CCOO Juan Francisco Zamora

“La sentencia recoge la posibilidad de solicitar el arraigo laboral por cualquier medio de prueba válido en derecho que reconozca haber estado trabajando al menos seis meses, incluido el certificado de vida laboral que acredite una relación laboral de una anterior autorización de residencia”

 CCOO Albacete valora la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2021 (STS 1184/2021), sobre los medios de prueba para acreditar el arraigo laboral y poder solicitar una autorización de residencia para las personas trabajadoras extranjeras. Con esta sentencia se amplían los sistemas válidos para que la ciudadanía extranjera pueda demostrar una relación laboral y solicitar una autorización de residencia temporal.

El secretario de políticas sociales de CCOO Albacete, Juan Francisco Zamora, ha recordado que antes del fallo judicial “los requisitos para solicitar este tipo de permiso de permanencia en España eran los establecidos en el artículo 124.1 del RD 557/2011, de 20 de abril, reglamento sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social: se podrá conceder una autorización de residencia por razones de arraigo laboral, social o familiar cuando se cumplan los siguientes requisitos: por arraigo laboral, podrán obtener una autorización los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de dos años, siempre que carezcan de antecedentes penales en España y en su país de origen o en el país o países en que haya residido durante los últimos cinco años, y que demuestren la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a seis meses. A los efectos de acreditar la relación laboral y su duración, el interesado deberá presentar una resolución judicial que la reconozca o la resolución administrativa confirmatoria del acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que la acredite”.

 “Ahora esta sentencia recoge la posibilidad de solicitar el arraigo laboral por cualquier medio de prueba válido en derecho que reconozca haber estado trabajando al menos seis meses, incluido el certificado de vida laboral que acredite una relación laboral de una anterior autorización de residencia, supuesto que hasta el momento no era reconocido ni por la autoridad laboral ni por extranjería. Dándose la paradoja de una situación irregular sobrevenida, por ejemplo, la pérdida del NIE, la finalización de una primera autorización de un año de arraigo laboral, o solicitantes de asilo, que pueden permanecer en nuestro país durante varios meses hasta resolver su situación, y en cambio, durante estos meses sí tienen la autorización legal para trabajar. Esta situación de no poder renovar los permisos de un año por arraigo laboral se ha visto acrecentada por todos los temas laborales y sanitarios relacionados con la Covid-19”.

 Zamora, ha subrayado la importancia de esta sentencia del 25 de marzo “porque se centra en los medios de prueba de acreditación de la relación laboral de seis meses del arraigo laboral y reconoce expresamente la vida laboral, como medio de prueba de dicha relación laboral. Además, la sentencia va más allá de los medios de prueba para acreditar la relación laboral, va a servir para poder solucionar legalmente el problema a muchas personas trabajadoras extranjeras, que hayan podido recaer en cualquier tipo de irregularidad sobrevenida”.

 Para finalizar, Zamora, ha reseñado que la sentencia contempla que “para poder obtener una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de arraigo laboral ya no es imprescindible que la acreditación de la relación laboral y de su duración lo sea exclusivamente a través de los medios establecidos en el artículo 124.1 del RD 557/2011, de 20 de abril, reglamento sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración socia”l.

Artículo de opinión de Juan Francisco Zamora Salmerón. Secretario provincial de Políticas sociales de CCOO Albacete

Ayer 10 de diciembre, se conmemoraba el Día Mundial de los Derechos Humanos, coincidiendo con el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se aprobó en 1948, y la primera noticia con la que nos despertamos fue el incendio en un edificio abandonado donde “malvivían” 160 inmigrantes, producido por una vela utilizada para alumbrarse, en el que han muerto al menos 3 personas. “Esta tragedia puede pasar aquí”, en nuestra ciudad en cualquier momento, en cualquiera de los asentamientos que existen.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, su artículo primero indica que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Unas palabras sonoras y hermosas del acuerdo internacional pero que solo son eso, frases bonitas pero utópicas, y no tenemos que irnos muy lejos de nuestras casas para ver que este artículo universal no se cumple”.

Al igual, que no se cumple el artículo 2º “todas las personas somos iguales sea cual sea nuestro origen, etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra condición.” Ni el 4º, “nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre”; ni el artículo 25.1 “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

Nuestra sociedad debe ser más justa con el diferente, más solidaria con nuestros vecinos y no sólo nos referimos a los temporeros, a los migrantes que vienen a nuestra tierra en busca de un futuro mejor, en busca de un trabajo con el que poder enviar dinero a sus familias, o que han llegado a nuestro país huyendo de guerras y terrorismo. Nos referimos a cualquier persona que se encuentra en estado de vulnerabilidad económica y social; personas desempleadas de larga duración sin recursos, personas sin posibilidad de encontrar trabajo por falta de formación; ciudadanos y ciudadanas de Albacete, que no pueden pagar ni tan siquiera un alquiler social y mucho menos, acceder a unas condiciones energéticas como luz y calefacción adecuadas para tener una vida digna; mujeres prostituidas, mujeres que viven bajo el miedo a sus parejas o exparejas, aquellas personas que malviven con pensiones paupérrimas.

