Artículo de opinión inmaculada Herranz
Desde que Podemos entró en el Gobierno de Castilla-La Mancha en agosto de 2017 no hemos cejado en nuestro empeño de construir una sociedad más justa e igualitaria por medio del impulso y puesta en marcha de medidas sociales cuyas competencias corresponden a esta Administración. Razones de peso no nos faltan, ya que, a pesar de la mejora cualitativa y cuantitativa de estos últimos cuatro años, nuestra región adolece de importantes debilidades socioeconómicas muy presentes en nuestros hogares y ratificadas por los datos de pobreza relativa, renta media de los hogares, desempleo y tejido productivo, proporcionados por fuentes oficiales. Debilidades que, si no se trabaja sobre ellas de manera constante y decidida, corren el riesgo de perpetuarse en nuestra sociedad hasta el punto de convivir con ellas de una manera natural.
El Anteproyecto de Ley de Garantías de Ingresos y Garantías Ciudadanas marca un antes y un después de las políticas públicas de nuestra región por dos importantes razones: En primer lugar, por la alta participación y consenso social con los que ha contado en su elaboración. Organizaciones sindicales, organizaciones del tercer sector, organizaciones profesionales y asociaciones de vecinos que, a través de la Mesa Regional de Garantías Ciudadanas, han formado parte activa de la elaboración del texto normativo, mostrando así la necesidad que tiene Castilla-La Mancha de una Ley como esta. En segundo lugar, por el alto impacto que tiene sobre los puntos débiles a los que hacía referencia en el párrafo anterior, es decir, sobre el empleo, la producción y la renta.
Durante el primer año de implementación se estima que, aproximadamente, 23.000 hogares castellano-manchegos con menores tendrán derecho a la Garantía de Ingresos, es decir, a participar en una política activa de empleo remunerada y/o a una prestación económica (renta garantizada). En ambos casos se trata de una transferencia corriente de rentas que asegura un poder adquisitivo necesario para satisfacer las necesidades más básicas de las familias, alejándolas de una situación de vulnerabilidad económica. Pero los efectos de esta Ley no se limitan única y exclusivamente a estas familias, ya que, tal y como muestra un reciente estudio realizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, la transferencia de rentas genera unos efectos dinamizadores del consumo, la producción y el empleo de nuestra región. La inversión en este programa se estima que supondrá la generación de más de 1.000 empleos y un aumento de la producción de casi 90 millones de euros.
Estamos, por tanto, ante una Ley que da un impulso mayúsculo al sistema de garantías que actualmente está implementando la Junta de Castilla-La Mancha. Una Ley para recuperar aquellos hogares que más sufrieron los efectos de la crisis económica. Una Ley cuyos efectos se expanden al conjunto de la población por medio de la estimulación del consumo, la producción y el empleo, favoreciendo la erradicación de la pobreza severa y fomentando la igualdad de oportunidades. Una Ley que es viable en términos económicos y que sería incomprensible que no contara con su aprobación por unanimidad de todos los grupos políticos con representación en las Cortes Regionales. En definitiva, una ley que demuestra nuestro compromiso y nuestro trabajo por esta sociedad.
Inmaculada Herranz
Consejera para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas