Consejera Agustina García Élez

La consejera de Fomento, Agustina García, ha puesto de relieve el “hermanamiento” cultural y de tradición que supone este traslado de ‘aTempora’ a Burgos, para que las personas puedan seguir disfrutando, como lo han hecho más de 105.000 personas en Talavera, de “la mejor exposición de cerámica en toda la historia de la democracia”.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha asistido a la inauguración de la exposición ‘aTempora. 6.000 años de cerámica en Castilla-La Mancha’ en el Forum Evolución de Burgos, fruto de la colaboración y organización de la Fundación de Impulsa de esta región y la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021.

Agustina García Élez, consejera de Fomento, ha destacado que este miércoles es “un día importante para Talavera de la Reina y para toda la cultura y la tradición de Castilla-La Mancha”, ya que “más de 175.000 burgaleses se convierten en potenciales embajadores de la cerámica y la tradición de Talavera y toda la región”, agradeciendo, en este caso, el convenio de colaboración entre las Juntas de Comunidades de Castilla-La Mancha y Castilla y León, a través de las funciones anteriormente mencionadas.

García Élez ha definido este intercambio como un “hermanamiento”, desde el punto de vista cultural, para hablar de cerámica.

En este acto también han estado presentes el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro; el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; el presidente de la Fundación VIII Centenario, Antonio Miguel Méndez Pozo; los alcaldes de Talavera y Burgos; o el arzobispo de Burgos.

La consejera ha recordado que esta muestra estará abierta al público en este espacio hasta el 13 de octubre de 2019, para que “puedan seguir disfrutando, como hemos más de 105.000 personas de Talavera y de la comarca, vecinos de otras provincias, regiones, del país y visitantes de fuera, porque es la mejor exposición que se ha hecho en la historia de la democracia para hablar, exponer y trasladar la esencia de la cerámica”.

Por eso, ha puesto en valor que, una vez clausurada en Talavera, ‘aTempora’ sigue viva en Burgos; por lo que ha agradecido “el compromiso del presidente Emiliano García-Page para que, una vez más, Talavera y la comarca sigan siendo atractivas a través del desarrollo de su cultura fuera de nuestras fronteras”, como es el ejemplo del traslado de la exposición a la región vecina de Castilla y León.

Historia y evolución de la cerámica en Castilla-La Mancha, Talavera y Puente del Arzobispo

Hay que recordar que ‘aTempora Talavera’ ha estado abierta durante más de seis meses en cuatro sedes representativas del patrimonio e historia de la ciudad, como la Iglesia de Santa Catalina, el Museo de Cerámica Ruiz de Luna, el claustro de la Iglesia de La Colegial y el Centro Cultural Rafael Morales.

Ahora Burgos toma el testigo y evidencia la evolución de la cerámica desde el Neolítico a la Edad del Hierro, la época medieval, el esplendor mudéjar, Renacimiento y Barroco, así como una zona monotemática con la cerámica de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo desde finales del siglo XIX hasta la explosión de Ruiz de Luna, Guijo y Compañía en el siglo XX, principios. La exposición en la capital burgalesa podrá visitarse de martes a sábado de forma totalmente gratuita.

Esta renovación de ‘aTempora’ para continuar en el tiempo será otro revulsivo más para el objetivo que persigue el colectivo Tierras de Cerámica con el apoyo de las instituciones, como el Gobierno regional, para que la UNESCO declare la cerámica de Talavera y Puente como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

La consejera de Fomento, Agustina García Élez ha recordado que es la Comunidad de Madrid la que tiene “la potestad de decidir o no la ampliación del abono transporte” hasta Talavera de la Reina y ha invitado al Partido Popular a reunirse con sus compañeros de Madrid para ver si le hace caso. Asimismo, ha insistido en que esta demanda la han venido pidiendo en todas y cada una de las reuniones que han tenido con el Gobierno de la comunidad vecina.

Agustina García Élez, consejera de Fomento, ha recordado que el Gobierno de Emiliano García-Page ha hecho mucho “frente a la ineptitud y la ineficacia del anterior Gobierno de Cospedal”, lo primero “pagar la deuda que ustedes dejaron, de 15,9 millones de euros”. Al respecto ha dicho que “su falta de gestión y por no pagar las facturas pusieron en peligro la revisión y el poder poner en funcionamiento el convenio de 2016, con el que los jóvenes de Castilla-La Mancha, muchos de ellos de Talavera, se pueden beneficiar por 20 euros” todos los menores de 26 años.

Así ha respondido en las Cortes de Castilla-La Mancha a la pregunta sobre la previsión de incluir a Talavera en el abono E2 de transporte de la Comunidad de Madrid. En este punto, ha declarado que “es la Comunidad Autónoma de Madrid la que tiene la potestad de decidir o no la ampliación del abono transporte que llega a nuestra región hasta Talavera; porque si hubiésemos sido nosotros ya habría cambiado el cuento”.

Por eso, ha preguntado al Partido Popular si lo hicieron ellos cuando estuvieron gobernando; “le digo yo la respuesta: no”. Teniendo en cuenta que en la pasada legislatura no se consiguió esta prolongación, García Élez, ha expuesto que “nosotros se lo hemos pedido en todas y cada una de las reuniones que hemos tenido con la comunidad vecina” y ha invitado a la diputada que ha formulado la pregunta a ir a reunirse con su compañero de Madrid, ofreciéndose también a acompañarla, porque “ya que es de su mismo color político, a ver si le hace caso”.

De forma paralela, la titular de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha ha explicado que en 2017 se firmó un acuerdo con la empresa de autobuses que presta el servicio Talavera-Santa Olalla con el que se creó el abono de prolongación hasta esta localidad, para su enlace con la corona E2. Este abono es de 10 viajes y cuesta 25 euros al usuario, que son 12,5 euros en el caso de los jóvenes de 14 a 29 años, ya que sobre él también se aplica el descuento del 50 por ciento en el transporte regular por carretera que ha recuperado el Ejecutivo de García-Page esta legislatura. Igualmente, los poseedores de ese abono pueden usar el servicio Talavera-Madrid en trayecto directo, cuando anteriormente recorría varios pueblos hasta llegar a la capital del país.

El Gobierno regional destina cerca de 600.000 euros cada año para cumplir con el convenio de transportes con la Comunidad de Madrid que afecta a viajeros y viajeras de Talavera.

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha criticado que el anterior Gobierno dejó este proyecto “en un cajón” y ha insistido en que “estamos llegando a acuerdos para que las alternativas se puedan llevar a la práctica, pero nunca renunciando al desdoblamiento de la CM-101” como, por ejemplo, la de la liberación de la R-2 para disponer de los kilómetros sobre los que se actuaría.

