Incendios

La iniciativa, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con una cantidad de 180.000 euros, está desarrollada por dos grupos de investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), así como por técnicos de prevención y extinción de incendios forestales del Plan Infocam de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

El director general de Universidades, Investigación e Innovación, Ricardo Cuevas, ha destacado que este proyecto, que es un ejemplo de colaboración entre grupos de investigadores y técnicos de la Administración regional, busca prevenir la aparición de grandes incendios forestales en Castilla-La Mancha y minimizar los impactos ambientales y socioeconómicos de los mismos.

El director general de Universidades, Investigación e Innovación, Ricardo Cuevas, ha conocido de primera mano, recientemente, el proyecto de investigación ‘Oportunidad y efectividad de medidas de actuación preventiva y restauración de grandes incendios forestales en Castilla-La Mancha (PRESFIRE)’.

La iniciativa, financiado por el Gobierno regional con una cantidad de 180.000 euros, está desarrollada por dos grupos de investigadores de la UCLM (ECOFOR, liderado por el profesor de la UCLM Jorge de las Heras y miembros Ecología del Fuego de Toledo, grupo encabezado por la profesora de la UCLM Beatriz Pérez Ramos), así como por técnicos de prevención y extinción de incendios forestales del Plan Infocam de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Uno de los objetivos principales de este proyecto es analizar la eficacia de los tratamientos de restauración tras incendios forestales ocurridos en Castilla-La Mancha y desarrollar nuevas herramientas para mitigación de daños según el grado de severidad y recurrencia de los mismos, tomando como referencia los grandes incendios de 1994 y 2017 del suroeste de la provincia de Albacete.

El otro gran objetivo consiste en estudiar el uso de quemas prescritas, así como otros tratamientos de gestión del combustible en la prevención de incendios forestales en Castilla-La Mancha, tomando dos zonas piloto localizadas en el noroeste y suroeste de la Comunidad Autónoma.

Cuevas ha destacado que este proyecto, que es un ejemplo de colaboración entre grupos de investigadores y técnicos de la administración forestal regional, busca prevenir la aparición de grandes incendios forestales en Castilla-La Mancha y minimizar los impactos ambientales y socioeconómicos de los mismos.

Las claves del proyecto

Los primeros resultados del proyecto evalúan la eficacia de los tratamientos de restauración llevados a cabo por la Administración regional en grandes incendios como el de Yeste-Molinicos del año 2017. Por otro lado, se han implementado nuevas herramientas para la caracterización y análisis de manera integral del impacto y la respuesta del monte dependiendo de la severidad y recurrencia de grandes incendios de la provincia de Albacete (Sierra de Segura), generando una información muy valiosa para los gestores forestales a partir de la cual se facilita la selección de las técnicas de restauración más adecuadas tras los incendios. Con ello, se optimiza la inversión económica en el proceso de restauración y se avanza en la aceleración de la recuperación de los servicios ecosistémicos.

Las localidades situadas en zonas donde han ocurrido grandes incendios sufren de manera especial sus efectos bajo un punto de vista no sólo ambiental, sino también socioeconómico durante mucho tiempo. En este sentido, resulta relevante el estudio en el proyecto del impacto de incendios en áreas protegidas, zonas de especial conservación, especies vegetales protegidas y hábitats de interés especial (Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima y Microrreserva Peñas Coloradas).

Quemas prescritas

El uso de quemas prescritas en la prevención de incendios forestales persigue reducir el riesgo de ocurrencia de grandes incendios mediante la gestión del combustible disponible en el monte. En este proyecto se valora la efectividad de este tratamiento mediante la monitorización y el seguimiento de quemas realizadas por la administración en Ciudad Real y Toledo. Asimismo, se trabaja con dicha administración en la realización de una base de datos de quemas y el análisis de la información disponible, resultados que se presentarán en breve en el Congreso Forestal Español.

