Aurelia Sánchez

La parlamentaria, que accede a la Cámara Alta en sustitución de Jesús Fernández Vaquero, ha prometido acatar la Constitución ante el Pleno de la Cámara

Aurelia Sánchez ha adquirido la condición plena de senadora, tras ratificar su acatamiento a la Constitución ante el Pleno de la Cámara.

La nueva senadora llega a la Cámara Alta, a propuesta del PSOE de Castilla-La Mancha y tras ser designada por el Parlamento de esta Comunidad, el pasado 22 de abril. Sánchez sustituye a Jesús Fernández Vaquero, fallecido el 24 de marzo.

Ha sido la presidenta del Senado, Pilar Llop, la que, al inicio de la sesión, ha reclamado la presencia de Aurelia Sánchez para, ante un ejemplar de la Carta Magna, tomarle declaración de acatamiento. Una vez que ha expresado su promesa de respetar la Constitución, la senadora castellano-manchega ha tomado posesión de su escaño en las bancadas que en el hemiciclo ocupa el Grupo Socialista.

Aurelia Sánchez Navarro nació en Albacete el 15 de abril de 1961. Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, Sección Psicología. Psicóloga especialista en Psicología Clínica, Medicación Familiar y Psicoterapia Sistémica. Funcionaria de Carrera del Cuerpo Superior de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Sánchez Navarro, acumula una larga trayectoria política y profesional. Ha sido Consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha desde 2015 a 2021, donde ha llevado a cabo las tareas como Presidenta del Consejo Asesor de Servicios Sociales, Consejo de las Personas Mayores, Consejo de Infancia y Familia, Consejo del Pueblo Gitano, Consejo de Cooperación al Desarrollo, Consejo de Voluntariado, Comisión para el Diálogo Civil con la Mesa del Tercer Sector. Además, ha sido Vicepresidenta de la Comisión de las Políticas de Discapacidad y de la Fundación Sociosanitaria.

También, de 1989 a 1999, fue Presidenta del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha.

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha aseverado que “el Gobierno de Castilla-La Mancha ha atendido y ha facilitado más de 41.688 prestaciones económicas a familias de nuestra región, durante el año 2020”. Además, el Ejecutivo regional “no va a dejar a nadie atrás y va a proteger y atender a todas las familias de nuestra región para que puedan salir adelante”, ha matizado.

Asimismo, Sánchez ha remarcado que “el apoyo económico es imprescindible para las familias en situación de vulnerabilidad social y económica, pero también el apoyo profesional que, con los equipos técnicos de inclusión y los profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria, que son la verdadera garantía para conseguir que las personas que peor lo están pasando consigan mejorar su situación de vida y consigan también mejorar su bienestar”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha atendido a más de 100.000 personas dentro del Sistema de Prestaciones Económicas regional durante el año 2020.

Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez que ha avanzado que “el Gobierno de Castilla-La Mancha ha atendido y ha facilitado más de 41.688 prestaciones económicas a familias de nuestra región durante el año 2020”.

En este sentido, Aurelia Sánchez, ha detallado que “2.509 se corresponden con ayudas de Ingreso Mínimo de Solidaridad, 11.130 familias se han beneficiado de las Ayudas de Emergencia Excepcional Covid-19, dotadas con 15 millones de euros; 3.541 prestaciones se corresponden con los beneficiarios de las prestaciones de ayuda a la pobreza energética, 3.191 familias son las beneficiarias de las Ayudas de Emergencia Social; 790 personas reciben prestaciones por situación de viudedad, 7.500 familias reciben ya la prestación del Ingreso Mínimo Vital en Castilla-La Mancha, y en el caso de las familias numerosas son más de 13.000 las que reciben una prestación en la región, un sistema de protección único en todo el territorio nacional para las familias”.

En este contexto, Aurelia Sánchez, ha señalado que “el Gobierno de Castilla-La Mancha no va a dejar a nadie atrás y va a proteger y atender a todas las familias de nuestra región para que puedan salir adelante, para lo que se está trabajando en el nuevo Decreto de Armonización del Sistema de Prestaciones Económicas”.

Asimismo, la consejera ha remarcado que “el apoyo económico es imprescindible para las familias en situación de vulnerabilidad social y económica, pero también el apoyo profesional que, con los equipos técnicos de inclusión y los profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria, que son la verdadera garantía para conseguir que las personas que peor lo están pasando consigan mejorar su situación de vida y consigan también mejorar su bienestar”, ha concluido.

Artículo de Opinión de Aurelia Sánchez.  Consejera de Bienestar Social con motivo del Día Mundial de la Justica Social, que se celebra hoy 20 de febrero

La Asamblea General de Naciones Unidas decidió en 2007, por resolución unánime, proclamar el 20 de febrero de cada año como el Día Mundial de la Justicia Social. En esa resolución se reconoce que “el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas, y que, a su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

La justicia social es un principio fundamental para la convivencia y para el desarrollo social que va unido a la igualdad y a la eliminación de las barreras que discriminan a las personas por la edad, el género, la etnia, la capacidad económica, la discapacidad, la situación de dependencia o la cultura.

El tema principal de la conmemoración de este año es ‘Un llamamiento a la justicia social en la economía digital’, poniendo de este modo el foco de atención en los cambios tecnológico que están transformando el panorama laboral, la relación personal y la propia manera de vivir. En la última década se han desarrollado las tecnologías de la comunicación, se ha expandido la conectividad de la fibra óptica y han proliferado las plataformas digitales y las comunicaciones a través de las redes sociales. Pero este desarrollo digital no ha llegado por igual a todas las personas ni a todos los sectores de la población. Sabemos que las personas de edad más avanzada y las personas y colectivos más vulnerables tienen más dificultades para acceder y beneficiarse de las ventajas de las tecnologías digitales en un mundo en el que cada vez se hace más necesario su utilización para tareas concretas de la vida diaria.

Existe una brecha digital en lo que respecta a la disponibilidad, asequibilidad y acceso a Internet y a las tecnologías de la información que ha agravado las desigualdades existentes. Pero, si cabe, esta situación se ha puesto más de manifiesto con la pandemia por COVID-19 que estamos viviendo desde hace un año y que está teniendo, no solo consecuencias sanitarias y, lamentablemente, para la vida de muchas personas, sino que está dejando importantes consecuencias sociales, económicas y psicológicas.

Es por ello que este Día Mundial de la Justicia Social es una oportunidad para poner de manifiesto la necesidad de promover medidas para superar la brecha digital que afecta a las personas con más dificultades y a la población más vulnerable y también para promover un uso práctico, ético y razonable de estas tecnologías.

Estamos viviendo momentos difíciles, pero debemos afrontar el futuro aprovechando todas las oportunidades y manteniendo un trabajo constante por mejorar la protección social, por apoyar a las personas mayores, a las que tienen discapacidad o se encuentran en situación de dependencia y también a las familias y a la infancia más vulnerable y las que se encuentran en situación de pobreza o atrapadas en procesos de exclusión social.

Debemos ser optimistas y tenemos la obligación de generar ilusión y confianza en la sociedad en su conjunto, pero debemos construir alianzas con todos los agentes económicos y sociales, entre la diversas administraciones públicas, con los profesionales de los servicios sociales, con las entidades sociales y con la sociedad civil; con mecanismos de diálogo, como los propiciados con la puesta en marcha de la Comisión para el Diálogo Civil con la Mesa del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha, que empezará a dar sus resultados, sin perder de vista que lo importante son las personas y especialmente las que más apoyo necesitan y las que viven en situación de pobreza y exclusión social.

Mejorar la atención y propiciar procesos de inclusión social son los dos grandes retos que tenemos por delante. No obstante, la justicia social tiene que ver con la equidad, con la solidaridad, con la dignidad y con la calidad de vida de las personas, porque tal vez hoy a las sociedades no haya que valorarlas solamente por su riqueza sino por su bienestar social.

Aurelia Sánchez Navarro

Consejera de Bienestar Social.

Artículo de Opinión de Aurelia Sánchez. Consejera de Bienestar Social con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil.

Bajo el lazo dorado que representa la lucha de los niños y niñas contra el cáncer infanto-juvenil hoy, 15 de febrero de 2021, se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil. Este año, con unas circunstancias difíciles y complejas que impiden muchas cosas, pero que no impiden que sigamos prestando la mejor atención posible a estos luchadores y a sus familias y que el Gobierno regional mantenga como prioridad social y sanitaria la atención al cáncer infantil.

Este día se celebra desde 2001 a iniciativa de la Organización Internacional de Cáncer Infantil, y tiene como objetivo que todo niño y niña diagnosticado con cáncer reciba la mejor atención médica y psicológica posible, y que todos los niños y niñas, con independencia de su origen, raza, o religión y de otras circunstancias, como lo representa la Covid-19, tienen derecho a un diagnóstico temprano, y el acceso al tratamiento.

Sobre la base de este objetivo el movimiento asociativo ha adoptado este año el lema “Una mejor supervivencia es posible”, poniendo en evidencia que la atención a los niños y niñas no puede verse afectada a pesar de las extraordinarias circunstancias en las que nos hallamos.

En Castilla-La Mancha la incidencia del cáncer infantil es de, aproximadamente, entre 40 y 50 casos cada año, a la vez que, gracias a los avances de la investigación y la medicina, la supervivencia en este tipo de cánceres se sitúa por encima del 80%, lo que no impide que el cáncer infantil, su tratamiento y a la atención a las familias continúen siendo una preocupación del Gobierno regional.

En este sentido, quiero destacar que en Castilla-La Mancha, no sin dificultad y con las debidas precauciones, se han mantenido los recursos de atención, tanto sanitaria como social, y se ha dado continuidad a los protocolos y calendarios de atención

La atención al cáncer infanto-juvenil es una tarea compartida por los distintos departamentos del Ejecutivo. De este modo, en primer lugar, ofrecemos el mejor de los tratamientos sanitarios posibles, lo que incluye la atención psicológica de los menores y de sus familias, ofrecemos atención social, favorecemos el alojamiento de las familias cuando tienen que desplazarse para recibir los tratamientos en los pisos de acogida o el refuerzo educativo que los menores reciben cuando no pueden acudir su centro educativo con normalidad o, por último, la atención a las secuelas, que ofrece tratamientos individualizados.

Además, a lo largo de estos últimos años se han ido logrando avances que han dado satisfacción a las proporcionadas demandas del movimiento asociativo de familiares de niños con cáncer de Castilla-La Mancha representado por AFANION. Demandas como que la Unidad de Oncohematología Pediátrica de Castilla-La Mancha, del SESCAM, atienda a los pacientes adolescentes hasta los 18 años de edad acabando con la práctica de que a partir de los 14 años fueran derivados a las unidades de oncología de adultos; o como el reconocimiento del grado de discapacidad del 33 por ciento de los niños afectados de cáncer, lo que demuestra la sensibilidad e implicación de la administración regional.

Deseo agradecer a los y las profesionales de todos los ámbitos y voluntarios su desvelo por estos niños, su esfuerzo y su compromiso y, de manera especial, reconocer el valor de los niños y niñas y de sus familias, que con su ejemplo de superación logran vencer a la enfermedad.

Desde el Gobierno, con motivo del Día Internacional contra el Cáncer reafirmamos nuestra solidaridad y compromiso con los niños y niñas afectados por esta patología y sus familias y declaramos nuestra voluntad de continuar el compromiso de sus representantes para contribuir a responder a sus necesidades y paliar el impacto de la pandemia en sus vidas, velando por su salud y bienestar.

Aurelia Sánchez Navarro

Consejera de Bienestar Social

La consejera de Bienestar Social ha señalado que el objetivo es en todo momento “garantizar y proporcionar seguridad y apoyo a las personas usuarias del Servicio Público de Teleasistencia ante cualquier emergencia mediante contacto telefónico, con mayor intensidad en aquellas zonas más afectadas por el temporal de nieve, identificando sus necesidades”.

Así, desde el inicio del Plan de emergencias el pasado 6 de enero, los 160 profesionales del Servicio Público de Teleasistencia, han atendido a un total de 7.341 usuarios en riesgo. Por provincias, han atendido a 859 personas usuarias en Albacete, 3.115 personas usuarias del servicio en la provincia de Ciudad Real, 206 en Cuenca, 281 en Guadalajara y 2.880 personas usuarias en la provincia de Toledo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha atendido al 100% de los usuarios en riesgo del Servicio Público de Teleasistencia a través del Plan de emergencia activado frente a las incidencias que ha provocado el temporal de nieve durante estos días en la región.

