Inmaculada Herraz Consejera

Artículo de opinión de Inmaculada Herranz, consejera para la Coordinación del Plan de Garantías

El diálogo acerca de la implementación de los sistemas de garantías de ingresos en condiciones de dignidad ha dejado de ser un debate para convertirse en un claro y convencido clamor desde organismos internacionales, instituciones europeas, organizaciones sindicales, organismos nacionales especializados y el conjunto de entidades económicas, sociales y profesionales.

Por un lado, en el marco europeo, tanto la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, como el Comité Económico y Social Europeo, llevan varios años trabajando en propuestas de resolución del Parlamento Europeo para que se aborden  directrices en las políticas encaminadas a garantizar la renta mínima como instrumento para luchar contra la pobreza, contribuyendo además a  apoyar la integración social y el acceso al mercado de trabajo para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y para que se constituya como esbozo preliminar de un pilar europeo de derechos sociales .  Garantizar a la población europea una renta mínima se encuentra en la agenda política europea, así lo demuestra el debate llevado a cabo el pasado 3 de octubre en el Parlamento Europeo bajo el título “Una renta mínima para una Europa justa: un derecho de los ciudadanos”. Como podemos observar, desde el contexto europeo, se han dado indicaciones concretas al respecto, que han sido desoídas por algunos de los Estados en su implementación desde el ámbito nacional, como es el caso de España.

Dentro del panorama nacional, las voces propuestas y experiencias autonómicas caminan en la misma dirección. Desde organismos especializados como el Alto Comisionado para la Pobreza infantil, el propio Pau Mari-Klose, incide en que el desarrollo de un Ingreso Mínimo Vital,  podría llegar a erradicar prácticamente la pobreza infantil severa y reducir los niveles de desigualdad general, siendo  que ahora España es uno de los más desiguales,  hasta umbrales próximos a la media europea .Esta misma idea queda reflejada en la Iniciativa Legislativa Popular  presentada por los sindicatos mayoritarios UGT Y CC.OO, y apoyada por 700.000 firmas, que fue admitida a trámite por el Congreso de los Diputados en  2017, tras 19 intentos de veto por parte del Partido Popular. La finalidad de la ILP  es la creación de una nueva Prestación de Ingresos Mínimos  que amplíe la acción protectora de la Seguridad Social, y que esté destinada a garantizar unos ingresos que aseguren unas condiciones básicas para atender las necesidades más esenciales las personas.

Del conjunto de entidades del tercer sector de acción social que trabajan en la lucha contra la pobreza, destaca el posicionamiento de la Red Europea de Lucha contra la pobreza y la Exclusión Social (EAPN), que en su ámbito nacional está conformada por 19 redes autonómicas y 16 entidades estatales, y en el caso de Castilla-La Mancha, por 38 organizaciones no lucrativas de toda la región de entre las que destacan sindicatos mayoritarios como  CC.OO, UGT; colegios profesionales, asociaciones de vecinos/as, UNICEF, Fundación Secretariado Gitano, Cruz Roja y otras entidades de iniciativa social de la región. Conforme a las directrices europeas en la materia, centran una gran parte de sus objetivos en trabajar de forma activa para que se regule una renta mínima como instrumento para hacer frente a las situaciones de pobreza incidiendo en las desigualdades territoriales que existen al respeto.

Sin embargo, dentro del territorio nacional, no solo encontramos voces y propuestas sino realidades. Es en la política autonómica donde encontramos  los mayores avances en  las políticas de garantía de ingresos como instrumentos para hacer frente a las situaciones de desigualdad social.  Si bien resulta paradigmático el caso del País Vasco con una Renta de Garantía de Ingresos que se  circunscribe a finales de los años 80, en los últimos tres años un conjunto significativo de comunidades autónomas como Navarra, Valencia, Baleares, Cataluña, La Rioja, el Anteproyecto en Aragón o la modificación del Decreto en Andalucía, han tomado el testigo en la creación de derechos avanzados basados en la dignidad y que, en palabras de expertos como José Antonio Noguera, suponen  una nueva generación de rentas mínimas.

En este contexto, Castilla-La Mancha se encuentra en condiciones idóneas para implementar un sistema de garantía de ingresos que recoja el testigo del proceso llevado a cabo en otras comunidades autónomas y que coloque a la ciudadanía de esta región en un nivel avanzado de derechos. El Anteproyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas supone un nuevo sistema de protección social sólido y estable para hacer frente a la precarización de las condiciones de vida en la región.

