La retirada de la equiparación fiscal del diésel de los Presupuestos de 2021 muestra una profunda falta de compromiso para reducir la contaminación por parte del PNV y del Gobierno de España, que cedería en un punto básico para la transición ecológica
Lejos de apoyar la industria, la apuesta del PNV por el diésel condena al tejido industrial vasco a una tecnología obsoleta y cada vez más rechazada en Europa
La Unión Europea ha exigido al Gobierno que deje de bonificar al diésel, cuyas emisiones son dañinas para la salud e incompatibles con los objetivos de reducción de CO2 fijados en el Acuerdo de París
Tras conocer la noticia que adelanta un posible acuerdo entre el PNV y el Gobierno de España para mantener la bonificación de diésel como condición para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2021, Greenpeace manifiesta su más enérgico rechazo a una decisión que afecta negativamente a la salud pública e impulsa las emisiones contaminantes generadas por una tecnología obsoleta y en claro retroceso dentro del sector del automóvil.
La organización ecologista recuerda que el diésel es el principal responsable de la mala calidad del aire en entornos urbanos y que seguir promoviendo su uso impide garantizar un aire limpio, así como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente tras el fraude masivo realizado por las marcas en los sistemas de medición, el conocido como ‘diéselgate’.
“No es lógico que el diésel siga pagando menos impuestos que la gasolina, cuando sabemos que es mucho más contaminante en sustancias como el NO2 o partículas, cuyos niveles siguen excediendo los límites fijados por la UE y la OMS para la salud pública”, ha señalado Adrián Fernández, responsable de movilidad de Greenpeace: “El primer paso para lograr una transición ecológica justa pasa por equiparar la fiscalidad del diésel y destinar esos fondos a facilitar una movilidad sin emisiones para todas las personas”.
La industria del automóvil se aleja del diésel
En concreto, Greenpeace critica duramente al PNV por utilizar la industria del automóvil como excusa para mantener los privilegios del diésel. Lejos de reforzar una industria clave para la economía y el empleo, la organización ecologista recuerda que el diésel es una tecnología en claro retroceso y cada vez más denostada por los consumidores, y advierte de que las compañías de automóvil solo mantendrán aquellas fábricas que desarrollen tecnologías ‘cero emisiones’.
Cada vez más países europeos están marcando fechas límite a la venta de vehículos diésel y gasolina; el último ha sido el Reino Unido -tercer país de exportación de vehículos de España- quien esta misma semana ha anunciado que dejará de importar nuevos coches de combustión en 2030. Igualmente, Greenpeace recuerda que la industria vasca puede ser líder en sectores como el transporte público y la electrificación (con fábricas como CAF o Irizar) quienes se beneficiarían de las inversiones derivadas de una fiscalidad verde.
“El PNV adopta una posición hipócrita con su defensa de la subvención al diésel, pues no solo contradice sus objetivos de reducción de emisiones sino que además pone en peligro el tejido industrial vasco. Apoyar la industria y el medio ambiente implica dejar atrás a los combustibles fósiles y no solo firmar declaraciones de emergencia climática”, ha incidido Fernández, recordando el compromiso del Gobierno Vasco para reducir las emisiones de CO2 en línea con el Acuerdo de París.
La fiscalidad verde es socialmente justa
Las críticas de Greenpeace no solo se centran en el PNV, sino que también apuntan al Gobierno de la nación, a quien recuerda que el compromiso con la transición ecológica se debe plasmar en una fiscalidad coherente con el principio de “quien contamina, paga”. En este sentido, Greenpeace insta al Gobierno a que no ceda en la equiparación fiscal del diésel puesto que es una situación injusta e incoherente con la armonización fiscal de la Unión Europea.
Desde Bruselas se ha instado a España en repetidas ocasiones para que equipare la carga fiscal del diésel y la gasolina, corrigiendo una situación anómala y que lejos de perjudicar a las clases más desfavorecidas, supondría un acercamiento hacia una fiscalidad verde que permita más inversión en soluciones sostenibles y socialmente justas.