IU Mario García

Han mantenido una reunión de trabajo con el Diputado Provincial de Unidas Izquierda Unida Podemos, Mario García para abordar distintos asuntos

Acompañados del coordinador comarcal de La Sagra, Ángel de Cabo, representantes de Izquierda Unida de esos tres municipios, y de dicha comarca, han mantenido un encuentro que se ha desarrollado durante toda la mañana, en la que se han expuesto la situación política y social que atañe en diferentes aspectos a cada localidad en particular y desde una perspectiva comarcal, ya que todos comparten las peculiaridades de una comarca que se encuentra sumergida en un importante desarrollo poblacional, laboral e industrial, así como de otros tipos, que afectan a la cotidianidad y forma de vida de miles de toledanos y toledanas.

Mario García, ha valorado la reunión como `muy productiva´ ya que ha servido para ahondar más en el conocimiento de las necesidades y propuestas que la comarca de La Sagra genera por su especial condición.

“Ampliar la percepción y el conocimiento de lo que pasa en los pueblos de La Sagra, con un enfoque ciudadano, y desde una perspectiva más allá de las instituciones, aporta una visión distinta, que, sin estar carente de garantías, sino todo lo contrario; es una oportunidad magnífica para identificar y proponer alternativas para mejorar la vida de la gente de nuestra tierra”, ha manifestado Mario García, Diputado Provincial.

Y es que han sido varios los asuntos que los representantes de Izquierda Unida le han trasmitido al diputado.

El transporte, especialmente el público, es coincidente para todos, ya que la necesidad de desplazarse para multitud de razones, es una tónica generalizada en La Sagra, ya que la proliferación de polígonos industriales alejados de los núcleos poblacionales, por ejemplo, obliga a necesitar de medios de locomoción para ir a trabajar, al igual que a asistir para recibir atención médica al centro de especialidades de Illescas o al Hospital de Toledo.

Con esto, se ha valorado la deficiente comunicación que existe en La Sagra para enlazar los principales sitios donde la población acude para distintos asuntos de importancia. Una comunicación que, desde una perspectiva de gestión pública, como pudiera ser el servicio ferroviario, sigue presentando un deficiente, por no decir nulo servicio, recordando la lucha histórica de Yuncler y Villaluenga para que sea abierta y puesta en marcha con normalidad, la estación de tren que comparten ambos municipios.

Aun así, el transporte por carretera no es mejor, y piden desde Izquierda Unida que se mejoren las líneas de transporte público, así como los puntos de parada de buses, como así lo explicaba Félix de Yuncler: “Muchos trabajadores y estudiantes, dependen del autobús para acudir a su trabajo o estudios. Un autobús que se recoge a cientos de metros del pueblo y que resulta un verdadero engorro tener que desplazarse tan lejos”.

De hecho, se ha comentado la peligrosidad que la gran cantidad de volumen de vehículos que se concentran en la 4-42, supone para los usuarios de esta saturada vía de conexión con Madrid; proponiendo una pronta apertura libre de la autopista AP-41.

La cuestión de la seguridad laboral, ha sido otro tema que ha ocupado la reunión, incidiendo en la baja calidad de los contratos, que provocan una inestabilidad laboral grave, debido a una explotación laboral basada en un modelo de híper-flexibilidad. Una situación que preocupa por el aumento de los accidentes laborales.

Además, el trato que ofrecen las instituciones públicas, especialmente los ayuntamientos, a colectivos que van en aumento y ganan peso social, como por ejemplo son algunos religiosos o de identidad nacional, también han sido objeto de debate por su novedad o falta de concepción histórica.

“Existe una condición de igualdad basada en derechos constitucionales que otorga a las instituciones públicas a promover escenarios de responsabilidad que favorezcan la normalizada relación de todos los ciudadanos, sin que la condición particular que motiva diferenciaciones entre colectivos, sea motivo de privilegio para unos u otros”, ha explicado García, a este respecto, terminando así: “La multiculturalidad es un valor de riqueza para nuestra sociedad, que combinada con el Estado de Derecho y del Bienestar; plantea un escenario social y económico, entro otros, que beneficia a todos y todas”.

Informan desde Izquierda Unida, que se han acordado diferentes eventos y actividades para desarrollar en las próximas fechas, en los que los temas tratados en la reunión, se reproducirán de manera abierta y participativa a la sociedad sagreña.

Artículo de opinión de Mario García, Diputado Provincial de Unidas Izquierda Unida Podemos.

El Estado de Bienestar es un mecanismo o una forma de entender y conceptualizar el Estado y la organización social, que desde las organizaciones de la Izquierda; asimilamos y defendemos para disminuir la desigualdad social estructural que lamentablemente está cronificada en nuestra sociedad.

Mediante sus cuatro pilares: la educación, la sanidad, las pensiones y la dependencia, se crea una red de soportes que tiene como objetivo principal construir una sociedad más justa e igualitaria.

