Greenpeace

Greenpeace ha lanzado hoy un informe que analiza las emisiones de CO2 que causaron los viajes en avión privado de los asistentes al Foro Económico Mundial (FEM) de Davos de 2022. Las conclusiones muestran cómo generaron emisiones equivalentes a 350.000 automóviles haciendo 750 kilómetros diarios durante una semana [1]. 1040 jets privados entraron y salieron de los aeropuertos que prestan servicio a Davos durante la semana del encuentro. Esta circunstancia provocó que las emisiones de CO2 se multiplicaran por cuatro durante aquellos días. Y todo indica que este fenómeno se repetirá en la nueva cita del FEM, que arrancará a partir del 16 de enero.

Klara Maria Schenk, portavoz de la campaña de movilidad europea de Greenpeace, ha señalado: “Los ricos y poderosos que acuden a Davos para debatir a puerta cerrada sobre el clima y la desigualdad usan el medio transporte más contaminante y desigual que existe, justo cuando Europa experimenta el mes de enero más cálido desde que hay registros y las comunidades de todo el mundo sufren los fenómenos meteorológicos extremos por la crisis climática”.

La investigación, encargada por Greenpeace a la consultora holandesa CE Delft, muestra que la afluencia de jets privados a los aeropuertos de alrededor de Davos se duplicó durante la reunión del Foro Económico Mundial de 2022 en comparación con el promedio del resto del año. De todos estos vuelos realizados, el 53% fueron de corta distancia, por debajo de los 750 km, que fácilmente se podrían haber sustituido por viajes en tren o automóvil. El 38% voló en distancias ultracortas, de menos de 500 km. Incluso se detectó un vuelo realizado de tan solo 21 km. Según el informe, los países con el mayor afluencia a los aeropuertos de Davos fueron Alemania, Francia, Italia y España.

Los vuelos de jets privados atrajeron la atención del público mundial el año pasado después de que varias figuras públicas recibieran críticas por sus desplazamientos ultracortos en estas aeronaves. El análisis publicado por Greenpeace International se produce días antes de que los líderes políticos y empresariales se dirijan a Davos para asistir al Foro Económico Mundial de 2023, con el objetivo señalado de querer abordar la crisis climática y otras «crisis en curso» desde una «acción colectiva audaz».

“Si tenemos en cuenta que el 80 % de la población mundial nunca ha viajado en avión, pero sufre las consecuencias de las emisiones provocadas por estas “bombas climáticas” que son los jets privados, y que el Foro Económico Mundial afirma estar comprometido con el Acuerdo de París… pues nos encontramos ante una insoportable clase magistral de hipocresía. Los jets privados deben pasar a la historia si queremos tener un futuro verde, justo y seguro para todos. Los líderes mundiales deben predicar con el ejemplo y prohibir los jets privados y los vuelos de distancia corta claramente prescindibles”, ha agregado Schenk.

Para Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España, «Davos representa lo más perverso de un sistema socio-económico fallido: élites que intentan vender una imagen de sostenibilidad y de que están ahí para cambiar el mundo mientras concentran una riqueza y poder desproporcionadamente obsceno y se benefician a costa de la mayoría de las personas y del planeta, poniendo la vida en jaque».

Los jets privados no están regulados en la UE, a pesar de que son el modo de transporte más contaminante del planeta en su relación entre pasajero y kilómetro [2]. Por primera vez, en 2022, varios países de la UE, encabezados por Francia, comenzaron a solicitar una regulación europea de las emisiones de la aviación en toda la UE que incluya la problemática de los vuelos cortos innecesarios – con alternativa viable en tren – y de los jets privados.

NOTAS

[1] La base del análisis de CE Delft son los datos de vuelos de aviones privados hacia y desde aeropuertos cercanos a Davos, incluidos los aeropuertos de Zürich, Ginebra, Altenrhein, Dübendorf, Samedan, Friedrichshafen y EuroAirport Swiss. Los datos de los vuelos de jets privados han sido proporcionados por la empresa de análisis de aviación Cirium. Para determinar la cantidad de vuelos durante la semana del Foro Económico Mundial 2022 (del 21 al 27 de mayo), los investigadores compararon los vuelos en la semana del WEF con los vuelos en las semanas anteriores y posteriores. Las emisiones de CO2 de los vuelos en la semana WEF se calcularon utilizando la herramienta Eurocontrol Small Emitters Tool.

[2] Según un estudio de Transport & Environment, los jets privados son de 5 a 14 veces más contaminantes que los aviones comerciales (por pasajero) y 50 veces más contaminantes que los trenes. En 2018, el 50 % de todas las emisiones de la aviación fueron generadas por solo el 1 % de la población mundial

Los terrenos fueron declarados suelo no urbanizable hace cinco años por el propio Supremo en la sentencia 634/2018 de 19 de abril

Greenpeace ha solicitado al TSJA de forma reiterada que se multe al alcalde de Carboneras por incumplimiento de dicha sentencia

Greenpeace ha presentado hoy en la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo una Aclaración a la Sentencia del Tribunal Supremo número 1682/2022 de 19 de diciembre al considerar que no han sido tenidas en cuenta sentencias anteriores.

La sentencia del Supremo considera que en la fecha actual el sector ST1, conocido como El Algarrobico, sigue siendo urbanizable en el planeamiento urbanístico de Carboneras, pero a juicio de Greenpeace, se trata de un error, ya que dicho sector fue anulado por sentencia firme del propio Tribunal Supremo (1) hace cinco años.

El problema reside en que el Ayuntamiento de Carboneras no ha cumplido dicha sentencia. A pesar de ello, la calificación de los terrenos no depende de la ejecución de la sentencia. La única realidad es que los terrenos fueron declarados suelo no urbanizable por el Supremo en la sentencia 634/2018 de 19 de abril.

Desde Greenpeace hemos solicitado al TSJA de forma reiterada que se multe al alcalde de Carboneras, José Luis Amérigo Fernández, por el incumplimiento de la sentencia y que el Ministerio Fiscal investigue si hay un presunto delito de desobediencia, pero la Sala no acaba de adoptar las medidas  solicitadas (2).

“Tras cinco años de incumplimientos de una sentencia firme del Tribunal Supremo por parte del ayuntamiento de Carboneras, dejar en manos de esta corporación municipal la eficacia de las decisiones judiciales nos coloca en una situación de total indefensión. Esperamos que el Supremo nos aclare esta situación” ha declarado Luis Berraquero, portavoz de Greenpeace en Andalucía.

1. Sentencia número 634/2018 de 19 de abril que confirmó la de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía número 2000/2016 de 18 de julio.
2. Greenpeace pide al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ordene al Ayuntamiento de Carboneras anular inmediatamente la licencia de obras de El Algarrobico para poder ejecutar su derribo.

Ante la entrada en vigor hoy del embargo de la UE al crudo ruso, Greenpeace ha hecho un llamamiento a la Comisión Europea, los Estados miembros de la UE y especialmente al Gobierno español y los autonómicos y locales para que introduzcan medidas que reduzcan el consumo de petróleo de forma rápida. Busca así que se reduzca la dependencia del petróleo, para cumplir con los objetivos climáticos y para evitar una escalada de la crisis energética y un nuevo aumento de precios.

Según un análisis reciente de Greenpeace Europa las medidas a corto plazo en el sector del transporte, como la prohibición de los jets privados y los vuelos de corta distancia con alternativas razonables, o la introducción de “billetes climáticos” asequibles para el transporte público podrían reducir el consumo total de petróleo en la UE en casi un 10%, lo que ahorraría a los consumidores 63.000 millones de euros en gastos energéticos relacionados con la movilidad y evitaría emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes a las de 120 millones de coches al año.

Klara Maria Schenk, responsable de la campaña de movilidad de la UE de Greenpeace, ha declarado: “La prohibición del petróleo ruso por parte de la UE, aunque llega con mucho retraso, es un paso importante para apoyar la paz en Europa. Sin embargo, la respuesta a la adicción al petróleo de Europa no puede ser encontrar nuevos proveedores, sino llegar a la raíz del problema: reducir el consumo de petróleo y acelerar la transición a un sistema de transporte limpio. La UE debe dejar de hacer la vista gorda ante la próxima escalada de la crisis energética, cuando deberíamos haber empezado a ahorrar petróleo ayer mismo. Prohibir ahora los jets privados y los vuelos de corta distancia que no son necesarios son unas de las medidas más fáciles de implementar para ahorrar petróleo, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la factura energética de la ciudadanía”.

El petróleo y sus derivados representan la mayor parte de todos los tipos de energía utilizados en la UE, de los cuales el transporte consume casi el 70%. Aunque el precio del petróleo se ha mantenido relativamente estable en los últimos meses, el entorno actual del mercado es totalmente impredecible. De hecho, numerosos factores amenazan con hacer subir de nuevo los precios del petróleo: la demanda de petróleo para calefacción está aumentando, cada vez más industrias se pasan del gas al petróleo para la producción de energía, hay pocas reservas, la OPEP puede variar su producción en cualquier momento y hasta las huelgas en las refinerías francesas. Todo ello puede crear una tormenta perfecta que amenaza con agravar la crisis energética y la inflación. Como resultado, los operadores del mercado del petróleo apuestan ahora por precios del petróleo Brent para marzo de 2023 de hasta 200 dólares por barril.

Las reservas de gasóleo de carretera, de calefacción y otros combustibles de tipo diésel en el noroeste de Europa ya están a punto de reducirse a su nivel más bajo en 10 años a esta altura del año. La situación amenaza con agravarse aún más con la entrada en vigor hoy del embargo de la UE a los combustibles refinados rusos, como el gasóleo, el combustible para aviones y la gasolina. Europa depende en gran medida de los suministros de petróleo refinado procedentes de Rusia, por ejemplo, para el diésel agrícola y de camiones. Los países de la UE siguen importando diariamente 560.000 barriles de gasóleo de Rusia. Con la entrada de las sanciones en vigor en diciembre y febrero habrá que sustituir 1,1 millones de barriles adicionales de crudo y 1 millón de barriles de gasóleo y otros productos petrolíferos refinados al día procedentes de Rusia, a menos que se adopten medidas de reducción de la demanda.

Aunque la Comisión Europea ha reconocido el importante potencial de ahorro energético del sector del transporte, no ha propuesto ninguna medida obligatoria a escala de la UE para ahorrar petróleo, a diferencia de las medidas que ha aplicado para ahorrar gas y electricidad. Dado que los Ministros y Ministras de Transporte de la UE tienen previsto reunirse hoy en Bruselas Greenpeace pide al Consejo de la UE que aproveche esta oportunidad e incluya este tema en el orden del día, empezando por el sector de la aviación mediante la prohibición de los vuelos en jets privados y los vuelos de corta distancia inútiles que tienen alternativas de tren. No obstante Greenpeace ha recordado que el Gobierno español y los gobiernos regionales y locales de todo el Estado también pueden aplicar muchas medidas en el sector del transporte para ahorrar el uso de energía en el corto plazo.

 En el comienzo de la Semana Europea de la Movilidad, y bajo el lema “Disfruta de una ciudad con menos coches”, diferentes grupos de voluntariado de Greenpeace han salido en 18 ciudades españolas para recordar a sus alcaldes y alcaldesas que aprueben nuevas Zonas de Bajas Emisiones antes del año 2023, tal y como exige la Ley de Cambio Climático.

Ante la pasividad y la falta de ambición de la mayor parte de ayuntamientos, el voluntariado de Greenpeace ha decidido dar un toque de atención a sus regidores e “inaugurarlas” simbólicamente ellos mismos. Armados con una cinta, pancartas y carteles informativos, cada comitiva inaugural ha recibido a su “alcalde” para emular lo que sería estrenar una zona con restricciones a los coches más contaminantes y así disfrutar de una ciudad con más espacio para las personas.

En opinión de Greenpeace, la apertura de nuevas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) debería ser un hito histórico que contribuya a reducir la contaminación de la ciudad, a eliminar emisiones causantes de cambio climático y a recuperar espacio público para las personas, no para los coches. Esta actividad coincide con el inicio de la Semana Europea de la Movilidad, el evento donde desde la Comisión Europea se recuerda a las entidades locales la necesidad de apostar por una movilidad segura, accesible y no contaminante.

Greenpeace presenta sus criterios para unas ZBE efectivas

Por ley toda ciudad de más de 50.000 habitantes deberá tener al menos una Zona de Bajas Emisiones en 2023. Sin embargo, Greenpeace alerta de que muchos proyectos no servirán realmente para bajar las emisiones y sólo impulsan medidas cosméticas para “cumplir” con la Ley de Cambio Climático. Además, la mayor parte de ayuntamientos no está haciendo su trabajo con la celeridad necesaria para que estas ZBE sean una realidad cuanto antes.

Por este motivo la organización ha elaborado un dossier de criterios mínimos para garantizar que las ZBE propuestas cumplan los objetivos de reducción del tráfico rodado. La actividad desarrollada por el voluntariado también ha recordado la necesidad de revisar el etiquetado ambiental de la DGT, un proceso bloqueado ‘sine die’ desde el año pasado y que permite que tecnologías contaminantes como el gas natural, los motores “microhíbridos” o los SUV de gran tamaño y cilindrada obtengan la calificación ECO a pesar de que sus emisiones superen incluso las de un motor gasolina convencional.

Ciudades donde se ha desarrollado la actividad de “inauguración” de ZBE: A Coruña, Almería, Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Collado Villalba, Córdoba, León, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Pamplona, Vigo, Santiago de Compostela, Sevilla, Tarragona, Valdemoro, Valladolid y Zaragoza.

Las negociaciones sobre el Tratado Global de los Océanos de la ONU no han logrado llegar a un acuerdo sobre un Tratado que pueda crear santuarios marinos en el 30 % de los océanos para 2030, a pesar de que se han logrado avances significativos. Se agota el tiempo para finalizar un Tratado que pueda crear áreas marinas que puedan proteger el 30 % de los océanos del mundo para 2030.

Los países de la High Ambition Coalition no han hecho sus deberes a tiempo y han trasladado a última hora acuerdos en temas clave como la financiación, poniendo en peligro todos los demás avances logrados en esta ronda de negociaciones. Como resultado, a menos que los ministros convoquen una “reunión de emergencia en 2022” para concluir las negociaciones, la High Ambition Coalition y países como Estados Unidos no van a cumplir su compromiso de finalizar un tratado este año.

“Los océanos mantienen la vida en la Tierra, pero durante las últimas dos semanas, la autoproclamada High Ambition Coalition no ha mostrado suficiente ambición o urgencia hasta las últimas horas. Como resultado, no han podido cerrar un Tratado Global de los Océanos que proteja las aguas internacionales. Prometieron un Tratado en 2022, y el tiempo se acaba. No deben asumir toda la responsabilidad, ya que otros países han sido deliberadamente obstructivos, pero la falta de cierre de un Tratado en estas conversaciones pone en peligro los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria de miles de millones de personas en todo el mundo”, ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de océanos de Greenpeace.

“Aunque se ha hecho algún progreso, especialmente en la potestad del Tratado para crear áreas marinas protegidas, los países de la High Ambition Coalition y EE. UU. se han movido con demasiada lentitud para encontrar acuerdos. Más demora significa destrucción del océano. Estamos tristes y decepcionados. Mientras los países sigan hablando, los océanos y todos aquellos que dependen de ellos sufrirán”, subraya Marcos.

Algunos países como las islas del Pacífico y el grupo de países del Caribe se han esforzado mucho para impulsar el cierre del Tratado, pero países del Norte Global solo comenzaron a trabajar para llegar a compromisos en los últimos días de las negociaciones, después de que se destapara que las negociaciones estaban en marcha. al borde del colapso el jueves por la mañana, un día antes del cierre de la conferencia.

Rusia también ha sido clave en el bloqueo de las negociaciones, negándose a participar en el proceso del Tratado en sí mismo o rechazando dialogar con la Unión Europea y muchos otros estados en una amplia gama de temas.

Sin una “Sesión Especial de Emergencia” para concluir las negociaciones del Tratado Global de los Océanos antes de finales de 2022, será un desafío proteger el 30 % de los océanos del mundo para 2030: el objetivo de 30×30 que, según los científicos, es el mínimo necesario para que los océanos tengan espacio para recuperarse. Hay que proteger 11 millones de kilómetros cuadrados de océanos anualmente, desde 2022 hasta 2030, para proteger el 30 % de los océanos del mundo en la escala de tiempo que la comunidad científica dice que es necesario. Por eso, es esencial que se adopte un Tratado Global del Océano sin demoras este año.

Las negociaciones sobre el Tratado Global de los Océanos de la ONU están al borde del fracaso debido a la codicia de los países de la High Ambition Coalition, incluída la Unión Europea y otros como Canadá y Estados Unidos. Estos países han priorizado las futuras e hipotéticas ganancias de los recursos genéticos marinos sobre la protección de los océanos. Esto está socavando el progreso paralelo logrado en el borrador del texto sobre las Áreas Marinas Protegidas del Tratado, y las conversaciones, a menos de 48 horas de terminar están destinadas a su fracaso.

La High Ambition Coalition corre el riesgo de no cumplir con sus compromisos de proteger los océanos y finalizar un Tratado en 2022. No solo peligra que no se logre finalizar un Tratado durante esta ronda de negociaciones, sino que el texto está reduciendo su ambición por minutos. De ser así corremos el peligro de cerrar un Tratado que tendrá dificultades para lograr el 30×30 y que supondrá un enfoque injusto y neocolonial pues se puede negar a comprometer financiación suficiente para el beneficio justo a todos los países, incluídos los más pobres.

“Los océanos mantienen toda la vida en el planeta, pero la codicia de algunos países significa que esta ronda de conversaciones para un Tratado Global de los Océanos de la ONU está ahora mismo destinada al fracaso. La High Ambition Coalition ha fracasado por completo, debería llamarse la Coalición Sin Ambición. Se han obsesionado con hipotéticas ganancias económicas futuras, socavando todos los demás avances logrados en estas conversaciones. A menos que los Ministros descuelguen hoy con urgencia sus teléfonos y hablen con sus homólogos para llegar a un acuerdo este proceso del Tratado en 48 horas fracasará”, ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace desde Nueva York.

Precisamente y hace menos de dos meses, en Lisboa, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, los líderes mundiales prometían que se iba a lograr un Tratado Global de los Océanos ambicioso. Ahora estamos en Nueva York y los líderes no están por ningún lado, incumpliendo sus promesas. El Secretario General de la ONU, Antonio Gutiérrez, advirtió en junio en la Conferencia de la ONU sobre los Océanos en Lisboa que el «egoísmo» de algunos países estaba obstaculizando el progreso en estas conversaciones. No han cumplido con sus compromisos.

Si no se acuerda un Tratado en 2022, será prácticamente imposible cumplir 30×30, protegiendo el 30 % de los océanos del mundo para 2030. Todavía quedan dos días de negociaciones. Con las conversaciones a punto de fracasar, los países ahora deben tomar medidas urgentes, mostrar flexibilidad y encontrar un compromiso para entregar un texto de Tratado sólido mañana viernes. Los ministros también deben llamar a sus contrapartes para llegar a un acuerdo, o las conversaciones fracasarán.

“Estamos tristes y enojados. Miles de millones de personas dependen de unos océanos sanos, y los líderes mundiales les están fallando. Ahora parece que proteger el 30% de los océanos del mundo será imposible. La comunidad científica señala que este es el mínimo absoluto necesario para proteger los océanos, y el fracaso de estas conversaciones pondrá en peligro el sustento y la seguridad alimentaria de miles de millones de personas. Estamos más que decepcionadas”, subraya Marcos.

La ONG considera que las administraciones deben establecer medidas estrictas de ahorro energético, no solo a edificios, sino también a industrias y centrales eléctricas

Para Greenpeace es necesario también que el Gobierno y las comunidades ayuden a la ciudadanía, especialmente a la más vulnerable y desfavorecida, a liberarse de la dependencia del gas

La organización demanda que los gobiernos se dejen de medidas cosméticas y emprenda iniciativas urgentes y duraderas para mitigar la crisis climática, reducir la demanda de energía y acelerar sin precedentes el cambio a soluciones renovables

Tras la reunión celebrada ayer entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para tratar las medidas de ahorro energético que se aprobaron de urgencia el pasado 1 de agosto, Greenpeace ha declarado que en lugar de discutir sobre intereses políticos particulares, el Estado, los gobiernos autonómicos y los municipios deberían aprovechar el conocimiento de sus sistemas energéticos nacionales, regionales y municipales y lanzar planes urgentes de ahorro de gas y de despliegue de energías renovables, poniendo especial énfasis en el autoconsumo y las comunidades energéticas.

La organización ecologista considera además que España debería ser la más interesada en avanzar en la transición energética, en lugar de resistirse al ahorro de gas negociando un 7 % de reducción cuando el objetivo europeo llega a un 15 %. También que seguimos perdiendo oportunidades para reducir de verdad la demanda y la dependencia del gas fósil.

“A pesar de los incendios forestales que asolan nuestro país y de que la población sufre olas de calor sin precedentes, el Gobierno ha planteado un Real Decreto con medidas en algunos casos casi cosméticas y de muy dudosa efectividad para reducir el consumo de gas en un 7 %, en lugar de impulsar una acción climática aún más ambiciosa y apostar por objetivos de un 15 % o más como el resto de la EU. Ante la crisis climática mundial España no puede permitirse el lujo de perder el tiempo discutiendo con los gobiernos locales y regionales sobre medidas tan exiguas como regular el horario de las luces de los escaparates. Necesitamos medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, y los diferentes niveles de gobierno deben actuar para reducir permanentemente la demanda de energía y acelerar el cambio a soluciones renovables sostenibles”, ha apuntado Francisco del Pozo, coordinador de campaña de combustible fósiles.

El Real Decreto Ley justifica la actuación principal en climatización de espacios, pues considera que es uno de los ámbitos con mayor potencial de ahorro. Pero desde Greenpeace creen que es desproporcionado cargar la responsabilidad de reducir todo el consumo de gas en hogares y comercios cuando solo representan un 22 % del consumo total. El 78 % del gas en 2020 fue consumido por empresas para generar energía eléctrica y sobre todo para procesos industriales. Consideran que todos los sectores carguen proporcionalmente con las necesidades de ahorro y no solo las personas consumidoras y pequeños negocios, cuyas facturas se han visto seriamente aumentadas generando nuevos pobres energéticos.

“La ley establece limitar los umbrales de temperatura de calefacción a 19 grados y refrigeración a 27 grados. Entendemos que estos límites permiten disminuir las pérdidas de energía en edificios públicos y lugares de trabajo, pero estas limitaciones nos plantean dudas respecto al acceso universal a la energía. La pobreza energética se define, según la Organización Mundial de la Salud, como la incapacidad de mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud de entre 18 y 21ºC en invierno y 25ºC en verano. Creemos que es necesario establecer los límites térmicos en función del sector y el uso del edificio para no limitar el acceso a un derecho básico como es la energía”, ha añadido Francisco del Pozo.

También el Real Decreto impone la instalación de puertas con cierre automático en los edificios y locales con acceso a la calle. Para Greenpeace es una medida necesaria, pero insuficiente. Consideran que es necesario tener mayor ambición, integrando reformas express para locales que mejoren el aislamiento empleado, como los dispositivos de aislamiento, las cortinas o los toldos, entre otros. Además, la ley obliga a que el alumbrado de escaparates y edificios públicos sea apagado a las 22:00 h. También esta medida la consideran útil, pero apuntan que si realmente se quieren reducir la iluminación innecesaria es preciso dialogar con los municipios para que establezcan medidas de reducción de iluminación en monumentos, calles sin tránsito, que se prioricen eventos culturales y deportivos que se pueden hacer de día o se limiten las luces decorativas como las de Navidad.