Inmaculada Herranz, consejera para la Coordinación del Plan de Garantías

Artículo de la consejera para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz

Las novedades suelen generar expectativas y escepticismo a partes iguales. De hecho, el impacto social y mediático del Plan de Garantías Ciudadanas corrobora esa premisa. Pero para entender la dimensión de las novedades conviene realizar ciertos ejercicios de memoria y retrotraerse a la historia reciente y a los puntos de los que se parte, en el caso que nos ocupa, en relación a las políticas sociales implementadas en nuestra Región.

Algunas de las prestaciones integradas en Plan Integral de Garantías Ciudadanas ya existían anteriormente. Tal situación puede provocar que la comparativa directa con los años anteriores a la puesta en marcha del Plan se haga más compleja. La novedad radical es que, frente a la anterior descoordinación y dispersión de políticas públicas en materia social, por primera vez se ha procedido a una integración y reordenación de medidas y prestaciones. Todo ello ha podido trasladar confusión en los análisis de ciertos medios de comunicación. Por lo mismo, y en aras a la claridad, precisaré algunas cuestiones de cierta relevancia con respecto al Plan Integral de Garantías Ciudadanas.

El Plan nace con el objetivo de mejorar la respuesta a las necesidades de una población duramente golpeada por la crisis económica. Para ello integra las medidas anteriormente dispersas y de las que carecíamos de un histórico de evaluaciones de su impacto y efectividad. En esta dirección, a ocho meses de nuestra entrada en el Gobierno, se ha conseguido implementar el Plan con importantes mejoras de cobertura, se ha elaborado el Primer Informe de Seguimiento del 2017, disponemos de un diagnóstico en profundidad de las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas de la región y se ha elaborado el borrador de Anteproyecto de la Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha ajustándolo a dicho diagnóstico. Rara vez en las políticas sociales de nuestra tierra se ha hecho tanto, y tan novedoso, en tan poco tiempo.

En relación a las principales mejoras del Plan destacan: el significativo aumento presupuestario en el 2018, que supone un incremento del 31,6% respecto a algunas de las medidas existentes en el 2016, y del 20% respecto al 2017; el aumento de la cuantía y el tiempo de percepción del Ingreso Mínimo de Solidaridad; la integración de las medidas de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para una mayor cobertura a los hogares con escasos ingresos. También la mejora del Plan de Pobreza Energética, pudiendo percibir dos prestaciones al año en lugar de la única que se había previsto en 2016.

Como parte de nuestro compromiso político, por primera vez en Castilla-La Mancha, el día 20 de marzo, se hace público el Primer Informe de Seguimiento de las medidas del Plan Integral de Garantías Ciudadanas. En él se analiza la implementación y el impacto del mismo. Entre los principales resultados globales destaca la nueva concesión de 137.062 prestaciones en el 2017 que han recibido un total de 100.000 perceptores. Con respecto al 2016 se produce un incremento en el volumen de prestaciones del 23,4% pasando de 111.088 en 2016 a 137.062 en el 2017.

Sin embargo, diseñar políticas sociales adaptadas a las situaciones reales de la población requiere un diagnóstico en profundidad que determine el conjunto de necesidades y la dimensión de las mismas. Por primera vez en nuestra Región, la Universidad de Castilla-La Mancha elabora  un estudio representativo en todas las provincias y capitales de Castilla-La Mancha con el objetivo de fijar la “población de alta vulnerabilidad” a la que debe dirigirse una Ley que tenga como objetivo proveer a la ciudadanía de los recursos necesarios para tener una vida digna. Entre los principales resultados de este diagnóstico cabe resaltar que, del total de hogares de la región, el 16,7% vive en hogares con bajos ingresos y que, en el conjunto de los hogares con menores, esta situación afecta al 14,7% de estos hogares.

En definitiva, el borrador de Anteproyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas nace de un proceso riguroso de implementación del Plan Integral de Garantías Ciudadanas, de la evaluación del mismo y del análisis científico de las necesidades de la población. Con ello, el borrador de Anteproyecto de Ley no solo incorpora las principales prestaciones del Plan a través de un conjunto de Garantías Complementarias, sino que crea, por primera vez en Castilla-La Mancha, un Derecho de Garantía de Ingresos por encima de los 600 euros, a través de la Renta Garantizada como derecho subjetivo que, en su primer año de aplicación, prevé llegar al 90% de nivel de cobertura de los hogares con menores con bajos ingresos.

Este nuevo derecho no permite comparativa, es un sistema de protección social totalmente nuevo, sin precedentes en Castilla-La Mancha, porque sencillamente no existía en nuestra Región. Es un paso adelante con el objetivo de alcanzar el 100% de protección. Porque sabemos que, garantizar la igualdad social es garantizar la libertad individual.

                                                                                                      Inmaculada Herranz

Consejera para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas