El diputado regional del PP recuerda que “las cámaras agrarias y ayuntamientos tienen cedidos dichos bienes a organizaciones y asociaciones que trabajan en beneficio del agricultor y ganadero”
Aclara que estos bienes no son del Gobierno regional, sino que “se forjaron con las aportaciones económicas y el trabajo de agricultores y ganaderos, e incluso con derramas entre la población”
Advierte que esta Ley “recentraliza la gestión del patrimonio de las cámaras y, por tanto, de los agricultores” y “trata a los Ayuntamientos, que gestionan la mayoría de estos bienes, como administraciones menores, sin capacidad de autonomía”
Denuncia que ignora “la opinión de la mayoría de los agricultores, que claramente se han posicionado en contra de esta Ley, lo que demuestra la tremenda insensibilidad y despotismo del Gobierno
El diputado del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Emilio Bravo, ha calificado hoy el Proyecto de Ley de Extinción de Cámaras Agrarias Provinciales de “puramente expropiatorio” y ha lamentado que el PSOE no haya tenido en cuenta las enmiendas presentadas por el PP, que “eran las mismas que habían alegado los ayuntamientos y asociaciones de agricultores”.
Así lo ha resaltado en el Pleno de las Cortes regionales, donde ha explicado que estas enmiendas buscaban evitar que la Junta se apropie “de los bienes y dinero que pertenece a los agricultores y ganaderos y que ellos han gestionado” teniendo en cuenta además que “las cámaras agrarias y ayuntamientos tienen cedidos dichos bienes, principalmente urbanos, a organizaciones agrarias y asociaciones que trabajan en beneficio del agricultor y ganadero”.
Bravo ha recordado que “el patrimonio de las cámaras agrarias en la región asciende a 3.526 parcelas rústicas, que suman unas 5.600 hectáreas, 400 inmuebles o solares y unos activos dinerarios de 1,8 millones de euros”. Bienes “que no son suyos y que se forjaron con las aportaciones económicas y el trabajo de agricultores y ganaderos, e incluso con derramas entre la población”, ha aclarado.
El parlamentario del PP ha lamentado ese espíritu expropiatorio de un Proyecto de Ley que, además, “recentraliza la gestión del patrimonio de las cámaras y, por tanto, de los agricultores”, ya que “cualquier iniciativa no se podrá resolver desde los municipios, sino desde Toledo, en la sede de la Consejería de Agricultura, limitando la autonomía no solo de las cámaras, sino de los propios municipios y agricultores”.
Una Ley que “trata a los Ayuntamientos, que gestionan la mayoría de estos bienes, como administraciones menores, sin capacidad de autonomía, cuando son los que están más cerca de los agricultores y ganaderos y saben mejor sus necesidades”, ignorando además “el legítimo sentimiento de pertenencia que los agricultores que integran cada cámara tienen sobre un patrimonio conseguido con su esfuerzo a lo largo de generaciones”, ha subrayado.
En este sentido, ha remarcado que esta Ley es además “completamente opaca en cuanto al destino de los bienes que la Junta se atribuye, diciendo que creará un banco público de tierras, sin saber con qué criterio se podrán utilizar éstas, cuando desde los municipios, y en colaboración con las organizaciones agrarias y asociaciones, se están gestionando dichas tierras en beneficio de los agricultores y ganaderos”.
Igualmente ha denunciado que con esta Ley “despojan a los ayuntamientos, a las organizaciones agrarias y asociaciones de un patrimonio que en muchas ocasiones ha sido mantenido por ellos, sin recibir nada más que la indiferencia y el menosprecio de la Junta”, ignorando además “la opinión de la mayoría de los agricultores, que claramente se han posicionado en contra de esta Ley, lo que demuestra la tremenda insensibilidad y despotismo del Gobierno regional”.
“Ustedes pretenden con este Proyecto de Ley que los ayuntamientos, organizaciones y asociaciones de agricultores y ganaderos tengan que hacer una solicitud para mantener los bienes que desde hace tiempo tienen cedidos y que sea el Gobierno de Page quién tome la decisión de transferirlos o no”, ha denunciado Bravo, quien ha alertado de la posibilidad de que en esas decisiones “acabe primando el amiguismo y el color político de quién lo solicita”.