Así lo ha manifestado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, durante la reunión que ha mantenido de forma telemática con Arancha Ramos, Delegada Territorial de Tunstall-Televida, empresa adjudicataria del Servicio Público de Teleasistencia, en la que ha estado acompañada de la viceconsejera de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Ana Saavedra.

En este sentido, Aurelia Sánchez, ha señalado que el objetivo “es en todo momento garantizar y proporcionar seguridad y apoyo a las personas usuarias del Servicio Público de Teleasistencia ante cualquier emergencia, mediante contacto telefónico con mayor intensidad en aquellas zonas más afectadas por el temporal de nieve, identificando sus necesidades”.

Así, desde el inicio del Plan de emergencias el pasado 6 de enero, los 160 profesionales del Servicio Público de Teleasistencia, han atendido a un total de 7.341 usuarios en riesgo. Por provincias, han atendido a 859 personas usuarias en Albacete, 3.115 personas usuarias del servicio en la provincia de Ciudad Real, 206 en Cuenca, 281 en Guadalajara y 2.880 personas usuarias en la provincia de Toledo.

De este modo, Aurelia Sánchez, ha destacado que los profesionales han contactado con los usuarios que viven solos de estas zonas para asegurar que tienen las necesidades básicas cubiertas y no se encuentran en peligro. En cuanto a las incidencias registradas, y coordinadas con los Servicios de Emergencia de la región, han sido principalmente los cortes de luz que se han producido en los domicilios debido a las nevadas, con un total de 24 domicilios a los que se les está realizando un seguimiento de dos llamadas diarias, para verificar y en su caso facilitar los suministros de alimentación y medicación que pudieran tener, fundamentalmente las personas mayores.

Desde el Servicio Público de Teleasistencia se recomienda a los mayores y usuarios no salir del domicilio salvo que sea estrictamente necesario, extremar la precaución con las estufas o braseros, utilizar ropa de abrigo, mantener una alimentación equilibrada y rica en vitamina C, beber líquido en abundancia, así como pulsar el botón rojo ante cualquier duda, consulta o emergencia en cualquier momento del día.

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha indicado que la convocatoria de Ayudas Económicas para Familias Numerosas en Castilla-La Mancha cuenta con un presupuesto de 6,5 millones de euros. En la región, hay 36.643 familias numerosas, de ellas 31.250 son de categoría general y 5.393 de categoría especial. Un total de 14.312 se benefician de una prestación económica.

Asimismo, la titular de Bienestar Social ha informado que la convocatoria de las Ayudas de Emergencia Social para 2021 tendrá un presupuesto de 4,7 millones de euros. “El objetivo fundamental es atender situaciones de urgente o grave necesidad que puedan tener las familias y que no puedan ser atendidas por otro medio, así como las necesidades básicas o también situaciones de urgencia en el mantenimiento de la vivienda. Para 2021 se van a incluir también situaciones de emergencia sobrevenidas por el Covid- 19. La previsión es poder atender unas 5.000 ayudas de emergencia social en 2021”, ha aseverado la consejera.

El Gobierno de Castilla-La Mancha destina 18,5 millones de euros para 2021 en concepto de prestaciones económicas dirigidas a familias en situación de dificultad social.

Así lo ha manifestado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, durante la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de la semana pasada en materia de Bienestar Social, donde ha indicado que “se trata de un importante paquete de medidas sociales con el que el Gobierno del presidente Emiliano García-Page quiere comenzar un 2021 con fuerza y esperanza”.

En este sentido, Aurelia Sánchez, ha indicado que la convocatoria de Ayudas Económicas para Familias Numerosas en Castilla-La Mancha cuenta con un presupuesto de 6,5 millones de euros.  En la región hay 36.643 familias numerosas y de ellas 31.250 son de categoría general y 5.393 de categoría especial.

Además, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la convocatoria de ayudas para el mantenimiento de condiciones básicas de vida destinadas a personas en estado de viudedad o situación análoga. En 2020 se beneficiaron 741 personas con un presupuesto de 500.000 euros.

Asimismo, la titular de Bienestar Social ha informado que la convocatoria de las Ayudas de Emergencia Social para 2021 tendrá un presupuesto de 4,7 millones de euros. “El objetivo fundamental es atender situaciones de urgente o grave necesidad que puedan tener las familias y que no puedan ser atendidas por otro medio, así como las necesidades básicas o también situaciones de urgencia en el mantenimiento de la vivienda. Para 2021 se van a incluir también situaciones de emergencia sobrevenidas por el Covid- 19. La previsión es poder atender unas 5.000 ayudas de emergencia social en 2021”, ha aseverado la consejera.

En este contexto, Aurelia Sánchez ha subrayado que dentro de las Prestaciones Económicas se ha aprobado la resolución del Ingreso Mínimo de Solidaridad para perceptores activos. “Se trata de la convocatoria del IMS para beneficiarios que lo estén percibiendo en 2020 o que tengan derecho a que se le pueda renovar en 2021, sobre todo aquellos que no tienen acceso al ingreso mínimo vital del Gobierno de España. Se destinan 6,7 millones de euros para poder atender a las 1.350 familias que en 2021 perciben este ingreso mínimo de solidaridad con una media de 533 € mensuales y también aquellos que previsiblemente puedan renovarlo para 2021” ha matizado la consejera.

A este respecto, Aurelia Sánchez, ha avanzado que desde el Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha “se está apoyando a todas las personas y familias que se puedan incorporar al Ingreso Mínimo Vital que es la renta garantizada puesta en marcha en el año 2020 por el Gobierno de España. En la actualidad, hay 6.400 familias que están percibiendo el IMV en la región, y la previsión es que haya un incremento importante en 2021. En total, casi 8.000 familias están recibiendo una renta mensual para poder atender sus necesidades básicas, el doble que en el año 2019”, ha informado.

Así, “estamos trabajando en una normativa que armonice todas las prestaciones económicas de las que les he informado, pero también de nuevas prestaciones económicas para lo que se reserva un presupuesto adicional de 7,2 millones de euros. El objetivo fundamental es que todas las familias que lo necesiten puedan ser atendidas y que nadie quede atrás” ha aseverado la consejera.

Contrato de Servicios y licitación de obras

Por otro lado, la consejera de Bienestar Social ha informado de la autorización del contrato de servicios para el centro de atención a personas con discapacidad gravemente afectadas de Santa María de Benquerencia en la ciudad de Toledo, con un presupuesto de 1,5 millones de euros y que incluye los servicios de lavandería, limpieza y mantenimiento del centro con una duración de tres años. Este centro cuenta con 48 plazas distribuidas en cinco unidades residenciales, más diez plazas de centro de día.

Finalmente, Aurelia Sánchez, ha dado cuenta de la licitación del contrato de obras de reforma de la Residencia de Mayores ‘Barber’ en la ciudad de Toledo por un importe de 2,7 millones, y que incluye la rehabilitación integral y adaptación de la primera planta

Artículo de Aurelia Sánchez Navarro. Consejera de Bienestar Social, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad

En el extenso calendario de días internacionales propuestos por la ONU, todos son importantes, pero hay algunos que, por su especial significado, están marcados en rojo. Es el caso del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En esta ocasión, como no puede ser de otra manera, este día se celebra bajo el lema: «Reconstruir mejor: hacia un mundo inclusivo, accesible y sostenible después del COVID-19 por, para y con las personas con discapacidad».

Este día se conmemora desde 1992, poniendo en evidencia la importancia de velar por los derechos de las personas con discapacidad y desarrollar políticas que permitan su pleno ejercicio, una labor en la que el Gobierno regional está comprometido y que cuenta como aliados fundamentales a las personas con discapacidad y sus familias organizadas entorno a un comprometido movimiento asociativo.

La crisis del coronavirus ha afectado a todos los aspectos de la sociedad, a nuestras estructuras económicas y sociales, más si cabe en lo referido a las personas vulnerables, como son las personas con discapacidad, personas mayores, o aquellas que se encuentran situación de dependencia.

A lo largo de estos últimos años, entre todos, hemos hecho avanzar a nuestra región, en términos de protección y apoyo a todos los colectivos sin distinción, ofreciendo más y mejores servicios de calidad a la ciudadanía, particularmente a las personas con discapacidad.

Es innegable que los planteamientos de partida se han visto afectados por la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, sin embargo, el Gobierno mantiene su agenda social, que se basa en el cuidado a las personas, especialmente las más vulnerables, y en el diálogo con los y las profesionales, las entidades y los colectivos sociales.

La complejidad de esta época también supone un importante punto de inflexión que permite reflexionar sobre los distintos modelos y sistemas, y que inicien sobre los retos a los que como sociedad nos enfrentamos para evolucionar en la dirección correcta. Estamos ante una oportunidad de avanzar en la construcción de una sociedad más inclusiva, en la que las personas con discapacidad y sus familias tienen mucho que decir y aportar, tienen nuestro compromiso como gobierno de su efectiva incorporación a las iniciativas de respuesta a la recuperación posterior a la Covid-19.

Aún queda mucho por hacer. A pesar de que el trabajo colectivo, la responsabilidad de tantas y tantas personas, los recursos humanos y materiales empleados y los avances científicos nos permiten observar el futuro cercano con gran esperanza, no debemos bajar la guardia. En este punto quiero tener un especial reconocimiento a las personas con discapacidad, a sus familias, y a las entidades sociales que comparten nuestro modelo de atención, y que han mantenido un comportamiento ejemplar en momentos difíciles.

Se ha hecho y se está haciendo un gran trabajo por parte de los y las profesionales, un gran trabajo por parte de las entidades, desde la más pequeña, que apenas gestiona una vivienda con apoyo, a la más grande que cuenta con múltiples recursos. También desde los centros propios de titularidad del Gobierno Regional y Entidades Locales. Del mismo modo que deseo valorar la colaboración, lealtad y cercanía del CERMI y de Plena Inclusión en estos complejos meses.

En Castilla-La Mancha hemos optado por un modelo de atención centrado en las familias que se soporta en una red de apoyos completa que abarca todo el ciclo vital de las personas con discapacidad, desde la Atención Temprana a la inclusión laboral a través de los Servicios de Capacitación, a la vez que reforzamos año tras año la red de atención especializada en viviendas, plazas residenciales o centros de atención a personas gravemente afectadas, donde tan sólo en esta legislatura contamos con 470 plazas más.

Nuestro objetivo, hoy más que nunca, es continuar construyendo una sociedad inclusiva, continuar generando apoyos y avanzando en derechos, reconstruir de la mano de las personas con discapacidad, porque garantizar sus derechos es invertir en nuestro futuro, un futuro que se abre frente a nosotros con más bienestar.

Aurelia Sánchez Navarro

Consejera de Bienestar Social

Artículo de Opinión de Aurelia Sánchez. Consejera de Bienestar Social, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Hace 32 años la iniciativa de un humilde sacerdote francés, hijo de padre polaco y madre española, congrego a más de 100.000 personas en París con un fin, combatir la pobreza. Este hombre se llamaba Joseph Wresinki y su iniciativa se tradujo en que, unos años más tarde, la ONU instaurara el 17 de octubre como Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, una fecha que va más allá de ser una mera declaración de intenciones, es una auténtica llamada a la acción a favor de la igualdad y la dignidad humana.

A lo largo de estos treinta años, principalmente en los países desarrollados, se han producido avances sociales y económicos sin precedentes, que han logrado reducir la pobreza y han mejorado los niveles de vida en general, lo que de manera directa tiene un efecto sobre la justicia social y la igualdad, sin embargo, aún queda camino por recorrer.

Este 2020 se ha revelado como especialmente complicado debido al reto colectivo que supone la pandemia de la Covid-19, cuyos efectos son, en primer término, sobre la salud, pero también incide de manera directa sobre la sociedad y la economía.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se basa en no dejar a nadie atrás y plantea erradicar la pobreza en el año 2030, para lo cual el acceso a los servicios básicos, la adquisición de los conocimientos y capacidades necesarias, son imprescindibles para lograr estos objetivos. Esto forma parte del fundamento de la política de Castilla-La Mancha para combatir la pobreza

El Gobierno regional, junto con las entidades del Tercer Sector, mantenemos una posición fuerte frente a la pobreza y la desigualdad social con un objetivo plenamente vigente: erradicar la pobreza severa reduciéndola, al menos, a la mitad, compromiso que se manifiesta en la Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social 2017-2020 y que tiene al empleo, como mecanismo esencial para la inclusión activa y recurso para salir de la pobreza, a la educación, como mejor medida preventiva, especialmente de la pobreza infantil, y la garantía de ingresos adecuados como medida de choque.

