir la prostitución y la trata de mujeres con fines de explotación sexual.

Otras actuaciones desarrolladas son la formación a profesionales tanto de la Red de recursos, como de la Administración regional y local, la traducción del protocolo de prevención de la mutilación genital femenina a inglés y francés y su adaptación a lectura fácil, la realización de la VII Edición de la Escuela de Pensamiento Feminista o la continuación de la Cátedra de Género ‘Isabel Muñoz Caravaca’ desarrollada en colaboración con la Universidad de Alcalá.

Un 22 por ciento de las consultas en los Centros de la Mujer, sobre violencia de género

En el capítulo sobre los ‘Servicios de información y atención especializada’ destaca el importante papel de los centros de la mujer, 84 en toda la región en los que el año pasado se atendieron 114.665 consultas de las que 25.298 estuvieron relacionadas con violencia machista, lo que suponía un 22 por ciento del total. “Sinceramente, me gustaría agradecer el trabajo que, en los peores momentos del año 2020, hicieron las y los profesionales de los centros con el único objetivo de no dejar a ninguna mujer víctima de violencia de género desprotegida”, ha dicho Callado.

Los centros de la Mujer representan para el Ejecutivo regional la capacidad para implementar políticas de igualdad y contra la violencia de género en toda la región, “de ahí el compromiso de incrementar presupuestariamente la financiación de estos recursos”. En la convocatoria 2019-2020 se aumentó su partida 1,9 millones de euros, un 26 por ciento más que la de 2018 y para la convocatoria 2021-2022 el presupuesto de los centros volvió a incrementarse. “En relación a lo que se destinaba en el año 2015, hemos incrementado el presupuesto en más de un 33 por ciento, es decir, 2,3 millones de euros más en 2021 y en 2022”, ha dicho Callado.

Por otro lado, la línea gratuita regional de atención permanente 900 100 114 fue imprescindible durante los peores meses de 2020. Atendió durante el año pasado 7.181 llamadas, lo que supuso un incremento de un 9,55 por ciento en relación a las recibidas durante el año anterior. Los meses de abril, mayo y junio fueron los meses con un mayor número de llamadas. En un 73 por ciento de las ocasiones, las llamadas fueron realizadas por las propias mujeres.

De gran importancia también son el programa de atención psicológica a menores víctimas de violencia de género, que el año pasado atendió a 247 niñas y niños, 63 más que en 2019, y el Programa Contigo, servicio gratuito de asistencia psicológica a mujeres mayores de 18 años víctimas de agresiones y/o abusos sexuales fuera del ámbito de la pareja que atendió a 88 mujeres en 2020 y que, en 2018, cuando comenzó, intervino con 17 mujeres.

En relación con los diferentes dispositivos de seguridad como son la Teleasistencia móvil ATENPRO, de ámbito estatal, los Dispositivos de Localización Inmediata (DLI), de carácter regional y los Dispositivos Telemáticos de Control de Medidas de Alejamiento, cabe apuntar que, entre los tres, el año pasado se prestó protección a 915 mujeres.

Garantía de derechos sociales y económicos para emprender una vida libre de violencia

Para garantizar derechos y poder empezar una vida libre de violencia, el Gobierno regional dispone de ayudas de solidaridad, ayudas sociales y ayudas para la autonomía a la salida de los recursos de acogida, a las que se destinan más de 305.000 euros; las Becas Leonor Serrano para cursar estudios universitarios, de las que se concedieron 18, o las ayudas a menores en situación de orfandad que se otorgaron a 18 niñas y niños durante 2020, tal como recoge el Informe.

En el marco del Pacto Estado destacan también las ayudas al alquiler para las que se presupuestaron 500.000 euros que beneficiaron a 238 mujeres y las ayudas a entidades del tercer sector para la atención a mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual que se pusieron en marcha durante la pandemia con la finalidad de dar respuesta a la situación de urgencia y necesidad que sufrían y de las que se beneficiaron 415 mujeres.

Para finalizar, Pilar Callado, ha explicado que el año pasado en Castilla-La Mancha se remitieron a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer un total de 4.698 denuncias y se adoptaron 1.181 órdenes de protección.

El Ejecutivo autonómico, dentro de su ámbito competencial, trabaja en tres grandes áreas: la prevención a través de una línea de subvenciones puesta en marcha en la anterior legislatura y cuyo importe ha ido aumentando progresivamente; la atención especializada a mujeres víctimas de explotación sexual y campañas de sensibilización dirigidas a toda la sociedad para acabar con la normalización de la prostitución.

La directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado, ha definido la trata de personas y la explotación sexual como “las dos caras de la misma moneda” y un delito aberrante del que principalmente son víctimas mujeres y niñas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa trabajando junto a entidades del Tercer Sector como Médicos del Mundo en la prevención de la trata y la explotación sexual tal como ha explicado la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado, en la inauguración de las VIII Jornadas ‘Prostitución y trata de personas con fines de explotación sexual’. Avanzando en la abolición de la prostitución’ organizadas por esta ONG.

Tal como ha explicado la directora del Instituto de la Mujer, el Ejecutivo autonómico, dentro de su ámbito competencial, trabaja en tres grandes áreas: la prevención a través de una línea de subvenciones puesta en marcha en la anterior legislatura y cuyo importe ha ido aumentando progresivamente; la atención especializada a mujeres víctimas de explotación sexual que se presta en el Centro de Atención y Valoración Integral y finalmente acciones de sensibilización, tanto en el ámbito educativo para promover relaciones igualitarias y respetuosas y visibilizar la explotación sexual como una forma de violencia de género, como a nivel general con campañas de sensibilización dirigidas a toda la sociedad.

“Nuestra labor como Gobierno, dentro de nuestras competencias, consiste entre otras acciones en concienciar a la sociedad apoyando proyectos como el que nos reúne aquí hoy, para generar un entorno de tolerancia cero hacia los explotadores y los demandantes de prostitución”, ha afirmado Pilar Callado, que ha destacado la importancia de estas acciones para acabar con la normalización de la explotación sexual.

La directora ha remarcado la “urgencia de esta toma de conciencia” ya que un porcentaje elevado de población sigue sin identificar la prostitución con una forma de violencia contra las mujeres, de ahí la importancia de abordar proyectos de sensibilización que reviertan esta percepción social, que conciencien sobre la prostitución como una forma de violencia de género y que alerten sobre las graves consecuencias de su demanda.

Dos caras de la misma moneda

Según los datos que ha aportado la directora, España está reconocida por Naciones Unidas como un territorio de tránsito utilizado por las mafias, se sitúa entre los países con mayor número de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y, según diferentes organismos internacionales expertos en la temática, está entre los tres primeros países en demanda de prostitución a nivel mundial.

“Trata de personas y explotación sexual son por tanto las dos caras de la misma moneda”, ha denunciado Callado, que ha continuado afirmando que las mafias que trafican con mujeres y niñas se aprovechan de su pobreza, falta de recursos, el hecho de que sean refugiadas o de cualquier otra situación que conlleve vulnerabilidad.

La directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha insistido en que “no hablamos de cifras, sino de mujeres y niñas cuyas vidas quedan rotas porque la trata de seres humanos, y en particular la trata con fines de explotación sexual es una aberración y una de las más graves violaciones de los derechos humanos que afecta sobre todo a mujeres y niñas. Y estas palabras que decimos insistentemente, no podemos dejar de repetirlas hasta conseguir dar la vuelta a esta realidad”, ha afirmado la directora.

Para finalizar, ha insistido en la necesidad de una legislación estatal abolicionista que persiga esta forma de violencia en la que las víctimas son mujeres muy vulnerables que han sido engañadas y que son coaccionadas para mantenerlas en esta situación.

El Ejecutivo regional ha destinado 326.212 euros a estas ayudas para la atención de situaciones de extrema necesidad ocasionadas por la crisis generada por la COVID-19.

La directora del Instituto de la Mujer ha mantenido una reunión telemática con representantes de las cinco entidades encargadas de gestionar las ayudas para la atención a mujeres en contextos de prostitución en la que se ha destacado la importancia de un programa como este para que las mujeres sientan que existe una alternativa real. 

Pilar Callado,  directora del Instituto de la Mujer, ha reiterado el compromiso del Gobierno regional para atender a las mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual que, como consecuencia de la pandemia ocasionada por la COVID-19, se han encontrado o se encuentran en circunstancias de extrema necesidad, así como con las entidades del Tercer Sector que están trabajando con ellas gracias al proyecto de intervención social que puso en marcha el Ejecutivo autonómico el pasado mes de junio con carácter urgente y excepcional para dar respuesta a esta situación.

“Teníamos claro que, ante esta crisis sanitaria, era uno de los colectivos más vulnerables porque el confinamiento estaba acentuando esa vulnerabilidad hasta el extremo de carecer de recursos para atender necesidades elementales como la alimentación o la higiene. De ahí la importancia del decreto que publicamos el pasado junio que facilitó este proyecto y la actuación ágil de las entidades que lo están desarrollando para poner en marcha estas ayudas y evitar en la medida de lo posible situaciones de desamparo”, con palabras de la directora del Instituto de la Mujer.

