“Las personas con discapacidad intelectual van a poder decidir sobre su plan de futuro de vida y quedará registrado en la administración para que cuando falten sus padres o familiares, todo el mundo sepa cuál ha sido la voluntad de esa persona para garantizarle así una plaza residencial acorde a sus necesidades”.
Prado Zúñiga, directora provincial de Bienestar Social, dio a conocer en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual Grave (CADIG) Guadiana de Ciudad Real el anteproyecto de la ley de Protección y Apoyo Garantizado que se encuentra en fase de borrador.
La aprobación de esta ley establecerá un nuevo marco normativo que responde a un compromiso del Gobierno que preside Emiliano García-Page con las personas con discapacidad y sus familias.
Zúñiga explicó que esta futura ley conllevará un cambio de modelo propiciado por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en la atención y protección a las personas con discapacidad, en el que la propia persona acompañada de su familia se erige en motor de cambio de su futuro con los apoyos que necesite. DISC
También desarrollará lo previsto en la Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha, que prevé un sistema transversal de atención a este colectivo y, entre otras cuestiones, establece diversas medidas de acción positiva, entre las que se encuentran las dirigidas a que los servicios y prestaciones sociales respondan a sus necesidades de apoyo singularizadas para poder desarrollar sus proyectos de vida en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.
En este sentido, la máxima responsable de la Consejería de Bienestar Social en la provincia de Ciudad Real aseguró que “esta Ley de Protección y Apoyo Garantizado sitúa a Castilla-La Mancha como la comunidad autónoma pionera en la regulación de un sistema de apoyos a personas con discapacidad intelectual para que tomen decisiones sobre su propia vida y para que, si fuera necesario, sean tutelados por la administración regional”.
Significará por tanto que “las personas con discapacidad intelectual van a poder decidir sobre su plan de futuro de vida y quedará registrado en la administración para que cuando falten sus padres o familiares, todo el mundo sepa cuál ha sido la voluntad de esa persona para garantizarle así una plaza residencial acorde a sus necesidades”.
Por ello Zúñiga insistió en destacar que “sin ningún lugar a dudas estamos ante una ley que dará tranquilidad a las familias, como así comprobamos en numerosas ocasiones cuando los padres mayores de personas con discapacidad intelectual nos trasladan su preocupación por el futuro de sus hijos cuando ellos mueran, una inquietud a la que el Gobierno regional responde con todas las garantías y que el presidente García-Page tuvo muy claro desde el comienzo de su mandato”.
Actualmente en la provincia de Ciudad Real existen 342 personas tuteladas por la administración regional, una cifra que supone el 30 por ciento de las 1.118 del total de la región.
Indicar por último que el borrador del anteproyecto de Ley de Protección y Apoyo Garantizado a personas con discapacidad está expuesto públicamente en el Portal de Transparencia del Gobierno de Castilla-La Mancha, espacio en el que ciudadanos y entidades podrán realizar sus aportaciones hasta el 18 de julio.