Francisco del Pozo ha señalado: “Este Real Decreto es una versión demasiado light del que haría falta para aspirar a reducir sustancialmente el consumo de gas y además se contradice con las pretensiones del Gobierno de incrementar las infraestructuras de gas en España y con el absurdo plan de constituirse en un “hub” de gas, ignorando la realidad de la emergencia climática. Sabemos que el gas es un problema y el único camino adelante está en las renovables, la eficiencia y el ahorro energético”.

Los tiburones son unos de los animales en mayor peligro del mundo, con 17 especies amenazadas de extinción como el tiburón marrajo

Greenpeace ha documentado la descarga de tiburones azules de 50 a 70 cm, cuando la especie necesita un mínimo de 180 cm para reproducirse

Los países con más intereses en su pesca, como España, persiguen debilitar el Tratado Global de los Océanos que se discutirá el próximo mes en Naciones Unidas

La organización también ha lanzado hoy un cortometraje animado sobre los tiburones con una canción interpretada por Thom Yorke

Un informe de Greenpeace, publicado hoy con motivo del Día Internacional de la Conciencia por el Tiburón (Shark Awareness Day), revela que las flotas pesqueras de la Unión Europea de España y Portugal pescan constantemente en zonas de cría de tiburones en el Atlántico Norte utilizando palangre. El informe, Tiburones en Extinción: Cómo las flotas pesqueras de la UE impulsan el comercio mundial de tiburones, también revela que en un día de pesca promedio en el Atlántico Norte, se pueden encontrar más de 1.200 km de sedal, la distancia entre Madrid y París, de las que cuelgan un número de anzuelos estimados entre las 15.000 a 28.000 unidades.

En una investigación de Greenpeace desarrollada en mayo de 2022, tanto en Horta (Azores) como en Vigo, la organización pudo constatar la descarga de inmaduros, juveniles y crías de tiburón azul. El tiburón azul alcanza la madurez sexual a partir de los 180 cm en machos y 200 cm en hembras y la organización ecologista observó la descarga de tiburones que medían entre 50 y 70 cm. No existe ninguna normativa relativa a tallas mínimas de captura, longitud del arte de pesca o número máximo de anzuelos en el Atlántico Norte, ya que esta pesca no está adecuadamente regulada.

Los tiburones son fundamentales dentro de la red trófica marina y su papel como gran depredador es especialmente importante para mantener la salud de las comunidades marinas. Al desaparecer los grandes tiburones, a menudo se dan cambios tróficos imprevistos, lo que crea unos ecosistemas más desequilibrados con depredadores menores sin control.

Para concienciar sobre este problema desconocido para el público general, Greenpeace ha lanzado un vídeo animado titulado The Lonely Shark, que cuenta la historia de un tiburón que pierde a su amiga por la pesca con palangre. El vídeo no tiene diálogos, solo una canción interpretada por Thom Yorke, vocalista y compositor de la banda Radiohead, quien ya ha colaborado en otras ocasiones con la organización.

“Si bien la Unión Europea y sus estados miembros afirman ser líderes en la protección de los océanos, sus flotas pesqueras están pescando indiscriminadamente en zonas de cría de tiburones en el Atlántico Norte. Estas flotas utilizan palangres con miles de anzuelos que cubren en un solo día una distancia como la que hay entre Madrid y París, si juntásemos todas sus líneas de pesca. Pero España y Portugal intentan perpetuar el estado actual de desgobernanza mundial que ha llevado casi a la desaparición de algunas especies de tiburones”, ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace España.

Los tiburones son una de las especies más amenazadas del mundo, con 17 especies en peligro de extinción como el tiburón marrajo. Este animal tiene unas características biológicas que los hacen más vulnerables con una camada de 4 a 16 crías después de un período de gestación de 15 a 18 meses y con un ciclo de desove cada 3 años.

Según señala el informe de Greenpeace, tanto científicos como varios países llevan más de 20 años alertando del peligro para las poblaciones de tiburones que supone la mala gestión de las pesquerías bajo supervisión de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT). En 2017, sus científicos ya alertaron de que, incluso deteniendo la captura de marrajos, su población tardaría más de 20 años en recuperarse y desde 2018 reclamaban una prohibición total de su captura en el Atlántico Norte.

Hasta 2021 no se aprobó una moratoria de su pesca, y solo por dos años. Estamos, por tanto, muy lejos de garantizar la recuperación de la especie. Además, la flota española se opuso frontalmente a esta moratoria y a la inclusión del marrajo en las listas de especies amenazadas, llegando incluso a declarar que “es absurdo equiparar al tiburón con un rinoceronte blanco o un lince, que no se comen”. Para el tiburón azul, la especie más pescada en el Atlántico Norte, la incertidumbre es tal que se desconoce su estado actual y solo goza de una cuota de pesca en ICCAT difícil de implementar. Solo en un 1 % de las horas de pesca de la flota palangrera española en el Atlántico Norte hay observadores científicos a bordo y, entre 2013 y 2014, solo se realizaron 235 inspecciones a los 58.476 desembarcos de tiburones realizados por barcos españoles (menos de 0,5 %).

La pesquería de palangre del Atlántico Norte se dirigía originalmente al pez espada, pero ha pasado a depender de la captura incidental de tiburones para seguir siendo rentable. De hecho, ya en 2005, el comité científico de la ICCAT señalaba que el 70 % de la captura no objetivo de la flota española eran tiburones. Pero su regulación no ha ido acorde con el volumen de pesca, lo que ha puesto a los tiburones, un grupo de especies clave para el ecosistema marino, en grave riesgo. Ignorar deliberadamente las recomendaciones de los científicos y ecologistas ha llevado a que los tiburones marrajos dientuso del Atlántico Norte sean clasificados como amenazados de extinción [3]. Las poblaciones mundiales de tiburones se han desplomado en un 70 % en los últimos 50 años.

La demanda mundial de productos de tiburón continúa creciendo de forma imparable en los últimos años, y el tiburón se puede encontrar en productos que van desde pescado bajo diferentes pseudónimos en las pescaderías a alimentos para mascotas o maquillaje. Europa (especialmente España y Portugal) es un actor importante en el comercio mundial de tiburones. El mercado internacional de carne de tiburón y raya es un lucrativo negocio, valorado en 2.600 millones de dólares (2012-2019). España es el principal exportador mundial de carne de tiburón con 24.075.118 dólares exportados en 2020, seguido por China con 21.612.517 dólares y Portugal con 17.247.454 dólares. Un gran negocio que solo se reparte entre cuatro organizaciones de productores pesqueros y una asociación de comercializadoras españolas que son responsables del 90 % de las capturas de tiburón de la flota europea en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico.

“Lo que está sucediendo en el Atlántico Norte es el ejemplo más claro de cómo la gobernanza de los océanos no está funcionando. Se antepone el beneficio económico a la supervivencia de las especies. No podemos seguir así. Necesitamos que se apruebe un Tratado Global de los Océanos ambicioso y fuerte este año para arreglar este sistema disfuncional y poner la protección marina en el centro de la gobernanza global de los océanos. Las negociaciones finales del Tratado en agosto serán la única oportunidad de la UE para liderar y demostrar que realmente quiere proteger los océanos, respaldando un Tratado que puede crear santuarios oceánicos en alta mar, que restaurarán las poblaciones de tiburones y ayudarán a las comunidades costeras”, concluye Pilar Marcos.

De hecho, seguir con el modelo actual de gobernanza de los océanos, donde las organizaciones de pesca internacionales (las llamadas OROP u ORP) gestionen exclusivamente las pesquerías significa perpetuar el problema ambiental de la alta mar, ya que los científicos estiman que el 95 % de la biodiversidad de peces de las aguas internacionales no son evaluadas por las OROP.

Los gobiernos se reunirán en la sede de Naciones Unidas este próximo mes de agosto para finalizar un nuevo Tratado Global de los Océanos. Un tratado ambicioso sentaría las bases para 30×30, el 30 % de los océanos de nuestro planeta protegidos para 2030. Si no se aprueba este año, será casi imposible lograr ese 30×30 que permita garantizar la supervivencia de los océanos y sus recursos.

El empaquetado publicitario que ven los consumidores no permite conocer el origen de los productos ni, mucho menos, el daño ambiental que generan

La ganadería es la responsable del 19% de las emisiones globales de efecto invernadero y de buena parte de la contaminación de las aguas por nitratos

Urge cambiar las actuales políticas públicas y también los patrones de consumo, reduciendo drásticamente la cantidad de productos animales de nuestras dietas

Voluntarios de Greenpeace están entrando esta semana en supermercados de más de 20 localidades españolas para “etiquetar”, con mensajes informativos, los productos que proceden de la ganadería industrial. La organización busca así que las personas consumidoras conozcan el impacto que tiene la carne que comen y que sepan cómo esas explotaciones industriales, donde se crían y ceban los animales, contribuyen a la destrucción de nuestro entorno.

Las macrogranjas son el exponente máximo de la ganadería industrial, un modelo muy nocivo que sigue siendo el gran desconocido para buena parte de la población, sobre todo para la que se concentra en ciudades y compra en supermercados. La publicidad para promover los productos cárnicos muestra, de forma engañosa muchas veces, a animales libres en el campo y no encerrados en naves industriales, donde en realidad se cría a la inmensa mayoría, generando enormes niveles de contaminación. Por otro lado, aparecen cada vez más etiquetas que pretenden seducir a las personas con supuestas condiciones de “salud” y “bienestar animal”, cuando la realidad es muy diferente.

“Las personas consumidoras tenemos un gran poder. Con los productos que elegimos cada vez que vamos a comprar, podemos mandar un mensaje firme a las empresas y administraciones. Pero, para actuar, debemos saber cómo se genera nuestra comida”, ha declarado Luís Ferreirim, responsable de agricultura de Greenpeace España. “Por nuestra salud y la del planeta, es urgente que reduzcamos drásticamente la cantidad de productos de origen animal en nuestras dietas y que, aquellos que consumamos, provengan de la ganadería ecológica y local,” añade Ferreirim.

A día de hoy la ganadería es la responsable del 19% de las emisiones globales de efecto invernadero (por encima del 14,5% calculado hasta ahora), así que no es menor su responsabilidad frente a la crisis climática en la que estamos inmersos. Pero la industria se sigue resistiendo a asumir su responsabilidad, busca falsas soluciones como huida hacia adelante y perpetúa el mismo y destructivo modelo industrial.

En España, el sector agrario fue el único que incrementó sus emisiones en 2020 y, en gran medida, fue debido a las emisiones provenientes de la ganadería industrial. Según cifras del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el sector agropecuario es ya el tercer mayor responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero en España con un 14% de las emisiones totales. De éstas, la ganadería es responsable del 65% de las emisiones, o sea, de la gran mayoría. Cabe destacar que el sector agrícola es el responsable del 63% de las emisiones totales de metano – segundo gas de efecto invernadero con más emisiones en España – y, la ganadería, del 98% de éstas.

La ganadería industrial también contribuye de forma determinante a la contaminación del agua por nitratos, un problema tan grave en España que ha llevado a la Comisión Europea a abrir un procedimiento de infracción contra nuestro país en 2018 -procedimiento sancionador 2018/2250-. Ante la inacción de las administraciones, el pasado diciembre la Comisión decidió llevar a nuestro país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento de la Directiva de Nitratos, lo que podría terminar en una multa millonaria contra España

La organización demanda a El Pozo que no abra nuevas explotaciones ganaderas y que apoye públicamente una moratoria a la ganadería industrial

Los activistas han desplegado pancartas con los mensajes: El Pozo contamina, #MacrogranjasNO y moratoria ¡YA!

El Grupo Fuertes, al que pertenece El Pozo, tiene las macrogranjas más contaminantes de España

El Pozo, que cuenta con unas 29 explotaciones propias y 700 integradas, está entre los 25 principales productores cárnicos del mundo y es la empresa cárnica española que más facturó en 2020 (1.200 millones de euros)

Más de una veintena de activistas de Greenpeace han irrumpido hoy en la sede central que la empresa El Pozo tiene en Alhama de Murcia para exigir que la empresa apoye públicamente una moratoria a la ganadería industrial. La organización ha tuneado uno de sus murales principales donde se leía “El Pozo por el medio ambiente” y ahora se puede leer: “El Pozo mata el medioambiente”, ya que es la empresa cárnica con las macrogranjas más contaminantes de España.