Fruto de las medidas realizadas hemos logrado reducir el principal indicador europeo, la Tasa Arope, en 6 puntos desde 2015, pasando de un 36,7% a una 30,7% actual, lo que ha permitido sacar del riesgo de pobreza a 151.000 castellano-manchegos en este período de tiempo.

Pero no nos conformamos con ello, se debe poner el énfasis en adoptar un enfoque multidisciplinar a largo plazo que rompa con la cronificación de la pobreza insistiendo en el camino emprendido, aprendiendo de lo logrado y adaptando las medidas a la nueva realidad.

Estamos en una época llena de cambios y mejoras como la implantación del Ingreso Mínimo Vital, y se hace indispensable el ajuste de los sistemas de rentas básicas autonómicos, algo sobre lo que el Gobierno regional ya trabaja para ofrecer un sistema de apoyos completo desde distintos enfoques y áreas de actuación.

Castilla-La Mancha está comprometida en combatir las desigualdades sociales y el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza es un buen momento para recordar las necesidades sociales de las personas y las familias; el trabajo conjunto de toda la sociedad, con el impulso del Gobierno regional; y la colaboración de las entidades sociales y las empresas, para conseguir mayor bienestar de todas las personas y especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad.

Aurelia Sánchez Navarro

Consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha

Artículo de Opinión de Aurelia Sánchez. Consejera de Bienestar Social con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores

Desde 1990 el primero de octubre se celebra, por decisión unánime de la ONU, el Día Internacional de las personas mayores, de las personas de edad, dedicado a honrarles y reconocer el papel que han desempeñado en el desarrollo de la sociedad, y también un buen momento para hacer una llamada sobre los desafíos que el envejecimiento y el incremento de la esperanza de vida plantea en las sociedades actuales.

Este año 2020, la situación provocada por la crisis sanitaria de la Covid-19, pone el foco en la importancia de la protección, el cuidado y las nuevas necesidades de la población mayor, teniendo en cuenta que la pandemia afecta en mayor medida a la población de 60 o más años.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de enero de 2020 la población mayor de 64 años en España es de cerca de 9,3 millones de personas, habiendo aumentado desde 2002 en más de dos millones de personas, principalmente por el incremento de la esperanza de vida, y en Castilla-La Mancha representa al 18 por ciento de la población, con más de 380.000 personas en esa franja de edad.

Otra de las cuestiones que tenemos presente son los diversos perfiles de las personas mayores teniendo en cuenta cuestiones demográficas, sociales, económicas o de salud, que nos indican que el colectivo no es, ni mucho menos, homogéneo y sus necesidades son muy variadas y dispares.

Las proyecciones demográficas más fiables indican que hacia 2050 las personas mayores casi habrán duplicado su número actual, siendo el grupo de edad más numeroso, por encima de la población en edad laboral (16-64) y los niños (0-15), que habrán reducido su peso en la pirámide de población, en esas fechas en Castilla-La Mancha podrían vivir cerca de 600.000 personas con 65 o más años.

Somos el segundo país con más esperanza de vida, con una media de 83,2 años, siendo, en el caso de las mujeres de 85,9 años y 80,5 años en los hombres. Este notable incremento proviene, principalmente, del  avance producido en las condiciones sanitarias, sociales, económicas, y los estilos de vida más saludables, pero también por una enorme mejora en la supervivencia en la vejez.

Además, a este incremento de la esperanza de vida, debemos incorporar la calidad de la misma. Las personas mayores tienen, cada vez más, una percepción de su estado de salud mejor, lo que les hace reclamar nuevos y mejorados servicios orientados al envejecimiento activo y saludable, a la vez que su participación en la toma de decisiones sobre los asuntos que les importan es cada vez mayor.

El territorio también plantea diversidad en el envejecimiento y es que, a pesar de que viven más personas de edad en el entorno urbano, porcentualmente el peso de la población mayor en el mundo rural es muy superior, a lo que hay que añadir que la edad incrementa la posibilidad de vivir en soledad, pues las estadísticas nos muestran que están aumentando los hogares unipersonales en personas de 65 y más años, aunque las proporciones son todavía menores que en otros países europeos.

El Gobierno regional maneja estas variables, por ello, desarrolla iniciativas para todas las situaciones, para ofrecer la atención más completa posible, por ello, vamos a desarrollar una estrategia de servicios de proximidad para el cuidado de los mayores en su entorno, que parta de cuatro enfoques: la promoción del bienestar y de los hábitos saludables, la prestación de servicios de proximidad para la promoción de la autonomía personal, la atención a las situaciones de soledad en personas mayores y el desarrollo del Sistema de Dependencia en los centros residenciales. 

Castilla-La Mancha siempre ha sido pionera en la atención a las personas mayores, no en vano lideramos los índices de cobertura del país en servicios asistenciales a domicilio y en centros de atención a personas Mayores, lo que incluye la Teleasistencia, la Ayuda a Domicilio, los Centros de Día, Residencias y Viviendas de Mayores, unos servicios que están siendo adaptados y mejorados a la nueva realidad.

En el Día Internacional de las personas mayores, reafirmamos el compromiso del Gobierno del presidente Emiliano García-Page con las personas de edad, por ello vamos a seguir apostando por la atención en el entorno más cercano, favoreciendo los servicios de proximidad, el fomento del envejecimiento activo y saludable, la autonomía personal y la prevención de las situaciones de dependencia, todo ello de la mano de las entidades representativas, favoreciendo la calidad de vida de las personas mayores y reconociendo su contribución fundamental al bienestar que hoy disfrutamos.

 Aurelia Sánchez Navarro

Consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha indicado que “en la actualidad son 36.631 las familias que disponen el Titulo de Familia Numerosa en la región y 163.841 las personas que se podrán beneficiar en total”. Además, ha manifestado la necesidad de “actualizar y simplificar los trámites y la normativa vigente desde hace 10 años, así como incorporar nuevos modelos de relaciones familiares para el acceso y mantenimiento de los títulos” ha concluido la consejera.

Asimismo, Sánchez ha subrayado que “con la aprobación de este Decreto, el Gobierno del presidente Emiliano García-Page da cumplimiento al compromiso de impulsar un Plan de Acción para todos los modelos de familia, que incluya la agilización de trámites para las familias numerosas y la información y acceso a los servicios y prestaciones”.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el Decreto que simplifica y agiliza los trámites para obtener, renovar o extinguir el Título de Familia Numerosa y regula los procedimientos de reconocimiento o pérdida de esta condición.

Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, quien ha expresado la necesidad de “actualizar y simplificar los trámites y la normativa vigente desde hace 10 años, así como incorporar nuevos modelos de relaciones familiares para el acceso mantenimiento de los títulos”.

En este contexto, la titular de Bienestar Social, ha indicado que “en la actualidad son 36.631 las familias que disponen el Titulo de Familia Numerosa en la región y 163.841 las personas que se podrán beneficiar en total”.

Con la aprobación de esta nueva normativa, Aurelia Sánchez, ha señalado que se introducen diferentes novedades como la reducción de la documentación exigida para la solicitud y renovación de los títulos, además, las solicitudes se podrán tramitar tanto en las delegaciones provinciales de la Consejería de Bienestar Social, así como por vía telemática, con un plazo de resolución de un mes.

Asimismo, la consejera de Bienestar Social ha subrayado que “con la aprobación de este Decreto, el Gobierno del presidente Emiliano García-Page da cumplimiento al compromiso de impulsar un Plan de Acción para todos los modelos de familia, que incluya la agilización de trámites para las familias numerosas y la información y acceso a los servicios y prestaciones”.

Por otro lado, no será necesario renovar el Título de Familia Numerosa cuando alguno de los hijos cumpla 14 años, y se suprime la obligación del consentimiento escrito del progenitor que mantiene la custodia de los hijos, en el caso de que el otro progenitor solicite el título, por cumplir las condiciones de acceso. En caso de que ambos cumplieran las condiciones para solicitar el título, prevalecerá el criterio de convivencia.

Además, se reconocen las situaciones de custodia compartida, ya que cuando los dos progenitores lo soliciten, podrán obtener el título los dos de forma alternativa por periodos anuales, si cumplen los requisitos, y se adapta a las dinámicas familiares actuales, separaciones, o divorcios, permitiendo facilitar y mejorar la protección de éstas.

Por otra parte, en el Decreto se establece mantener la vigencia y categoría del Título de Familia Numerosa hasta que el último de los hijos siga cumpliendo los requisitos, y se suprime la obligación de renovar al cumplimiento de los 26 años de los hijos, ya que la administración renovará de oficio, en estos casos.

Finalmente, Aurelia Sánchez, ha agradecido la colaboración de la ‘Asociación Castellano-manchega de Familias Numerosas’ para la elaboración de este Decreto, y ha destacado la importancia de esta nueva normativa que convierte a la región en pionera en cuanto a prestaciones específicas para familias numerosas.

Protección en centros residenciales de mayores

Por otro lado, la consejera de Bienestar Social ha indicado que es momento de sumar y colaborar y ha mostrado el reconocimiento del Gobierno regional a las residencias de mayores de la región así como a sus profesionales, que cuentan con el apoyo y la protección de todos los departamentos del Ejecutivo autonómico, así como con planes de contingencia, protocolos de colaboración para pruebas diagnósticas de todos los profesionales, responsabilidad para que cuenten con el material de protección necesario e inspecciones para velar por el cumplimiento de las normas. Además, los centros residenciales tienen la obligación de cumplir con los convenios colectivos vigentes en este momento, ha aseverado la consejera.

La consejera de Bienestar Social ha avanzado que “los profesionales realizan un seguimiento de las 5.948 personas usuarias afectadas por las medidas, para conocer si tienen cubiertas sus necesidades básicas, identificar situaciones de riesgo, así como tranquilizar y acompañar a los mayores en todo momento”.

Asimismo, Aurelia Sánchez ha indicado que “los profesionales realizan dos seguimientos semanales en el caso de 2.963 personas usuarias del total, por presentar una situación especial de mayor vulnerabilidad por edad, dependencia o enfermedad, así como por vivir en soledad o acompañados de una persona dependiente de grado 3”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha habilitado un Plan Excepcional del Servicio Público de Teleasistencia para los usuarios que residen en los municipios con medidas especiales. Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, durante una visita a Fuentelencina en la provincia de Guadalajara, en la que ha estado acompañada por el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido; por el Delegado del Ejecutivo autonómico en Guadalajara, Eusebio Robles; la delegada de Bienestar Social en la provincia, Inmaculada Tello y el alcalde del municipio, Santos López.

Aurelia Sánchez ha avanzado que “se trata de un Plan Excepcional que implementa el Servicio Público de Teleasistencia de forma coordinada con las Delegaciones provinciales en los 20 municipios de la región más afectados por la evolución de la Covid-19. Un Plan en el que los profesionales realizan un seguimiento de las 5.948 personas usuarias del Servicio de Teleasistencia afectadas por las medidas, para conocer si tienen cubiertas sus necesidades básicas, identificar situaciones de riesgo, así como tranquilizar y acompañar a los mayores en todo momento”.

En este sentido, la titular de Bienestar Social ha indicado que “los profesionales realizan dos seguimientos semanales en el caso de 2.963 personas usuarias del total, por presentar una situación especial de mayor vulnerabilidad por edad, dependencia o enfermedad, así como por vivir en soledad o acompañados de una persona dependiente de grado 3”.

Por otro lado, la consejera de Bienestar Social, ha subrayado “las más de 27.000 llamadas realizadas durante el mes de agosto por el Servicio Público de Teleasistencia, dentro de la campaña especial informativa de las medidas post COVID-19 que desarrollará durante los próximos meses”, en las visitas de alta, de seguimiento y durante las visitas técnicas de mantenimiento preventivo o correctivo de la tecnología instalada, así como llamadas telefónicas informativas, desde el centro ubicado en Guadalajara, a la totalidad de domicilios a los que se presta el servicio en la región.