Debemos ser beligerantes con las expresiones de racismo, machismo y xenofobia que circulan diariamente a nuestro alrededor.

Las Administraciones, independientemente de su signo político, deben ser todavía más efectivas en hacer cumplir estos Derechos Humanos aprobados por la ONU; entre todas y todos debemos potenciar la convivencia entre las personas basándonos “en el respeto mutuo y comprensión hacia el otro o la otra, porque en un futuro; ese otro, esa otra, puedes ser tú”.

Juan Francisco Zamora Salmerón.

Secretario provincial de Políticas sociales de CCOO Albacete

“La falta de personal repercute en un grave perjuicio para la ciudadanía, y consecuencias graves para la salud de los empleados públicos que atienden estos servicios, que suplen con mucha dedicación las dificultades diarias de la atención directa, y se ven sometidos a cargas de trabajo y estrés que acaban pagando con su salud”

“Para prestar un servicio de calidad a los ciudadanos y ciudadanas de Albacete no es suficiente con los 1.500 empleados y empleadas de la AGE. CCOO estimamos que sería necesaria la contratación de unas 160 personas más para trabajar con mayor calidad y eficacia en los servicios de atención a la ciudadanía”

“La pandemia nos ha demostrado que las empleadas y empleados públicos son indispensables para la gestión diaria de las distintas situaciones administrativas que necesita la ciudadanía, realidad que estamos comprobando claramente ante la situación actual de la tramitación de los ERTE, Ingreso Mínimo Vital, DNIs, Pasaportes, entre otros trámites”

Juan Francisco Zamora, responsable provincial de la Administración General del Estado, denuncia la insuficiencia de la OEP del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Zamora, considera “insuficiente” la mejora de la propuesta inicial para la OEP de la Administración General del Estado para el 2020 con un incremento de algo más de 1.900 plazas. “Esta oferta es inferior respecto a la del año pasado, ya que este año se llegará a las 15.236 plazas (8.061 plazas de acceso libre y 7.175 de promoción interna); el año pasado se ofertaron 2.068 plazas más de acceso libre, de nuevas incorporaciones y no de promoción interna, que es todavía más grave”.

El responsable provincial de la AGE en Albacete, ha denunciado que en los últimos 10 años se han perdido 43.500 plazas “una reducción del empleo público en la última década, aún más agravada por la ralentización de las OEP y el envejecimiento de las plantillas. La AGE tiene una población activa muy envejecida y no se están cubriendo las plazas vacantes por jubilación, no se esta creando empleo neto”.

“Para prestar un servicio de calidad a los ciudadanos y ciudadanas de Albacete no es suficiente con los 1.500 empleados y empleadas de la AGE. CCOO estimamos que sería necesaria la contratación de unas 160 personas para trabajar con mayor calidad y eficacia en los servicios de atención a la ciudadanía”.

“La pandemia nos ha demostrado que las empleadas y empleados públicos son indispensables para la gestión diaria de las distintas situaciones administrativas que necesita la ciudadanía, realidad que estamos comprobando claramente ante la situación actual de la tramitación de los ERTE, Ingreso Mínimo Vital, DNIs, Pasaportes, entre otros trámites”, ha destacado Zamora.

“La falta de personal repercute en un grave perjuicio para la ciudadanía, y consecuencias graves para la salud de los empleados públicos que atienden estos servicios, que suplen con mucha dedicación las dificultades diarias de la atención directa, y se ven sometidos a cargas de trabajo y estrés que acaban pagando con su salud”.

En este sentido, Zamora, ha querido incidir que “no es responsabilidad del escaso personal, que gestiona, con profesionalidad este servicio, sino de la falta de iniciativa de la Administración para, de una vez por todas, aplicar medidas correctoras que palien esta grave situación, a través de su oferta de empleo público”.

Así mismo, ha pedido a la Adminstración que “no siga apostando por privatizar servicios, tal como lo ha hecho hasta ahora con los ERTE y el IMV, con contratas de varios millones de euros por trabajos temporales. En este sentido, ha recordado que solo para el Ingreso Mínimo Vital se firmó un contrato por 4 meses con TRAGSATEC, por 7.600.000 euros, que termina a finales de este mes”.

“CCOO pide dotar a la OEP de medidas que garanticen un desarrollo ágil, ya que actualmente más de 4.500 aspirantes de las OEP 2017, 2018 y 2019 tienen procesos aprobados y llevan meses a la espera de incorporarse a la Administración.  Actualmente, hay 15.000 puestos pendientes de convocatoria o en desarrollo, algunos desde hace más de dos años”. Igualmente, Zamora, ha reclamado instrumentos de diagnóstico del empleo público.

Para concluir, Zamora, ha manifestado que “desde el Sector de la Administración General del Estado  volvemos a denunciar esta OEP de 2020 y creemos que debería ampliarse a través de ofertas extraordinarias sobre todo en los sectores ‘más desfavorecidos’como Seguridad Social, SEPE, IMSERSO, DNI e Instituciones Penitenciarias, Extranjería, y especialmente también el personal laboral de la AGE”.