García Élez también ha reiterado que la variante suroeste de Talavera no está acabada “porque el Ayuntamiento no ha hecho su trabajo”. Así, ha recordado que “primero tiene que haber una modificación del POM que tiene que pasar por pleno municipal, y tampoco va a esta sesión de noviembre”; al tiempo que ha señalado que, en la fase anterior, el Ayuntamiento remitió el proyecto a la Consejería de Fomento en julio de 2017 y “solo tardamos 10 días en devolverla, y todavía no tenemos conocimiento de esa modificación”.

Agustina García Élez,  consejera de Fomento, ha recordado que desde la Consejería de Fomento del Gobierno regional se está trabajando para buscar la mejor alternativa de desdoblamiento de la CM-101, al tiempo que se ha mostrado sorprendida porque el PP se interese ahora por una infraestructura que “fue modificada, primero, y después paralizada durante la legislatura anterior. Puede que no se acuerden, pero fueron muchas las obras que pasaron a dormir el ‘sueño de los justos’. Yo se lo confirmaré, también el desdoblamiento de la CM-101 se quedó en un cajón”, ha remarcado.

Así lo ha manifestado la consejera durante su intervención en el debate de la Proposición no de Ley relativa al desdoblamiento de la CM-101 en la provincia de Guadalajara en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha celebrado este jueves y que ha concluido con el voto en contra de la mayoría de este punto.

En estos términos, ha expuesto que hace diez años se inició el expediente y en 2011, se sometió el trazado de la primera fase a información pública, aunque “tuvo que venir el PP para paralizar la obra y abandonarla”. García Élez ha añadido que esta política de paralizar obras supuso en algunos casos “indemnizaciones millonarias, con las que hoy hubiéramos podido llevar a cabo toda la obra que nos ocupa”.

Como conclusión a los cuatro años de Gobierno anterior, ha resumido que “disponían de un proyecto que cumplía las prescripciones de la Declaración de Impacto Ambiental, pero que dejaron caducar en base a la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental”. “Lo único que hicieron después con este proyecto”, ha dicho, “fue registrarlo como propuesta en el III Plan Regional de Carreteras aprobado por el PP en abril de 2015, ‘in extremis’ antes de las elecciones”. Esta actuación que se proponía para el desdoblamiento en este plan se limitaba al tramo entre la CM-10 y el enlace de la R2 renunciando al resto de duplicación incluido en el estudio informativo.

“En 2015, el Gobierno del presidente García-Page decide retomar el proyecto, pero nosotros sí realizamos el estudio pertinente de duplicación del tramo entre la Ronda Norte (CM-10) y la conexión con la R-2 y la futura Ciudad del Transporte”, ha argumentado.

El proyecto se dividió a su vez en dos actuaciones independientes. El tramo I supone el refuerzo de la CM-101 desde el kilómetro 0 y duplicación desde el km 1,100 al 3,700 (desde enlace R-2) y el tramo II el refuerzo de la CM-101 desde el km 3,700 al 11,200 (Yunquera de Henares); con un presupuesto de 9,4 y 4 millones de euros, respectivamente.

Por eso, la titular de Fomento del Gobierno regional ha instado a la oposición a sumarse a este trabajo que se está realizando de búsqueda de alternativas, aunque ha mantenido que “estamos llegando a acuerdos para que esas alternativas se puedan llevar a la práctica, pero nunca renunciando al desdoblamiento de la CM-101”. Así, ha explicado que una de ellas puede ser la liberación de la R-2 para disponer de los kilómetros en los que se necesitaría actuar y se ha vuelto a dirigir a la oposición para señalar que “deberían estar aplaudiendo la gestión de este Gobierno, si además ahorramos dinero a los ciudadanos de Castilla-La Mancha”.

La consejera de Fomento ha señalado que se están también buscando las alternativas de la mano de las empresas y de otras administraciones, como el Ayuntamiento de Marchamalo, y ha avanzado que también espera contar con la colaboración del Consistorio de Guadalajara.

El Gobierno regional sigue sin tener conocimiento de la modificación del POM de Talavera

En el turno de preguntas, la consejera también ha tenido que responder sobre el estado de la variante suroeste de Talavera de la Reina y lo ha hecho diciendo que la circunvalación sur no está acabada a día de hoy “porque el Ayuntamiento de Talavera no ha hecho su trabajo. El compromiso del presidente García-Page es cerrar esa vía, pero primero tiene que haber una modificación del POM que tiene que pasar por pleno municipal, y tampoco va en esta sesión de noviembre”. Ha recordado, también, que el proyecto se remitió, en la fase anterior, a la Consejería de Fomento en julio de 2017 y “solo tardamos diez días en devolverla al Ayuntamiento, el 27 de julio de 2017, y todavía no tenemos conocimiento de esa modificación”.

De esta forma, y sobre la petición que le han hecho de finalizar este proyecto, ha pedido que “reivindique allí lo que está diciendo aquí, porque estaremos encantados de seguir con las obras en el momento que se nos pongan a disposición los terrenos”, tal y como fija el convenio.

Mientras tanto, el Gobierno de Castilla-La Mancha no ha estado parado, “viendo la falta de gestión del Ayuntamiento, hemos contratado el proyecto de redacción de construcción; nos hemos adelantado para que en el momento que tengamos la modificación del POM y los terrenos a disposición, podamos dotar financieramente esa infraestructura que, por cierto, ustedes tampoco hicieron”, ha finalizado.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha adelantado que la convocatoria de ayudas al alquiler de 2018 recogerá 11,5 millones de euros y la de rehabilitación edificatoria, bianual para 2018 y 2019, será de 12,5 millones de euros. La previsión es actuar en 30.000 viviendas y beneficiar a cerca de 100.000 vecinos y vecinas de la región.

La consejera de Fomento ha comparado los 200.000 euros y 134 ayudas del Gobierno anterior frente a los 17,6 millones de euros y 11.000 ayudas en materia de rehabilitación edificatoria en lo que va de esta legislatura. Igualmente, en materia de alquiler, ha dicho que durante el actual mandato se han concedido ya 11.000 ayudas y se invirtieron 16,3 millones de euros, por solo 3.000 ayudas y 8,6 millones de euros en todo el anterior.

Agustina García Élez ha expresado que el sector del taxi ha estado y sigue estando apoyado por el Gobierno regional y ha recordado la aprobación este año del Reglamento regional del Taxi. También ha aseverado que “primero tenemos que asistir a la reunión a la que hemos sido convocados para escuchar al Ministerio, ya que no se ha concretado nada al respecto”.

La titular de Fomento del Gobierno de García-Page se ha referido a la sentencia del TSJCLM sobre la Laguna de El Hito y ha dicho que se va a recurrir en casación, reiterando que “no queremos un basurero nuclear”.