En este contexto, Aurelia Sánchez, ha manifestado que el objetivo es incidir entre las personas usuarias del Servicio Público de Teleasistencia en los consejos preventivos y de actuación ante la pandemia y, por otra parte, dar recomendaciones a las personas más vulnerables de cara a afrontar la nueva normalidad tras más de tres meses de confinamiento.

Asimismo, Aurelia Sánchez ha recordado que “durante la crisis sanitaria se han adaptado y reforzado las metodologías en los servicios de Teleasistencia, con un Plan de Seguimiento Telefónico Intensivo que ha realizado un total de 135.000 actuaciones”, y se ha reforzado el seguimiento del 100% de las personas usuarias de dicho servicio, especialmente entre las que viven solas y residen en alguno de los 835 municipios de la región que disponen del Servicio de Teleasistencia.

El Consejo de Gobierno aprueba la concesión directa de dos millones de euros para subvencionar centros residenciales como consecuencia de la Covid-19.

Castilla-La Mancha destina 17 millones de euros al mantenimiento de 3000 plazas en 235 centros residenciales de corporaciones locales.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el desembolso de 19 millones de euros destinados a dos partidas del área de Bienestar Social. La primera de ellas, para subvencionar con 17 millones el mantenimiento de plazas en centros residenciales de corporaciones locales.

Así lo ha explicado Aurelia Sánchez, consejera de Bienestar Social, quien ha indicado que el objetivo de esta convocatoria es el mantenimiento de plazas residenciales, Viviendas de Mayores y Centros de Día que el Gobierno Regional gestiona en colaboración con los ayuntamientos.

En este sentido, la titular de Bienestar Social ha explicado que el Consejo de Gobierno ha autorizado, “un gasto que permite financiar 3.000 plazas residenciales en 235 centros. De ellos, casi mil plazas serán en 49 residencias,1.500 plazas en 155 Viviendas de Mayores, más de 500 plazas en Centros de Día y además dará cabida a financiar actividades en centros de mayores y programas de envejecimiento activo”.

Esta convocatoria tiene como principal objetivo dar atención en el entorno más cercano a los usuarios y a la vez contribuir a la creación de empleo y generación de riqueza en zonas.

En este sentido, la titular de Bienestar Social ha añadido que “a través de esta convocatoria se contribuye al mantenimiento de un modelo de atención a las personas mayores diversificado, con la red de centros propios, la colaboración de entidades del Tercer Sector y las corporaciones locales, ayuntamientos y diputaciones provinciales”.

La consejera de Bienestar Social ha recordado que esta partida corresponde a un compromiso del presidente Emiliano García Page por la atención y cuidado a los mayores de la región, así como la creación de empleo y riqueza en las zonas rurales.

Dos millones para residencias por la Covid 19

Por otro lado, Aurelia Sánchez, ha explicado que la segunda de las partidas, de dos millones de euros, va destinada a subvencionar residencias de personas mayores como consecuencia de la Covid-19.

La titular de Bienestar Social ha explicado que “como consecuencia de las medidas establecidas para garantizar la seguridad de las personas usuarias en los centros residenciales, éstos han soportado un aumento significativo en sus costes ordinarios que debieron asumir con una rapidez extrema”. Por ello, un total de 328 residencias podrán concurrir con ayudas que podrán llegar a los 9.200€ para contribuir a los gastos causados por el COVID-19.

Alivio para los Centros Residenciales de la región

Castilla-La Mancha tiene un total de 344 centros residenciales que atienden a 26.000 personas y generan 15.000 puestos de trabajo. De esta convocatoria quedan excluidos 16 centros totalmente públicos y aquellos que han sido intervenidos por la Autoridad Sanitaria.

Esta partida económica está destinada a colaborar con: la contratación extraordinaria de personas y trabajadores de refuerzo o sustitución por las bajas producidas por enfermedad, la adquisición de equipos de protección individual, la adquisición de material de protección sanitario, labores de desinfección y la formación a trabajadores y usuarios en prevención de contagios.

Aurelia Sanchez, ha argumentado que estas ayudas contribuyen al mantenimiento del sector residencial porque “las residencias han tenido la obligación de seguir abiertas, contar con personal suficiente y sin la posibilidad de realizar ERTES u otras ayudas económicas ya que han tenido la consideración de Servicios Esenciales. Sin embargo, no han podido realizar ningún tipo de nuevos ingresos, salvo los derivados de hospitales, hasta el final del estado de Alarma”.

“Con este apoyo extra el gobierno de Castilla-La Mancha quiere contribuir al equilibrio económico y financiero del sector residencial y, con ello, al mantenimiento del empleo en este sector”, ha explicado Sánchez, quien además ha recordado “el apoyo del Gobierno del Presidente Emiliano García-Page al bienestar de los mayores, el reconocimiento de todos los profesionales de atención directa y la colaboración de las administraciones, como muestra del Modelo de Bienestar Social en Castilla-La Mancha”.

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha avanzado que la guía se realiza con dos objetivos, por un lado, “incidir entre las personas usuarias del Servicio Público de Teleasistencia sobre los consejos preventivos y de actuación ante la COVID-19, y, por otra parte, dar recomendaciones a las personas más vulnerables de cara a afrontar la nueva normalidad tras más de tres meses de confinamiento”.

Asimismo, la consejera ha señalado que el Servicio de Teleasistencia va a desarrollar, durante los tres próximos meses, una campaña especial informativa de las medidas post COVID-19 durante las visitas de alta, de seguimiento y durante las visitas técnicas de mantenimiento preventivo o correctivo de la tecnología instalada, así como llamadas telefónicas informativas desde el centro ubicado en Guadalajara, a la totalidad de domicilios a los que se presta el servicio en la región.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha comenzado a distribuir una ‘Guía de recomendaciones post COVID-19’ entre las más de 53.000 personas usuarias del Servicio Público de Teleasistencia. Esta guía de recomendaciones ha sido elaborada acorde con las medidas establecidas por las autoridades sanitarias y en colaboración con Tunstall Televida, empresa encargada de prestar el Servicio de Teleasistencia en la región.

Así lo ha indicado Aurelia Sánchez, consejera de Bienestar Social, durante la presentación de esta guía de recomendaciones para contribuir a la vuelta a la nueva normalidad de las personas usuarias de Teleasistencia, y en la que ha estado acompañada de Ana Saavedra, viceconsejera de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, y de la delegada territorial de Tunstall Televida, Arancha Ramos.

Aurelia Sánchez, ha avanzado que la guía se realiza con dos objetivos, por un lado, “incidir entre las personas usuarias del Servicio Público de Teleasistencia sobre los consejos preventivos y de actuación ante la COVID-19, y, por otra parte, dar recomendaciones a las personas más vulnerables de cara a afrontar la nueva normalidad tras más de tres meses de confinamiento”.

La Guía se compone de 6 capítulos con recomendaciones para prevenir el contagio, para actuar en caso de síntomas, para quedarse en casa, para salir a la calle cuando sea posible y afrontar el miedo a las salidas, y para cuidarse. Además, “sigue las pautas de lectura fácil con un vocabulario cercano que se apoya en símbolos y gráficos que la hacen más atractiva y visual, y de fácil entendimiento”, ha destacado la consejera.

En este contexto, la consejera de Bienestar Social ha señalado que el Servicio de Teleasistencia va a desarrollar, durante los tres próximos meses, una campaña especial informativa de las medidas post COVID-19 durante las visitas de alta, de seguimiento y durante las visitas técnicas de mantenimiento preventivo o correctivo de la tecnología instalada, así como llamadas telefónicas informativas desde el centro ubicado en Guadalajara, a la totalidad de domicilios a los que se presta el servicio en la región.

Asimismo, Aurelia Sánchez, ha recordado que “durante la crisis sanitaria se han adaptado y reforzado las metodologías en los servicios de Teleasistencia, con un Plan de Seguimiento Telefónico Intensivo que ha realizado un total de 135.000 actuaciones”, y se ha reforzado el seguimiento del 100% de las personas usuarias de dicho servicio, especialmente entre las que viven solas y residen en alguno de los 835 municipios de la región que disponen del Servicio de Teleasistencia.

Guía de recomendación post COVID-19

La guía recoge las recomendaciones que las autoridades sanitarias aconsejan para evitar nuevos contagios, como respetar la distancia de seguridad, usar mascarilla y lavar frecuentemente las manos, así como en caso de presentar cualquier síntoma, la recomendación es ponerse en contacto con el Servicio Público de Teleasistencia y con el Centro de Atención Primaria, que les aconsejaran las pautas a seguir.

Además, contiene las indicaciones para que las personas mayores usuarias del Servicio de Teleasistencia, que deben permanecer aún en sus domicilios por diferentes motivos, permanezcan activas, como rutinas y actividades físicas para mantener la mente y cuerpo activos, establecer horas de aseo, cocina, dormir o levantarse, el contacto telefónico con familiares o amigos o explorar nuevas aficiones.

Por otro lado, en el capítulo dedicado a las salidas a la calle de las personas mayores usuarias del Servicio de Teleasistencia, además de recordar las recomendaciones sanitarias de prevención frente al COVID-19, recoge indicaciones para la prevención ante las altas temperaturas y el sol, el consumo de agua, evitar las comidas calientes, vestirse con ropa ligera y de colores claros, así como usar calzado cómodo y transpirable y utilizar crema solar fotoprotectora.

Finalmente, las indicaciones prestan especial atención a las caídas en la vía pública y a la necesidad de afrontar el miedo a salir, por lo que recomienda poner cuidado en los transportes públicos, tomar el tiempo necesario y prepararse mentalmente, utilizar el calzado y las ayudas técnicas necesarias, así como elegir el camino más seguro y conocido respetando las reglas de seguridad vial.

Autorizado un gasto de 6,2 millones para renovar el contrato del servicio de atención y desarrollo personal en la Residencia para Personas Mayores Núñez de Balboa de Albacete, lo que permitirá continuar la prestación de los servicios de auxiliares sanitarios, terapia ocupacional, animación sociocultural y psicología en esta residencia que cuenta con 201 plazas residenciales.

Asimismo, se destinarán 1,8 a la tercera prórroga del contrato de gestión de 24 plazas en el Centro Educativo Juvenil ‘CEJ La Cañada’ en Ciudad Real para la ejecución de medidas judiciales de internamiento terapéutico para menores.

El Consejo de Gobierno ha autorizado esta semana una inversión total de ocho millones de euros destinados a dos partidas en el área de Bienestar Social. La primera es la relativa a los 6,2 millones de euros que permitirán renovar el contrato del servicio de atención y desarrollo personal en la Residencia para Personas Mayores Núñez de Balboa de Albacete.

Tal y como ha detallado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, se trata de una nueva licitación para continuar con la prestación de los servicios de auxiliares sanitarios, terapia ocupacional, animación sociocultural y psicología en esta residencia que cuenta con 201 plazas residenciales.

“Con esta contratación, se continúa garantizando una atención adecuada a las personas mayores que por su situación de dependencia o por sus circunstancias personales o sociales necesitan una atención sociosanitaria integral. Es decir, con este contrato se desarrollan espacios de alojamiento, convivencia y servicios adecuados a las necesidades de las personas usuarias y, además, exigimos que se adapten permanentemente a sus necesidades, introduciendo un modelo de gestión basado en la calidad”, ha explicado la consejera al respecto.

La duración del nuevo contrato será de tres años, a contar desde la fecha de su formalización o desde la fecha fijada en el documento contractual para adaptarse a la vigente Ley de Contratos del Sector Público.

1,8 millones para el Centro educativo Juvenil ‘La Cañada’

Por otro lado, Aurelia Sánchez ha matizado la autorización de un gasto por importe de 1.8 millones de euros derivados de la tercera prórroga del contrato de gestión de 24 plazas en el Centro Educativo Juvenil ‘CEJ La Cañada’ en Ciudad Real para la ejecución de medidas judiciales de internamiento terapéutico para menores.

La prórroga de esta contratación beneficia a adolescentes y jóvenes, en ejecución de medidas judiciales de internamiento de carácter terapéutico con sentencia firme y/o cautelar en régimen cerrado y semiabierto dictadas por los Jueces de Menores de Castilla La Mancha, así como aquellas medidas que dicten otros jueces de Menores sobre menores o jóvenes que residan en la región.

En este sentido, la consejera de Bienestar Social ha destacado que “Castilla-La Mancha cuenta con un centro de referencia en materia de reforma, como es La Cañada en Ciudad Real, que beneficia a adolescentes y jóvenes y que cuenta con 135 profesionales especializados para la rehabilitación y reinserción”.

