Artículo de opinión de Miguel Peña. Secretario de Memoria Histórica y Libertades Públicas de la Comisión Ejecutiva Regional del PSCM-PSOE.
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática. No podía ser de otra forma, tenía que ser un Gobierno liderado por el PSOE el que la impulsara. Y era necesario. Tras la aprobación en el 2007 por el Gobierno del presidente Zapatero de la conocida como Ley de Memoria Histórica, la llegada al poder del PP supuso un parón en el desarrollo de las actuaciones previstas en la misma.
Es un anteproyecto de ley ambicioso, que pretende llegar a todos los ámbitos y cuyo fin último es el de fortalecer nuestra democracia, y que la sociedad española les presente respeto, agradecimiento y dignidad a las víctimas, a todos aquellos españoles y españolas antifascistas y, en definitiva, a todos aquellos que lucharon por defender la democracia. Hoy en día, muchas familias siguen sin poder recuperar los restos, desaparecidos en fosas comunes.
Con esta Ley se reconoce la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura como una responsabilidad de Estado, creando un banco nacional de ADN de víctimas, creando instrumentos de colaboración entre las administraciones, reconociendo a las entidades memorialistas, resignificando el Valle de los Caídos, creando una Fiscalía de Sala especial para investigar hechos producidos en la Guerra Civil, reconociendo a los exiliados, y prestando una atención especial al esfuerzo y sacrifico de las mujeres represaliadas de forma específica, durante la Guerra Civil y la Dictadura. Tantas y tantas mujeres rapadas y vejadas en ese periodo que tendrán su justo reconocimiento.
No se trata solo de retirar símbolos y títulos concedidos contrarios a la Memoria Democrática, o de extinguir a las fundaciones y asociaciones cuando hagan apología al franquismo o exaltación y justificación del Golpe de Estado, ni de revisar los juicios sumarísimos. Todo eso es muy importante, pero no es solo eso. Esta es una Ley que mira al pasado, pero cuya acción y efectos tienen presente y, sobre todo, futuro. Para todos los nacidos en democracia, ha sido muy difícil recibir una formación académica imparcial y veraz en colegios e institutos sobre el periodo.
En la primera mitad de los ochenta, no se solía impartir esa parte del temario y si con suerte se atrevían con al tema, se despachaba de forma rápida y falaz. Por eso, es tan importante que esta Ley reconozca la importancia de la enseñanza de este periodo en la Educación Obligatoria y en el Bachillerato, actualizando los contenidos curriculares y formando al profesorado. Porque nuestros hijos e hijas deben conocer que pasó en su país y deben saber la verdad.
En momentos como los que vivimos, con la ultraderecha llevando su discurso de odio a todos los niveles, el olvido no es una opción.
Miguel Peña.
Secretario de Memoria Histórica y Libertades Públicas de la Comisión Ejecutiva Regional del PSCM-PSOE.