Agustina García Élez, consejera de Fomento, ha señalado que “el Gobierno regional del presidente García-Page está preparado para que de forma inminente se ponga en marcha este plan que hoy firmamos, hasta el punto de que no va a pasar ni un solo día para que en el Consejo de Gobierno de mañana (martes) se aprueben las órdenes de convocatoria tanto de rehabilitación edificatoria como de alquiler”.

La titular de Fomento ha explicado que por estas líneas “venimos apostando desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, en ese giro en la política de vivienda de 180 grados, en la que lo que hemos hecho ha sido unir el concepto habitacional y llenarlo con la palabra hogar y dar una solución que en años no se estaba dando en la comunidad”.

Así lo ha puesto de manifiesto la consejera tras la firma del convenio del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en la que ha participado acompañada del ministro de Fomento, José Luis Ábalos; y del resto de sus homólogos del resto de comunidades autónomas de España. También ha estado presente José Antonio Carrillo, director general de Vivienda y Urbanismo.

A preguntas de los periodistas, García Élez, ha detallado que el montante del plan para la región es de 75 millones de euros, con una aportación del 70 por ciento por parte del Ministerio y del 30 restante de la Comunidad Autónoma. “Van a venir a solucionar en gran parte el problema habitacional en Castilla-La Mancha; además, el Gobierno regional siempre va a pelear porque los fondos sean aún mayores de los que actualmente tenemos”, ha añadido.

En relación a las dos órdenes que se aprueban hoy en Consejo de Gobierno, Agustina García Élez ha dicho que la convocatoria de 2018 recoge 11,5 millones de euros para las ayudas de alquiler y la de 2018 y 2019 un total de 12,5 millones de euros para las de rehabilitación edificatoria. En términos globales, “la previsión es actuar en 30.000 viviendas y beneficiar a cerca de 100.000 vecinos y vecinas de Castilla-La Mancha con este Plan Estatal de Vivienda”.

Pese a ello, la consejera ha matizado que “no nos conformamos, siempre vamos a pedir más fondos en materia de vivienda para Castilla-La Mancha para poner soluciones a temas importantes como el alquiler o la rehabilitación edificatoria”, entre otros.

García Élez, no se ha olvidado de insistir en el carácter transversal que tiene la vivienda en la política de este Gobierno, por lo que ha anunciado la novedad de que “las asociaciones del Tercer Sector, que lo venía demandando y este Gobierno lo ha escuchado y ha incorporado, van a poder también optar a estas dos líneas de ayudas”. Años anteriores se habían quedado fuera de las convocatorias.

200.000 euros y 134 ayudas del Gobierno anterior frente a 17,6 millones y 11.000 ayudas en materia de rehabilitación edificatoria

La consejera de Fomento ha hablado de cifras señalando que “los datos hablan por sí solos”. Así, mientras que el anterior Gobierno regional destinó 200.000 euros para 134 ayudas a la rehabilitación edificatoria para viviendas en toda una legislatura, el Ejecutivo de García-Page, en tres años, ya ha otorgado más de 11.000 ayudas por un valor de 17,6 millones de euros.

Del mismo modo, se ha referido a las 3.000 ayudas y 8,6 millones de euros invertidos durante el anterior mandato; y las más de 11.000 ayudas y 16,3 millones de euros destinados a las ayudas de alquiler desde que García-Page accedió al Gobierno regional en 2015. Sobre esta convocatoria de arrendamientos, la consejera ha dicho que “van a priorizar a los colectivos más desfavorecidos, como jóvenes (para los que se reservan 4,2 millones de euros), personas que han sufrido un desahucio o mayores de 65 años”.

El sector del taxi ha estado siempre apoyado por el Gobierno regional y lo seguirá estando

En relación a la posibilidad de que el Ministerio de Fomento delegue las competencias sobre los taxis a las comunidades autónomas, la consejera de Fomento ha señalado que “primero tenemos que asistir a la reunión a la que hemos sido convocados para escuchar al Ministerio, a ver que propuestas nos traslada, ya que de momento no nos han concretado nada al respeto. Lo que sí que ha avanzado la titular del ramo es que en Castilla-La Mancha no nos vemos afectados por este problema; actualmente tenemos 43 licencias de VTC y unas 1.200 de taxi”.

En estos términos, ha resaltado que “es un sector que siempre ha estado apoyado y lo seguirá estando por el Gobierno regional, de hecho, este mismo año hemos sacado el Reglamento del Taxi de Castilla-La Mancha” y ha remarcado que “siempre nos van a encontrar para buscar una solución conjunta; no hay conflicto en la región como sí lo hay en otras comunidades. Nosotros siempre estaremos para colaborar y participar en la medida de lo posible”.

Recurrir en casación la sentencia del TSJ en relación a la Laguna de El Hito

“No queremos un basurero nuclear en Castilla-La Mancha, vamos a recurrir en casación esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ-CLM). No es algo nuevo, es que ya hay sentencia que dice que Villar de Cañas no tiene Plan de Ordenación Municipal (POM), y nuestro objetivo es claro, es que Castilla-La Mancha no sea basurero nuclear de nada; ya no solo tiene la voluntad política, como saben el Gobierno central también dijo que lo iba a parar, sino que también hay una sentencia judicial que dice que no puede ser”.

De esta forma ha respondido la titular de Fomento del Gobierno autonómico tras conocerse la decisión del TSJCLM de anular la ampliación ZEPA del espacio protegido de la Laguna de El Hito acordada por el Gobierno regional.

García Élez, ha manifestado que “desde el inicio de legislatura lo teníamos claro”, además, “el mismo Tribunal dijo que Villar de Cañas no cuenta con un POM justo porque se habían hecho las cosas mal, no se habían guardado las medidas de seguridad en las mediciones, entre otras decisiones del anterior Ejecutivo”, ha finalizado la consejera.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha reiterado que “no existía una deuda reconocida por ambas partes”, y ha desmentido que existiera un incumplimiento de pago, ya que “la parte que estaba pendiente de abonar era la cantidad que debería haberse liquidado durante 2017, según los términos establecidos en el convenio”, un hecho que no materializó al existir una discrepancia en las cantidades.

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha señalado que el Gobierno de García-Page tuvo que liquidar en mayo de 2017 una deuda de 15,9 millones de euros que la región había contraído con la Comunidad de Madrid durante la anterior legislatura. De no haberse hecho efectivo este reembolso, no se podría haber suscrito el nuevo convenio de transportes entre ambas Administraciones.

Agustina García Élez, consejera de Fomento, ha informado que la Consejería de Fomento ya ha tramitado la orden de pago de la anualidad correspondiente a 2016 y que estaba pendiente con el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, con un importe total de 3.984.269,79 euros. “Con ello estaríamos al día de pago con esta comunidad en relación al convenio de transportes que tenemos formalizado entre ambas partes”, ha añadido.

Tal y como ya se expresó desde la Consejería, “no existía una deuda reconocida por ambas partes, Gobierno de Castilla-La Mancha y de la Comunidad de Madrid”, ha reiterado la titular de Fomento, recordando que “no ha habido incumplimiento de pago, ya que la parte que estaba pendiente de abonar era la cantidad que debería haberse liquidado durante 2017, según los términos establecidos en el convenio”; con lo que se ratificaba en desmentir las palabras de la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, y que aludían a un incumplimiento de pago por parte del Gobierno regional.

Sin embargo, a finales del año pasado no se pudo liquidar ese pago al existir una discrepancia importante entre las cantidades que reclamaba el Consorcio de Transportes de Madrid y las previstas por el propio convenio según los criterios de la Consejería de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha.

A finales del año 2017, la Consejería de Fomento solicitó al Consorcio que emitiera una liquidación parcial del período por la cantidad que se proponía, algo a lo que “en principio se negaron y, posteriormente, a finales de año lo hicieron, pero en una fecha en la que ya no fue posible tramitar el pago”, ha dicho la consejera, en la línea de lo que ya avanzó el director general.

Agustina García Élez ha recordado que las cantidades exigidas por la comunidad vecina suponen “un 50 por ciento más”, de 3,9 a 5,1 millones de euros, respecto a las “inicialmente previstas”. Ante esta situación, se decidió realizar un nuevo estudio de movilidad para “establecer claramente los términos en los que se debía calcular el déficit que asumía cada Administración” en la Comisión de seguimiento prevista en el convenio desarrollado por ambas comunidades.

Con esta orden de pago, el Gobierno regional está ahora a la espera de conocer el nuevo estudio de movilidad de los usuarios, condicionado por la implantación del abono joven con tarifa plana de 20 euros, algo que ha hecho que el número de usuarios jóvenes castellano-manchegos haya aumentado de 3.300 a 19.000 personas. Una vez que se conozca ese nuevo estudio, “se podrán acordar las cantidades de liquidación correspondientes”, ha aseverado la consejera.

Este estudio, que iba a realizar el propio Consorcio, todavía no se ha puesto en conocimiento de la Consejería de Fomento.

En mayo de 2017 se liquidó una deuda de 15,9 millones de euros de la anterior legislatura

En relación a las declaraciones de la consejera madrileña sobre los incumplimientos de pago del Gobierno de Castilla-La Mancha, respecto al convenio suscrito entre ambas administraciones en julio de 2016, en la pasada legislatura, el Gobierno anterior no hizo efectivo ningún pago a la Comunidad de Madrid correspondientes a los convenios suscritos en 2011 y 2013, algo que supuso una deuda acumulada de más de 13,5 millones de euros.

Además, también se adeudaban las cantidades correspondientes a 2014 y 2015, al no haberse suscrito convenio en esos ejercicios, y que la Comunidad de Madrid reclamó al Gobierno de Castilla-La Mancha como condición para suscribir el nuevo y que se pudiera seguir disfrutando, por parte de los castellano-manchegos, de las ventajas de utilización de dicho abono y, especialmente, de la tarifa plana de 20 euros para jóvenes. En total, las cantidades adeudadas suponían más de 15,9 millones de euros, que quedaron totalmente liquidadas en mayo de 2017.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha sostenido que la competencia en esta infraestructura es únicamente del Gobierno de España y ha defendido que es fundamental para “impulsar una comarca fuertemente industrial que necesita nuevas vías de comunicación para expandir todo su potencial”.

La consejera de Fomento ha criticado que este año se vuelva a la “casilla de salida” con un nuevo estudio informativo para “dilatar en el tiempo la ejecución de la A-43 por el trazado que fue consensuado ya en 2007 y se aprobó provisionalmente en 2009”.

Agustina García Élez, consejera de Fomento, ha reiterado la petición del Gobierno de Castilla-La Mancha al Ejecutivo central para que ejecute el proyecto de la autovía A-43 por la opción Sur que pasa por Almadén y Puertollano, una infraestructura que, tal y como ha sostenido, “es únicamente su competencia”.

“Vemos injustificable que se planteen nuevos estudios y solicitamos al Gobierno central que apueste por poner en marcha de una vez este trazado de la A-43, que lo haga no sólo porque ya se acordó hace más de 10 años con un amplio consenso, sino porque apostando por esta opción estamos haciéndolo por la vertebración de nuestra región, impulsando una comarca fuertemente industrial que necesita nuevas vías de comunicación para expandir todo su potencial”, ha expuesto.

La consejera de Fomento ha hecho estas declaraciones durante su intervención en el debate de la Proposición no de ley relativa a la construcción de la A-43 (opción Sur) en la comarca de Puertollano que se ha celebrado este jueves en la sesión plenaria en las Cortes regionales, y que ha sido aprobada por mayoría.

García Élez ha recordado que el Ayuntamiento de Puertollano, con el apoyo de sindicatos, partidos políticos y federación de empresarios, al igual que se ha hecho en Almadén, está trabajando en la línea en la que se está pronunciando el Gobierno regional para “dar cumplimiento a una reivindicación histórica y de vital importancia para contribuir a ampliar el esquema de movilidad por carretera en la Península Ibérica”.

La titular de Fomento, ha manifestado que, en la Red Regional de Carreteras, esta legislatura el Ejecutivo de García-Page está destinando más de 165 millones de euros en mejoras de estas infraestructuras, pero que este esfuerzo necesita además de “la implicación de otras administraciones, como es el caso del Gobierno central; para tejer una red funcional y segura”.

Agustina García Élez ha insistido en que la posición del Gobierno regional en relación a la A-43 ya se ha trasladado al ministro de Fomento por parte del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para que “esta infraestructura se ejecute cuanto antes”; solicitud que también se ha llevado por parte de la consejera en varias ocasiones.

Volver a la casilla de salida en la ejecución de la A-43

En este sentido, ha lamentado que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 se haya contemplado una “partida insignificante” para el estudio informativo de la A-43 Mérida-Puertollano, con 111.000 euros. Así, García Élez ha declarado que “no es de recibo que todos los años se presupuesten por parte del Estado partidas para la realización de estas infraestructuras importantes para la comarca de Puertollano y luego no se ejecuten”, por lo que ha criticado que “este año, se quiera volver a la casilla de salida con un nuevo estudio informativo que lo único que pretende es dilatar en el tiempo la ejecución de la A-43 por el trazado que ya fue consensuado en el año 2007”, entre el Ministerio de Fomento y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y que también cuenta con un estudio informativo aprobado provisionalmente en 2009.