Los seguimientos de las quemas realizadas muestran que éstas reducen la carga de combustible fino, no tanto la de combustibles gruesos, sin afectar de forma importante a la vegetación existente, pero que esta reducción y la velocidad de recuperación son dependientes de la estructura de la vegetación donde son implementadas, por lo que es necesario evaluar en qué situaciones este tratamiento debe ser elegido como preferente.

Por otro lado, el análisis de la información disponible de las quemas ya realizadas muestra la conveniencia de homogeneizar y ampliar la información recogida, estableciendo protocolos más amplios, muy especialmente de seguimiento de las zonas tratadas, que permitan evaluar la aplicación y eficacia de las quemas prescritas a medio y largo plazo en la gestión forestal de la región.

Castilla La Mancha, Extremadura y Castilla y León son las CCAA con mayores índices de fallecidos por millón de habitantes en viviendas. Por el contrario, La Rioja, Asturias y Navarra no registraron víctimas el año pasado.

Entre los meses de octubre y marzo se producen más fallecidos que en todo el resto del año.

La mortalidad por incendios está directamente relacionada con las bajas temperaturas y el uso de sistemas de calefacción.

 Menos incendios y menos víctimas mortales. Es el balance que ha dejado 2020, año en el que se produjeron un total de 123.800 fuegos o explosiones (un 4% menos que en 2019), producidas en su mayoría en el hogar (73%), pero también como resultado de un fuego originado en el exterior, como un siniestro de tráfico, o en industrias, hospitales, residencias, hoteles o establecimientos comerciales, entre otros.

Dichos incendios acabaron con la vida de 164 personas, una víctima menos que en 2019. Destaca la baja incidencia de muertes por incendio durante los meses de confinamiento, es decir, entre marzo y abril de 2020, en los que se registraron las cifras más bajas de fallecimientos por fuego en el hogar de los últimos años. En concreto, en 2020, hubo 16 fallecidos en esos dos meses, frente a los 37 de 2019, los 23 de 2018 y los 33 de 2017.

Por primera vez, no son los mayores de 64 años los más afectados en el cómputo total de víctimas por incendio. Llama la atención el grupo de edad comprendido entre los 30 y los 64 años, el que más fallecidos concentró el año pasado (47%), y más en concreto la franja entre los 50 y los 54 años, que rompe la pauta histórica y que en 2020 acumuló 21 muertos.

En la vivienda, más hombres y mayores de 64 años

En la vivienda, en concreto, se produjeron un total de 119 fallecidos (6 menos que en 2019), en este caso, en mayor medida en hombres (68 fallecidos) y en mayores de 64 años, con 58 víctimas (49%). Estos incendios se redujeron un 13% en 2020 (17.037), lo que representa una media diaria de 47 fuegos en viviendas en 2020. La mayoría de las víctimas en el hogar se encontraban acompañadas en el momento del fuego (50%).

Pese a esta positiva evolución, todavía no puede considerarse un cambio de tendencia a la baja, debido principalmente a la situación creada por los malos datos de 2016 (con 175 víctimas) y 2017 (con 212) y al arranque de 2021, que no ha sido muy esperanzador debido a que durante enero y febrero de este año se han producido 38 víctimas mortales en el hogar, un 27% más con respecto al mismo periodo que el año anterior.

Son algunas de las conclusiones del estudio Víctimas de Incendios en España 2020, que han dado a conocer esta mañana Fundación MAPFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), la única investigación que recoge de forma actualizada y precisa información sobre este tipo de sucesos en España y cuyo objetivo es contribuir a reducir los incendios y las víctimas.

 Fin de semana y de madrugada

En el hogar, los incendios se producen principalmente los sábados, con 23 fallecidos (19%), que junto a las víctimas del domingo (15%) y las del viernes (16,8%), suman un 51,2%, lo que significa que el fin de semana concentra la mayor parte de los fallecidos por fuego en el hogar.