Gracias al Decreto 21/2020, de 10 de junio, el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Igualdad y el Instituto de la Mujer, ha destinado 326.212 euros a estas ayudas con las que se están atendiendo situaciones de extrema necesidad.

Así lo ha explicado Pilar Callado en una reunión mantenida esta semana con representantes y trabajadoras de las cinco entidades encargadas de gestionar las ayudas entre las que se encuentran Médicos del Mundo, Asociación In Género, Fundación Cruz Blanca, Aplec Inclusión+Igualdad y Fundación Atenea, y en la que se ha puesto de relieve la necesidad de este tipo de políticas públicas y programas de intervención con el objetivo de que las mujeres sientan que existe una alternativa real.

“La reunión mantenida ha sido muy productiva porque el balance de los tres primeros meses de funcionamiento de las ayudas nos indica que 235 mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual han accedido a estas ayudas”, ha informado Callado al respecto.

Además de la cobertura de las necesidades básicas de subsistencia, la intervención que están realizando estas entidades a través de sus diferentes proyectos se completa con otras acciones como la información y asesoramiento en materia social, sanitaria, formativa y laboral y la promoción de su autonomía dotándoles de herramientas, estrategias y redes de apoyo que faciliten su salida de la situación en la que se encuentran.

Su finalidad es dar una oportunidad a estas mujeres “que se encuentran en situación de explotación sexual, que han sido víctimas de trata y que merecen una segunda oportunidad en la vida”, ha dicho la directora.

Otros temas abordados en la reunión

Además, en la reunión se han abordado otras problemáticas de ámbito estatal como la necesidad de trasladar al Ministerio de Igualdad la urgencia de promulgar una ley estatal de explotación sexual abolicionista que acabe con esta grave vulneración de los derechos humanos.

El Gobierno regional también está demandando al Ministerio que, tal como hace la Ley regional para una Sociedad Libre de Violencia de Género, la normativa estatal contemple la explotación sexual como violencia de género.

Para finalizar, también se abordó la necesidad de articular las medidas para que estas mujeres puedan acceder al ingreso mínimo vital.

La directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado, ha participado en la clausura de la IV Edición de la Universidad de la Mujer Rural, un proyecto formativo de liderazgo cuyo objetivo es el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres.

En Castilla-La Mancha, el 30,7% de las mujeres que residen en la región viven en municipios de menos de 5.000 habitantes y “el entorno rural no puede permitirse prescindir de la mitad de sus habitantes”.

Pilar Callado, directora del Instituto de la Mujer, ha participado en la clausura de la IV Edición de la Universidad de la Mujer Rural donde ha destacado la importancia de realizar proyectos de formación dirigidos a mujeres que residen en los pequeños municipios de la región. “La formación de las mujeres que viven en el medio rural es determinante porque es el paso previo para promover su participación económica, política y social y eliminar las barreras que obstaculizan su crecimiento y limitan su potencial”, ha dicho.

Pilar Callado, ha agradecido a la Fundación Eurocaja Rural su compromiso social para avanzar hacia la igualdad de oportunidades profesionales, especialmente en el ámbito rural con iniciativas como la Universidad de la Mujer Rural, un programa gratuito de desarrollo del talento y el liderazgo dirigido a mujeres que viven en este entorno con la finalidad de mejorar su autonomía, su empleabilidad y su capacidad de emprendimiento. La Fundación Eurocaja Rural ha puesto en marcha este proyecto en colaboración con el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Toledo, y la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

El programa se ha desarrollado en las localidades de Alovera, La Roda y La Solana, ha contado con la participación de 60 alumnas y ttiene una duración de cuatro semanas. La formación se ha desarrollado a través de cuatro módulos complementarios con los que han adquirido conocimientos teóricos y prácticos sobre liderazgo y coaching, marketing a través de nuevas tecnologías y herramientas digitales, emprendimiento y creación de empresas o finanzas.

Tal y como ha apuntado Callado, al respecto, “en pleno siglo XXI estos conocimientos se hacen imprescindibles a la hora de gestionar un negocio de forma eficiente y sostenible, pero, además, contribuyen al empoderamiento individual y colectivo de las mujeres, permitiendo la transformación de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres y facilitando el desarrollo de la plena ciudadanía de las mujeres”.