Respecto a la A-43, la consejera de Fomento ha sido tajante: “queremos ya un trazado definitivo y que tenga en cuenta lo que se defiende en este debate, pero la aparición en los PGE de una partida para un nuevo estudio, además de alargar los tiempos, nos hace temer que están valorando nuevas opciones en el trazado, lo que ha hecho saltar todas las alarmas”.

En el año 2017, fue rechazada una enmienda en el Congreso de los Diputados para que se contemplara un millón de euros para iniciar este proyecto y, ahora, en 2018, “el importe económico que aparece, aparte de ser mínimo, es un paso atrás”.

De esta forma, la consejera ha avanzado que el Grupo Socialista presentará dos enmiendas en el Congreso “para que el Estado se comprometa a la realización de estas importantes infraestructuras para la comarca de Puertollano y para toda la región”.

Estas enmiendas van encaminadas a que se inicie la opción Sur de la A-43 a su paso por Puertollano y Almadén y, una segunda, para que se inicie igualmente, con una partida realista, la variante que conecte la autovía de Puertollano-Ciudad Real con la N-420 hacia Córdoba (PT-10), que es fundamental para mejorar la circulación en la zona, especialmente los vehículos pesados.

Del mismo modo, García Élez ha señalado la N-430 como otro punto de la provincia de Ciudad Real y que necesita que se actúe en ella cuanto antes por su elevada tasa de siniestralidad.

Mesa de Seguimiento de Puertollano

La consejera también ha instado al Ministerio a aceptar la invitación de la Mesa de Seguimiento de Puertollano, tal y como ya hizo el Gobierno regional. Igualmente, ha dicho que Castilla-La Mancha “no se aísla del mundo, sino que quiere conectarse con las oportunidades”, como en esta ocasión sucede con Almadén y Puertollano. Por eso, ha recordado que el año pasado, el Gobierno central informó del Plan Extraordinario de Carreteras presupuestado con más de 5.000 millones de euros y que nacía con la vocación de eliminar los “cuellos de botella”.

El presidente Emiliano García-Page ha inaugurado este lunes el grupo de depuración de los municipios conquenses de Santa María del Campo Rus, Tresjuncos, Pinarejo, Osa de la Vega, Fuentelespino de Haro y Montalbanejo.

“Una infraestructura que era muy necesaria”, ha dicho la consejera de Fomento, Agustina García Élez, ya que fue paralizada durante la legislatura pasada, junto a otras 157 depuradoras en toda la región, “pero que el presidente García-Page, desde su inicio tenía muy claro que había que recuperar, pues había que devolver a los pequeños municipios y a las zonas rurales, no solo unos derechos, sino la calidad en el agua”.

Desde el inicio de la legislatura “este Gobierno ha realizado una inversión de casi 61 millones de euros en materia de depuración en la región, de los cuales 21 millones pertenecen a la provincia de Cuenca” ha destacado. A lo que hay que añadir los costes de explotación, que suponen unos 25,5 millones, por tanto, una inversión conjunta de 86,4 millones de euros, más de 26 en esta provincia.

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Fomento, ha invertido más de 5,1 millones de euros para la puesta en marcha y la explotación por dos años del grupo de depuración de los municipios conquenses de Santa María del Campo Rus, Tresjuncos, Pinarejo, Osa de la Vega, Fuentelespino de Haro y Montalbanejo, dando servicio a una población equivalente que se verá beneficiada por estas infraestructuras que llega a los 7.050 habitantes.

Así, lo ha explicado Agustina García Élez, consejera de Fomento, durante el acto de inauguración de este grupo en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la localidad de Tresjuncos (Cuenca), en la que ha acompañado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y al que también han asistido José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente primero del Gobierno regional; Ángel Tomás Godoy,  delegado del Gobierno regional en Cuenca; Antonio Luengo, director gerente de la Agencia del Agua; o Esperanza Fernádez,  alcaldesa de Tresjuncos, junto a otros ediles de los pueblos beneficiados por dichas infraestructuras.

“Una infraestructura que era muy necesaria”, ha dicho la consejera, ya que fue paralizada durante la legislatura pasada, junto a otras 157 depuradoras en toda la región, “pero que el presidente García-Page, desde su inicio tenía muy claro que había que recuperar, y devolver a los pequeños municipios y a las zonas rurales, no solo unos derechos, sino la calidad en el agua”.

Esta gran inversión, ha manifestado García Élez, se está haciendo al 100 por cien con el presupuesto del Gobierno regional, “pues tal y como estaba planteado en la legislatura pasada, había un fondo europeo que era cofinanciado al 70 por ciento pero que, debido a la paralización, y al no cumplirse los plazos, tuvo que ser sacado y asumir por parte de este Ejecutivo”.

Y es que, como ha asegurado la responsable de Fomento, “nos importa y mucho la depuración de los municipios sobre todo para garantizar el desarrollo de los pueblos”, pues desde el punto de vista medioambiental, “el objetivo es que cuando se vierte al río Rus y al Záncara, dentro de la cuenca del Guadiana, se haga de forma correcta y dentro de los parámetros que exige la UE”. Por tanto, “con estas depuradoras se asegura que el agua que llega a los ríos y acuíferos del alto Guadiana, donde se encuentra entre otros el parque nacional de las Tablas de Daimiel, estén perfectamente depuradas”, ha apuntado.

En este sentido, la consejera ha destacado igualmente que con estas seis infraestructuras se atenderá de forma conjunta un volumen de agua residual del orden de los 1.210 metros cúbicos, por lo que los “ciudadanos de estos municipios van a disponer por fin de unas instalaciones de depuración, modernas y ajustadas a sus necesidades actuales y futuras de crecimiento”.

“El Gobierno regional del presidente García-Page apuesta por el medio ambiente de nuestra región, que va íntimamente ligado al desarrollo de nuestras zonas rurales”, además como ha añadido, “asumimos que todos los ciudadanos tienen que tener los mismos servicios, entre los que están el abastecimiento y la depuración, independientemente del municipio”, ha indicado.

En este sentido, se ha referido a la situación del río Tajo, pues “en su tramo medio tiene un cauce moribundo por las aguas mal depuradas que vienen de la Comunidad de Madrid. Por eso, ha dicho, “al igual que Castilla-La Mancha está realizando un gran esfuerzo en materia de depuración, así se lo exigimos a Madrid”.

Desde el inicio de la legislatura, ha destacado García Élez, “este Gobierno ha realizado una inversión de casi 61 millones de euros en la región en materia de depuración, de los cuales 21 millones pertenecen a la provincia de Cuenca”. A lo que hay que añadir los costes de explotación, que suponen unos 25,5 millones en Castilla-La Mancha, de los cuales 5,5 son de la provincia de Cuenca. Por tanto una inversión conjunta de 86,4 millones de euros, más de 26 en esta provincia.