“Situado en un entorno que facilita el cumplimiento de las medidas, este centro puntero dispone de 73 plazas y una unidad de internamiento terapéutico especializado donde los jóvenes que han cometido una infracción o delito tienen todas las medidas educativas, de protección, rehabilitación y recuperación necesarias para que cuando cumplan su medida puedan incorporarse a la sociedad para desarrollar un proyecto de vida normalizada, con los seguimientos educativos necesarios”, ha subrayado la titular de Bienestar Social al respecto.

El contrato de referencia fue suscrito con fecha de 31 de julio de 2015 por importe de 3,6 millones de euros y llegó hasta el 31 de julio de 2017. La primera prórroga se prolongó entre agosto de este año y julio del 19 con similar importe mientras que la segunda abarcó desde el 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020 de este año, por un importe de 1,8 millones.

Tal como ha indicado Aurelia Sánchez, la empresa adjudicataria del contrato ha desarrollado y cumplido con las prestaciones y objetivos que se le encargaron y de ahí que se realice esta nueva prórroga por un año, comenzado el 1 de agosto de 2020 y finalizando el 31 de julio de 2021.

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha señalado que “cada una de las prestaciones sociales del Sistema de Protección regional tiene condiciones diferentes que se deben unificar, así como identificar los colectivos o personas que se pueden quedar fuera del Ingreso Mínimo Vital por no cumplir los requisitos para poder ofrecer, desde el Gobierno del presidente Emiliano García-Page, la mayor cobertura posible”.

Asimismo, ha indicado que “la aprobación del Ingreso Mínimo Vital constituye un gran avance en el reconocimiento de derechos sociales sólo equiparable a la aprobación de la Ley de Dependencia en 2006, ya que corrige un déficit histórico de nuestro modelo de bienestar. Es una medida de justicia social creado para garantizar la igualdad de oportunidades como instrumento de prevención de la exclusión y como un mecanismo de estímulo para que los beneficiarios encuentren empleo”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha propone la actualización de la normativa de las prestaciones sociales para adaptarlas al Ingreso Mínimo Vital. Así lo ha manifestado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez durante la inauguración de la jornada de reflexión y análisis del Ingreso Mínimo Vital y la orientación a la acción de una próxima Estrategia de Lucha Contra la Pobreza y la Desigualdad Social en Castilla-La Mancha. Está organizada por el Gobierno regional con la colaboración de EAPN-CLM y ha contado con la participación de la Secretaria General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Milagros Paniagua.

En este sentido, la titular de Bienestar Social ha señalado que “cada una de las prestaciones sociales del Sistema de Protección regional tiene condiciones diferentes que se deben unificar, así como identificar los colectivos o personas que se pueden quedar fuera del Ingreso Mínimo Vital por no cumplir los requisitos para poder ofrecer desde el Gobierno del presidente Emiliano García-Page la mayor cobertura posible”.

Asimismo, Aurelia Sanchez, ha indicado que “la aprobación del Ingreso Mínimo Vital constituye un gran avance en el reconocimiento de derechos sociales sólo equiparable a la aprobación de la Ley de Dependencia en 2006, ya que corrige un déficit histórico de nuestro modelo de bienestar. Es una medida de justicia social creado para garantizar la igualdad de oportunidades como instrumento de prevención de la exclusión y como un mecanismo de estímulo para que los beneficiarios encuentren empleo”.

Tal y como ha subrayado la consejera de Bienestar Social, “la pobreza estructural que deriva en exclusión tiende a cronificarse y a ser un modelo de vida hereditario, esta espiral de pobreza es la que rompe el Ingreso Mínimo Vital”.

En este contexto, Aurelia Sánchez ha avanzado que “el Ejecutivo autonómico trabaja en la actualización y adaptación de las condiciones de acceso al Ingreso Mínimo Vital con el objetivo de analizar las familias o colectivos que pudieran no ser beneficiarios y aportarles la cobertura que pudieran merecer y que nadie se quede atrás en momentos de dificultad económica o social, como es el caso de jóvenes que han sido tutelados por la administración y que al tener una edad entre 18 y 23 años no podrían beneficiarse de esta prestación”.

En este caso concreto, el Gobierno de Castilla-La Mancha “les garantizará un acompañamiento social y unos ingresos mínimos para que puedan completar sus estudios o iniciar su vida laboral hasta que puedan ser autónomos” ha aseverado la consejera.

En este punto, Aurelia Sánchez, ha destacado “la colaboración y el trabajo de los profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria que están volcados en trasladar la mejor información a las personas que lo solicitan para prestar acompañamiento social y salir de situaciones que conducen a la exclusión social”.

Aurelia Sánchez y la Secretaria General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Milagros Paniagua, han estado acompañadas por la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín, el presidente de EAPN-CLM, Braulio Carles, el secretario general de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, Tomás Mañas, el Director General de Acción Social, Gregorio Gómez, así como por más de 300 profesionales de los Servicios Sociales de la región.

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha indicado que “si bien desde el Ejecutivo autonómico estamos de acuerdo con el reparto, puesto que la financiación que llega a la Comunidad supera los 13 millones de euros que es lo que solicitábamos como mínimo, Castilla-La Mancha reclama un reparto más igualitario en todos los territorios dentro del tramo autonómico”.

Asimismo, la consejera ha mostrado su sorpresa al enterarse por la prensa de la propuesta para crear un grupo de trabajo para analizar la situación de las residencias y evitar rebrotes, y que no estaba incluido en el orden del día del Pleno de Consejo Territorial. Además, ha subrayado que “nos hubiera gustado conocerlo previamente porque ya hemos trasladado en varias ocasiones la necesidad de trabajar en modelos de atención residencial avanzados, algo que se hace en Castilla-La Mancha”.

Castilla-La Mancha ha solicitado al Gobierno de España una distribución más justa entre los territorios del tramo autonómico de las subvenciones del Impuesto de las Personas Físicas (IRPF) destinadas a financiar programas de interés social.

Así lo ha manifestado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, durante la reunión extraordinaria por videoconferencia del pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que ha mantenido con las comunidades autónomas el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2020, Pablo Iglesias.

Aurelia Sánchez, ha indicado que “si bien desde el Ejecutivo autonómico estamos de acuerdo con el reparto, puesto que la financiación que llega a la comunidad supera los 13 millones de euros que es lo que solicitábamos como mínimo, hemos trasladado que hay que seguir avanzando en una distribución más justa entre comunidades autónomas”. La consejera ha subrayado que “Castilla-La Mancha ha sido una de las regiones perjudicadas en años anteriores en la redistribución financiera”, por lo que ha reclamado “un reparto más igualitario en todos los territorios dentro del tramo autonómico”.

En este sentido, la titular de Bienestar Social ha destacado que el reparto más justo entre territorios debe basarse en la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos en el acceso a los programas de interés social.

Por otra parte, Aurelia Sánchez, ha mostrado su sorpresa al enterarse por la prensa esta mañana de la propuesta del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2020, Pablo Iglesias para crear un grupo de trabajo en el que participen las propias autonomías, expertos y agentes sociales para analizar la situación de las residencias y evitar rebrotes, y que no estaba incluido en el orden del día del Pleno de Consejo Territorial.

En este contexto, la consejera ha subrayado que “nos hubiera gustado conocerlo previamente” porque ya hemos trasladado en varias ocasiones la necesidad de trabajar en modelos de atención residencial avanzados, algo que se hace en Castilla-La Mancha”, ha concluido.

Artículo de Opinión de Aurelia Sánchez, consejera de Bienestar Social con motivo del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas  

 ‘La Lengua de Signos no deja a nadie atrás’, este es el lema elegido por la Confederación Estatal de Personas Sordas con motivo de la celebración del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas y que tiene en FESORMANCHA a su representante en Castilla-La Mancha.

Este Día Nacional se instauró en 2014, en referencia a la constitución en 1936 de la Confederación Estatal de las Personas Sordas, cuyo objetivo es defender la igualdad de oportunidades de las personas sordas, rompiendo las barreras a las que se enfrentan y favoreciendo el uso y conocimiento de las Lenguas de Signos, no sólo por la comunidad sorda, sino por la sociedad en su conjunto.

Las personas sordas se enfrentan a barreras muy importantes en su día a día que afectan a su autonomía, a su efectiva inclusión en la sociedad y, por tanto, al ejercicio pleno de sus derechos, barreras que se han visto afectadas a lo largo de estos meses de pandemia y en los que la Lengua de Signos ha sido su aliada. 

Estas barreras se traducen en todas las esferas de la vida, en la comunicación con los demás, en primer término, pero también en su acceso a la educación, a la información, al mercado laboral y, en general, a los recursos y servicios disponibles para toda la ciudadanía. 

La discapacidad auditiva afecta a 18.000 personas en Castilla-La Mancha, tal y cómo nos indican los datos proporcionados por Centros Base de Atención a las Personas con Discapacidad, de las cuales 66 son sordociegos, 554 sordos, 784 sordomudos y 1.720 personas con hipoacusia profunda.

El Gobierno regional es muy sensible de esta situación y, por ello, se colabora intensamente con el movimiento asociativo, ofreciendo múltiples servicios para romper las barreras de comunicación, a través del Programa de Atención Integral, que incluye los servicios de Interpretación y de Mediación Social en Lenguas de Signos, y que ha permitido el acceso de este colectivo a los servicios como las urgencias médicas, la resolución de trámites de todo tipo y han recibido el apoyo para acceder a los recursos existentes y que ha llegado a cerca más de 850 personas con intervenciones adaptadas a la situación COVID-19.

Iniciativas como el sistema de Video-Asistencia VIDASOR, u otras como SAFAM y ADECOSOR, cuentan con el apoyo y la financiación del Gobierno y permiten favorecer la información, asesoramiento y la cercanía de las personas sordas con los servicios y recursos y con sus familias.

Otro apoyo imprescindible para las personas sordas lo encontramos en los intérpretes de lenguas de signos, un fuerte apoyo en el que sus manos son su palabra y que el Gobierno incorpora con asiduidad en su comunicación oficial.

Las Lenguas de Signos forman parte de la reconstrucción económica y social de Castilla-La Mancha, una tarea sobre la que ya se trabaja con intensidad, rompiendo barreras comunicativas para que nadie se quede atrás en la labor de construir el bienestar de la ciudadanía.

 Aurelia Sánchez Navarro

Consejera de Bienestar Social

La consejera de Bienestar Social ha destacado que la aprobación de este expediente, “es muestra del compromiso social del presidente Emiliano Garcia-Page por unos servicios sociales de calidad y una ayuda a domicilio que atienda fundamentalmente a las personas mayores en su hogar”. Para dar respuesta, ha subrayado Sánchez, “a las necesidades sociales que tiene la ciudadanía de la región, y que son los colectivos que más están sufriendo las consecuencias de esta pandemia”.

Asimismo, ha destacado los 43,2 millones de euros aprobados por el Consejo de Gobierno, para el Servicio de Ayuda a Domicilio, “lo que supone un 25% más desde hace 5 años y permitirá llegar a más de 4,5 millones de horas prestadas”. La Ayuda a Domicilio “ha llegado a 22.086 personas en 2019, que han sido atendidas por 5.580 auxiliares en toda la región”.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado casi 60 millones de euros destinados a la prestación de los Servicios Sociales y la Ayuda a Domicilio. Así lo ha manifestado en rueda Aurelia Sánchez, consejera de Bienestar Social, quien ha explicado que se trata en concreto de una financiación de 59,9 millones de euros que se incluyen en el Marco de Concertación con las Corporaciones Locales creado la pasada legislatura para la corresponsabilidad de las Administraciones en el mantenimiento de los Servicios Sociales.

De esta manera en un solo convenio se incluye toda la financiación destinada a atender a la ciudadanía desde los Servicios Sociales de Atención Primaria que engloban los Servicios Sociales de Atención Primaria del Plan Concertado, los equipos profesionales que apoyan los servicios sociales en los municipios pequeños, que son los Convenios Supramunicipales y la Ayuda a Domicilio.

Aurelia Sánchez, ha destacado que la aprobación de este expediente, “es muestra del compromiso social del presidente Emiliano Garcia-Page por unos Servicios Sociales de calidad y una Ayuda a Domicilio que atienda fundamentalmente a las personas mayores en su hogar”. Para dar respuesta, ha subrayado Sánchez, “a las necesidades sociales que tiene la ciudadanía de la región, y que son los colectivos que más están sufriendo las consecuencias de esta pandemia”.

