Administración JCCM

La publicación de la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos forma parte de los procesos selectivos convocados por el Gobierno regional para optar a alguna de las 1.842 plazas correspondientes a las ofertas de empleo público ordinarias de los años 2021 y 2022 y a las 490 de la oferta extraordinaria de estabilización.

Está previsto que la fecha, hora y lugares de exámenes se publiquen en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en la primera quincena de junio y que las primeras pruebas de los procesos selectivos se lleven a cabo entre octubre y noviembre.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica hoy la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en los procesos selectivos para optar a alguna de las 2.332 plazas convocadas en Administración General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para los que se han admitido 66.616 solicitudes.

Se trata de la convocatoria más numerosa de la historia en este sector en la Comunidad Autónoma: un total de 2.332 plazas, de las que 1.842 corresponden a las ofertas de empleo público ordinarias de los años 2021 y 2022 y, los 490 restantes, a la oferta extraordinaria de estabilización para 2022.

Del total de solicitudes admitidas, 29.066 son para optar a alguna de las 1.320 plazas de personal funcionario y 37.550 para las 1.012 plazas de personal laboral. Además, los datos ponen de manifiesto una masiva participación de las mujeres, ya que, con 46.386 solicitudes admitidas, representan más del doble que los hombres, con 20.230.

En el caso de las 94 plazas reservadas para discapacidad general, han sido admitidas 2.349 solicitudes, de las cuales 1.181 son para participar en los procesos selectivos de personal funcionario y 1.168 para los de personal laboral. Y para las 36 plazas reservadas a discapacidad intelectual han sido admitidas 443 solicitudes, de las que 184 optarán a las plazas de personal funcionario y 259 a las de personal laboral en un proceso selectivo que, de nuevo, se llevará a cabo de forma independiente, con pruebas y temarios adaptados.

En promoción interna se han admitido 1.508 solicitudes, de las que 1.017 son para plazas de personal funcionario y 491 para personal laboral.

Más de 190 tribunales

Para estos procesos selectivos van a constituirse 192 tribunales, siendo 118 para los de las ofertas ordinarias y 74 para los de la oferta de estabilización. En su composición se ha respetado la paridad entre hombres y mujeres, superando el número de mujeres (55 por ciento) al de hombres (45 por ciento). Igualmente, se garantiza la paridad en el desempeño de los puestos de mayor importancia dentro de los tribunales (presidencias y secretarías).

La designación se ha realizado conforme a los principios de capacidad, profesionalidad y voluntariedad y ha recaído en personas con un alto grado de cualificación para la función encomendada. Con ello, la decisión adoptada garantiza la objetividad y la igualdad en los procesos selectivos, así como el respeto a la autonomía, imparcialidad, profesionalidad, especialización, transparencia y discrecionalidad técnica de los mismos.

Está previsto que la fecha, hora y lugares de exámenes se publiquen en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en la primera quincena de junio y que las primeras pruebas se lleven a cabo entre octubre y noviembre.

Esta formación práctica permitirá al alumnado complementar los conocimientos adquiridos durante su formación académica y favorecerá la adquisición de competencias que le prepare para el ejercicio de actividades profesionales.

El Gobierno regional y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) han firmado un convenio mediante el cual los estudiantes del primer Máster Universitario en Auditoría Pública podrán realizar prácticas en la Intervención General de la Junta, dependiente de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, con el fin de complementar los conocimientos adquiridos durante su formación académica.

El objeto de este acuerdo es establecer un marco de colaboración entre ambas instituciones para la realización de prácticas académicas externas por parte de los estudiantes del mencionado Máster, lo que favorecerá la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales.

El programa formativo, la dedicación mínima y las actividades que desarrollará el alumnado serán establecidos conjuntamente por las partes firmantes y podrán realizar prácticas en la Intervención General un máximo de cinco estudiantes de la UCLM.

La asistencia a la Intervención General se ajustará al calendario, horario y régimen de permisos al que tenga derecho el alumnado, con arreglo a la normativa universitaria vigente, y será establecido conjuntamente. Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la actividad académica, formativa y de representación y participación desarrollada por el estudiante en la Universidad regional.

Por parte de la UCLM se designará un tutor académico responsable del correcto desarrollo de las prácticas, mientras por parte de la Intervención General se asignará un tutor responsable con experiencia profesional y con los conocimientos necesarios para realizar una tutela efectiva.

El convenio establece, además, la creación de una comisión mixta de seguimiento, integrada por dos representantes de cada una de las partes, encargada vigilar y evaluar la ejecución del acuerdo, que mantendrá su vigencia durante un periodo de cuatro años, así como de proponer su prórroga y de resolver los problemas de interpretación y aplicación que puedan producirse a lo largo de la vigencia del mismo.

Ambas instituciones han coincidido en el alto interés que la formación práctica de los estudiantes universitarios tiene para la sociedad en general, beneficiaria final de la preparación profesional de los titulados universitarios.

Se incrementa el número de acciones formativas ‘on line’ y mixta incluyéndose, como novedad, la modalidad telepresencial, que permite impartir los cursos a través de una plataforma virtual entre el equipo docente y el alumnado.

El Plan de Formación, un instrumento básico para la mejora continua y modernización de los servicios públicos, ofrecerá más de 9.900 horas lectivas repartidas en 11 programas formativos, que van desde administración electrónica, transparencia, participación y protección de datos hasta idiomas, competencia digital y habilidades sociales.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el nuevo Plan de Formación de la Junta de Comunidades para este año dirigido al personal de Administración General y que constará de 280 cursos, con más de 9.700 plazas ofertadas dirigidas tanto al personal funcionario como al laboral de la Administración regional.

Este Plan de Formación para 2021 fue aprobado la pasada semana por la Comisión de Formación para el Empleo de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tras ser elaborado por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Dirección General de Función Pública, de la que depende la Escuela de Administración Regional.

Tal y como se recoge en la resolución que hoy se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), estos 280 cursos del Plan de Formación de la Junta, se llevarán a cabo a través de 406 ediciones formativas, que supondrán más de 9.900 horas lectivas repartidas en 11 programas formativos. Programas que van desde administración electrónica y competencia digital hasta transparencia, participación y protección de datos e idiomas.

Otras formaciones que se impartirán a través de este Plan se centrarán en la formación general y específica de este personal de la Junta; autoformación; responsabilidad social corporativa de la administración pública; habilidades sociales; desarrollo personal, bienestar mental y hábitos de vida saludables; y formación dirigida al personal de administración y servicios de la Universidad de Castilla-La Mancha.

El Plan de Formación de la Junta, que es un instrumento básico para la mejora continua y modernización de los servicios públicos, incluye este año como novedad en su oferta formativa materias específicas dedicadas a la inteligencia artificial o a la gestión de los fondos europeos europeos Next Generation, otorgando más horas lectivas a la Agenda 2030 o a la Economía Circular.

De las 406 ediciones formativas, 218 de ellas serán de carácter presencial, aunque la mayoría se impartirán después del verano. Estas acciones formativas se desarrollarán con las restricciones sanitarias que se encuentren en vigor en cada momento.

Otras 100 ediciones se ofrecerán de manera online, que se incrementan con respecto al año pasado y que están programadas mayoritariamente para el primer semestre; 54, tendrán carácter mixto y 34 serán en formato telepresencial, una modalidad formativa que es novedosa este año en la que el equipo docente se conecta a través de una plataforma virtual con el alumnado, que se encuentra en su puesto de trabajo.

Para el correcto desarrollo de los grupos que asistan a la modalidad telepresencial, con un máximo de 15 alumnos, desde la Escuela de Administración Regional se impartirá un curso para formar a los docentes que impartirán estas clases a través de dicha plataforma virtual.

Este Plan tiene como principal finalidad ofrecer la formación necesaria que permita mejorar las competencias profesionales del personal de la Junta de Comunidades para hacer frente a las nuevas necesidades y demandas de la sociedad hacia la administración pública, dando respuesta también a sus expectativas de mejora en el ejercicio profesional, aprendizaje, promoción y satisfacción laboral.

Se podrán beneficiar de las acciones formativas que componen el plan todos los empleados públicos en situación de servicio activo de la Administración General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos, excluido el personal docente y el personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).

La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas dicta una resolución para fijar las medidas organizativas y preventivas en la reincorporación gradual y progresiva a los centros de trabajo, que comenzará tras la entrada de cada provincia en la fase 1 del plan para la transición hacia la nueva normalidad.

Respetar el distanciamiento social de dos metros, cuidar la higiene de manos, facilitar la información sobre el correcto lavado y desinfección de las manos, seguir las normas de etiqueta respiratoria, habilitar un sentido de entrada y otro de salida en el acceso a los centros de trabajo y evitar la celebración de reuniones de trabajo entre las principales medidas de organización y prevención en la reincorporación a los centros de trabajo.

Toledo, 11 de mayo de 2020.- La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha dictado una resolución en la que se establecen las medidas de carácter organizativo y preventivo en la reincorporación del personal empleado público de Administración General a los centros de trabajo, un proceso que tendrá como claves proteger la salud de los trabajadores y evitar contagios por COVID-19 y que comenzará con la entrada de la provincia en la que se encuentre el lugar de trabajo en la fase 1 de desescalada.

Así se establece en la resolución de la Dirección General de Función Pública, que ha sido dictada previa consulta con el Comité Sectorial de Seguridad y Salud Laboral de Administración General, reunido telemáticamente el pasado viernes, y que se irá adecuando en todo momento a lo que disponga la autoridad sanitaria competente.

La resolución determina una reincorporación gradual y progresiva a los centros de trabajo, de tal manera que el personal que cuente con despacho individual será el primero en volver, haciéndolo al día siguiente de que la provincia en la que presta servicios entre en la fase 1 del plan para la transición hacia la nueva normalidad.

La semana siguiente a esa entrada de la provincia en la fase 1 se reincorporarán los empleados públicos que compartan despachos o salas, siendo el personal de atención directa al público el que se reincorporará en último lugar, que lo hará cuando la autoridad sanitaria competente autorice el acceso de la población a los edificios e instalaciones del sector público.

Una planificación genérica que cuenta con excepciones dependiendo de las diferentes circunstancias que tenga el personal, como puede ser tener a su cargo menores de 14 años o mayores dependientes afectados por el cierre de los centros de día, servicios de promoción de la autonomía personal, centros ocupacionales, de capacitación y de atención temprana a personas con discapacidad.

Además, el personal que se encuentre en cualquiera de los colectivos clasificados como grupos vulnerables para la COVID-19 se podrá reincorporar cuando la autoridad sanitaria decrete el inicio de la fase de nueva normalidad, salvo que quiera hacerlo de forma voluntaria; mientras que el personal que presta servicios en centros cerrados volverá cuando la autoridad sanitaria determine la apertura de los mismos, aunque podrá acordarse la incorporación de personal imprescindible para realizar tareas administrativas preparatorias, de limpieza o de acondicionamiento.

Hasta que cada empleado público pueda incorporarse a su centro de trabajo continuará prestando los servicios en la modalidad no presencial, tal y como viene haciendo hasta ahora.

Igualmente, con carácter general, cualquier empleada o empleado público que presente sintomatología que pueda estar asociada al COVID-no debe acudir al centro de trabajo y contactar con el teléfono de atención de atención 900 23 23 23 o con su centro de salud o consultorio local y seguir sus instrucciones.

Medidas preventivas y organizativas en los centros de trabajo

Por otra parte, la resolución de la Dirección General de Función Pública establece las diferentes medidas preventivas y organizativas que deberán desarrollar los órganos responsables de los centros de trabajo para que este proceso de reincorporación se lleve a cabo protegiendo en todo momento la salud de los empleados públicos.

Estas medidas preventivas se definen como unas líneas de actuación de carácter general, sin perjuicio de que las diferentes consejerías y organismos autónomos adopten, en sus respectivos centros de trabajo, aquellas actuaciones que consideren oportunas en función de las actividades concretas que se desarrollan en los mismos.

De esta forma, con carácter general se determina que, a fin de evitar aglomeraciones en las horas de entrada y salida, se podrá establecer la flexibilización de la jornada laboral, autorizar la distribución de la jornada diaria de trabajo o reorganizar los turnos de trabajo.

En línea con la ‘Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo’ del Ministerio de Sanidad, la resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas establece entre las principales medidas que se deberán adoptar en los centros de trabajo respetar el distanciamiento social de dos metros, cuidar la higiene de manos, facilitar la información sobre el correcto lavado y desinfección de las manos, seguir las normas de etiqueta respiratoria, habilitar un sentido de entrada y otro de salida en el acceso a los centros de trabajo y continuar con el fichaje mediante el ordenador de cada usuario.

Además, se ventilarán periódicamente las dependencias; se adecuará la gestión de residuos; se extremará la limpieza y desinfección de los centros de trabajo, prestando especial atención a las zonas, elementos y equipos comunes, y se limitará, una vez que se proceda a su apertura, el aforo de cafeterías y áreas de venta automática, así como el de los ascensores.

Igualmente, se evitarán las reuniones de trabajo, fomentando el uso de la videoconferencia.

La atención al público priorizará la atención telefónica y telemática

En cuanto a los centros de trabajo que prestan atención al público, la resolución determina que se priorizará la atención telefónica y telemática. Asimismo, se deberá limitar el aforo de usuarios mediante medidas de control de acceso en la entrada u estableciendo sistemas de cita previa para garantizar el distanciamiento interpersonal.

Además, en estos centros se asegurará la protección de los empleados públicos y usuarios con la disposición de barreras físicas y el refuerzo de las medidas higiénicas de la mampara, mostrador o mesa.

La herramienta puesta en marcha por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha permitido aportar una solución en un espacio muy breve de tiempo para que la fundamental labor de fiscalización y contabilización en la Junta de Comunidades no se viera interrumpida, adoptando así el teletrabajo también en este ámbito de la Administración regional.

La adaptación, que ha recibido la calificación de ‘Buena práctica’ del Club de Innovación, cumple con el Esquema Nacional de Seguridad.

La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha habilitado un canal electrónico para facilitar a los órganos gestores de la Administración regional la remisión de los expedientes a las unidades de Intervención para su fiscalización y contabilización, lo que ha permitido asegurar la continuidad y rigor en los pagos a la ciudadanía y proveedores y posibilitar la labor de control.

Este canal electrónico, que surge ante la excepcional situación generada por la declaración del estado de alarma como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha sido habilitado por los técnicos de la Dirección General de Administración Digital y de acuerdo con las instrucciones dadas por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.

Para el correcto funcionamiento de este nuevo canal, que ha recibido la calificación de ‘Buena práctica’ por parte del Club de Innovación, se ha dado de alta en el mismo a todo el personal adscrito a cada unidad de Intervención Delegada o Territorial.

De esta forma, con esta nueva herramienta se ha permitido aportar una solución en un espacio muy breve de tiempo para que la fundamental labor de fiscalización y contabilización de la Intervención General no se viera interrumpida, adoptando así el teletrabajo también en este ámbito de la Administración regional.

Además, esta solución técnica cumple con el Esquema Nacional de Seguridad, en todo lo relacionado con la seguridad de la información y la protección de datos para los ciudadanos.

El objetivo es garantizar que un gran número de empleados públicos de Administración General puedan desarrollar sus funciones sin acudir presencialmente a sus puestos de trabajo en los edificios administrativos, circunstancia que en una situación de normalidad no se produce.

Todo ello, que se ha implementado respetando en todo momento las políticas de seguridad digital de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha permitido adaptar en un tiempo récord el teletrabajo en el ámbito de la Administración General.

La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha duplicado en los últimos días el número total de empleados públicos con acceso remoto a sus ordenadores a través de una red privada virtual (VPN), a fin de posibilitar el trabajo no presencial durante la permanencia del estado de alarma declarado como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus.

