Por Alberto Giménez Artés. Presidente de la Fundación Economía y Salud
“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente ausencia de enfermedad” según la Organización Mundial de la Salud. Por su parte, el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) señala que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.
Nuestra Constitución Española, dentro del Título Primero Capítulo II relativo a los principios rectores de la política social y económica, establece el derecho a la protección de la salud, correspondiéndole a los poderes públicos organizarla y tutelarla a través de las medidas preventivas y de las prestaciones y servicios que sean necesarios con el fin de crear las condiciones para que pueda ejercitarse en el nivel más adecuado posible.
Los derechos fundamentales a la libertad y el derecho a la vida de los que habla también nuestra Constitución no son ajenos al derecho de las personas a la protección de la salud. El derecho a la salud no es un fin en sí mismo, es un medio. Un medio que permite el desarrollo de la persona, el uso de su libertad y su capacidad de relacionarse con los demás, el de poder llevar a cabo proyectos vitales que serían muy difíciles o de imposible realización en situaciones de ausencia de salud, de enfermedades graves o de no tener cubiertas las necesidades básicas. Una vida sin libertad es una vida que no merece la pena ser vivida, pero sin salud no hay vida ni posibilidades de ejercicio efectivo de la libertad. Estamos, por tanto, ante un derecho básico.
Tanto la legislación internacional como la legislación de desarrollo española van en la línea de reforzar ese derecho a la libertad de forma que la persona pueda elegir, con el mejor conocimiento de causa, los tratamientos que desee recibir e incluso negarse a un tratamiento, aunque ello ponga en peligro su vida. Esta nueva incursión del derecho de la salud en el ámbito de la libertad individual le otorga una categoría que bien debería llevar a su inclusión en el capítulo de los derechos fundamentales
Por otra parte, no debemos olvidar que todo derecho incorpora también deberes y obligaciones. En el caso del derecho a la salud encontramos como deber personal el del autocuidado, el de procurarse a sí mismo el mejor estado de salud y no solo por pura coherencia, sino por contribuir a unas mejores y mayores posibilidades de ejercicio del derecho, asegurando la sostenibilidad del Sistema.
Expresamente el apartado 3 del artículo 45 de la Constitución Española establece la obligación de los poderes públicos de fomentar la educación sanitaria, la educación física y el deporte junto con una adecuada utilización del ocio. Estamos hablando claramente de políticas de promoción de la salud, que, junto a medidas preventivas, que igualmente se mencionan en el apartado 2 de dicho artículo, contribuyen a un mayor nivel de salud, es decir, de calidad de vida que permite además un menor gasto y una mayor sostenibilidad.
Acaban de publicarse los resultados del año 2019 por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social donde se nos informa de que durante ese año el gasto en Sanidad se elevó al 6%, es decir unos 75.000 millones de euros, lo que representa un gasto per cápita de 1.600€ aproximadamente. La cifra es insuficiente. Si queremos acercarnos a la media europea, necesitaríamos, al menos, un punto más, siempre y cuando la sanidad privada mantenga su gasto en el 3%. Pero no solamente debemos gastar más, sino también mejor. No tiene sentido que de todo el gasto sólo un 1% lo hayamos dedicado a la promoción de la salud y políticas de Salud Pública. Como tampoco tiene sentido el excesivo hospitalocentrismo que existe en nuestro Sistema con una escasa atención primaria que apenas llega al 10% del gasto. Por otra parte, el gasto de personal se ha elevado a casi un 50%. Un gasto de personal que hay que analizar con detenimiento, porque si bien es verdad que debemos incrementar los sueldos de nuestros profesionales, debemos igualmente bajar un nivel de absentismo desproporcionado, mejorando la gestión y la motivación. Por cierto, es preciso destacar el enorme esfuerzo, digno del mayor elogio, que han hecho y están haciendo estos profesionales durante las circunstancias extraordinarias que ha originado la pandemia que estamos sufriendo.
Celebremos hoy el Día Mundial de la Salud, pero pongámonos a trabajar de inmediato en mejorar nuestra eficiencia y nuestros resultados en salud, procurando la mayor calidad de vida a nuestros ciudadanos. Es decir, la mayor salud posible. Resulta, sin duda, la primera de nuestras obligaciones.
Alberto Giménez Artés
Presidente de la Fundación Economía y Salud