En este sentido, la titular de Bienestar Social ha explicado que el Consejo de Gobierno ha autorizado, “un gasto de 11,4 millones de euros para los convenios con los municipios de más de 3.500 habitantes para la prestación de Servicios Sociales de Atención Primaria”. En este año 2020 serán beneficiarias de este convenio un total de 98 Entidades Locales, “lo que permite la contratación de 592 profesionales, fundamentalmente trabajadores sociales pero también profesionales de la educación social, la pedagogía, psicología o de la sociología, entre otros, que es la parte más cercana a los ciudadanos”.

En el caso de los convenios Supramunicipales, Aurelia Sánchez ha avanzado que “se firman 53 convenios que atienden a 821 municipios pequeños de toda la región. Se trata de municipios pequeños atendidos todos los días por profesionales de los Servicios Sociales”. En este contexto, el importe total destinado para el desarrollo de Prestaciones de Servicios Sociales de Atención Primaria en el Ámbito Supramunicipal para el ejercicio 2020 asciende a 5,3 millones de euros.

En los equipos supramunicipales trabajan un total de 169 profesionales para prestar servicios sociales de atención primaria. Estos cuentan con el apoyo de 156 trabajadores del PRAS que son personal de la Consejería de Bienestar Social.

La consejera de Bienestar Social, también se ha referido a los 77 Equipos Técnicos de Inclusión Social, que se han creado desde el año 2018 con la financiación de los Convenios del Plan Concertado y los Supramunicipales, con un total de 135 profesionales.

Finalmente, Aurelia Sánchez, ha dado cuenta de los 43,2 millones de euros aprobados por el Consejo de Gobierno, para el Servicio de Ayuda a Domicilio, “lo que supone un 25% más desde hace 5 años, y que permitirá llegar a más de 4,5 millones de horas prestadas”. La Ayuda a Domicilio “ha llegado a 22.086 personas en 2019, que han sido atendidas por 5.580 auxiliares en toda la región” ha destacado la titular del área que también ha matizado que son 690 los ayuntamientos de Castilla-La Mancha que firman este convenio para atender a personas mayores o en situación de dependencia o soledad.

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha anunciado que “la auditoría general de las residencias de mayores se encargará a un grupo de expertos e incluirá las áreas social, sanitaria, arquitectónica y económica”.

Aurelia Sánchez ha indicado que “será una oportunidad para desarrollar el auténtico modelo de atención centrado en la persona, donde los cuidados, las decisiones y los valores de las personas mayores se sitúen como principios fundamentales de acción”. Lo que permitirá, según añadía la consejera, “detectar las principales dificultades y deficiencias que ha sacado a la luz la lucha contra esta terrible pandemia, y que tiene que permitir la actualización de la aplicación del Sistema Nacional de Dependencia de Castilla-La Mancha”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha “comenzará el próximo mes de junio la tramitación de una auditoría general de residencias de mayores de la región, que servirá como base de un modelo residencial avanzado”.

Así lo ha adelantado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, antes de su comparecencia en Comisión de las Cortes de Castilla-La Mancha, para exponer la gestión del Ejecutivo autonómico durante la crisis del coronavirus, en el ámbito de las competencias de esta Consejería.

Sánchez, ha detallado las medidas de carácter urgente y necesario que se han puesto en marcha desde el Gobierno regional para tratar de mitigar el impacto de la Covid-19 en el Estado del Bienestar, con el objetivo de proteger a las personas dentro de las distintas áreas en las que está distribuida la Consejería de Bienestar Social y para proteger a los mayores, a las personas con dependencia y discapacidad, a la infancia y a las familias y a las personas en situación de vulnerabilidad social y económica.

También ha avanzado algunas de las próximas actuaciones en el marco del Plan de Medidas Extraordinarias para la reconstrucción económica y social de Castilla-La Mancha con motivo de la COVID-19, impulsado por el presidente Emiliano García-Page.

Actuaciones del Plan de Medidas Extraordinarias

La titular de Bienestar Social ha anunciado que “la auditoría general de las residencias de mayores se encargará a un grupo de expertos e incluirá las áreas social, sanitaria, arquitectónica y económica”.

Asimismo, el objetivo fundamental, ha indicado es elaborar una valoración exhaustiva de todos los indicadores relacionados con la calidad en la gestión de los centros residenciales de Castilla-La Mancha. Aurelia Sánchez, ha detallado que la auditoria se enmarca “dentro del amparo que nos procura el marco de la Ley de Dependencia como el derecho que tienen las personas en España a los cuidados de larga duración, cuando pierden su autonomía y necesitan apoyos para el desarrollo de las actividades de su vida diaria”.

La consejera de Bienestar Social ha explicado que se “será una oportunidad para desarrollar el auténtico modelo de atención centrado en la persona, donde los cuidados, las decisiones y los valores de las personas mayores se sitúen como principios fundamentales de acción”. Lo que permitirá, ha destacado Aurelia Sánchez, “detectar las principales dificultades y deficiencias que ha sacado a la luz la lucha contra esta terrible pandemia, y que tiene que permitir la actualización de la aplicación del Sistema Nacional de Dependencia de Castilla-La Mancha”.

Por otro lado, la consejera ha detallado que el Gobierno regional “va a poner a disposición, de los profesionales, familiares y residentes de los centros residenciales, un programa de Intervención Psicosocial para la recuperación emocional”, tras las situaciones vividas a causa de la pandemia.

Para ello, ha avanzado Sánchez, “entidades colaboradoras del Tercer Sector Social, con profesionales especialistas en intervenciones psicológicas y sociales, atenderán a través de distintos canales de comunicación las demandas de las personas del ámbito residencial que lo puedan necesitar”.

Además, Aurelia Sánchez, ha puesto en valor el Plan de Ayudas de Emergencia Excepcional dotado con 14 millones de euros que beneficiará a 13.000 familias de la región y 40.000 personas, en un marco de cooperación con las diputaciones, puesto en marcha hace unos días.

Hasta la fecha, según concretaba la consejera, “7.376 familias han solicitado estas ayudas, y desde hoy continuamos con su tramitación para proteger a los más vulnerables y dar respuesta a las necesidades vitales, económicas y sociales de muchas familias”.

Medidas de carácter urgente para mitigar el impacto de la Covid-19 en el Estado del Bienestar

Por otra parte, Aurelia Sánchez, ha detallado las medidas puestas en marcha con carácter de urgencia y coordinadas con la autoridad sanitaria, para que los centros, recursos, servicios y/o prestaciones en general, se adaptasen a la situación sobrevenida en función de las necesidades de la ciudadanía para salvar vidas y proteger a los profesionales.

Medidas que han tenido como objetivo proteger a los residentes de cualquiera de los 737 recursos residenciales que hay en Castilla-La Mancha, y que engloban a 379 residencias de mayores, 155 viviendas de mayores, 131 recursos para personas con discapacidad y 72 recursos para menores. Así como para proteger la salud de los 22.000 profesionales que trabajan en alguno de estos centros.

En este contexto, la consejera de Bienestar Social ha detallado el refuerzo de las plantillas, con 548 contrataciones en los centros propios; la puesta en marcha de la bolsa de trabajo social extraordinaria con más de 4.800 personas inscritas y 500 ofertas de empleo; y el refuerzo de los centros residenciales con el personal de educación.

También ha destacado que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha garantizado y ordenado la prestación de servicios y/o prestaciones para la ciudadanía y colectivos vulnerables. Así como un Plan de Inspección Específico de residencias de mayores que hasta el momento ha evaluado un total de 103 residencias de mayores.

Además, Aurelia Sánchez, ha indicado que se han adaptado y reforzado las metodologías en los servicios de Teleasistencia, con un Plan de Seguimiento Telefónico Intensivo que han realizado un total de 135.000 actuaciones, y se ha reforzado el seguimiento del 100% de los usuarios del servicio, especialmente las personas que viven solas; en Ayuda a Domicilio con un protocolo coordinado entre Sanidad y Bienestar Social que ha cubierto las necesidades básicas de los 22.086 usuarios del servicio, que no se han visto interrumpidas, salvo excepciones como en el caso de que la persona mayor tuviera apoyos familiares; así como los programas de apoyo a las familias que lo necesitaban por situaciones de violencia, separación o crianza complicada, de forma telemática, así como la protección de los 1.221 menores en acogida o tutela.

Por otra parte, la consejera de Bienestar Social ha subrayado el refuerzo de los Servicios Sociales de Atención Primaria para facilitar la intervención de los profesionales con 156 dispositivos móviles.

Aurelia Sánchez, visiblemente emocionada al inicio de su intervención, ha asegurado que “es la comparecencia más difícil y dolorosa que iba a realizar” y ha agradecido “a las entidades del Tercer Sector Social su compromiso y colaboración, así como a las entidades que gestionan los centros y a todos y cada uno de los y las profesionales de todas las áreas de Bienestar Social”.

Artículo de opinión de Aurelia Sánchez Navarro. Consejera de Bienestar Social con motivo del Día Internacional de las Familias

Desde 1993 el 15 de mayo se celebra, por decisión unánime de la Asamblea de Naciones Unidas, el Día Internacional de la Familia. Este año la conmemoración está cargada de significado debido a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, por la especial situación en la que se encuentran y debido a la importancia del papel que la familia representa en la sociedad en la protección de todos sus miembros.

Coincide este año con el 25 aniversario de la Declaración de Copenhague y la Plataforma de Acción de Beijing sobre desarrollo social y la celebración del Año Internacional de la Familia, que ponen el foco sobre cuestiones como la protección social, la igualdad de género, la conciliación de la vida laboral y familiar, las familias sin hogar y la prevención de la pobreza. 

A los innegables efectos sobre la salud de esta crisis, debemos necesariamente incorporar los efectos sobre el bienestar de las familias, porque si algo ha puesto de manifiesto la pandemia de la COVID-19 es la posición de la familia como institución esencial para el desarrollo humano y la necesidad de ofrecer protección en función de las necesidades de las familias, especialmente las más vulnerables.

La propia idea de familia ha evolucionado en las últimas décadas; no sólo legalmente, también sociológicamente en sus distintas formas y configuraciones, pero a pesar de estos cambios, continúa constituyendo la unidad básica de la sociedad. Su tamaño se ha visto reducido y, en paralelo, han aumentado los hogares monoparentales y también los unipersonales.

Históricamente, la familia extensa ha sido la encargada de ofrecer una protección social informal, basada en la afectividad y en la reciprocidad. La familia ofrece sustento y cuidados, apoyos de todo tipo que, aun estando presentes en la actualidad, han dado paso a la protección social por parte de las políticas públicas.

El Gobierno regional desarrolla, con la participación de las organizaciones de infancia y familia, una amplia variedad de iniciativas encaminadas a la protección de la infancia y las familias; iniciativas que a lo largo de estos meses se han seguido desarrollando, adaptando las metodologías de intervención a las limitaciones que la situación impone.

Del mismo modo, se han prorrogado hemos prorrogado automáticamente los títulos de familia numerosa cuya caducidad se produzca durante el estado de alarma con la finalidad que las familias numerosas no vean mermados sus derechos durante este tiempo.

Además, esta misma semana el Consejo de Gobierno ha aprobado una convocatoria de ayudas excepcionales para cubrir necesidades básicas de las familias, unas ayudas pensadas para 13.000 familias de Castilla-La Mancha, que llegarán a 40.000 personas de manera urgente e inmediata.

Quiero igualmente destacar las actitudes de responsabilidad, de adaptación a la situación que estamos atravesando y de ilusión por el compromiso, que han demostrado en estos meses tanto niños, niñas y adolescentes, como sus familias. Familias que han tenido que reinventarse cada día e infundir ánimos ante situaciones difíciles derivadas de esta pandemia. Otras que, en ocasiones, han visto reducidas sus visitas a las realizadas por medios electrónicos, familias con dificultades sobrevenidas, familias numerosas que tienen muchos miembros para compartir y familias de acogida, con las que, como otros años, habríamos celebrado por estas fechas nuestro encuentro anual, a las que quiero dedicar un recuerdo especial por su dedicación y su generosidad en todos los momentos, también en estos que estamos viviendo.

En el camino hacia la normalidad, las familias son refugio y hogar, protegen y educan hacia la responsabilidad ciudadana para salir a la vez de esta crisis y continuar reconstruyendo el bienestar social de Castilla-La Mancha.