Con mensajes como #MacrogranjasNO, moratoria ¡YA!, activistas y escaladores de la organización han “tomado” distintas zonas de las instalaciones, para poner en evidencia la empresa que en España más se está beneficiando del destructivo negocio de las macrogranjas. Asimismo, han solicitado una reunión para pedir a esta empresa que no abra nuevas macrogranjas – ni amplíe las existentes- y que desarrolle un plan de reducción del número de animales explotados, como única forma eficaz de reducir el brutal impacto ambiental de la marca.

“Antes de venir, hemos pedido información a la empresa sobre sus medidas de protección ambiental y su respuesta es irrisoria. No podemos permitir que empresarios como el Sr. Fuertes, que factura más de mil millones de euros al año, se hagan multimillonarios a costa de envenenar el agua y comprometer la salud del planeta”, explica Luís Ferreirim, responsable de la campaña de agricultura y ganadería de Greenpeace España. “Entendemos que esta instalación da trabajo, y respetamos a la plantilla, pero la única verdad es que cada vez hay menos ganaderos en el país, porque todo queda en manos de menos familias que crían ingentes cantidades de animales para alimentar el negocio de unos pocos”.

Según la propia empresa manifestaba en 2018, sus líneas de producción procesan un millón y medio de kilos de carne al día, lo que supone un daño ambiental insostenible. Solo esta empresa facturó 1.278.781.337€ en 2020 siendo la empresa cárnica que más facturó este año. Según aseguraba la familia Fuertes en 2018, se encuentran entre las 40 empresas más ricas de España y entre los 25 principales productores cárnicos del mundo.

CEFU, S.A., la rama productiva del Grupo Fuertes, según ha podido averiguar Greenpeace a través de las autorizaciones ambientales integradas, cuenta con 29 explotaciones propias, tres en Andalucía, 12 en la Región de Murcia y 14 en Castilla La Mancha, además de cerca de 700 integradas, según información de la propia empresa.

España no es precisamente un país al que le sobre el agua y la ciencia ha advertido que cada vez tendremos menos. Sin embargo, empresas como El Pozo, lejos de respetar este recurso vital, lo están contaminando irreversiblemente, exponiendo también a toda la población a un grave riesgo sanitario. Por otro lado, según los últimos datos del MITERD, el sector agrícola fue el único que incrementó sus emisiones en 2020 y es ya el tercero que más contribuye a la crisis climática, en gran medida debido al incremento de las emisiones del sector ganadero. Cabe destacar que el sector agrícola es el responsable del 63% de las emisiones totales de metano y la ganadería del 98% de estas.

El número de cerdos en el país no para de crecer. En 2020 ya sobrepasaban los 32 millones, con un brutal crecimiento del 21,5% en sólo cinco años. Curiosamente, el propio Gobierno reconoce que la contaminación media por nitratos aumentaba un 51,5% en ese periodo, solo entre 2016 y 2019. La situación ha llegado a tal punto que la Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento de la Directiva de Nitratos, lo que podría terminar en una multa millonaria, que pagará la ciudadanía y no los que contaminan como El Pozo y compañía.

“La connivencia entre empresas y administraciones nos deja a todas las personas vendidas, en una situación de total indefensión. Ante la falta de controles, la semana pasada, Greenpeace lanzaba un informe recopilando las mediciones voluntarias de nitratos elaboradas por entidades de todo el país y los datos son demoledores: más de la mitad de las aguas subterráneas analizadas por la Red Ciudadana de Vigilancia están contaminadas por nitratos. Hacen falta medidas valientes, contundentes y que se adopten con carácter de urgencia”.

Entre esas medidas, Greenpeace reclama:

-Establecer de inmediato una moratoria a la ganadería industrial de, al menos, cinco años: ni explotaciones nuevas ni ampliaciones de las existentes

-Desarrollar un plan para la reducción progresiva de la cabaña ganadera en intensivo hasta alcanzar un 50% menos en 2030

-Fomentar y adoptar la “dieta de salud planetaria” que lleve a una reducción drástica del consumo de carne hasta alcanzar un máximo semanal de 300 gramos a la semana por persona, así como de los demás alimentos de origen animal

No es la primera vez que Greenpeace pide a la empresa, como cabeza del sector de la ganadería industrial contaminante, que reduzca su impacto ambiental -se hizo anteriormente en Hellín (Albacete) y en Castilléjar (Granada)- sin que la empresa haya mostrado el menor interés de mejora. La organización seguirá trabajando para conseguir una moratoria que suponga el fin de la destructiva ganadería industrial.

“No podemos permitir que empresas como El Pozo sigan extendiendo sus tentáculos por todo el territorio español. En un contexto de crisis ambiental planetaria urge, más que nunca, una moratoria a la ganadería industrial. Además, la ciudadanía podemos actuar con nuestra alimentación, reduciendo el consumo de carne y apartando de nuestro plato los productos que provienen de macrogranjas”, concluye Ferreirim.

Activistas de Greenpeace han entregado en los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Transición Ecológica y el Reto Demográfico más de 200.000 firmas recogidas en España que forman parte del total de los cuatro millones que Greenpeace ha recogido a nivel mundial para proteger los océanos (1), un mandato clave de la ciudadanía dirigido a Luis Planas y Teresa Ribera que comparten las principales competencias en este sentido. Los activistas han portado un reloj de arena de tres metros de altura y pancartas con el lema “El tiempo se acaba para los océanos ¡Actúa ya!”.

FOTO Y VÍDEO ESTARÁN DISPONIBLES

Tras el parón de dos años por la pandemia, 2022 es de nuevo un hito, pues se retoman en marzo las negociaciones en Naciones Unidas de la cuarta y última ronda para formalizar un Tratado Global de los Océanos que supondría la protección de las aguas en altamar. Un proceso que se inició hace 10 años y que dada la emergencia ambiental en la que estamos inmersos no puede demorarse más (2).

Los gobiernos se reunirán en la sede central de Naciones Unidas del 7 al 18 de marzo, con un borrador que presenta cuestiones clave sin resolver, por tanto el compromiso y la representación diplomática al más alto nivel ministerial en Nueva York será clave para tener éxito en marzo. Greenpeace reclama al ministro de Pesca, Luis Planas, y a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, estar a la altura de las circunstancias con un acuerdo nacional conjunto para el tratado.

“Aunque casi cuatro millones de personas en todo el mundo están demandando a los ministros un compromiso claro para dar forma al destino de los océanos, estas negociaciones tienen un perfil político muy bajo y aún no se le está dando la importancia diplomática internacional que se merecen. Por eso hoy pedimos al Gobierno de España que intensifique su liderazgo político en las negociaciones”, ha declarado Pilar Marcos, responsable de Océanos de Greenpeace, tras entregar las firmas en el registro de ambos ministerios.

Para la organización es necesario dotar de herramientas y presupuestos reales, para que el Tratado no quede como una mera declaración de intenciones sin fundamento de gobernanza real. La clave está en resolver las siguientes cuestiones pendientes:

• Tener un mecanismo global para el establecimiento de una red de santuarios oceánicos bien gestionados, permitiendo así a la comunidad internacional cumplir el objetivo «30×30» (la protección del 30 % del mar antes de 2030) de acuerdo con las recomendaciones científicas y los crecientes compromisos políticos (3). Actualmente menos del 3 % de las aguas internacionales están protegidas. El Tratado debería otorgar autoridad a una Conferencia de las Partes (CoP) para poder gestionar la conservación, con un plan de manejo y medidas concretas.
• Disponer, como “Constitución de los Océanos” similar a los Acuerdos del Clima, de mecanismos efectivos de toma de decisiones que impidan que algunos países bloqueen o retrasen decisiones, como ha pasado con la creación de Áreas Marinas Protegidas en el Ártico o la Antártida.
• Regular actividades como la pesca o la extracción de minerales, para gestionar las múltiples presiones a la que se enfrentan los océanos, teniendo en cuenta que España está dentro de los cinco países responsables del 90 % del esfuerzo pesquero en aguas internacionales.
• Establecer requisitos uniformes y actualizados de evaluación del impacto ambiental (EIA) y consulta ambiental para todas las actividades humanas propuestas. Si las EIA están realizadas por otras organizaciones regionales y sectoriales, siempre tienen que estar alineadas con las normas y los procedimientos de consulta del Tratado, como ocurre con la Autoridad Internacional del Suelo Marino (ISA) y la incipiente actividad de minería submarina.
• Reconocer que el Tratado mejorará, en lugar de invalidar, la capacidad del resto de organizaciones internacionales para salvaguardar la biodiversidad marina. Para superar el statu quo, los negociadores deben reconocer explícitamente que el Tratado Global de los Océanos tendrá su propia competencia para gestionar la biodiversidad en aguas internacionales. 
• Sin exclusiones en las especies marinas: como componente principal de la biodiversidad marina, los peces no deben ser excluidos del nuevo Tratado.

El voluntariado de Greenpeace ha salido este fin de semana en más de 20 localidades españolas para seguir recogiendo firmas y movilizar a la ciudadanía por los océanos (4), y para documentar en tres zonas la enorme presión industrial a la que se enfrentan los mares:

• Presión de la pesca industrial con barcos arrastreros en el puerto de Vigo
• Presión del aumento del tráfico marítimo en el Estrecho de Gibraltar
• Presión de minería marina con petroleros atracados en Las Palmas

A lo largo de 2021 han crecido los impactos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, sin que los gobiernos nacionales ni la COP26 hayan dado los pasos suficientes para su mitigación

En lo positivo, aumenta la oposición a la ganadería industrial con las primeras moratorias, la energía eólica ha superado a la nuclear y los litigios climáticos contra los gobiernos toman fuerza en los tribunales de distintos países

Para 2022, además de un Tratado Global de los Océanos, esperamos que los fondos para la recuperación económica se destinen a transformaciones de calado en los sectores energéticos, agroalimentario, de transporte, etc.

Este año, Greenpeace celebra su 50 aniversario. Medio siglo trabajando para garantizar que las personas y el planeta se antepongan al beneficio económico. A punto de finalizar 2021, Greenpeace España hace su repaso anual y destaca los principales retos a los que nos enfrentamos el próximo año. Este es el balance de la directora, Eva Saldaña:

“En 2021 hemos recibido un ‘Código rojo para la humanidad’ por parte de la comunidad científica. La ciencia ha sido de nuevo ignorada para avanzar en el abandono real de los combustibles fósiles en la COP26 de Glasgow. Hemos visto una Ley nacional de cambio climático débil y hemos sido testigos de espantosos episodios que agravan la pérdida de biodiversidad. No es el camino. Una transformación radical del sistema socioeconómico asentada en el cuidado del planeta y de las personas puede ser una realidad en 2022 si se emplea el dinero de Europa para impulsar proyectos y políticas ecofeministas y justas, que avancen en el cambio de este modelo obsoleto. La transparencia en las medidas que se adopten y la sociedad civil como protagonista del cambio tienen que convertirse en una realidad. Y en pos de ello vamos a seguir trabajando con fuerza”.