En los últimos años estamos siendo testigos de cómo esos ejes se están resquebrajando, dejando paso a un modelo que sigue las directrices del mercado capitalista con una única finalidad, conseguir un mayor beneficio económico para unos pocos, sin tener en cuenta las repercusiones que este modelo mercantilista produce en la ciudadanía que es usuaria por derecho de dichos pilares del Estado de Bienestar.

En otras palabras, se está produciendo un desmantelamiento gradual del sector público, poco a poco, de manera silenciosa, mediante un disciplinamiento emocional que se fortalece por la clara individualización que vivimos en la sociedad actual, el cual viene impuesto mediante la promoción y fomento de dicho concepto individualista, con la utilización de todos los poderes de los que dispone el propio sistema capitalista.

A esta tendencia privatizadora, o mejor dicho, de privatizar la gestión de servicios con y a costa de recursos públicos, se han adherido en nuestra región, todos los gobiernos que han dirigido nuestra tierra, desde José Bono a Emiliano García-Page, sin excepción.

Ha sido un proceso prolongado en el tiempo, pero sin pausa, y con un firme objetivo en el horizonte que es, en el que hoy nos encontramos. Todo ello para no provocar una reacción de desconfianza y alerta de la ciudadanía ante un brusco o áspero cambio en la forma de gestionar los principales derechos que sustentan dicho Estado del Bienestar. Un cambio, que haberse producido drásticamente, podría haber sido origen de un reparo social que hubiera frenado o ralentizado el cambio.

Ahora bien, los servicios públicos no deben regirse por la economía coste-beneficio, sino como una inversión social que se efectúa para que su ciudadanía tenga una serie de derechos y redes de apoyo para cuando así lo necesitemos a lo largo de nuestra vida. En este sentido, es una realidad que todos y todas precisaremos del sistema educativo, de prestaciones económicas cuando no estemos en el mercado laboral, de cuidados de larga duración y de un sistema que atienda nuestra salud física, mental, emocional, etc.

No permitamos pues, que nos arrebaten nuestro Estado de Bienestar para que unos pocos se alimenten de la vulnerabilidad humana. Defendamos una sociedad más justa, cooperativa e igualitaria donde el sector público tenga como único objetivo la sostenibilidad de la vida.

Y para esto, es necesario que los derechos que se ofrecen a la sociedad en forma de servicios públicos, no cuenten únicamente con un compromiso económico, como si de una obligación indeseada se tratara por su carácter deficitario en materia monetaria, sino entender que existe otro tipo de carácter distinto, que es el de superávit del bienestar que reporta inmensos beneficios a la consecución real de la igualdad social.

Por lo tanto, todas aquellas intervenciones mercantilistas que se abrazan a la educación, la sanidad, las pensiones y la dependencia, con el beneplácito y `puesta en bandeja´ de todos los gobiernos que ha tenido y tiene Castilla-La Mancha, no son más que condicionantes, en muchos casos de gran calado y peso, para el adelgazamiento del Estado de Bienestar y para el fomento de la desigualdad social.

 Mario García,

Diputado Provincial de Unidas Izquierda Unida Podemos en la Diputación de Toledo.

Dicha declaración condena los actos de odio y violencia a miembros del colectivo LGTBI

 Unidas Izquierda Unida Podemos ha firmado esta declaración institucional porque desde el grupo político de la institución provincial consideran necesarias estas manifestaciones cuando se tratan de colectivos que tiene una condición especial en la puesta en práctica de derechos fundamentales, ya no solo constitucionales; sino de los propios Derechos Humanos internacionales.

“Es cierto que todos los colectivos sociales tienen demandas y aspiraciones, pero la realidad es que no todos son perseguidos, o incluso asesinados como le paso recientemente a Samuel Luiz, por pertenecer a uno de estos colectivos, que tienen la condición de estar amparados, como decía antes, por derechos y principios constitucionales e internacionales”, ha declarado Mario García, Diputado Provincial de Izquierda Unida Podemos

Y es que según Unidas Izquierda Unida Podemos, de un tiempo a esta parte estamos asistiendo, en entornos políticos e institucionales, a discursos de odio, criminalización y banalización de las luchas y derechos del colectivo LGTBIQA+ y violencias patriarcales, discursos que vienen directamente desde la extrema derecha, que legitiman y amparan el odio contra las personas LGTBIQA+, así como otros colectivos que luchan contra el sistema cisheteropatriarcal.

Mario García: “Desde Unidas Izquierda Unida Podemos pensamos que no es casual la relación entre la propagación de los discursos LGTBfóbicos y machistas y el aumento de la violencia y agresiones que sufrimos”.

Por eso, Unidas Izquierda Unida Podemos ha asegurado que seguirán denunciando esta situación y señalaran directamente a los culpables de este aumento de la violencia; no sólo a quienes la ejercen, sino también a quienes, con sus discursos discriminatorios, la promueven y legitiman.