“Demostramos que apoyamos la depuración, y que lo vamos a seguir haciendo, porque nos ocupa y preocupa el medioambiente y el medio rural. Con un claro compromiso del presidente y cumpliendo lo que se promete, como fue este grupo de EDAR”, ha apuntado la consejera.

Grupo de Depuración

La EDAR de Santa María del Campo Rus ha contado con un inversión de 1,9 millones de euros, entre la obra y la explotación; se ha diseñado para un volumen diario de agua residual de 600 hm3 y un caudal medio de 25 m3/h. La población beneficiada será de 4.000 habitantes equivalentes. Por su parte, la EDAR de Tresjuncos tiene una inversión entre obra y explotación de 675.920 euros, un diseño para un volumen diario de agua residual de 130 m3 y un caudal medio de 5,4 m3/h; para una población equivalente de 650 habitantes.

En cuanto a la EDAR de Pinarejo, el importe total de la ejecución de obra y explotación alcanza un total de 648.412 euros, con un volumen diario de agua residual de 140 m3 y un caudal medio de 5,8 m3/h, para una población de 700 habitantes equivalentes. Respecto a la EDAR de Osa de la Vega, ha contado con una inversión conjunta, más la explotación, de 770.237 euros, un volumen diario de agua residual de 190 m3 y un caudal medio de 7,9 m3/h, para una población equivalente de 950 habitantes.

Por último, la EDAR de Fuentelespino de Haro ha contado con una inversión conjunta entre obra y explotación de 722.166 euros; un diseño para un volumen diario de agua residual de 100 m3, y un caudal medio de 4,2 m3/h, para una población equivalente de 500 habitantes. Y la EDAR de Montalbanejo, que ha contado con una inversión de 409.857, entre obra y explotación; un diseño para un volumen diario de agua residual de 50 m3, un caudal medio de 2,1 m3/h, para una población de 250 habitantes equivalentes.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reiterado que tan solo hace dos semanas se produjeron restricciones reales a los regantes del Alberche, entre otros, por la situación crítica en este sistema, así como que en el mes de enero los niveles en los embalses de cabecera han sido los peores de los últimos 22 años.

La consejera de Fomento ha señalado que “si yo fuera una dirigente política de Murcia o Levante estaría muy preocupada de que mi sistema productivo estuviera basado en la lluvia que cae en otra región”.

Agustina García Élez, consejera de Fomento, ha recordado que pese a las precipitaciones de las dos últimas semanas “no podemos olvidar que los pantanos de cabecera se encuentran todavía en una situación de emergencia”, pese a alcanzarse un volumen de alrededor de 350 hectómetros cúbicos en Entrepeñas y Buendía.

La titular de Fomento del Gobierno de García-Page ha señalado que “el Gobierno regional lo ha dejado muy claro, el trasvase tiene que ser la última opción porque hay más alternativas y se tiene que apostar por ellas” en la zona de Murcia y del Levante. Por eso, ha declarado que “si yo fuera una dirigente de estas zonas estaría muy preocupada de que mi sistema productivo estuviera basado en la lluvia que cae en otra región”.

En este sentido, ha apostado por “modificar y adaptar ese sistema productivo y no estar esperando a que los pantanos se llenen un poquito más, porque está demostrado con los 400 hectómetros cúbicos tampoco se garantiza el crecimiento y el desarrollo para los pueblos ribereños. No es comprensible que se alcen voces y pidan posibles trasvases cuando ni siquiera los pueblos de cabecera se han recuperado”, en relación a esos 400 que el propio Memorándum establece como posible trasvasable.

Agustina García Élez ha dicho que “nos resulta alarmante que vista la situación de sequía en la que estábamos hace dos semanas, y que en enero hemos pasado la peor circunstancia en los pantanos de los últimos 22 años, que los regantes del Alberche hayan tenido restricciones reales en el riego, veamos que determinados dirigentes de Murcia y Levante que estén esperando a esos 400 hectómetros para que se pueda trasvasar”. Por eso, ha pedido “prudencia” al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para que de forma exhaustiva “analice bien la situación”, dado que las lluvias han calmado la situación extrema y han permitido a algunos sistemas salir de la emergencia o alerta en que se encontraban.

Moción en torno al Pacto por el Ferrocarril en la provincia de Toledo

A preguntas de los medios sobre la nueva moción que se trasladará al Congreso de los Diputados en relación a la defensa de la plataforma logística y el AVE, una vez que fueron rechazadas las dos anteriores en el Senado, García Élez ha declarado que “yo se lo planteé el otro día al propio ministro de Fomento cuando tuve oportunidad, porque no entiendo una nueva moción cuando ya había otra dos sobre la mesa y, además, una de ellas contemplaba expresamente lo que dice el pacto por el ferrocarril en la provincia de Toledo, firmado por los dirigentes políticos de la región y locales, sindicatos, federación de empresarios y ciudadanía”. Por eso, ha dicho no entender que ahora “un partido lo decida modificar de forma unilateral”. Así, ha insistido en que “nosotros vamos a seguir trabajando en la misma línea: en la defensa de las infraestructuras para Castilla-La Mancha y para Talavera”, la plataforma logística y el AVE para Talavera, y también por la inversión en la vía convencional del tren.

Del mismo modo, la consejera de Fomento ha recordado que estas reivindicaciones ya fueron elevadas por el presidente regional, Emiliano García-Page ante el ministro, así como por ella misma posteriormente, y que también se las trasladará el presidente al Rajoy cuando se celebre la reunión que está pendiente.

Reapertura de la Iglesia de Santa Catalina 44 años después de cerrarse al culto

Agustina García Élez ha hecho estas declaraciones antes de celebrarse la misa en la que se ha celebrado la reapertura de la Iglesia de Santa Catalina, incluida en el complejo monástico del Convento de San Prudencio. El oficio ha estado presidido por Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo, y al mismo han asistido también Ángel Felpeto, consejero de Educación, Cultura y Deportes; David Gómez, delegado del Gobierno regional en Talavera; o Jaime Ramos, alcalde de Talavera.

La consejera ha recalcado que esta iglesia es “un templo que viene a demostrar que tenemos joyas patrimoniales muy importantes en Castilla-La Mancha para disfrutar”, así como ha invitado a los turistas de Talavera a visitar este lugar que reabre como espacio religioso y, al mismo tiempo, para acoger muestras expositivas y culturales, después de 44 años cerrado al público.

Aunque la iglesia se ha consolidado con inversión pública y, a través de unas obras que se han prolongado durante dos años, hay que recordar que a finales de la década de los 90, el Gobierno de Castilla-La Mancha invirtió 1,2 millones de euros (200 millones de pesetas) para mantener firme el edificio ante el riesgo de desprendimientos que venía desde la cúpula.

