El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha destacado que los criterios de reparto que propone el Gobierno de España para el fondo de 16.000 millones coinciden totalmente con los que ya había propuesto el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en la conferencia de presidentes celebrada el pasado domingo, ya que hizo especial hincapié en que se tuviera en cuenta la incidencia que la pandemia haya tenido en cada territorio.
El Gobierno de Castilla-La Mancha considera “justa” y “proporcional” la propuesta que el Ejecutivo de España ha hecho para distribuir entre las Comunidades Autónomas el fondo de compensación por la crisis del COVID-19, ya que se basa en la incidencia que ha tenido la pandemia en cada territorio, de tal forma que Castilla-La Mancha podría recibir unos 600 millones de euros.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, así lo ha manifestado en una rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida, en la que ha informado de la videoconferencia que ayer por la tarde mantuvo la ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, con los consejeros autonómicos del ramo.
Este encuentro, que se prolongó cerca de cuatro horas, sirvió para que Montero, trasladara a las Comunidades Autónomas los criterios que el Gobierno de España propone para repartir entre las regiones los 16.000 millones de euros a los que asciende este fondo de compensación por la crisis del coronavirus.
Un fondo, ha detallado Ruiz Molina, que se divide en tres tramos. El primero de estos tramos es el sanitario, que asciende a 10.000 millones; el segundo tramo es de carácter social, por importe de 1.000 millones, y el último tramo, que pretende compensar la pérdida de ingresos que van a tener las Comunidades Autónomas en los ingresos que gestionan, suma los 5.000 millones restantes.
Respecto al primer tramo, el sanitario, la propuesta del Gobierno de España es distribuir el total de 10.000 millones en dos partes. La primera, por importe de 6.000 millones, se dividiría entre las Comunidades Autónomas teniendo en cuenta en un 20 por ciento la población ajustada, en otro 20 por ciento los PCR positivos, en un 25 por ciento los ingresos hospitalarios y en un 35 por ciento los ingresos en UCI, todo ello con datos a 30 de abril. De acuerdo con esta propuesta, Castilla-La Mancha obtendría del orden de unos 360 millones de euros.
El segundo montante del tramo sanitario, es decir, 4.000 millones, se distribuirían entre las regiones atendiendo un 40 por ciento a la población ajustada; un 10 por ciento a los PCR confirmados, un 20 por ciento a los ingresos hospitalarios y un 30 por ciento a los ingresos en UCI, en este caso, con datos a 30 de octubre. La estimación es que, de acuerdo a estos criterios, a Castilla-La Mancha le corresponderían unos 200 millones de euros.
Por lo tanto, el Gobierno de Castilla-La Mancha prevé que la región reciba de este fondo sanitario una financiación de unos 560 millones de euros.
El segundo tramo, que es el social, por importe de 1.000 millones se va a distribuir entre las Comunidades Autónomas, fundamentalmente, por el criterio de población. Así se podría prever que para Castilla-La Mancha serían unos 40 millones.
En el conjunto de estos dos tramos, el tramo del gasto sanitario y el tramo del gasto social, que suman 11.000 millones, Castilla-La Mancha, de materializarse la propuesta hecha por la ministra de Hacienda, podría obtener unos recursos por importe de unos 600 millones.
A partir de ahí, quedaría el tercer tramo, que asciende a 5.000 millones cuya distribución se va a discutir en una reunión de los directores generales de Tributos de las Comunidades Autónomas, que deberán hacer una propuesta para un próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera informal.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha considerado que la propuesta de distribución trasladada por la ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno es “muy justa” y “proporcional” en opinión del Gobierno de Castilla-La Mancha, ya que pone en valor la incidencia que la pandemia ha tenido en cada territorio, en función de datos “absolutamente objetivos” como son el número de PCR confirmados, que pone de manifiesto las personas que se han contagiado, y el gasto que como consecuencia de esos contagios ha tenido la red hospitalaria, medido por los ingresos hospitalarios y por los ingresos en UCI. Además, a todas las Comunidades Autónomas se les ha dado un mínimo para compensar los gastos en los que han incurrido en materia de prevención, aunque luego la pandemia no haya tenido una fuerte incidencia en sus territorios.
Ruiz Molina, ha señalado que, tal como le trasladó ayer a la ministra, los criterios que propone el Gobierno de España coinciden totalmente con los que ya había propuesto el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en la conferencia de presidentes celebrada el pasado domingo, ya que hizo especial hincapié en que los criterios de reparto de esos fondos estuvieran en consonancia con la incidencia que la pandemia haya tenido en cada territorio.
Por tanto, el consejero ha añadido al respecto, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha mostramos nuestra conformidad con estos criterios, agradeciendo a la ministra de Hacienda “la sensibilidad” que ha tenido para repartir estos recursos, que van a compensar el gasto que la pandemia va a suponer en el conjunto de la Administración regional y, fundamentalmente, lo referente al gasto sanitario.
A continuación, Ruiz Molina ha explicado que, tal como trasladó Montero en la videoconferencia, esta distribución no deja de ser una propuesta del Gobierno, que para hacerse realidad debe aprobarse mediante Decreto-ley.
En este sentido, Ruiz Molina, ha instado a los diputados del PP de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados a que cuando se tramite este Decreto-ley tengan en cuenta que los criterios de reparto de estos fondos son muy satisfactorios para Castilla-La Mancha.
Finalmente, en respuesta a preguntas de los medios de comunicación, Ruiz Molina, ha señalado que Castilla-La Mancha es una de las Comunidades Autónomas que, en porcentaje sobre el Producto Interior Bruto (PIB), más gasto sanitario realiza, con un 7,1 por ciento, ya que la media nacional es del 5,5 por ciento, lo que denota el esfuerzo que el Gobierno regional viene realizando en sanidad como uno de los servicios públicos esenciales.