Además, la directora del Instituto de la Mujer ha destacado la red que han creado las mujeres participantes “lo que os va a ayudar tanto personalmente como en vuestro quehacer diario y vuestro trabajo. Es decir, se han alcanzado dos objetivos posibles, trabajo y redes entre vosotras que es principal, porque nos necesitamos las unas a las otras para llegar al objetivo común de igualdad entre hombres y mujeres”.

Sin mujeres no hay sostenibilidad en el entorno rural

De los 919 municipios castellano-manchegos, 843 cuentan con una población menor de 5.000 habitantes. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) las mujeres representan el 48,4% de la población que reside en estos municipios. En Castilla-La Mancha, el 30,7% del total de mujeres de la región viven en municipios de menos de 5.000 habitantes. Pilar Callado, ha asegurado que “el entorno rural no puede permitirse prescindir de la mitad de sus habitantes, de sus capacidades y de todo su potencial por lo que es necesario dotar de herramientas a las mujeres para que a la vez que mejoran su autonomía económica a través del autoempleo se atajen problemas de gran calado social como la despoblación y la sostenibilidad del entorno rural”.

Pilar Callado ha explicado que este tipo de violencia se da a través del control relacionado con la economía doméstica o a través de la merma de la independencia económica de las mujeres durante la convivencia y puede continuar una vez que deciden dar el paso de separarse.

En España, según datos de la ‘Macroencuesta de violencia contra la mujer’ de 2015, un 10,8% de las mujeres residentes (a partir de 16 años), ha sufrido violencia económica por parte de alguna pareja o ex pareja en algún momento de su vida.

Pilar Callado, directora del Instituto de la Mujer, ha denunciado la invisibilidad social de la violencia económica, “un tipo de violencia de género que la mayoría de las veces va de la mano de la física, o de la psicológica, o de ambas, pero que está invisibilizada a nivel social, y no se ve todavía como un instrumento más de abuso, que en realidad es lo que es; además, está menos perseguida porque es aún más difícil de demostrar”.

Así lo ha explicado esta mañana durante su intervención en las jornadas ‘Distintas dimensiones de la violencia económica’, organizadas por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Después de explicar el marco general de la violencia de género que sufren las mujeres en España y aportar algunos datos (en lo que va de año, según datos oficiales han sido asesinadas en España, por sus parejas o exparejas, 50 mujeres, y desde enero de 2003, cuando comenzaron los registros oficiales, 1026 mujeres han sido asesinadas en nuestro país), Callado ha explicado que la violencia económica o patrimonial se da a través del control relacionado con la economía doméstica o a través de la merma de la independencia económica de las mujeres durante la convivencia, y también continua después, una vez que deciden dar el paso de separarse.

En el primer supuesto, adopta la forma de un control obsesivo de los gastos que realizan las mujeres, incluso cuando ellas disponen de sus propios ingresos: “Hay violencia económica cuando tu pareja te dice que el dinero que entra en casa es suyo, y por lo tanto es él quien decide cuándo y en qué se gasta; cuando no tienes cuenta bancaria; cuando tu pareja solo te da dinero cuando quiere y la cantidad que él quiere;  cuando te pide explicaciones de cómo y en qué te has gastado “su” dinero; o cuando te dice que el dinero que tú ganas no sirve para nada porque son “migajas”.

En el segundo caso, aparece la violencia económica cuando no se paga la pensión alimenticia, no haciéndose cargo del mantenimiento de hijas e hijos, no compartiendo la responsabilidad de la crianza y los cuidados o no pagando la hipoteca, cuyas consecuencias pueden acabar en un desahucio.

“Es una forma de violencia de género muy grave porque, además, el maltratador, no solo castiga a su pareja o expareja, sino que también ejerce esa violencia contra sus hijas e hijos. Es, por tanto, la manera que tiene el maltratador de prolongar el control sobre la madre y de persistir el maltrato en hijas e hijos ya que ese control económico restringe su capacidad de desarrollo”, ha denunciado Pilar Callado.

En España, según datos de la ‘Macroencuesta de violencia contra la mujer’ de 2015, un 10,8% de las mujeres residentes (a partir de 16 años), ha sufrido violencia económica por parte de alguna pareja o ex pareja en algún momento de su vida. Si sólo se tiene en cuenta a las mujeres que han tenido pareja alguna vez en su vida, el porcentaje de las que han sufrido violencia económica de alguna pareja o ex pareja asciende a un 11,2%.

Por otro lado, del total de mujeres que tienen alguna ex pareja, el 16,8% afirma haber sufrido violencia económica de alguna de ellas y del total de mujeres que tienen pareja en la actualidad, el 3,3% manifiestan haber sufrido violencia económica de esta pareja en algún momento de la relación.