El Gobierno regional ha señalado que además de la aprobación del Real Decreto, el ministro tiene que negociar con las comunidades autónomas la distribución entre ellas de los fondos del plan en el marco de una Comisión Sectorial con representantes de todas las regiones, ni se conoce el efecto que tendrá debido a que todavía no hay fecha para la aprobación de los PGE.

La consejera de Fomento ha expresado que “este Gobierno asumirá la responsabilidad que los ciudadanos de Castilla-La Mancha le han encomendado y tratará de agilizar los trámites que le corresponden a fin de poder beneficiar a éstos, dando luz, en primer lugar, a dos nuevas convocatorias de ayudas al arrendamiento y a la rehabilitación edificatoria”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha venido denunciado en varias ocasiones, desde finales del año pasado, el retraso que venía sufriendo la aprobación del Plan de Vivienda Estatal 2018-2021 hasta que se ha conocido que, finalmente, el Consejo de Ministros de esta semana ha dado luz verde al Real Decreto que regulará el mismo.

Este plan dará continuidad al anterior, 2013-2016, que se prorrogó para el año 2017, y donde se articularon diversas líneas de actuación en forma de ayudas tan importantes como las destinadas al arrendamiento, a la rehabilitación edificatoria y a las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), puestas en marcha en Castilla-La Mancha desde 2015.

“La intención de la Consejería de Fomento ha sido dar continuidad año tras año a este tipo de ayudas”, ha señalado Agustina García Élez, titular de la cartera, “pero este año, al igual que sucedió el pasado, en el que el Estado no firmó la prórroga del anterior plan con las comunidades autónomas hasta el 26 de julio, es un plan que viene con notable retraso”.

Al tratarse de un nuevo Plan de Vivienda, se exige que, además de la aprobación del Real Decreto, el ministro negocie con las comunidades autónomas la distribución entre ellas de los fondos del plan en el marco de una Comisión Sectorial con representantes de todas las regiones, respecto a la que se desconoce el efecto que tendrá debido a que todavía no hay fecha para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Además, el plan establece que corresponde a cada comunidad autónoma la carga de la entera gestión de esta medida. Cada una de ellas, cumplido todo lo anterior, debe tramitar y dar luz a las bases y convocatoria de las distintas líneas de ayudas al plan. Así, al igual que el año pasado, ha señalado García Élez, estamos en “una situación en la que las comunidades autónomas aún no conocemos los recursos con los que contaremos para gestionar el plan, y en la que éste no podrá ser plenamente efectivo, en el mejor de los casos, antes del próximo verano”.

Por otro lado, ha señalado la consejera de Fomento, otro problema es el hecho de que el Estado no admite ayudas que se hayan concedido por las comunidades autónomas en cada ejercicio más allá del 31 de octubre de cada año. Esto da una idea de la realidad actual en la que nos encontramos y es que “el plan de vivienda aún no ha nacido de manera efectiva, ni creemos que pueda hacerlo hasta fechas avanzadas del próximo verano, pues el Estado, y detrás cada Autonomía, aún tiene que realizar varios actos precisos para que puedan concederse ayudas a su amparo, y esto no ha sido posible hasta el pistoletazo de salida que, tarde, se ha producido con la aprobación del Real Decreto estatal por parte del Consejo de Gobierno del día 9 de marzo”.

En este sentido, Agustina García Élez ha avanzado que solicitará al ministro de Fomento que adopte soluciones a esta situación, como el que se admita que las ayudas concedidas puedan referirse a obras y actuaciones anteriores a la aprobación de este Real Decreto, o la ampliación para este 2018 del plazo para la concesión de ayudas en el marco del plan más allá del 31 de octubre que tradicionalmente establece el Estado.

En este sentido, ha lamentado que se repita la situación del año anterior, cuando la efectividad de la prórroga del Plan de  Vivienda 2013-2016 para 2017 se retrasó por el Estado hasta el 26 de julio, con lo que no tuvo más vigencia que los meses de agosto, septiembre y octubre, en los que hubo que hacer un trabajo ímprobo por parte de la Junta de Comunidades para, en tan corto espacio de tiempo, poder hacer realidad las previsiones del plan y distribuir en la región cerca de 13 millones de euros provenientes del Gobierno central entre ayudas arrendamiento y a la rehabilitación edificatoria.

Finalmente, la consejera también ha precisado que este plan no recoge varios de los planteamientos que tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha como diversos colectivos sociales de la región trasladaron al Ministerio de Fomento solicitando su inclusión y que tenían como especial protagonista a la vivienda de protección pública. Como es el caso de la recuperación de la subsidiación de intereses de los préstamos destinados a la adquisición de este tipo de viviendas, suspendida definitivamente en 2013 y sobre la que obra aprobada en el Congreso de los Diputados en 2016 una Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Socialista que no se ha llevado aún a efecto por parte del Gobierno central; la recuperación de ayudas a la promoción y adquisición de viviendas protegidas; o que el cálculo de intereses de dichos préstamos se base en las mismas reglas que las del resto de préstamos hipotecarios, beneficiándose así de la bajada de tipos de éstos.

No obstante, ha concluido la consejera, “este Gobierno asumirá la responsabilidad que los ciudadanos de Castilla-La Mancha le han encomendado y tratará de agilizar los trámites que le corresponden a fin de poder beneficiar a éstos, danto luz, en primer lugar, a dos nuevas convocatorias de ayudas al arrendamiento y a la rehabilitación edificatoria”.

En este sentido, García Élez ha incidido en que, desde 2015, el Gobierno regional ha otorgado más de 11.000 ayudas de alquiler por importe de 16,3 millones de euros, y se han beneficiado de las ayudas de rehabilitación edificatoria más de 11.000 viviendas, con un importe otorgado de 17,6 millones de euros en toda la región.

La consejera de Fomento preside una reunión en la Dirección Provincial de Fomento con el objetivo de establecer los mecanismos necesarios para tener previstas las diferentes opciones que puedan derivarse del informe técnico que se está elaborando sobre el estado del edificio y las posibles soluciones a abordar.

Durante todo el día de hoy, personal técnico externo al Gobierno regional, en coordinación con técnicos de la Consejería de Fomento, de GICAMAN y también del Ayuntamiento de Guadalajara, con quien se está trabajando de manera coordinada, están realizando en el interior del edificio estudios y mediciones con el objetivo de conocer con detalle cuál es la situación del inmueble.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha un operativo con el objetivo de garantizar la atención social y técnica a las familias desalojadas del edificio propiedad de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN) en Guadalajara.