La franja horaria con más siniestros de este tipo es entre las 4 y las 8.00 de la mañana, en la que fallecieron 28 personas, de ahí la importancia de instalar detectores de humos en las viviendas.

Las viviendas que se encuentran dentro de un bloque de edificios son las que sufren más fuegos (66%) y llama la atención aquellas que se encuentran en la planta baja, que es la que registra más número de víctimas, en concreto 41 fallecidos, de los que 22 se produjeron en viviendas unifamiliares.

El salón sigue siendo la dependencia de la vivienda en la que se origina el mayor número de incendios (38%), seguido del dormitorio (17%) y muy de cerca, la cocina (14%). El peor índice de fallecidos en vivienda en 2020 se repite en los municipios más pequeños, los de menos de 1.000 habitantes, donde la cifra se sitúa en 7,6 muertos por millón, frente a los 3 de las ciudades con más de 500.000 habitantes.

Intoxicaciones y causas eléctricas

Entre las causas de muerte por incendio en la vivienda, destaca la intoxicación, que produjo la muerte a 78 personas (66%), y las quemaduras, que quitaron la vida al 24%.

Los incendios y explosiones en viviendas se originaron principalmente por motivos eléctricos (19%), que provocaron 23 víctimas el año pasado, según los expertos, debido al uso inadecuado de enchufes, regletas y baterías, entre otros. Como segunda causa más frecuente de fuego en el hogar destacan los aparatos productores de calor, como radiadores, estufas y braseros, entre otros, que tuvieron como resultado 11 víctimas; así como el fuego directo, que provocó otras 11 víctimas; el tabaco, como origen del fuego, y a menudo, debido a que algunos fumadores se quedaron dormidos en el sofá del salón o en la cama (6 víctimas); y en quinto lugar, cocinar, que produjo 5 fallecimientos.

 Confinamiento y meses más fríos

Los datos más significativos de 2020 se pueden dividir en dos tramos temporales. El primero, el de los meses de confinamiento, marzo y abril, donde se produjo una significativa bajada en los datos de víctimas con respecto a años anteriores, pasando de 24 fallecidos en total en marzo de 2019 a 9 en el mes de marzo de 2020, y de 13 víctimas en total en abril de 2019, a 7 en 2020.

El segundo grupo cronológico lo comprende los meses de octubre a diciembre, tramo en el que se mantiene la pauta habitual de víctimas de incendio, con un noviembre relativamente bajo (11 fallecimientos frente a las 18 de 2019) y un diciembre relativamente alto (30 frente a las 16 de 2019).

En resumen, durante el año 2020, un total de 99 personas (el 60% de todos los fallecidos), perdieron la vida en los meses de enero a marzo y de octubre a diciembre, es decir, los meses más fríos. El número de fallecidos en estos meses deja claro todos los años que la mortalidad por incendios está directamente relacionada con las bajas temperaturas y el uso de sistemas de calefacción.

 Castilla La Mancha y Extremadura, a la cabeza

En 2020, las Comunidades Autónomas con mayor índice de fallecidos por millón de habitantes en la vivienda fueron: Castilla La Mancha (6,85), Extremadura (5,64), Castilla y León (4,59), Cantabria (3,43) y Comunidad Valenciana (2,97). Por el contrario, las CCAA con menor tasa fueron: Asturias, La Rioja, Navarra (sin víctimas estas tres), seguidas de Aragón (0,75) y Madrid (1,47).

En términos absolutos, Andalucía vuelve a ser la Comunidad Autónoma con mayor número de víctimas mortales por fuego en el hogar, con 22 muertos (4 menos que en 2019); seguida de Cataluña, con 18 víctimas (4 menos que en 2019); Comunidad Valenciana, con 15 víctimas (2 más que en 2019); Castilla La Mancha (14) y Castilla y León (11).