Lo mejor de 2021:

Nacional:

1. Pese a los intentos de la Abogacía del Estado por cerrarlo, Greenpeace no solo consigue mantener vivo el litigio iniciado en 2020, junto a Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón, contra el Gobierno por su inacción climática, sino que suma a la causa a Fridays for Future y a la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo.
2. Se suspende la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat gracias a la presión ecologista, social y política.
3. La Audiencia Nacional dicta sentencia a favor de Greenpeace y abre la puerta para que la planta de celulosa de Ence salga por fin de la ría de Pontevedra.
4. La Confederación Hidrográfica del Duero deniega la solicitud de Valle de Odieta S.C.L. para investigar la viabilidad de usar las aguas subterráneas de Noviercas (Soria) en una futura macrogranja, que, de construirse, sería la mayor de vacuno de leche de la UE.
5. Se realiza una movilización estatal, simultánea y sin precedentes, contra la ganadería industrial en más de 70 localidades.
6. El Gobierno español tendrá que adoptar medidas adicionales para evitar la contaminación del agua, después de que la Comisión Europea haya llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplimiento de la Directiva de Nitratos.
7. Se consigue financiación colectiva ciudadana para poner en marcha ‘La energía del cole’, un proyecto piloto basado en la producción de energía solar en el tejado de un colegio para compartir la electricidad con las familias, y que aspira a ser replicado en más de 9.000 colegios públicos. Greenpeace presenta al Gobierno esta iniciativa como ejemplo de participación que acelera la transición energética.
8. La energía eólica supera a la nuclear y lidera la generación de electricidad en España por primera vez desde 2013
9. El Gobierno comienza a tomar medidas reales ante los abusivos beneficios denominados “caídos del cielo” de los que se aprovechan las grandes eléctricas para incrementar sus ganancias.
10. Gracias a la presión social, el Consejo de Seguridad Nuclear desecha definitivamente el proyecto de Berkeley en Retortillo (Salamanca) y se incluye en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética la prohibición de las actividades de exploración o explotación de yacimientos minerales radiactivos como el uranio

Internacional:

• Sentencias históricas a favor del clima:

o             La condena por inacción climática al Estado francés envía una advertencia al resto de Gobiernos europeos.

o             El Tribunal Constitucional Federal de Alemania declara parcialmente inconstitucional la Ley del Clima y refuerza la protección de los derechos fundamentales de la juventud. Tras la sentencia, Merkel decidió adelantar la descarbonización completa de Alemania a 2045 y elevar al 65% su objetivo de reducción de emisiones para 2030.

o             Un tribunal holandés ordena a la compañía Shell a que reduzca radicalmente sus emisiones de CO2

2. Un total de 62 países piden ya un Tratado Global de los Océanos que proteja las aguas internacionales y garantice la salud de los océanos.
3. La Comisión Europea presenta su propuesta legislativa para minimizar la deforestación y la degradación de los bosques causada por la importación de materias primas por parte de la UE. El proyecto obligará a las empresas europeas que importan estos productos a demostrar que no están vinculadas con la destrucción o degradación de los bosques.
4. Joe Biden marca el tono de su presidencia al devolver a EEUU al Acuerdo de París y revocar los permisos del oleoducto Keystone XL.

Lo peor de 2021:

Nacional:

1. Se aprueba una Ley de Cambio Climático y Transición Energética con escasa ambición. Los objetivos de reducción de emisiones (el 23% para 2030) son claramente insuficientes para cumplir con lo que nos indica la ciencia y lograr que la temperatura media no aumente más de 1,5 º C
2. Las eléctricas siguen lucrándose a base de contaminar, usando combustibles fósiles como el gas. Este año se alcanzaba récord del precio medio de la luz y GP iniciaba una denuncia para exigir a las compañías la devolución de entre 1500 y 2800 millones de euros a los consumidores
3. Todavía en 2021 se han puesto en servicio solo 1,7 GW de renovables (a mediados de noviembre). Estamos muy lejos incluso de cumplir con el Plan nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para lo cual deberíamos estar instalando unos 5,4 GW al año desde 2022 al 2030.
4. La ganadería industrial sigue avanzando de forma desmesurada y descontrolada en España, con un incremento del número de animales del 6,5% en el sector vacuno, del 21,5% en el porcino y del 34% en las aves de corral.
5. Madrid, líder en muertes por contaminación en Europa: Greenpeace denuncia que la capital prioriza los coches a la salud de la ciudadanía. Madrid y Barcelona, los lugares con mayor número de muertes prematuras en España por la contaminación de las partículas finas de combustibles fósiles.
6. La DGT bloquea el proceso de reforma de las etiquetas ambientales para vehículos e ignora a las organizaciones ecologistas
7. Tiene lugar el cuarto peor incendio en lo que va de siglo en Navalacruz (Ávila) con 22.000 hectáreas de superficie afectada. El incendio en la Sierra Bermeja (Málaga), con una persona fallecida, 2700 desalojadas y 8.900 ha. perdidas, pone en jaque a los operativos de extinción que alertaban de una nueva ola de incendios de alta intensidad.
8. De nuevo, Greenpeace tiene que recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del 22 de julio del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para acelerar la demolición del hotel ilegal del Algarrobico, que sigue en pie.
9. El Mar Menor vuelve a sufrir un nuevo episodio de falta de oxígeno y contaminación
10. El dragado de los fondos de la Ría de Huelva supone el vertido de dos millones de toneladas de lodos tóxicos junto a zonas protegidas, con la permisividad del Gobierno y la Junta de Andalucía

Internacional:

1. En los tres años del gobierno de Jair Bolsonario en Brasil, se ha producido un incremento del 52,9% de área deforestada en la Amazonia, en comparación con los tres años anteriores
2. Greenpeace encuentra una red ilegal de deriva de 33 kilómetros de largo en el Océano Índico. El impacto de este tipo de redes es tal que las poblaciones de tiburones en el océano Índico han disminuido drásticamente en casi un 85% en los últimos 50 años.
3. En el décimo aniversario del accidente de Fukushima, Greenpeace revela que el 85% de la zona afectada por la radiactividad permanece contaminada.
4. El paquete de propuestas políticas llamado ‘Fit for 55’ de la Comisión Europea, que busca lograr una reducción neta del 55% en las emisiones de gases de efecto invernadero a través de cambios en sectores como el automóvil, la energía o el comercio, no está a la altura para contener la crisis climática.
5. Según el informe Unidos en la Ciencia 2021, coordinado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el cambio climático y sus efectos se aceleran. La COVID 19 causó sólo una reducción temporal de las emisiones de carbono. El mundo está muy lejos de cumplir las metas climáticas del Acuerdo de París, imprescindible para evitar los peores impactos del cambio climático.
6. El compromiso internacional extraído de la COP26 es débil y el objetivo de 1,5 ºC apenas está vivo. Aunque al menos se ha enviado una señal de que la era del carbón está terminando, se cierra la ventana para actuar a tiempo.

Diez retos para 2022:

1. Que los fondos europeos para la recuperación económica sean utilizados realmente para impulsar transformaciones de calado en los sectores energéticos, agroalimentario, de transporte, ciudades, etc. para que apunten al cambio de modelo y que la recuperación sea verde y justa.
2. Que se desarrollen herramientas de política fiscal verde que respondan a los retos medioambientales y sociales y penalicen las prácticas no sostenibles.
3. Que el Gobierno aumente su ambición climática, adelante la fecha de cierre nuclear y apueste de forma decidida y real por una verdadera democratización energética, participada por la ciudadanía.
4. Que se prohíban las subvenciones a los nocivos combustibles fósiles.
5. Que se regule la publicidad engañosa, desleal y no verificable, por parte del sector de los combustibles fósiles, así como la prohibición del patrocinio de eventos de carácter público por parte de estas empresas. Que se alcance un millón de firmas en la iniciativa ciudadana europea para prohibir los anuncios y el patrocinio de combustibles fósiles
6. Que se supriman los vuelos que tengan una alternativa ferroviaria inferior a dos horas y media
7. Que las 150 ciudades que deben implantar Zonas de Bajas Emisiones en 2022 cumplan los requisitos para reducir el impacto y la contaminación del tráfico rodado.
8. Que se firme un Tratado Global de los Océanos en Naciones Unidas, sólido y vinculante, comprometiéndose a proteger, al menos, un 30% de los océanos para 2030 y que suponga un control real de las actividades industriales más nocivas para el medio marino, como la pesquería industrial y la minería submarina.
9. Que se logre una moratoria estatal y/o regionales a la ganadería industrial como parte fundamental de la lucha contra el cambio climático, la salud de nuestras aguas y el bienestar animal.
10. Que se ponga la seguridad humana en el centro de las políticas para dar respuesta a las grandes crisis de nuestro tiempo (sanitaria, ecológica y de desigualdad), frente al discurso que antepone soluciones basadas en el control social y el gasto militar.

Greenpeace asiste como observadora oficial del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC) a la aprobación virtual del informe

El nuevo estudio de Naciones Unidas se presenta en conferencia de prensa el lunes 9 de agosto y es necesaria inscripción previa antes del 30 de julio

Mientras la humanidad se enfrenta a inundaciones mortales, olas de calor extremo, devastadores incendios forestales y sequías, los gobiernos del mundo se reunirán de manera virtual desde el 26 de julio hasta el 6 de agosto para aprobar y lanzar el informe del Grupo de Trabajo 1 del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC). Este esperado estudio está redactado por la comunidad científica internacional y resume los últimos conocimientos sobre lo que está ocurriendo y marca la tendencia a futuro del clima a nivel global, dependiendo de la escala y la velocidad de las medidas que se adopten. Su publicación está prevista en conferencia de prensa el lunes 9 de agosto a las 10:00 a.m. CEST (Ginebra) y los medios interesados pueden inscribirse aquí antes del viernes 30 de julio.

Greenpeace es observadora oficial del IPCC y asistirá a la reunión virtual de aprobación del informe y las personas expertas de la organización están disponibles para su valoración y declaraciones.

“Lo que antes se percibía como una amenaza futura ya está aquí y está empeorando rápidamente. Las mortales olas de calor, las sequías, las lluvias torrenciales y el deshielo no son una sorpresa. Si hubiéramos actuado según las primeras advertencias del IPCC hace más de treinta años, hoy no estaríamos así”, ha declarado Jennifer Morgan, directora de Greenpeace Internacional. “Los gobiernos y la industria han desperdiciado décadas preciosas con promesas vacías, ‘greenwashing’ e inacción. Las promesas de cero emisiones que dependen en exceso de las compensaciones son una vieja idea fracasada que no tiene cabida en una emergencia planetaria y es la última artimaña de los que obstaculizan la lucha contra el cambio climático”.

Greenpeace recuerda que en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que tendrá lugar del 31 de octubre al 12 de noviembre en Glasgow, la responsabilidad para llegar a una acción que sea compatible con la crisis climática recae en todos los países, y en particular en los grandes emisores. El consenso científico presentado en el informe añadirá presión sobre cómo acelerar la acción de los gobiernos en línea con el límite de calentamiento de 1,5 °C del Acuerdo de París.

“La ciencia nunca ha sido más clara, y el momento de reducir las emisiones nunca ha sido más urgente, hay que centrarse en blindar el futuro, no en el ‘lavado’ verde”, concluye Morgan.

Se espera que el informe del IPCC refleje, entre otras cosas:

• Cómo y por qué ha cambiado el clima hasta la fecha, y cómo podría modificarse en el futuro bajo diferentes posibles escenarios, con estimaciones actualizadas, por ejemplo, para el aumento del nivel del mar hasta 2100 y más allá (2300).
• Una actualización de la sensibilidad del clima ante el aumento de los gases de efecto invernadero.
• Una mejor comprensión de los cambios en los fenómenos extremos y la atribución de estos fenómenos a la influencia humana.
• Un mayor énfasis en el cambio climático regional y en la información pertinente para la evaluación de los riesgos a menor escala, ampliada con un atlas regional interactivo en línea.

Greenpeace realiza un análisis de la situación actual de los océanos y las medidas urgentes necesarias para su protección. La organización pone a disposición de los medios: datos, material gráfico e información adicional sobre este tema y lanza una crítica a los líderes mundiales por fallar en el Día Mundial de los Océanos.

Las claves:

• Greenpeace urge a aprobar el Tratado Global de los Océanos en Naciones Unidas, una Constitución de los Océanos para acabar con esta degradación y que proteja el 30% de los océanos para 2030.
• La organización ecologista lamenta la manipulación de este día por muchas empresas y gobiernos para hacer greenwashing.
• El cambio climático, la pesca industrial, la minería submarina, las prospecciones petrolíferas o la contaminación y los plásticos nos han llevado a un estado crítico de la segunda fuente de oxígeno del planeta.