En una reunión que se está prolongando durante toda la jornada en la Dirección Provincial de Fomento y que está siendo presidida por Agustina García Élez, consejera de Fomento, se han establecido los mecanismos necesarios para tener previstas las diferentes opciones que pueden derivarse del informe técnico que se está elaborando sobre el estado del edificio y las posibles soluciones a abordar. En dicha reunión están participando entre otros José Antonio Carrillo, director general de Vivienda y Urbanismo; Javier Barrado, presidente de GICAMAN; Alberto Rojo, delegado de la Junta en Guadalajara; y Julio Calle y José Luis Vega, directores provinciales de Fomento y Bienestar Social, respectivamente.

El objetivo, según ha informado García Élez es “actuar con previsión, para tener cubiertas todas las posibilidades y garantizar la mejor atención a las familias”. En este sentido, las Consejerías de Fomento y Bienestar Social están trabajando de manera conjunta, para garantizar la cobertura de las necesidades que puedan tener las familias, tanto desde el punto de vista social como en lo referido a la información sobre la situación del inmueble.

La consejera de Fomento ha reiterado el compromiso del Gobierno regional para “actuar con la prioridad de garantizar la seguridad de las familias afectadas”. En este sentido, ha indicado que durante todo el día de hoy, personal técnico externo al Gobierno regional, en coordinación con técnicos de la Consejería de Fomento, de GICAMAN y también del Ayuntamiento de Guadalajara, están realizando en el interior del edificio afectado estudios y mediciones con el objetivo de conocer con detalle cuál es la situación del inmueble, las causas que han provocado la situación actual y las acciones correctoras que será preciso llevar a cabo.

El resultado de ese informe determinará las futuras acciones a llevar a cabo, ya que la premisa de su elaboración es la exactitud de los datos analizados para poder adoptar medidas garantizando la seguridad de las familias.

La consejera de Fomento ha puesto de manifiesto también la coordinación de los trabajos con el Ayuntamiento de Guadalajara, con quien esta mañana se ha mantenido una reunión sobre el informe técnico en proceso de elaboración y con quien se están coordinando también las actuaciones en materia de Servicios Sociales.

Agustina García Élez, ha asegurado que “no se pueden considerar cesiones de agua cuando al Júcar no le sobra nada y tiene problemas para atender sus propias demandas”.

La consejera de Fomento ha sostenido que “no lo vamos a consentir, que se saque agua desde Alarcón para Murcia en un nuevo intento voraz de llevarse nuestros recursos cuando en la zona del Levante tienen en las desaladoras la alternativa”.

Agustina García Élez, consejera de Fomento, ha considerado que “la posibilidad de trasvasar agua del Júcar al Segura no haría sino incrementar el déficit existente en el sistema del primero, que es de 195 hectómetros cúbicos al año”. En estos términos, ha recordado que este río soporta tres trasvases internos (Palancia, Turia y Vinalopó-Alicantí), así como otro más del sistema Vinalopó-Alicantí que el Plan Hidrológico del Júcar (PHJ) cifra en 70 hectómetros cúbicos al año.

Estas declaraciones han sido realizadas después de que el Círculo por el Agua de Murcia, Alicante y Almería haya mantenido la petición de un riego de socorro de 60 hectómetros con transferencias externas, que solo podrían llegar a través del acueducto. Debido a las dificultades actuales en la seca cabecera del Tajo, ahora blindada con el mínimo de los 400 hectómetros cúbicos no traspasables, los regantes han planteado que se pueda enviar agua desde el pantano de Alarcón, en la cuenca del Júcar.

En este sentido, la consejera ha dicho que “es descabellado pensar que la Demarcación del Júcar, que tiene sus recursos actuales, futuro e, incluso, hipotéticos, completamente asignados, pueda ceder ni un solo metro cúbico a otra demarcación, cuando esta misma se ve obligada a remitir el déficit actual de 265 hectómetros cúbicos al año al Plan Hidrológico Nacional para que provean soluciones”.

Además, hay que indicar que los recursos que contempla el PHJ y que se trasvasan al sistema Vinalopó-Alicantí y Marina Baja tienen un límite máximo de 80 hectómetros cúbicos al año, pero su concreción y cuantificación real está vinculada a la aprobación de las normas de explotación del sistema del Júcar. Sin embargo, estas normas no están aún ni aprobadas ni redactadas y que, cuando lo estén, “lo que deben hacer es garantizar que no se menoscaben los intereses de todos los usuarios del sistema del Júcar”, ha añadido.

Pero otro hándicap que existe es que la demarcación del Júcar tiene prorrogada la situación de sequía y, el sistema de donde deberían llegar esos recursos que el Círculo del Agua del Murcia pide que se trasvasen, se encuentra en situación de prealerta. De hecho, ya se han establecido restricciones al riego, e incluso se ha solicitado por algunos regantes valencianos que para el abastecimiento a la ciudad de Albacete se deje de recibir agua del embalse de Alarcón y fuera sustituida de manera proporcional por aguas subterráneas de peor calidad.

Derechos del embalse de Alarcón a la Unión Sindical de Usuarios del Júcar

El convenio específico para la gestión optimizada y unitaria del sistema hidráulico del Júcar (Alarcón-Contreras-Tous), reconoce a la Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) derechos respecto del embalse de Alarcón, garantizándose derechos prioritarios a los usuarios integrados en la misma, para lo que establece una reserva en Alarcón a su favor de volúmenes propios, en este mes de enero de 326 hectómetros cúbico, del Júcar excluyendo recursos procedentes de trasvases y considerando que el volumen útil del embalse es a partir de 30 hectómetros cúbicos.

“Por debajo de esta curva de reserva no se podrán atender las demandas de usuarios distintos a la USUJ, salvo para abastecimiento e indemnizando a la propia USUJ”, ha explicado la consejera de Fomento.

Tal y como ha señalado García Élez, “a día de hoy, en el embalse de Alarcón hay 310 hectómetros cúbicos, es decir, por debajo de esa curva de reserva; lo que significaría que los regantes de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental no pueden utilizar el agua superficial para riego”. En resumen, y tal y como ha resaltado “no se pueden considerar cesiones de agua cuando al Júcar no le sobra nada y tiene problemas para atender sus propias demandas”.

Con todas esas circunstancias, la titular de Fomento del Gobierno de García-Page ha recalcado que “en Castilla-La Mancha no lo vamos a consentir, que se saque agua desde Alarcón para Murcia en un nuevo intento voraz de llevarse nuestros recursos cuando en la zona del Levante tienen en las desaladoras la alternativa. No pueden ser tan insolidarios con el Júcar y con el Tajo”.

Así, Agustina García Élez ha concluido diciendo que “estamos en contra de cualquier derivación del Júcar a Murcia y mucho más cuando se está propiciando la toma de agua subterránea en Albacete para su abastecimiento, nos parece una ilegalidad y una especulación”. La consejera ha remarcado que “son capaces de agotar todo menos poner en marcha una utilización sostenible o poner en marcha esas desaladoras”.