Enchufes, velas y chimeneas

Para prevenir un incendio, Fundación MAPFRE y la APTB proponen pautas sencillas como, no sobrecargar las instalaciones eléctricas, y en concreto los enchufes, no desatender velas, sartenes o planchas; nunca dejar la chimenea encendida por la noche o sin apagarla completamente, incluidas las brasas; evitar el uso de braseros y aparatos similares que sean antiguos o que no estén homologados; y no utilizar combustibles o acelerantes para avivar el fuego.

También aconsejan tener cuidado con el uso de ciertos aparatos eléctricos, como por ejemplo un radiador o un calefactor, que nunca deben cubrirse o acercarse a ropa o cortinas, y que un electricista autorizado compruebe que las instalaciones de electricidad no están obsoletas para la carga eléctrica que actualmente exigen ciertos electrodomésticos, como las placas vitrocerámicas o de inducción, las secadoras de ropa o los sistemas de aire acondicionado.

Además, todas las instalaciones eléctricas deben contar con elementos de protección, tanto para las personas (interruptor diferencial) como para los circuitos (pequeños interruptores automáticos), y siempre sin olvidar la necesaria toma de tierra. En este sentido, es recomendable, que las instalaciones de las viviendas de más de 30 años sean revisadas por profesionales autorizados, especialmente en elementos como el empalme de los cables y los enchufes.

Cerrar la puerta para que no se extienda el fuego

Los expertos recomiendan, además, aprender a identificar fugas de gas internas, que, aunque son poco habituales, puede generar una explosión. En caso de que se produzca es fácil reconocerlo por su olor (similar a huevo podrido). En esta situación no se debe tocar ningún interruptor (para evitar generar una chispa) y es muy importante abrir la ventana para que se ventile el espacio y avisar a los bomberos.

También hacen hincapié en la importancia de aprender a utilizar un extintor, instalar un detector de humos, cuyo precio es de unos 20 euros y puede salvar la vida, sobre todo en incendios nocturnos, enseñar a los niños dónde están las salidas de emergencia de su edificio y que no deben esconderse si se produce un fuego.

Además, si no hay peligro, se debe intentar apagar el fuego, y si no se puede, conviene alertar a todos los ocupantes de la vivienda para realizar la evacuación de manera ágil y ordenada y cerrando la puerta al fuego (para que no se extienda). Se debe salir en el menor tiempo posible, sin recoger nada y sin usar el ascensor, y ya en la calle, se aconseja llamar al 112.

Si no se puede salir, por ejemplo, porque haya fuego en la escalera, también se debe llamar al 112, cerrar todas las puertas a nuestro paso, tapar con paños húmedos las rendijas, dejarse ver desde la ventana y, sin perder la calma, esperar la llegada de los bomberos.

Por José Mª Martínez Navarro, geógrafo, y José An. Montero, periodista ambiental.

Cada vez es más habitual que las autoridades hablen de incendios forestales fuera de la capacidad de extinción. Ante esta situación cualquier intento de acumular recursos o por controlar el incendio es inútil, poniendo en peligro al personal dedicado a la extinción sin que haya ninguna posibilidad de control del mismo y generando riesgo para una población que ve como el fuego avanza inexorablemente.

La declaración de incendio “fuera de capacidad de extinción” llega cuando la potencia calorífica y el tamaño de las llamas hacen que sea imposible frenar el avance del fuego independientemente del tamaño del dispositivo de extinción, es decir, son tan intensos que no es posible apagarlos por muchos medios materiales que destines, pues la intensidad del fuego convierte los medios en ineficaces. Es una cuestión física, no un problema tecnológico.

En esta situación, los medios terrestres no lo pueden combatir sin arriesgar la vida de los que participan en la extinción. Los medios aéreos tampoco son efectivos porque la cantidad de calor que producen hace que el agua se evapore antes de llegar al suelo, siendo en algunos casos su intervención contraproducente, ya que el vapor de agua es mejor conductor del calor que el aire.