Declaraciones de Pilar Marcos, responsable de Océanos de Greenpeace:

“Nuestros océanos están en una espiral de muerte: golpeados por el colapso climático y la pesca destructiva. Su propia oceanografía está cambiando. Más del 70% de los tiburones y rayas han desaparecido en el último medio siglo. Los líderes mundiales siguen avanzando lentamente como si los océanos fueran demasiado grandes para ser destruidos. Podemos decir con seguridad: no lo son”.

Se supone que el Día Mundial de los Océanos es una celebración, no una conmemoración de lo que fueron. Pero sinceramente, si los líderes mundiales no actúan ya para protegerlos, este día se convertirá exactamente en un recuerdo de lo que ya no son. Desde los arrecifes de coral, a las especies en peligro de extinción o las grandes áreas sin oxígeno de nuestros mares, nos muestran unos niveles de salud realmente preocupantes.

Hoy, Día Mundial de los Océanos, empresas de pesca, de plásticos, de gestión de residuos, de minería submarina e incluso petroleras celebrarán el día con un buen lavado verde. Un día para liberar de plásticos las playas. Sin embargo, algo está fallando cuando los datos que mostramos en Greenpeace dibujan un sistema marino con claros signos de agotamiento. El ‘greenwashing’, mejor dicho, el ‘bluewashing’ de las empresas no está frenando la degradación de los océanos.

El océano puede parecer remoto, especialmente en un momento como este, pero todos dependemos de él para el oxígeno que respiramos, y miles de millones dependen de él para su alimentación y sustento. Todos necesitamos el océano, y ahora mismo el océano nos necesita.”

Datos de la espiral mortal

• A medida que la temperatura de la superficie del mar aumenta, la vida marina y los ecosistemas oceánicos van sufriendo mayores desafíos. Incluso si el calentamiento global se limita al objetivo acordado de 1,5 °C, se prevé que hasta el 90% de los arrecifes de coral de aguas cálidas se perderán.
• El océano más desprotegido del planeta, el océano Ártico, tiene en verano temperaturas medias de entre 2 y 3ºC más cálidas que la media entre los años 1982 y 2010. Con menos témpanos de hielo, los osos polares depredan, por ejemplo, el 90% de los nidos de aves marinas de Groenlandia o Svalbard. Con mayores temperaturas se han llegado a encontrar ya hasta caballas atlánticas en el ártico noruego.
• Sabemos más de la superficie de la luna que del fondo de los océanos. En 10 años, entre 2000 y 2010, se han censado más de 6.000 nuevas especies desconocidas hasta la fecha en las aguas abiertas. Con una longitud de 16.000 kilómetros, la dorsal mesoatlántica es la cordillera más larga del mundo. Solo uno de sus montes, el monte submarino Annan, en las aguas exteriores del África occidental, contiene 30.000 especies. Y tan solo se han investigado un 0,002% de los 170.000 montes submarinos que existen.
• La minería submarina sobre el fondo marino ya ha comenzado, con la excusa del creciente sector tecnológico y de las renovables (1). Ya se han emitido 29 concesiones para exploración de nódulos de polimetales, sulfuros y zonas ricas en cobalto del fondo marino.
• En más de la mitad de nuestros mares, el 55% de su superficie, se desarrollan actividades pesqueras. Cinco naciones ostentan el 77% de la flota pesquera en alta mar: China, Taiwán, Japón, Indonesia y España. Desde 1950, con la mejora de tecnología pesquera, hemos sido capaces de pescar, cada década, 350 metros más profundo. Un 59,9% de las poblaciones de peces analizadas están explotadas hasta su rendimiento máximo sostenible.
• Más de 500.000 toneladas de pequeños peces se extraen cada año de África occidental y se convierten en piensos para la acuicultura y la agricultura, suplementos dietéticos, cosméticos y productos alimenticios para mascotas (2). Este pescado es esencial para mantener la seguridad alimentaria de más de 33 millones de personas en países como Mauritania, Senegal y Gambia.
• Cada segundo, más de 200 kilos de basura van a parar a los océanos. El 80% proviene de tierra. Ya en 2020 se estimaba ya que el ritmo de producción de plásticos habría aumentado un 900% con respecto a niveles de 1980 (más de 500 millones de toneladas anuales ). La mitad de este incremento se ha producido tan solo en la última década. El nivel de recuperación de envases de plásticos a nivel estatal es del 25,4%, muy lejos de los ratios anunciados por Ecoembes (3), que cifra la recogida de envases domésticos hasta el 77%.
• En 1998 se encontró una bolsa de plástico a 10.898 metros de profundidad. El 92% de las interacciones de la fauna marina con residuos han sido con plásticos. De 626 ballenas francas analizadas en Atlántico norte, el 83% mostraba signos de interacción con plásticos.
• El número de pingüinos barbijo en la Antártida ha disminuido en casi un 60% desde la última vez que se hizo un recuento, a principios de los años setenta. En algunos casos las colonias han perdido hasta el 77% de su población.
• Paredes de la muerte: en el transcurso de una investigación de tres semanas al norte del Índico en febrero de 2021, el barco de Greenpeace Arctic Sunrise ha documentado la pesquería iraní con redes de deriva (5). Greenpeace ha sido testigo del uso de estas redes de enmalle, con siete barcos que crearon dos paredes de redes de más de 33 kilómetros de largo. El equivalente a 2.357 autobuses, uno detrás de otro.
• El impacto de la pesca con redes de deriva con captura accidental de cetáceos en el Índico supone un total acumulado de 4,1 millones de delfines muertos en redes de deriva entre 1950 y 2018. Se estima que esta captura incidental alcanzó un máximo de casi 100.000 cetáceos al año durante el período 2004-2006, pero ha disminuido en más del 15% desde entonces, una disminución que bien podría reflejar la fuerte reducción en el tamaño de la población debido a estos impactos.
• En España, el 80% de los recursos ambientales de la costa están degradados tras 30 años de urbanización masiva. Concretamente, en los últimos 30 años (desde la aprobación de la Ley de Costas de 1988), la superficie de costa urbanizada se ha duplicado, pasando de 240.000 a 530.000 hectáreas. Mientras, el hotel ilegal de El Algarrobico, con más de 30 pronunciamientos en su contra sigue en pie en pleno parque costero-marítimo del Cabo de Gata y en la laguna costera del Mar Menor en la Región de Murcia, en 2016 murió el 85% de la pradera submarina por la falta de luz debido a los constantes vertidos y salmueras fruto de la actividad agraria que sigue sin control.

Las demandas de Greenpeace:

Actualmente, no existe un marco general o integral para proteger la vida marina en alta mar, a pesar de que el 64% de nuestros océanos se encuentran más allá de la jurisdicción nacional de cualquier Estado. Es fundamental que los gobiernos establezcan un Tratado Global de los Océanos en Naciones Unidas este año, que podría conducir a santuarios oceánicos en todo el mundo, libres de actividades humanas dañinas.

Más de 70 países ya se han comprometido a proteger al menos el 30% de los océanos para 2030, incluida la mayoría de los miembros del G7, pero siguen sin aprobar el Tratado.

Se espera que los gobiernos se reúnan en agosto en Naciones Unidas para acordar un sólido Tratado Global de los Océanos que podría crear grandes santuarios marinos en todo el mundo. Los instamos a que traten esta emergencia con la ambición que requiere y no pierdan una oportunidad más para brindar a nuestros océanos la protección que necesitan con urgencia. Necesitamos que trabajen juntos y construyan un Tratado vinculante del que las generaciones futuras se sientan orgullosas.

Llamada a la acción:

Ya son casi 3.650.000 personas, entre ellas científicos, activistas y figuras públicas de todo el mundo las que se han sumado a la campaña Protect the Oceans de Greenpeace hasta ahora y que pueden seguir sumándose desde España.

El voluntariado de Greenpeace está organizando diferentes actividades para este Día Mundial de los Océanos, entre ellas, proyecciones del documental Santuario, protagonizado por Javier y Carlos Bardem, en varias ciudades. Toda la información actualizada sobre estos eventos aquí.

Activistas de la organización han colocado a la diosa de la Madre Tierra una máscara conectada a un árbol para pedir más verde y menos gris

Escaladores han desplegado una pancarta junto al Ayuntamiento para recordar a las alcaldías que pueden y deben ser motor del cambio

En el Día del Medioambiente, Greenpeace reclama reinventar las ciudades ya que es donde más recursos se consumen y se generan más emisiones

Con motivo del Día Mundial del Medioambiente, Greenpeace ha realizado una acción pacífica en la plaza de Cibeles para reclamar ciudades sostenibles. Activistas de la organización han colocado a la diosa griega de la Madre Tierra una mascarilla anticontaminación simbólicamente conectada a un árbol, para recordar la necesidad de más espacio verde en las ciudades para proteger la salud de las personas y mitigar los riesgos de la crisis ambiental a la que se enfrenta el planeta. Paralelamente, otro equipo de escalada se ha encaramado a dos farolas próximas para desplegar una pancarta de más 50 m2 (17×3 m) con el lema “Ciudades verdes, planeta sano”.

Las ciudades albergan actualmente al 55% de la población mundial, generan el 70% de las emisiones globales y consumen dos tercios de los recursos del planeta. Es por ello que son fundamentales para frenar la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad. Reinventar las ciudades para las personas y para no sobrepasar el 1,5 °C que se firmó en el Acuerdo de París requiere transformar su movilidad, alimentación, espacios públicos y verdes, consumo de energía y eficiencia energética, generación de residuos y consumismo. Además del beneficio ambiental y para la salud, hacer que las ciudades implementen políticas ecológicas podría generar ahorros económicos de hasta 17 billones de dólares para el 2050.

“Este Día Mundial del Medioambiente, los alcaldes y alcaldesas deben ser reconocidos como figuras clave para generar el cambio que necesitamos. Estamos viendo que se dan algunos pasos, pero nos hace falta mucha más ambición, y poner a las personas y el medioambiente en el centro, para lograr ciudades verdes y un planeta sano. Como el propio alcalde de Madrid ha reconocido, la crítica ayuda a evolucionar, y esperamos que esta actividad les anime a actuar”, ha declarado Alba García, responsable de la campaña de Ciudades Sostenibles de Greenpeace.

Naciones Unidas destaca en este Día Mundial del Medioambiente la necesidad de reverdecer las ciudades para “hacer las paces con la naturaleza”. En este sentido, Greenpeace publicó esta semana un informe con los beneficios que generaría reverdecer las ciudades con más espacios verdes públicos, y las directrices a seguir, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) para conseguirlo: 50 m2 de espacios verdes por habitante.

Los espacios verdes deben estar distribuidos equitativamente en las ciudades de forma que cada persona pueda ver tres árboles desde su domicilio, tener un 30% de cobertura vegetal en su barrio y acceso a una zona verde de calidad a menos de 300 metros de su hogar. La conocida como regla 3-30-300 asegura que todas las personas podamos disfrutar de estos espacios. Sin embargo, ninguna ciudad de nuestro país los cumple y se está aún muy lejos de llegar a estos objetivos.

Por ejemplo, en Madrid solo hay 21 m2 de zonas verdes por habitante, y si consideramos el núcleo urbano de la ciudad, solo el 10% son espacios públicos verdes, mientras que el 65% es cemento. Además, solo cuenta actualmente con 1 árbol por cada 6 habitantes, mientras que la OMS recomienda que fuese 1 árbol por cada 3 habitantes.

Los espacios verdes son fundamentales para mitigar las altas temperaturas y las inundaciones, además de presentar numerosos beneficios para la salud como reducir el riesgo de depresión y ansiedad o de enfermedades cardiovasculares, entre otros.

“Tanto cuando hemos estado confinados como cuando hace calor en verano necesitamos zonas verdes, espacios públicos frescos y sombras para que nuestro barrio sea más habitable, entonces, ¿por qué no hacer que sea la norma en lugar de la excepción?”, ha afirmado García. “Hoy estamos en Madrid porque queremos que deje de ser una capital gris para transformarse en verde. Esto la convertiría en ejemplo nacional e internacional del progreso hacia la sostenibilidad. El hecho de estar al lado del Ayuntamiento no es casual, queremos mandar un mensaje alto y claro a todos los Ayuntamientos del país: no queremos más ciudades grises, sino verdes y para las personas, para vivir mejor y para salvar el planeta de la emergencia climática”, ha concluido García.