Cabe recordar que, tras la declaración del estado de alarma, en una orden firmada por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que entró en vigor el pasado 15 de marzo, se estableció la modalidad no presencial como modo habitual de prestación de servicios para el personal empleado público de Administración General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La modalidad de trabajo no presencial, adoptada al objeto de prevenir y proteger la salud de los empleados públicos de Administración General, ha supuesto que la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Dirección General de Administración Digital, haya redoblado los esfuerzos para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos prestados por la Administración regional.

Con este objetivo, en el periodo que ha trascurrido desde que se declaró el estado de alarma se ha duplicado el número de empleados públicos que pueden acceder de forma remota, a través de una red privada virtual (VPN), a sus ordenadores de trabajo, así como el del número de usuarios de VPN concurrentes, es decir, que están conectados de forma simultánea.

De esta forma se garantiza que un gran número de empleados públicos de Administración General puedan desarrollar al mismo tiempo sus funciones sin acudir presencialmente a sus puestos de trabajo en los edificios administrativos, circunstancia que en una situación de normalidad no se produce.

Todo ello, que se ha implementado respetando en todo momento las políticas de seguridad digital de la Administración regional, ha permitido adaptar en un tiempo récord el teletrabajo en el ámbito de la Administración General.

En una orden del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), que entra en vigor hoy mismo y que estará vigente durante el estado de alarma, se establece la modalidad no presencial como modo habitual de prestación de servicios para el personal empleado público de Administración General.

El Consejo de Gobierno en su reunión de mañana aprobará las resoluciones correspondientes a cada una de las Consejerías del Gobierno regional, en las que se especificarán los puestos de trabajo cuya presencia física se considera imprescindible para el adecuado funcionamiento de los servicios públicos.

Toda o parte de la plantilla adscrita a los contratos de servicios de limpieza y de restauración de los centros educativos y centros de mayores de día, actualmente cerrados, se podrá poner a disposición de las autoridades sanitarias competentes, con el fin de reforzar coyunturalmente los medios humanos con los que cuentan los hospitales y resto de centros sanitarios de la región.

El personal empleado público de Administración General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no deberá acudir hoy a su puesto de trabajo, salvo que se le haya comunicado expresamente a lo largo de esta tarde por parte de su unidad de personal que se requiere su presencia física, de acuerdo con las medidas adoptadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha como consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

En una orden firmada por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que entra en vigor hoy mismo con su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), se establece la modalidad no presencial como modo habitual de prestación de servicios para el personal empleado público de Administración General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de que en cualquier momento, cuando sea necesario, puedan requerirse modalidades presenciales.

Esta orden pretende conciliar la ejecución de las medidas adoptadas en la declaración del estado de alarma con la continuidad de los servicios públicos encomendados a la Administración regional.

La orden, que estará vigente durante el estado de alarma declarado para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, será de aplicación para el personal que presta servicios en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en los organismos autónomos vinculados o dependientes de la misma, exceptuando al personal docente no universitario que presta servicios en los centros docentes de titularidad pública de Castilla-La Mancha, al personal sanitario, sociosanitario y al personal de los centros residenciales de servicios sociales.

Debiéndose garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios públicos, las Secretarías Generales de las diferentes consejerías del Gobierno regional determinarán el modo de prestar los servicios en la modalidad no presencial del personal a su cargo, de acuerdo con los medios tecnológicos disponibles.

Será el Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, lunes, 16 de marzo, el encargado de aprobar las resoluciones correspondientes a cada una de las Consejerías del Gobierno regional, en las que de forma más concreta se detallarán los puestos de trabajo cuya presencia física se considera imprescindible para el adecuado funcionamiento de los servicios públicos en los siguientes días.

En todo caso, añade la orden, se consideran servicios imprescindibles los relacionados con el asesoramiento jurídico, la gestión económica, la contratación, la gestión de personal, la informática y las tecnologías de la información.

Finalmente, la orden incluye una disposición adicional por la que se establece que toda o parte de la plantilla adscrita a los contratos de servicios de limpieza y de restauración de los centros educativos y centros de mayores de día, actualmente cerrados, se podrá poner a disposición de las autoridades sanitarias competentes, con el fin de reforzar coyunturalmente los medios humanos con los que cuentan los hospitales y resto de centros sanitarios de la región