Esta intensidad del fuego depende directamente de la cantidad de vegetación (combustible) viva y muerta que hay en el lugar, así como de lo seca que se encuentre, en función de las condiciones atmosféricas. Las olas de calor extremas producen que las temperaturas nocturnas sean muy altas, por lo que la vegetación viva, en especial los pinos, se defiendan ralentizando su metabolismo, una situación óptima para la propagación de un incendio de copas de gran intensidad. En estas condiciones, el viento pasa a convertirse en un factor secundario pues el incendio es capaz de modificar las condiciones atmosféricas de su entorno debido a la inmensa cantidad de energía que libera. Lo esencial es la cantidad de combustible en disposición de arder.

Pongamos como ejemplo una barbacoa, con un kilo de leña seca, la intensidad del fuego te permite estar cerca y manipular lo que estés asando. Sin embargo, si estuvieran ardiendo diez kilos a la vez, la intensidad del fuego no permite ni acercarse, pues te quemarías sólo con el calor que desprende sin necesidad de que te alcancen las llamas.

En los incendios forestales ocurre exactamente lo mismo, cuando se dan ciertas condiciones y la intensidad del fuego es muy alta los medios terrestres no pueden acercarse al incendio sin poner en riesgo la vida. En esta situación es imposible tratar de apagarlo y no queda más remedio que dejarlo avanzar hasta una zona en que la cantidad de vegetación sea menor y permita intentar sofocarlo. La táctica habitual consiste en anticiparse y calcular cual es el mejor lugar donde eliminar el exceso de vegetación antes de que lleguen las llamas, incluso quemándolo controladamente mediante contrafuegos pues este fuego táctico es el medio más rápido y efectivo.

Al frente de los equipos están los jefes de extinción, estrategas con muchos años de experiencia en incendios. En nuestro país contamos con algunos de los mejores del mundo. Muchos de ellos llevan años denunciando que cada vez serán más frecuentes los incendios fuera de la capacidad de extinción, porque el problema del exceso de biomasa es acumulativo. Si el monte no se limpia, se acumula año tras año a la vez que el cambio climático provoca que cada vez sean más frecuentes las olas de calor extremas.

En este sentido, las políticas públicas de gestión del riesgo de incendio forestal siguen centrando el mayor esfuerzo presupuestario en la extinción, pero cada vez se hace más necesario aumentar el esfuerzo en prevención para mantener el problema en parámetros asumibles socialmente. No se trata de desmontar los dispositivos de extinción, sino de aprovechar su experiencia para realizar trabajos de prevención durante todo el año, en colaboración con la población rural y aprovechando el conocimiento científico disponible.

Durante los últimos veinte años es prácticamente imposible encontrar ningún estudio o publicación científica que defienda un modelo de exclusión del fuego como base del diseño de las políticas de riesgo de incendios, aunque sea defendido por ciertos colectivos de presión. No es un problema de culpables, de quién “provoca” el incendio. Cuando en una cocina de butano hay un escape, la cuestión no es de quién ha encendido la luz provocando la explosión, sino porque no se reunían las condiciones de seguridad necesarias para que esto no ocurriera.

La única alternativa al riesgo de los incendios fuera de capacidad de extinción es revisar las políticas de gestión del riesgo de incendios. Con un bosque limpio y cuidado, sin exceso de biomasa, este riesgo es más controlable que en un escenario en el que la inacción o la falta de gestión hayan permitido la acumulación de combustible. En todos nuestros pueblos escuchamos que los incendios se apagan en invierno. Si el saber popular lo tiene claro y lo que hacemos no funciona, pues el problema es mayor cada año que pasa, ¿por qué no probamos?

José Mª Martínez Navarro es doctor en Geografía y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, recientemente ha publicado ‘Gestión territorial del riesgo de ignición forestal antrópica en CLM’ (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2018)

José An. Montero es geógrafo y periodista ambiental. Fue profesor de Geografía de la Universidad de Castilla-La Mancha y es miembro de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) y de la Red de Periodistas Rurales.