Greenpeace ha obtenido los datos para España del mapa de muertes prematuras elaborado por las universidades de Harvard, Birmingham y el London College

El avanzado modelo científico utilizado estima que unas 45.000 personas mueren en España prematuramente cada año debido a las partículas PM2,5

Greenpeace, con la colaboración de la unidad científica que la organización ecologista tiene en la Universidad de Exeter (Reino Unido), ha obtenido de forma exclusiva los datos necesarios para dibujar el mapa de las muertes prematuras en España atribuibles a las partículas PM2,5 derivadas exclusivamente de la quema de carbón, petróleo y gas.

En España unas 45.000 personas fallecen prematuramente por el impacto provocado en sus organismos por las partículas finas de los combustibles fósiles, un 10% del total de muertes. En todo el mundo la cifra asciende a casi nueve millones de personas, el doble de lo estimado por la comunidad científica hasta la fecha.

A primeros de año, un equipo científico formado por especialistas de las universidades de Harvard, Birmingham y el London College publicaron los resultados de un estudio con una innovadora tecnología que les permitió realizar un mapa a escala global de las muertes prematuras causadas por las partículas finas PM2,5 procedentes de la quema de combustibles fósiles.

“Calculamos que alrededor del 30% de las muertes prematuras producidas cada año en España debido a las partículas finas procedentes de la quema de combustibles fósiles ocurren en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona”, ha afirmado Karn Vohra, uno de los autores del estudio de la Universidad de Birmingham. “Imaginábamos que obtendríamos estimaciones más altas que los estudios anteriores, pero nos sorprendió que fueran el doble de las ¡que obtuvimos anteriormente, lo que nos permitió constatar que la contaminación del aire es peor para nuestra salud de lo que sabíamos”, ha añadido por su parte la doctora Eloise Marais, profesora asociada de Geografía Física de la Universidad de Birmingham que también ha participado en el estudio.

El estudio, que tiene por título ‘Global mortality from outdoor fine particle pollution generated by fossil fuel combustion’, ha usado con éxito una herramienta de modelización de química atmosférica, denominada GEOS-Chem que permite diferenciar las partículas finas procedentes de causas naturales como el polvo del desierto o las provocadas por la quema de combustibles.

“El indicador de Salud no se ha tenido en cuenta hasta ahora en los planteamientos urbanísticos y vemos cómo, por ejemplo, algunos de los puntos con mayor concentración de contaminación son precisamente los lugares donde se encuentra la población más vulnerable, como en los colegios”, ha recordado por su parte Aitana Lertxundi, doctora en Medicina preventiva y salud pública de Universidad del País Vasco e investigadora del proyecto INMA.

“La crisis climática conlleva una crisis para la salud humana acompañada de una alta mortalidad. Es el caso de Madrid y Barcelona, que son el epicentro de los fallecimientos prematuros por la contaminación de partículas que genera la quema de combustibles fósiles”, ha comentado por su parte Sara del Río, química y experta en contaminación de Greenpeace. “Es urgente cambiar el modelo de producción y transporte eliminando de raíz el uso de todos los combustibles fósiles y optando por alternativas renovables”, añade.

Tras analizar los datos del estudio, Aidan Farrow, investigador de Greenpeace en la Universidad de Exeter, recuerda que no hay ningún combustible fósil que sea beneficioso para el clima y la salud: “A veces se considera que utilizar gas fósil, el llamado gas natural, es mejor que quemar carbón o petróleo, pero el impacto del gas es también considerable, tanto para el clima como para la salud y el medioambiente, ya que se trata principalmente de metano y tanto las fugas como las reacciones químicas en la atmósfera lo convierten en un combustible con un elevado impacto”, ha concluido Farrow.

La organización ecologista alerta de que pandemias como la de la COVID-19 ocurrirán con más frecuencia si no se protegen los ecosistemas naturales en todo el mundo

En su informe oficial sobre los orígenes del SARS-CoV-2, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado los riesgos potenciales de aparición de enfermedades zoonóticas tras el contacto entre la naturaleza salvaje y el ser humano, lo que muestra el riesgo que supone la destrucción de la naturaleza para la vida humana. Al deteriorar las zonas del espacio natural que amortiguan el contacto con el ser humano, la ciencia confirma que se desprotege la barrera entre los virus. Para Greenpeace, es vital reforzar la protección de los ecosistemas.

“Los investigadores han ido aumentando las alertas sobre los riesgos que supone la pérdida de biodiversidad para la propagación de enfermedades infecciosas. Estos virus están naturalmente aislados de nosotros por ecosistemas que proporcionan zonas de amortiguación. Pero estamos destruyendo a toda máquina estos espacios de amortiguación ecológica. Aunque el Gobierno de China avanzó el pasado año decisivamente para prohibir el consumo como alimento de especies salvajes, sigue siendo necesario hacer más, tanto en este país como en el resto del mundo. Las pandemias como la de la COVID-19 ocurrirán con más frecuencia si no protegemos los ecosistemas naturales en todo el mundo”, ha declarado Pilar Marcos, responsable de las campañas de Biodiversidad de Greenpeace España.

Junto al contacto directo con los animales salvajes, la destrucción de los ecosistemas naturales facilita la propagación de enfermedades infecciosas a través de una serie de factores. Por ejemplo, una abundante biodiversidad y su cobertura vegetal y animal protege a los seres humanos de la transmisión de enfermedades a través de los mosquitos porque éstos se diluyen en el entorno. Esto se pudo ver con el virus del Nilo Occidental: áreas con mayor diversidad de aves mostraron tasas más bajas de infección porque los mosquitos, como vector de infección, tenían menos probabilidades de encontrar huéspedes adecuados. Otros ejemplos de enfermedades infecciosas que aumentaron debido a la invasión de ecosistemas prístinos incluyen la fiebre amarilla, el virus Mayaro y la Enfermedad de Chagas en las Américas.

La gran superficie de naturaleza destruida y la rápida tasa de destrucción de los ecosistemas naturales conllevan un mayor riesgo de enfermedades. Las principales causas son la invasión humana directa, la explotación de recursos y la agricultura industrial de alta intensidad.

En octubre está prevista la celebración de la Conferencia de las Partes (COP-15) del Convenio sobre la Diversidad Biológica en Yunnan (China). “Ya que a los virus no les importan las fronteras, la cooperación multilateral es la estrategia más eficaz para superar las crisis globales. La ciencia es clara: la destrucción de los ecosistemas naturales es el camino hacia nuevos brotes de enfermedades. Ahora es el momento de escalar y convertir las ambiciones globales de protección de los ecosistemas en acciones reales. Los gobiernos y las corporaciones multinacionales tienen que asumir esa responsabilidad“, ha declarado Jennifer Morgan, directora ejecutiva de Greenpeace International.

Greenpeace valora con extrema preocupación los datos del Informe de Síntesis de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que recoge las Contribuciones Nacionales (NDC por sus siglas en inglés), es decir, los compromisos que cada país ha presentado en su lucha contra el cambio climático. La suma de las contribuciones de todos los estados deja al mundo indefenso ante la emergencia climática, ya que no alcanzan ni remotamente a la reducción de emisiones que la comunidad científica ha identificado como necesaria para evitar un calentamiento global de 1,5 ºC.

Jennifer Morgan, directora ejecutiva de Greenpeace International, ha señalado que “el Informe de Síntesis de Naciones Unidas nos dice una cosa: en este momento, los Gobiernos están incumpliendo el Acuerdo de París, lo que significa que nos dirigimos hacia una catástrofe climática. Los países deben trabajar juntos para dar prioridad a las personas y al planeta sobre los intereses de los combustibles fósiles”.

“Los actuales compromisos de reducción de emisiones de CO2 son catastróficos. A día de hoy, los compromisos colectivos de los Gobiernos son inadecuados, con solo una reducción del 1% de las emisiones para 2030, muy lejos de lo necesario para alcanzar el objetivo del 1,5ºC. Los Gobiernos no pueden ignorar el rápido estado de deterioro del planeta, deben recordar las promesas que hicieron en París y presentar unos compromisos de reducción mucho mayores; aún no es demasiado tarde para arreglar nuestro futuro”.

“Las promesas incumplidas del Acuerdo de París muestran que estamos en un sistema multilateral que es rehén de los intereses de los combustibles fósiles, lo que obstaculiza la acción climática y pone en riesgo nuestro futuro. Si bien los Gobiernos deben regular adecuadamente a los grandes contaminadores, la industria tiene que aceptar que la era de los combustibles fósiles ha llegado a su fin”.

“Exigimos a los mayores emisores del mundo, Estados Unidos y China, que presenten compromisos de reducción de emisiones el próximo mes que nos den motivos de esperanza. Australia y Brasil, ambos arrasados por los incendios derivados de los efectos de la emergencia climática, deben controlar respectivamente los intereses de los combustibles fósiles y la agricultura industrial, mientras trabajan para crear un futuro justo y seguro para sus ciudadanos y protegen la valiosa biodiversidad que albergan”.

Europa y España

La Unión Europea (UE) anunció el pasado mes de diciembre el aumento de su compromiso de reducción de las emisiones netas para el año 2030 hasta el 55% respecto a 1990, una cifra que sigue siendo insuficiente, puesto que su compromiso debería llegar al menos al 65% de las emisiones totales para que la UE haga la contribución que le correspondería, dadas sus capacidades y responsabilidad histórica, para cumplir el objetivo del Acuerdo de París. Las próximas semanas serán decisivas, ya que se esperan las negociaciones entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo con el objetivo de aprobar la futura ley comunitaria contra el cambio climático.

Para que esta norma sea efectiva debe asegurar el fin de todas las subvenciones directas e indirectas a los combustibles fósiles e incluir en su objetivo de reducción de emisiones para 2030 al sector de la aviación y el marítimo y excluir la “eliminación de las emisiones con los sumideros”. Además, es necesario crear un organismo científico independiente que se base en las recomendaciones del panel experto de Naciones Unidas para el Cambio Climático (IPCC) para asesorar sobre los presupuestos de emisiones de la UE.

España, por su parte, arrastra décadas de aumento de emisiones sin apenas asumir compromisos de reducción. El actual Gobierno tiene la oportunidad de corregir ese déficit histórico, pero los objetivos que ha reflejado hasta ahora en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, solo harían reducir las emisiones españolas un 23% en 2030 respecto a 1990, muy lejos del 55% que, como mínimo, debería asumir como contribución al esfuerzo global.

“España también tiene la responsabilidad, la capacidad, la convicción, la oportunidad y la voluntad de la mayoría de la ciudadanía para ser mucho más ambiciosa. El Parlamento tiene en estos momentos en sus manos una ley de cambio climático que puede y debe mejorarse; el Gobierno debe empujar en esa dirección porque cuenta con los recursos económicos procedentes de los fondos europeos que le van a permitir aprovechar esta oportunidad histórica, darle la vuelta al sistema e invertir en el futuro del país”, ha señalado José Luis García, coordinador del área de Cambio Climático de Greenpeace España

El hielo marino del Ártico llega al mínimo del año y al segundo jamás registrado. Ya ha perdido dos tercios de su volumen

Frente a la crisis climática solo hay una solución: reducir drásticamente las emisiones y proteger los ecosistemas

Ante la próxima Cumbre de Biodiversidad de Naciones Unidas, el barco Arctic Sunrise de Greenpeace se ha desplazado al Ártico, con el fin de documentar la situación

Desde esta semana, vuelven las movilizaciones climáticas que tendrán lugar en numerosos países

Según acaba de informar el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo, la extensión mínima del hielo marino del Ártico, en este año 2020, se alcanzó probablemente el 15 de septiembre, con una extensión de 3,74 millones de kilómetros cuadrados.

La marca de este año es la segunda más baja registrada. El hielo marino del Ártico ya ha perdido dos tercios de su volumen y continúa en una disminución constante de su extensión, en las últimas décadas.