 Aurelia Sánchez Navarro

Consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha señalado que las Ayudas de Emergencia Excepcional tienen una cuantía máxima de 400 euros y una tramitación ágil y sencilla. Se podrán solicitar a partir del próximo lunes 18 de mayo, de forma telemática en la sede electrónica www.jccm.es, a través de los profesionales de los Servicios Sociales de cada municipio y vía telefónica de manera gratuita llamando al Teléfono Social 900 40 40 30.

Sánchez ha destacado que con esta medida excepcional del Gobierno de Castilla-La Mancha “se beneficiará a 13.000 familias de la región y podría llegar a 40.000 personas teniendo en cuenta la estructura de una familia castellano-manchega”, para hacer frente a las necesidades de alimentación, adquisición de productos sanitarios o de higiene u otros básicos para la vida diaria.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el Decreto de Ayudas de Emergencia Excepcional para personas en situación de dificultad económica y social para cubrir necesidades básicas por la COVID-19, dotado con 14 millones de euros.

Así lo ha indicado Aurelia Sánchez, consejera de Bienestar Social, que ha destacado que con esta medida excepcional del Gobierno de Castilla-La Mancha, “se beneficiará a 13.000 familias de la región y podría llegar a 40.000 personas teniendo en cuenta la estructura de una familia castellano-manchega”, para hacer frente a las necesidades de alimentación, adquisición de productos sanitarios o de higiene u otros básicos para la vida diaria.

En cuanto a los requisitos para ser beneficiario, Aurelia Sánchez, ha explicado que, para acceder a estas ayudas, las familias sin ingresos “deben estar empadronadas en la región con anterioridad a la declaración del estado de alarma, así como no tener actividad laboral ningún de sus miembros o que ésta se halle suspendida”.

En este sentido, se establece como límite que los ingresos de la unidad familiar, en el mes anterior a la presentación de la solicitud, sean inferiores a 425 euros y que no disponga de saldos bancarios superiores a 4 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual (2.194,4 euros).

La titular de Bienestar Social ha señalado que las Ayudas de Emergencia Excepcionales tienen una cuantía “máxima de 400 euros que se recibirán de forma consecutiva durante cuatro meses”, además de una tramitación ágil y sencilla.

Se podrán solicitar a partir del próximo lunes 18 de mayo, de forma telemática en la sede electrónica www.jccm.es, a través de los profesionales de los Servicios Sociales de cada municipio y vía telefónica de manera gratuita llamando al Teléfono Social 900 40 40 30. Una vez presentada la solicitud, “las delegaciones provinciales de Bienestar Social comprobarán los requisitos y resolverán la solicitud en 15 días y el primer pago se hará efecto a primeros de junio”.

Finalmente, Aurelia Sánchez, ha precisado que el Decreto de Ayudas de Emergencia Excepcional dotado con 14 millones de euros se incluye dentro de un marco de cooperación institucional con las diputaciones provinciales. Por provincias, Toledo contará con cuatro millones de euros que beneficiarán a más de 3.800 familias; Ciudad Real y Albacete dispondrán de tres millones de euros para llegar a más de 2.800 familias cada una, y finalmente las provincias de Cuenca y Guadalajara beneficiarán a más de 1.800 familias con dos millones de euros en cada una de ellas.

Aurelia Sánchez ha indicado que el objetivo fundamental será velar por la calidad y la seguridad en los centros residenciales de mayores. Este Plan de Inspección, ha continuado, “servirá de base para auditar y mejorar el modelo de centros residenciales de nuestra región en el sentido que adelantó nuestro Presidente Emiliano García-Page”.

La consejera de Bienestar Social ha tenido palabras de reconocimiento “al trabajo cercano y al esfuerzo de los profesionales de las residencias de mayores”. Ha asegurado que las residencias “han llorado de dolor porque son los hogares de las personas mayores, donde desarrollan sus proyectos de vida y donde tienen el apoyo para sus necesidades básicas. En definitiva, tienen mucha vida y muchas vidas que contar”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reforzado un 26 por cierto la inspección de los centros residenciales de personas mayores con relación al mismo periodo del año anterior.

Así lo ha adelantado Aurelia Sánchez, consejera de Bienestar Social, durante una rueda de prensa en la que ha manifestado que el Ejecutivo autonómico “ha aprobado un Plan de Inspección específico para los centros residenciales en los que residen personas mayores, que se va a desarrollar durante el Estado de Alarma”.

En este sentido, la titular de Bienestar Social ha explicado que el objetivo fundamental será velar por la calidad y la seguridad en los centros residenciales de mayores, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente tanto en los centros públicos como privados. Este Plan de Inspección, ha continuado Aurelia Sánchez, “servirá de base para auditar y mejorar el modelo de centros residenciales de nuestra región en el sentido que adelantó nuestro Presidente Emiliano García-Page”.

Aurelia Sánchez, ha indicado que en la primera fase se realizarán 50 inspecciones en centros residenciales por parte de los 21 inspectores e inspectoras de nuestra comunidad. Por provincias, Albacete cuenta con 4 profesionales, Ciudad Real también 4, Cuenca 4, Guadalajara 4 y Toledo cuenta con 5 profesionales.

La finalidad del Plan de Inspección específico es verificar y controlar que se cumplen los protocolos de actuación, fundamentalmente para la protección de los usuarios de las residencias de mayores debido a la propagación de la COVID-19 conforme a la normativa del Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Bienestar Social y Sanidad

Para garantizar la protección de los usuarios de los centros residenciales, este Plan de Inspección especifico supervisará los recursos humanos disponibles para la atención directa a las personas mayores así como las condiciones higiénicas de las instalaciones y alimentación de los usuarios. También velará por el cumplimiento del ejercicio de los derechos y deberes de las personas usuarias establecidos en la normativa vigente, teniendo en cuenta la normativa dictada con motivo del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria, y registrará si han existido en el Centro situaciones de COVID-19, traslados por este motivo además de la organización y distribución de los espacios del centro.

De esta forma, finalmente se supervisará la disponibilidad y cumplimiento de Planes de actuación para, en su caso, asesorar a los centros sobre las actuaciones a realizar a fin de mejorar el bienestar de los usuarios y el cumplimiento de la formación e información de los procedimientos COVID- 19.

Aurelia Sánchez, ha destacado que la labor del personal de inspección consiste en “verificar y controlar la gestión de los centros y asesorar a sus responsables para mejorar la calidad que prestan a los mayores y la seguridad en los centros residenciales”, adaptándose a las circunstancias que tenemos en la actualidad.

Asimismo, y en cuanto al procedimiento de actuación de los inspectores en la visita a los centros residenciales, es necesario que se adapte a las medidas higiénico-sanitarias establecidas con el objetivo de proteger la salud de los residentes y de los propios profesionales.

Inspecciones en el año 2019

La Consejera de Bienestar Social, ha recordado que en el año 2019 se realizaron un total de 1189 inspecciones en alguna de las 379 residencias de mayores de la región, 155 viviendas de mayores, 131 recursos para personas con discapacidad o 72 recursos residenciales de menores.

De estas 1.189 inspecciones, 895 fueron en residencias de mayores; 169 fueron en Albacete, 250 en Ciudad Real, 99 en Cuenca, 86 en Guadalajara, y 291 en Toledo.

Desinfecciones en centros residenciales

Por otro lado, Aurelia Sánchez, ha puesto en valor el trabajo que se ha llevado a cabo desde la Consejería de Desarrollo Sostenible – a través del especial de GEACAM – para la desinfección de los centros residenciales con 1.373 servicios de desinfección a día de hoy. De éstos, 798 han sido en centros de mayores desde que se puso en marcha el dispositivo especial el pasado 20 de marzo.

Residencias de mayores

La consejera de Bienestar Social ha tenido palabras de reconocimiento “al trabajo cercano y al esfuerzo de los profesionales de las residencias de mayores de Castilla-La Mancha” durante esta crisis sanitaria. Aurelia Sánchez, ha indicado que las residencias “han llorado de dolor, porque son los hogares de las personas mayores donde desarrollan sus proyectos de vida y donde tienen el apoyo para sus necesidades básicas. En definitiva, tienen mucha vida y muchas vidas que contar”.

Por otro lado, Aurelia Sánchez, ha asegurado que tal vez la pandemia haga “repensar el modelo de las residencias, adaptando distintos aspectos a las nuevas necesidades”. Pero en general, ha señalado la titular de Bienestar Social, “los profesionales han realizado un trabajo impecable, profesional, cercano y compartiendo el sufrimiento de las familias”.

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha destacado que este protocolo firmado con Cruz Roja “llegará a familias de nuestra Comunidad Autónoma donde la Atención Primaria de Servicios Sociales será clave para que a través de informes a Cruz Roja se tramiten de forma rápida ayudas de esta entidad social”. Además, Sánchez ha valorado “la generosidad de la financiación de Cruz Roja para que estas donaciones lleguen al máximo número de personas de nuestra región”.

Asimismo, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha renovado el V convenio de colaboración con Cruz Roja para el desarrollo del Plan Regional contra la Pobreza Energética en el año 2020. Sánchez ha apuntado que, según los datos de 2019, se beneficiaron de este convenio 18.474 personas y de ellos 8.400 eran menores.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha firmado un protocolo de colaboración con Cruz Roja con el objetivo de atender situaciones de pobreza económica derivadas de la crisis sanitario del Covid-19.

Así lo ha manifestado Aurelia Sánchez, consejera de Bienestar Social, durante la videoconferencia que ha mantenido con Jesús Esteban, presidente regional de Cruz Roja, y Guadalupe Martín, viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales.

Aurelia Sánchez, ha valorado que el Gobierno de Castilla-La Mancha trabaje para dar respuestas “simultáneas” a las necesidades sanitarias, económicas y sociales de muchas familias. Por lo que, el Ejecutivo autonómico cree necesario reforzar la protección económica de estas personas aunando esfuerzos entre la Administración pública y las entidades sociales.

En este sentido, la responsable de Bienestar Social, ha explicado que, para atender dichas necesidades básicas, se concederán a través de Cruz Roja ayudas económicas destinadas a adquirir bienes o servicios de primera necesidad como alimentos básicos; elementos de limpieza y aseo personal; vestido o calzado, y por otra parte sufragar gastos relacionados con necesidades de salud consecuencia de la crisis del Covid-19.

Aurelia Sánchez, ha destacado que este protocolo firmado hoy con Cruz Roja “llegará a familias de nuestra Comunidad Autónoma donde la Atención Primaria de Servicios Sociales serán claves para que a través de informes a Cruz Roja se tramiten de forma rápida ayudas de esta entidad social”. Además, ha valorado la labor de los voluntarios y voluntarias de la entidad, y “la generosidad de la financiación de Cruz Roja para que estas donaciones lleguen al máximo número de personas de nuestra región”, ha aseverado.

Sánchez, ha precisado que los beneficiarios de estas ayudas económicas podrán ser las unidades familiares que residan en la región, se encuentren en situación de necesidad y no dispongan de ingresos suficientes para atender necesidades básicas.

Por su parte, Jesús Esteban, presidente regional de Cruz Roja, ha manifestado “su satisfacción por la colaboración de la Administración regional con las entidades sociales y la sociedad civil para dar respuesta de forma rápida a los problemas de los más vulnerables”.

Renovación de convenio para el desarrollo del Plan Regional contra la Pobreza Energética

Por otro lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha renovado el V convenio de colaboración con Cruz Roja para el desarrollo del Plan Regional contra la Pobreza Energética en el año 2020.

La firma del convenio incluye la ayuda económica de 150 euros, cuando lo prescriba el trabajador social o trabajadora social de Atención Primaria. También contempla la incorporación de las Ayudas de Emergencia Social para prevenir cortes de suministros energéticos.

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, también ha indicado que se trata de “un acuerdo que tiene aplicación durante todo el año hasta diciembre de 2020 y que fue pionero en toda España para ayudar a las personas y familias que tuviesen problemas de pago de suministros energéticos”.

Además, ha apuntado que, según los datos de 2019, se beneficiaron 18.474 personas y de ellos 8.400 eran menores. Sánchez, ha abogado por la continuidad de este Plan de Pobreza Energética que garantice “dignidad a las personas, especialmente en un momento tan complicado y con las circunstancias tan difíciles de la pandemia de la COVID-19”, ha afirmado la consejera.

