Dipu cuenca Julián Huete

El vicepresidente de la Diputación critica que una de las pocas inversiones del Gobierno regional en el rico patrimonio de esta provincia se reduzca a los 81.000 euros concedidos a ocho proyectos de investigación, en vez de apostar seriamente por su conservación y puesta en valor, como así viene haciendo la Diputación en los últimos años

De “ridícula” ha tildado Julián Huete, vicepresidente de la Diputación de Cuenca, la inversión de 81.000 euros aprobada por la Junta de Comunidades para el patrimonio de nuestra provincia a través de las ayudas para la realización de proyectos de investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico, sobre todo si se tiene en cuenta que ésta es una de sus pocas inversiones que realiza en el patrimonio conquense.

No en vano, las ocho subvenciones aprobadas en esta convocatoria, cuya resolución se ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), tienen unas cuantías que oscilan entre los 3.908,78 euros de Beteta y los casi 20.000 de Minglanilla. Cantidades a todas luces “testimoniales” hablando de las necesidades del patrimonio, ya sea arqueológico o paleontológico, y que, a su juicio, son bastante clarificadoras de la poca importancia que le otorga el Ejecutivo de García-Page al rico patrimonio conquense.

Es por ello que el vicepresidente ha instado al Gobierno castellano-manchego a que “se implique de verdad, de una vez por todas, en la conservación y puesta en valor del patrimonio de esta provincia, como así viene haciendo la Diputación conquense en los últimos siete años llegando a destinar más de veinte millones de euros; y todo ello, a pesar de que dispone de un presupuesto 120 veces inferior al de la Junta de Comunidades”.

Y es que, en su opinión, no es de recibo que las inversiones del Gobierno de García-Page en nuestro patrimonio prácticamente brillen por su ausencia y se reduzcan a convocatorias de este tipo o intervenciones muy puntuales. Tal es el caso, por ejemplo, de Beteta, al que le han concedido cerca de 4.000 euros para un estudio de la Universidad de Alcalá de Henares, mientras que la Diputación, por su parte, aprobaba recientemente la financiación de una ayuda de 20.000 euros a la Universidad de Castilla-La Mancha para una investigación sobre el patrimonio cultural de esta localidad serrana, a lo que habría que sumar los más de 190.000 euros destinados a la consolidación y rehabilitación del Castillo de Rochafía.

Pero éste no es el único ejemplo y, sin ir más lejos, se puede hablar del yacimiento de la Villa Romana de Noheda, al que le han otorgado una subvención de poco más de 11.500 euros para continuar con las excavaciones en el sureste del sector residencial; una cantidad que nada tiene que ver con el más de un millón de euros que lleva invertidos la Diputación en este yacimiento con el fin de que sea abierto al público y se constituya en motor y revulsivo de la económica de esta comarca, en particular, y de la provincia, en general.

Algo similar ocurre también en el Parque Arqueológico de Segóbriga, donde, tal y como recalca Huete, las únicas inversiones de entidad que se están acometiendo en los últimos siete años han venido de la mano de la institución provincial, que ha destinado más de medio millón de euros, mientras que las del Gobierno autonómico han brillado por su ausencia y, en el mejor de los casos, se han reducido a ayudas como la acordada en esta convocatoria de poco más de 11.500 euros para excavaciones en la necrópolis septentrional.

Para el vicepresidente, muchos más recursos patrimoniales podrían servir de ejemplo de este desapego de la Junta de Comunidades para con el patrimonio de nuestra provincia (Ercávica, Valeria, etc.), si bien sería largo de contar. Es por ello que ha vuelto a instar al Ejecutivo de García-Page a que “se tome en serio a esta provincia y, como no, a su rico y vasto patrimonio, abandonando el artificio de los continuos anuncios y pasando a los hechos, puros y duros, porque este patrimonio puede convertirse en una excelente herramienta de dinamización de la economía local generando oportunidades de riqueza y empleo en torno a un sector tan importante como es el turismo y contribuyendo al afianzamiento de la población en el territorio; al menos, así lo cree esta Diputación”.

De todos modos, en su opinión, no es de extrañar esta nula implicación del Gobierno regional, pues “constantemente desde el PSOE conquense se demuestra una animadversión continua hacia las inversiones en nuestro rico patrimonio histórico o, como prefieren denominar, en piedras ilustres”.

El vicepresidente y diputado de Hacienda ha detallado que el impago de varias facturas de suministro eléctrico responde simplemente a un error administrativo, que coincidió con los trámites para cambiar de empresa suministradora de ese Parque y, además, en plena transición con motivo de la absorción del Consorcio Cuenca 112 por la Diputación

Julián Huete, vicepresidente de la Diputación Provincial de Cuenca y diputado de Hacienda, ha recriminado al portavoz del Grupo Socialista en la institución provincial, Joaquín González Mena, que esté poniendo en entredicho la gestión que se está llevando a cabo en el Parque de Bomberos de Tarancón por el impago de varias facturas de suministro eléctrico cuando “estamos hablando de un simple error administrativo”.

Y es que no se puede obviar el hecho de que dicha situación se produjera en el primer semestre del pasado año, coincidiendo con los trámites para cambiar de empresa de abastecimiento de energía eléctrica para dicho Parque y, además, en plena transición con motivo de la absorción del Consorcio Cuenca 112 por la Diputación. Todo ello, sin dejar a un lado un detalle muy importante, como es el hecho de que la empresa eléctrica en cuestión, al igual que el resto de proveedores, tenía conocimiento, porque así se le comunicó por escrito en el año 2016, de que las facturas debían emitirse a nombre de la Diputación a partir del 1 de enero de 2017 al haber desaparecido el Consorcio; algo que no hizo con esas facturas.

De ahí que reproche al portavoz socialista que intente, una vez más, enturbiar la gestión de este equipo de Gobierno con todo tipo de pretextos y aprovechando una cuestión puramente administrativa para otorgarle una voluntad política que, sin duda, no existe. De hecho y gracias al esfuerzo realizado en los últimos siete años, el estado de las cuentas del antes Consorcio y ahora Servicio de Extinción y Prevención de Incendios, afortunadamente nada tiene que ver.

Y es que no se puede obviar que, además de hacer frente y amortizar la deuda existente de casi 1,2 millones de euros, que afectaba, incluso a la Seguridad Social, Hacienda y a los propios trabajadores, en estos años se ha acabado con la sequía de inversiones de sucesivos gobiernos socialistas, llegando a destinar más de dos millones de euros en la mejora tanto de las instalaciones de los dos Parques como en el equipamiento de los bomberos; sin olvidar, la reducción de un 50 por ciento de la aportación global de los municipios al servicio, pasando de un millón de euros a medio millón.

De ahí que no se pueda consentir que el Grupo Socialista, con su portavoz a la cabeza, vuelva a hacer de las suyas e intente confundir a la ciudadanía poniendo en tela de juicio el trabajo que se viene haciendo en los últimos años en este servicio y que está permitiendo seguir mejorándolo, ahora, con la puesta en servicio de un retén en la capital.

Está claro, a su juicio, que para Mena “todo vale” si con ello consigue su único objetivo, que no es otro que desacreditar a este gobierno, en vez de trabajar por desempeñar una oposición constructiva con la que buscar el beneficio de todos los ciudadanos de esta provincia.

El vicepresidente de la institución, Julián Huete, ha recordado al portavoz del Grupo Socialista en la Diputación que fue el Gobierno de García-Page quien intentó rescindir el convenio en febrero de 2016, pero que no consiguió gracias a las alegaciones en contra del equipo de Gobierno de esta institución provincial, que “sí ha demostrado que le preocupa este proyecto”

También ha recordado que un informe del Servicio de Arquitectura de la Diputación de octubre de 2016 determina que se realizaron certificaciones de obras muy por encima (1,1 millones de euros) de los trabajos ejecutados, por lo que se ha encargado un nuevo informe al mismo servicio para comprobar si ha podido haber incumplimiento grave de las obligaciones esenciales del contrato de asistencia técnica y es necesario acudir a los tribunales

“Diputación Provincial de Cuenca sigue planteando a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la continuidad del convenio para la conclusión de la residencia de mayores de Beteta y le insta a que asuma la gestión de este recurso, como competencia propia que es, y lo haga a la mayor brevedad posible”. De esta manera, ha respondido Julián Huete, vicepresidente de la Diputación Provincial de Cuenca, a las críticas vertidas recientemente por el portavoz del Grupo Socialista, Joaquín González Mena, en las que exigía al equipo de Gobierno de la institución provincial a poner solución de inmediato a esta residencia de mayores.

Y es que, según ha dicho, parece ser que se le ha olvidado que fue, precisamente, el Gobierno de García-Page quien en febrero del pasado año 2016 intentara resolver el convenio para la financiación de esta residencia; objetivo que no consiguió gracias a las alegaciones en contra presentadas por el equipo de Gobierno de la Diputación, que “sí ha demostrado, desde que llegó a esta institución en julio de 2011, que realmente le preocupa este proyecto”, aunque para ello la Junta de Comunidades debe de asumir sus responsabilidades.

No en vano, Huete, que ha comparecido junto al diputado de Fomento, Javier Parrilla, ha recordado que cuando accedieron al gobierno de la Diputación se encontraron con las obras de esta residencia paradas desde abril de ese año, habiendo consumido la totalidad del presupuesto tras dos modificaciones (6.116.493,43 euros), con la empresa adjudicataria, Obrum Urbanismo y Construcciones, S.L.U. en concurso de acreedores desde marzo de 2009 y, además, el Gobierno regional adeudaba a la institución provincial en este proyecto 2,7 millones de euros, que, por cierto, fueron pagados con María Dolores Cospedal al frente del Ejecutivo castellano-manchego.

Aun así, el vicepresidente ha subrayado que se intentaron reanudar las obras, dando luz verde a la tercera modificación presupuestaria solicitada por la Dirección Facultativa que elevaba el presupuesto total hasta los 6,8 millones, pero el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo echó por tierra esta iniciativa al entender que no era aceptable proceder a levantar la suspensión temporal de estas obras que estaban paradas desde abril de  2011, sin olvidar que la adjudicataria se encontraba en concurso de acreedores.

Y, entre tanto, tal y como ha recordado el diputado de Fomento, personal de la Diputación acometió una serie de trabajos de aislamiento en las obras ya ejecutadas de la residencia con el fin de que no se deterioraran con el paso del tiempo, lo que viene a corroborar la preocupación de esta institución por esta infraestructura.

Con este panorama, se abrió otro proceso en torno al intento de resolución del contrato con la empresa adjudicataria, que también se ve judicializado al ser recurrido por la constructora y que concluye con sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-M) con fecha de 13 de febrero de 2017, que confirma dicha rescisión contractual, si bien establece la procedencia de la incautación del 50% de la garantía definitiva.

Pero esto no acaba aquí, puesto en octubre del pasado año un informe del Servicio de Arquitectura de la Diputación determina que en relación a las obras de la Residencia de Beteta existe un saldo a favor de la institución provincial de 1.175.977,05 euros, puesto que se ha certificado y abono obra por un importe mayor al de la ejecución real del proyecto.

Una cuestión muy importante ante la que el equipo de Gobierno ha vuelto a solicitar un nuevo informe al mismo servicio sobre si ha podido haber incumplimiento grave de las obligaciones esenciales del contrato de asistencia técnica y, en su caso, si de dicho incumplimiento se han derivado importantes daños y perjuicios para la Corporación Provincial. Informe que todavía no se ha concluido, pero que, dependiendo de sus conclusiones, no se descarta acudir a los tribunales.

Así las cosas, Huete no entiende cómo el portavoz socialista se atreve a afirmar que esta Diputación no ha hecho nada en los últimos seis años en relación a la Residencia de Beteta cuando “desde el minuto 1 se ha hecho todo lo posible para la conclusión de las obras”. Y en esta línea, le ha recordado que este proyecto es cosa de dos, puesto que está enmarcado en el convenio firmado en 2005 entre la Junta de Comunidades y la Diputación conquense para la construcción de las residencias de mayores de Priego, Cañete y Beteta, inicialmente por un importe de 6,6 millones, que tras sucesivas adendas se elevó hasta los 14 millones, asumiendo el Gobierno regional el 60% y la institución provincial el 40% restante.

Es por ello que ha instado a González Mena a que se informe bien antes de realizar afirmaciones categóricas, porque solo se entienden por “desconocimiento o por la clara intención de confundir a la ciudadanía, a costa de lo que sea”.