Greenpeace advierte que la rápida desaparición del hielo marino es un indicador más de la crisis climática que tiene consecuencias en todo el planeta y recuerda que, frente a la crisis sanitaria y socioeconómica que estamos viviendo, la lucha contra el cambio climático debe ser una obligación imperativa de los gobiernos.

Por ello, el pasado martes, Greenpeace, junto con Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón, comenzó el primer litigio climático contra el Gobierno de España, en el que las organizaciones demandan al gobierno para exigirle mayor ambición climática: una reducción de las emisiones de al menos el 55% en 2030 respecto a 1990 y alcanzar el cero neto en 2040.

“A medida que el Ártico se derrite, el océano absorbe más calor y nos estamos quedando sin el aire acondicionado que regula las temperaturas de nuestro planeta” ha declarado Tatiana Nuño, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace España. “Para evitar los peores impactos del cambio climático, solo hay una vía, reducir drásticamente las emisiones de forma urgente a la vez que protegemos y restauramos los ecosistemas”

Cumbre de Biodiversidad de las Naciones Unidas

El barco de Greenpeace Arctic Sunrise, con una tripulación de responsables de campaña, activistas y científicos, se encuentra en el Ártico para documentar el mínimo de hielo marino y estudiar la vida marina en la región. La travesía coincide con la próxima Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad, en la que la protección marina debe ser prioritaria y central en cualquier discusión sobre la protección de la biodiversidad.

La capa de hielo del Ártico es un océano congelado que necesita protección urgente y los líderes mundiales en la Cumbre de Biodiversidad de las Naciones Unidas deben comprender el papel de los océanos en la lucha contra la crisis climática.

Los océanos sanos mantienen el carbono almacenado de forma segura fuera de la atmósfera, lo que ayuda a reducir los impactos de la crisis climática. Los líderes mundiales deben aprobar la creación de una red de santuarios de los océanos que proteja al menos el 30% de estos para el año 2030. Los ecosistemas marinos pueden desarrollar resiliencia para resistir mejor al rápido cambio climático. La comunidad científica ha identificado al Ártico como una de las áreas prioritarias que necesitan protección, como parte de una red global de santuarios oceánicos, debido a su importancia vital para la estabilidad climática.

Desde el 23 de Septiembre y hasta el 15 de Octubre, cuando los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE se reunirán en el Consejo Europeo en Bruselas, habrá numerosas actividades reclamando mayor ambición y acción climática a gobiernos y corporaciones. El movimiento de justicia climática está organizando acciones en 20 países europeos, a los que se unirán 4 más fuera de Europa, y 57 ciudades de todo el mundo, con más de 72 actividades previstas.

El miedo al contagio está acelerando el aumento del tráfico rodado, lo que supondrá más contaminación que termina agravando las enfermedades respiratorias

Fomentar el transporte público, prohibir los vuelos cortos y limitar los coches contaminantes, entre las medidas que Greenpeace detalla en su último informe europeo para descarbonizar el transporte en el año 2040

Bajo el lema “Transforma el Transporte”, los grupos de voluntariado de Greenpeace han salido en 12 ciudades para demandar una movilidad más justa y menos contaminante

Utilizar el coche para evitar el contagio es un riesgo mucho peor que el virus. Es el contundente mensaje que lanza Greenpeace con motivo del ‘Día Internacional Sin Coches’, que se celebra hoy martes. Una jornada que recuerda los peligros que el abuso del automóvil implica en materia de contaminación, accidentes y equidad social, y que pone cierre a la Semana Europea de la Movilidad.

Greenpeace advierte de que el miedo al contagio ha provocado que la recuperación del tráfico rodado haya sido mucho más rápida que la del transporte público y recuerda que la contaminación atmosférica supone más de 35.000 muertes prematuras al año en España, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. Por este motivo, la organización ecologista demanda a las administraciones más medidas para evitar los picos de contaminación que agravan la incidencia y letalidad de las enfermedades respiratorias, incluyendo la COVID-19.

Una guía para descarbonizar la movilidad en 2040

Para ayudar a los gestores públicos en esta tarea, esta semana Greenpeace ha presentado su informe europeo ‘Transforma el Transporte’, un completo análisis elaborado durante más de un año de trabajo por parte de consultores independientes. En él se analizan las medidas necesarias para cumplir con los objetivos climáticos en todos los ámbitos de la movilidad (urbana e interurbana, viajeros y mercancías) y para todos los modos: tráfico rodado, ferroviario, marítimo y aéreo.

Entre el conjunto de medidas que demanda la organización ecologista, se priorizan las que reducen la necesidad de desplazarse, como el teletrabajo y el comercio de proximidad. También se proponen políticas para fomentar el cambio hacia modos de transporte más sostenibles, como el transporte público, y limitar los vuelos cortos en favor del tren. Por último, se analizan las mejoras tecnológicas en el transporte, como la electrificación del automóvil y la necesidad de acabar con la venta de vehículos diésel y gasolina antes del año 2028.

“Reducir el uso del coche no solo tiene beneficios inmediatos en la calidad del aire y los accidentes de tráfico, sino que también es imprescindible para frenar las emisiones que provocan la actual crisis climática”, señala Adrián Fernández, responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace, quien añade que “los gobiernos y administraciones han de ser valientes para transformar el modelo de transporte, por más que la industria del automóvil y del petróleo no dejen de poner dificultades para mantener sus beneficios”.

El informe ‘Transforma el Transporte’ llega a las puertas de la elaboración de la Ley de Movilidad y Financiación del Transporte Público, herramienta imprescindible para regular y dirigir el nuevo sistema de movilidad tras la pandemia.

“Reclama la calle” en 12 ciudades

Para pedir este cambio de modelo, grupos de voluntariado de Greenpeace han salido a las calles de 12 ciudades durante los últimos días para, a través de letras, representar mensajes como TRANSFORMA EL TRANSPORTE y RECLAMA LA CALLE e invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre el uso del espacio público, ocupado en su mayoría por el vehículo privado. Las medidas de seguridad frente a la COVID-19 han puesto en valor la necesidad de disponer de espacios peatonales amplios y confortables, donde poder caminar de forma segura manteniendo las distancias de seguridad.

Otra actividad llevada a cabo por el voluntariado de Greenpeace ha sido el ‘Parking Day’ en lugares como como Pamplona, Barcelona, Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) o Leganés (Madrid). Durante unas horas, las plazas de aparcamiento han dejado su espacio para usos más productivos como bancos y jardines. Con esta actividad, Greenpeace denuncia el espacio que acaparan los coches en la ciudad, en especial los coches aparcados, que permanecen inactivos más del 95% de su vida útil impidiendo utilizar las calles al resto de las personas que viven en la zona, tengan o no coche propio.

El anuncio histórico de las tres organizaciones se suma a la lista de litigios climáticos presentados en todo el mundo en los últimos años

Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón han anunciado una acción histórica: el inicio de un litigio contra el Gobierno de España por inacción ante el cambio climático.

En un contexto de crisis sanitaria y socioeconómica sin precedentes, las tres organizaciones consideran que prevenir los peores efectos del cambio climático es imperativo y que los esfuerzos del actual Gobierno de España resultan insuficientes para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos y para compensar la falta de acción de gobiernos previos. España, recuerdan, es uno de los países europeos más afectados por el cambio climático, según la Agencia Europea del Medio Ambiente.

“Para evitar un cambio climático devastador solo hay una vía: reducir drástica y rápidamente las emisiones de CO2 y acelerar la transición ecológica, lo que requiere de decisiones políticas y judiciales valientes”, ha señalado Mario Rodríguez, director de Greenpeace.

El anuncio de este proceso judicial se suma así a la lista de litigios climáticos presentados en todo el mundo en los últimos años. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, India o Nueva Zelanda son solo algunos de los países cuyos gobiernos enfrentan demandas por esta causa. El caso más notorio es el de Holanda, donde la Fundación URGENDA ha logrado este año una histórica sentencia del Tribunal Supremo, que condena al Gobierno por incumplir los compromisos previamente adquiridos en relación con la mitigación climática, violando con ello los derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras.

“En estos momentos en que la pandemia nos está mostrando con toda crudeza las consecuencias de una crisis global, estamos a tiempo de frenar la debacle que vendrá si no paramos el cambio climático”, ha afirmado Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción.

Incumplimiento de obligaciones

La toma de decisiones políticas de gran calado que definirán el futuro del clima, de la humanidad y del planeta no puede desatenderse, aunque en este momento sea importante buscar respuestas urgentes frente a la pandemia de la Covid–19.

El Gobierno ha incumplido la obligación prevista en el Reglamento (UE) 2018/1999, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, que establecía la aprobación de un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y una Estrategia a Largo Plazo (ELP) para el pasado mes de diciembre. Con ello, el Gobierno está vulnerando también los compromisos asumidos con la ratificación del Acuerdo de París y las recomendaciones científicas del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC) para no superar los 1,5 ºC, según los cuales la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero no debería ser inferior al 55% en 2030 respecto a 1990 y al cero neto de las emisiones en 2040. Sin embargo, el borrador del Gobierno establece un objetivo de reducción del 23% de las emisiones en 2030, muy por debajo del referido compromiso internacional.

Además, hace tiempo que los más altos tribunales internacionales reconocen que las condiciones ambientales inadecuadas pueden socavar el disfrute efectivo de los derechos a la vida, a la salud, al acceso al agua o a los alimentos.

España lleva años emitiendo Gases de Efecto Invernadero por encima del límite establecido. Sólo el impacto de la crisis económica de 2008 se tradujo en una disminución de las emisiones industriales hasta 2012, momento en el que retomaron un crecimiento constante hasta la actualidad.

Con los objetivos previstos por el Gobierno para la reducción de emisiones, España no podrá evitar el impacto de graves episodios de sequía, aumento del número e intensidad de los incendios, lluvias torrenciales y una mayor subida del nivel del mar y, por tanto, de las inundaciones costeras. Situaciones que, como en el resto del mundo, afectarán en mayor medida a las poblaciones más vulnerables.

“Al igual que en el resto del planeta”, ha añadido Franc Cortada, director de Oxfam Intermón, “también en España las personas más vulnerables son a la vez las que menos contaminan y las que menos recursos tienen para adaptarse y para mitigar las consecuencias del cambio climático. Es importante que cualquier proceso de transformación ecológica en nuestro país tenga mecanismos para defender a estas personas”.

Por todo ello, las tres organizaciones, desde su compromiso con la defensa del medio ambiente y los derechos fundamentales de la ciudadanía, consideran ineludible la obligación de iniciar este litigio contra el Gobierno de la Nación, la única instancia a la que acudir, por su actividad totalmente insuficiente desde la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto para mitigar el cambio climático, que pone en grave riesgo los derechos más esenciales de las generaciones presentes y futuras.

El pasado 24 de enero de 2020, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón presentaron una RECLAMACIÓN FRENTE A LA INACTIVIDAD CLIMÁTICA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, conminando a “la adopción de las medidas pertinentes para cumplir las obligaciones históricas y ambientales del Estado Español”.

Ante la falta de respuesta del Gobierno, este 14 de septiembre de 2020, las organizaciones han iniciado la vía judicial con la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Con la interposición de este recurso da comienzo el primer litigio climático contra el Gobierno de España, en el que las organizaciones demostrarán los efectos devastadores que el cambio climático tendrá sobre el país de no actuar a tiempo, exigirán una reducción de emisiones del 55% en 2030 y el cero neto en 2040 y señalarán la responsabilidad del Estado en la desprotección de los derechos fundamentales a la salud y la vida de la ciudadanía, que necesitan de un medio ambiente adecuado para poder disfrutarse plenamente.

Solo de esta manera, España podrá cumplir con sus compromisos internacionales en materia de mitigación del cambio climático, así como con los tratados internacionales de protección de derechos humanos de los que el país es signatario, que obligan a los Gobiernos a realizar todas las políticas necesarias para garantizar los derechos más esenciales de las personas –como la salud o la vida– que corren serio peligro si no se actúa rápidamente para evitarlo.