El presidente del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page se ha reunido junto al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz y la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, con las delegadas y delegado de Bienestar Social en las cinco provincias de Castilla-La Mancha y con una representación de las directoras y directores de los centros residenciales de la región con los que se ha hecho balance de las medias adoptadas por la crisis sanitaria surgida por el COVID-19.

Sánchez ha tenido palabras de agradecimiento y reconocimiento para la autoridad sanitaria y profesionales sanitarios que “intentan dar normalidad en los centros residenciales”, para todos los profesionales sociales, auxiliares de ayuda a domicilio y especialmente para los profesionales de los centros socio-sanitarios de toda la región, que “llevan a cabo un trabajo impecable, cercano, profesional y lleno de afecto hacia las personas mayores”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha facilita las contrataciones de personal en los centros socio-sanitarios de toda la región con 3.500 profesionales inscritos en la Bolsa Social, desde su puesta en funcionamiento hace una semana.

Así lo ha manifestado Aurelia Sánchez, consejera de Bienestar Social, tras la reunión que ha mantenido junto al presidente del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page y el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, con las delegadas y delegado de Bienestar Social en las cinco provincias de Castilla-La Mancha y con una representación de las directoras y directores de los centros residenciales de la región con los que se ha hecho balance de las medias adoptadas por la crisis sanitaria surgida por el COVID-19

Aurelia Sánchez, ha indicado que el objetivo de la Bolsa de trabajo de profesionales socio-sanitarios es ofrecer a los centros residenciales que, encontrando serias dificultades para contratar, la sustitución de su personal en cuarentena o contagio de forma inmediata y facilitar el proceso de contratación. Con profesionales cercanos y formados en las distintas áreas que se solicitan. En este sentido, ha señalado que, “de los 3.500 currículos recibidos, el 29% corresponde a gerocultores y auxiliares de enfermería y ayuda a domicilio, el 26% corresponden a personal de limpieza; el 20% a cocina; y un 25% a profesionales de la psicología, trabajadores/as sociales, fisioterapeutas, logopedas o celadores, entre otros”.

La titular de Bienestar Social, ha manifestado que al Gobierno de Castilla-La Mancha le preocupa mejorar la vida de aquellos que más lo necesitan, por el ello, las Consejerías de Bienestar Social y Sanidad han elaborado un protocolo de intervención dentro de la prestación de Ayuda a Domicilio, con el objetivo de que no se vea interrumpida la prestación de necesidades básicas de los usuarios y prestar el servicio de forma más protegida. En este contexto, Aurelia Sánchez, ha explicado que “la prestación de Ayuda a Domicilio en el número de personas atendidas con 9.164 beneficiarios en la actualidad y 2.700 profesionales que prestan el servicio”.

Además, Aurelia Sánchez ha avanzado la intención del Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Garcia-Page, “de reunirse con el Tercer Sector Social para plantear que medidas puede desarrollar el Ejecutivo con un Plan de medidas de emergencia y excepcionales para la ciudadanía que peor lo está pasando”. En este sentido, la responsable de Bienestar Social, ha destacado que el Gobierno de Castilla-La Mancha también “está a la espera de que el Gobierno Nacional apruebe el Ingreso Mínimo Vital para todo el territorio nacional”.

Por otro lado, la consejera de Bienestar Social, ha destacado el dispositivo de comunicación a través de video-llamadas entre familiares y residentes de los centros residenciales de la región que se está poniendo en marcha con entidades del Tercer Social que trabajan en el ámbito del envejecimiento activo, y que no han podido desarrollar sus proyectos debido a la crisis del COVID-19.

Finalmente, Aurelia Sánchez, ha tenido palabras de agradecimiento y reconocimiento para la autoridad sanitaria y profesionales sanitarios que intentan dar normalidad en los centros residenciales, para todos los profesionales sociales, auxiliares de ayuda a domicilio y especialmente para los profesionales de los centros socio-sanitarios de toda la región, que “llevan a cabo un trabajo impecable, cercano, profesional y lleno de afecto hacia las personas mayores”.

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha indicado que “debido a la situación que deriva de la crisis del Covid-19, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a esta subvención directa para los seis primeros meses del año, agilizando así los trámites para las entidades de Iniciativa Social que gestionan los hogares y centros de protección de menores de la región”.

La titular de Bienestar Social ha destacado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ampara y protege a los niños y niñas de la región. En este sentido ha señalado que “el Gobierno regional es tremendamente sensible a todas las necesidades de los colectivos sociales y, por supuesto, no puede olvidar a los niños y niñas que provienen de las familias más vulnerables, que se encuentran en los hogares de protección o acogidos en familias”.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión directa de 7,6 millones de euros para subvenciones con carácter urgente y excepcional a diversas entidades de Iniciativa Social para el mantenimiento de centros de menores, afectados por medidas de protección y reforma, con el objetivo de garantizar su amparo durante la crisis del Covid-19.

De esta forma, Aurelia Sánchez, consejera de Bienestar Social, ha indicado que “debido a la situación que deriva de la crisis del Covid-19, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a esta subvención directa para los seis primeros meses del año, agilizando así los trámites para las entidades de Iniciativa Social que gestionan los hogares y centros de protección de menores de la región”.

Esta concesión directa de 7,6 millones de euros va destinada a la gestión que llevan a la cabo 15 entidades de Iniciativa Social en 55 hogares y centros de protección de menores de la región con casi 500 plazas.

Aurelia Sánchez, ha destacado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ampara y protege a los niños y niñas de la región. En este sentido ha señalado que “el Gobierno regional es tremendamente sensible a todas las necesidades de los colectivos sociales y, por supuesto, no puede olvidar a los niños y niñas que provienen de las familias más vulnerables, que se encuentran en los hogares de protección o acogidos en familias”.

Estos niños y niñas, ha subrayado la consejera, “deben tener el apoyo educativo y sanitario, pero también el apoyo emocional que necesitan a través de los profesionales, porque ellos son nuestro presente y futuro”.

Aurelia Sánchez, ha manifestado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha distintas actuaciones con el objetivo principal de proteger a los menores y las familias de la región. Entre esas actuaciones ha destacado el Dispositivo de Apoyo a Familias con hijos e hijas en situación de vulnerabilidad (DIAM) y los Programas de Apoyo a las Familias que continúan realizando tareas de apoyo y seguimiento a las familias a través de contacto telefónico y otros medios telemáticos

Además, la consejera de Bienestar Social ha destacado especialmente un Programa Específico de Apoyo a la Red de Entidades y Programas de Infancia para atender las situaciones de emergencia que se están produciendo y se pueden producir, con dos ejes de actuación que desarrolla un equipo de psicólogos y psicólogas, trabajadores sociales, así como de educadores y educadoras.

El primero de los ejes articula la atención psicosocial durante el confinamiento, con apoyo a los profesionales de los hogares y centros de menores que requieran apoyo para realizar intervenciones online con los residentes de los mismos y apoyo psicológico a grupos en situaciones de conflicto.

El segundo eje tiene como objetivo la atención psicológica individual derivada de crisis Covid-19, a personas que sufren alteraciones psicológicas o emocionales como consecuencia de la crisis actual, donde se incluye el apoyo psicológico a niños, niñas y adolescentes cuyos progenitores están hospitalizados como consecuencia del COVID-19 o que han sufrido una experiencia traumática o de pérdida relacionada con esta pandemia (cuando no exista ese recurso a nivel local o por parte de otras entidades).

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha explicado que este reconocimiento de discapacidad debe realizarse desde el diagnóstico, “algo que ya se está desarrollando en Castilla-La Mancha pero que necesita la modificación del baremo por parte del Gobierno de España”.

Además, Sánchez ha explicado que, en el último año, de las 20.000 solicitudes de discapacidad, “se han resuelto 17.700, es decir, con un grado de ejecución del 86 por ciento”.

Aurelia Sánchez, consejera de Bienestar Social, ha pedido al Gobierno central que “modifique el procedimiento de valoración para que las niñas y los niños con cáncer tengan el 33 por ciento desde el momento del diagnóstico”.

La titular de Bienestar Social del Ejecutivo castellano-manchego ha explicado que este reconocimiento de discapacidad debe realizarse desde el diagnóstico, “algo que ya se está desarrollando en Castilla-La Mancha pero que necesita la modificación del baremo por parte del Gobierno de España”.

Así lo ha manifestado Aurelia Sánchez, durante una reunión de trabajo y coordinación con las directoras y directores de los seis centros base que hay en Castilla-La Mancha, donde ha estado acompañada por el director general de Discapacidad, Javier Pérez y por las delegadas y delegados de Bienestar Social en las cinco provincias de la región, entre otros.

En cuanto a los datos, la consejera de Bienestar Social ha informado, tras la reunión con los centros base, que en la región hay 150.500 personas con grado de discapacidad del 33 por ciento o superior. “Estas personas están de enhorabuena porque este año se cumple el compromiso del presidente Emiliano García-Page de que tengan el transporte reducido para todas las personas con discapacidad, es decir, pueden viajar dentro de la Comunidad Autónoma, con un descuento del 50 por ciento”.

Además, Aurelia Sánchez, ha explicado que, en el último año, de las 20.000 solicitudes de discapacidad, “se han resuelto 17.700, es decir, con un grado de ejecución del 86 por ciento”. En este sentido, la titular de Bienestar Social ha reconocido la labor de todos los profesionales y las profesionales de los centros base de Castilla-La Mancha, que trabajan por el bienestar de la ciudadanía.

Finalmente, la consejera ha recordado que además de la Tarjeta Verde, el Gobierno de Castilla-La Mancha cuenta con la Tarjeta Joven de transporte, en funcionamiento desde finales de 2017 y la Tarjeta Dorada, dirigida a personas de más de 65 años, puesta en marcha el 1 de diciembre de 2018.

Artículo de la consejera de Bienestar Social con motivo del Día Mundial de la Justicia Social

El 26 de noviembre de 2007 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobaba celebrar cada 20 de febrero como Día Mundial de la Justicia Social, una celebración que viene a recoger una larga trayectoria de organismo internacional a favor de la promoción del desarrollo social y la igualdad de oportunidades.

La Justicia Social se plantea como una necesidad para que una sociedad esté cohesionada, y aparece junto con la paz y la seguridad, pues estos elementos, son indispensables cuando hablamos del respeto de los derechos y las libertades fundamentales.

Este año, la ONU ha elegido como tema central de la celebración el lema ‘Cerrar la brecha de las desigualdades para lograr la justicia social’ poniendo el foco en eliminar las barreras que generan inequidad, tales como las diferencias de género, edad, raza, religión, posición social o discapacidad.

Justicia Social es un término con un gran significado y que entronca con términos como democracia, ciudadanía, igualdad, bienestar, inclusión, etc., valores todos ellos que forman parte esencial de la Constitución de 1978, en la idea de sociedad que dibuja, y que representa de manera nítida una forma de convivencia y progreso social para toda la sociedad, para los pueblos y las personas que formamos parte de ella.

Todas las personas y todos los colectivos precisan de apoyos, partiendo del principio de que todas las personas somos diferentes, todas, sin excepción, merecemos tener igualdad de oportunidades, en especial aquellas con mayores dificultades sociales o económicas, por lo que debemos desarrollar sistemas económicos que promuevan el trabajo decente, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que combatan la pobreza.

Esta es la labor principal a la que nos enfrentamos como sociedad, generar esa igualdad de oportunidades con especial atención a los grupos más vulnerables como son las personas de edad, las personas con discapacidad o las personas en riesgo de exclusión social y, hoy, más si cabe, prestando atención a la despoblación de las zonas rurales, un desafío muy notable que la globalización ha exacerbado.

Si bien es cierto que la globalización ofrece oportunidades para muchos, y que en estos últimos 40 años se han visto un desarrollo sin igual de los derechos y las libertades, el crecimiento económico y la riqueza no se ha traducido en prosperidad para todos, generando importantes cotas de desigualdad que se observan económicamente, pero también desde el punto de vista de determinados colectivos y de determinados territorios.

Ese es el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha “cerrar la brecha de las desigualdades para lograr la justicia social”: promover el empleo, el diálogo permanente con la sociedad y los grupos que la representan, como los profesionales, y las familias, al lado de la ciudadanía para conseguir una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva, en definitiva, una sociedad con mayor bienesta

Aurelia Sánchez Navarro

Consejera de Bienestar Social