En prisión por delito de impago

Cerca de un centenar de hombres están en prisión con sentencia firme por el delito de impago de pensiones alimenticias. La ley recoge penas de 3 meses a 1 año. Sin embargo, a pesar de que la ley dice que el impago de la pensión es violencia de género, la jurisprudencia no considera que tenga que dirimirse este asunto en juzgados especializados si no hay concurrencia de otro tipo de maltrato, un hecho que en opinión de la directora del Instituto de la Mujer “debería modificarse”.

Consecuencias de la violencia económica

Pilar Callado, también ha diseccionado algunas de las “nefastas consecuencias derivadas de este tipo de violencia”, como afectaciones a la salud psíquica y física, provocando ansiedad y depresión; también afecta al desarrollo de las mujeres como ciudadanas en la medida que limita las posibilidades de desarrollo en el ámbito público y reduce las redes de contactos sociales.

Otra de las graves consecuencias de la violencia económica es el empobrecimiento, que aumenta la vulnerabilidad de las mujeres y la de sus hijas e hijos.

Según datos del INE, las mujeres son el 48,4% de la población que reside en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Además, hay que tener en cuenta que las mujeres que residen en estos municipios suponen el 30,7% del total de las mujeres de la región.

El Gobierno regional tiene puestas en marcha varias estrategias para mejorar la calidad de vida de estas mujeres, frente a la discriminación múltiple que sufren, y entre las que se encuentran el Estatuto de las Mujeres Rurales que ya ha sido remitido a las Cortes Regionales o el II Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2019-2024.

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha puesto este lunes el acento en la importancia de las mujeres para contribuir a fijar población en el medio rural y la necesidad de que estén coaligadas con el Gobierno regional en el desarrollo de factores estratégicos para crear un desarrollo sostenible y positivo para mujeres del medio rural, que ofrezca no solo oportunidades laborales sino también vitales.

Así lo ha puesto de manifiesto Pilar Callado, directora del Instituto de la Mujer, quien ha destacado que “cuando se acaban de cumplir 100 días del Gobierno del presidente García-Page, podemos destacar entre esas acciones que ya se ha remitido a las Cortes regionales el Estatuto de las Mujeres Rurales, en el que, con rango de Ley, se responde al compromiso de dar visibilidad a las mujeres en el medio rural”.

Durante la inauguración del II Encuentro de Mujeres Rurales con el título ‘Mujeres en el medio rural, proyección y propuestas para su empoderamiento y liderazgo’, ha citado entre las medidas para corregir la discriminación múltiple de las mujeres rurales que contempla este ambicioso proyecto se encuentran la visibilización de las mujeres en los puestos de dirección.

Además, las empresas particulares y cooperativas que quieran acceder a ayudas deberán tener en los órganos de dirección un porcentaje de mujeres igual o superior al que éstas tengan en la masa social o accionarial de la empresa. También, aquellas empresas que tengan en marcha un plan de igualdad, o en las que más del 50 por ciento de los miembros de los consejos de dirección o los consejos rectores sean mujeres, tendrán prioridad en todas las ayudas.

Por otra parte, Callado, ha recordado que se priorizarán los proyectos de titularidad compartida de las explotaciones agrarias, y se fomentará la afiliación de las mujeres agricultoras y ganaderas a la Seguridad Social mediante ayudas y subvenciones destinadas al abono de las cuotas a la Seguridad Social en el régimen que corresponda a su actividad agraria.

Con el objetivo de corregir también la situación de mayor desempleo y precariedad laboral que sufren las mujeres en el mundo rural, la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha hecho referencia a la puesta en marcha de programas de ayudas que faciliten el emprendimiento de las mujeres.

II Plan estratégico para la Igualdad de Oportunidades 2019-2024

Asimismo, para garantizar la igualdad de forma transversal, Pilar Callado, ha recordado la existencia del II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha 2019-2024, que contempla como uno de sus ejes el medio rural.

Finalmente, y entre otras múltiples actuaciones para la promoción de las mujeres en el medio rural, Callado ha querido hacer mención expresa a los Centros de la Mujer como promotores de la igualdad en el territorio gracias al desarrollo de iniciativas para fomentar el empodera-miento de las mujeres o sensibilizar a la población para superar los roles y estereotipos de género, entre otras.

“Un claro ejemplo es el Centro de la Mujer de Alcázar de San Juan, uno de los pioneros en la región porque lleva funcionando desde 1989 y que este año tiene una subvención del Instituto de la Mujer que supera los 123.000 euros, que en el primer semestre del año realizó más de 600 atenciones”, ha concluido Callado.