Los primeros exámenes comenzarán entre el 25 de septiembre y 28 de noviembre de este año, teniendo lugar con carácter general en Toledo, a excepción de las pruebas selectivas con mayor número de aspirantes, que se celebrarán en todas las capitales de provincia de la región para facilitar la logística y, sobre todo, la comodidad y acceso de los opositores.
Las pruebas selectivas para personas con discapacidad intelectual se celebrarán en un turno independiente, con temario y pruebas adaptadas, tras la modificación de la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha para facilitar el acceso de este colectivo a la Función Pública, que fue impulsada por el Gobierno regional.
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado hoy las distintas resoluciones de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en las cuales se informa de las fechas y lugares de los exámenes para optar a las 1.583 plazas de Administración General convocadas en las Ofertas de Empleo Público de 2019 y 2020, además de la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
Según se recoge en el Diario Oficial, los exámenes comenzarán entre el 25 de septiembre, con las pruebas para discapacidad intelectual, y el 28 de noviembre, con la promoción interna de funcionarios y las plazas de técnico especialista en jardín de infancia.
Entre ambas fechas se desarrollarán los 112 procesos selectivos convocados para acceder a las 1.583 plazas, con 74 procesos para plazas de funcionarios y 38 para personal laboral, y que se dividen, a su vez, entre turno libre, promoción interna y turno de discapacidad.
Además de los dos días ya mencionados, las fechas en las que tendrán lugar las primeras pruebas selectivas son: 27 de septiembre, en las que se inician las pruebas de aptitud física de Agentes Medioambientales; 19 octubre, las pruebas para el cuerpo de Letrados; además de los días 23 y 24 de octubre, 6,7,13, 14, 21 y 27 de noviembre.
Así, en primer lugar van a tener lugar las pruebas para discapacidad intelectual, para continuar con las pruebas de funcionarios, que para todos los turnos, cuerpos y categorías se realizarán entre el 27 de septiembre y el 13 de noviembre, mientras que las pruebas para laborales discurrirán entre el 14 y el 28 de noviembre.
Institutos, centros universitarios y Academia de Infantería
En cuanto a los lugares de exámenes, tendrán lugar con carácter general en Toledo, a excepción de las pruebas selectivas con mayor número de aspirantes, que se celebrarán en todas las capitales de provincia de la región para facilitar la logística y, sobre todo, la comodidad y acceso de los aspirantes.
Estas pruebas son las de auxiliar administrativo, peón especialista, auxiliar de enfermería, auxiliar técnico educativo y personal de limpieza y servicios domésticos.
En la capital regional los centros donde tendrán lugar las diferentes pruebas son los Institutos de Educación Secundaria ‘Universidad Laboral’, ‘Carlos III’, ‘El Greco’, ‘Azarquiel’, ‘Alfonso X’, ‘Juanelo Turriano’ y ‘María Pacheco’, las instalaciones de la Academia de Infantería y la Escuela de Administración Regional.
En el resto de capitales los lugares de examen se ubicarán en centros de la UCLM en Albacete, Ciudad Real y Cuenca y en institutos en Ciudad Real y Guadalajara.
Estas ubicaciones se han buscado teniendo en cuenta la amplitud y, especialmente, la accesibilidad de los aspirantes.
Un reto a nivel organizativo que implicará la participación de 5.200 personas
De las 1.583 plazas convocadas, 915 son para funcionarios y 668 para personal laboral. Habrá 138 plazas reservadas a personas con discapacidad, de las cuales 73 son para discapacidad general, y las 65 plazas restantes están reservadas a personas con discapacidad intelectual correspondientes a las ofertas de empleo de público de 2017 a 2020.
Las pruebas selectivas para personas con discapacidad intelectual se celebrarán en un turno independiente, con temario y pruebas adaptadas, tras la modificación de la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha para facilitar el acceso de este colectivo a la Función Pública que fue impulsada por el Gobierno regional.
Este elevado número de plazas convocadas supondrá para la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas enfrentarse de nuevo a un gran reto de organización y logística, con el objetivo de que los exámenes se desarrollen sin incidentes.
Para garantizar que así sea, habrá 5.200 personas implicadas en la organización y desarrollo de los procesos selectivos.
De ellos, 700 serán integrantes de los 70 tribunales calificadores que se han constituido, 56 para las plazas de personal funcionario y 14 para las de personal laboral. Y otras 4.500 personas actuarán como personal de apoyo, entre vigilantes, coordinadores provinciales, responsables de centro, responsables de pabellón y personal de servicios.
Suponen 1.000 personas más con respecto a las que hubo en las pruebas de los procesos selectivos correspondientes a la OEP 17-18, debido a que por la pandemia y siguiendo las indicaciones sanitarias, en estos procesos selectivos se ha reducido el número de aspirantes por aulas, lo que conlleva la apertura de más clases y, por tanto, la necesidad de disponer de más personal de apoyo para que los exámenes se lleven a cabo con total garantía.
Compromiso del presidente de Castilla-La Mancha
Con la publicación de las fechas y lugares de exámenes de estas pruebas selectivas se sigue cumpliendo el compromiso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page de aprobar todos los años una oferta de empleo público en todos los sectores y que supone ejecutar al 100% los planes de impulso a los servicios públicos que se viene desarrollando desde la anterior legislatura.
De hecho, desde 2016 se han aprobado 15.751 plazas de empleo público, lo que supone una media de 2.600 al año, y el Gobierno regional espera que, al acabar la legislatura, en 2023, se superen las 20.000 plazas de empleo público aprobadas durante los últimos ocho años.
Tras la adjudicación de las plazas correspondientes a estos procesos selectivos, cuyos primeros exámenes empezarán a finales de septiembre, la tasa de temporalidad quedará por debajo del 8% en Administración General, cumpliendo con el objetivo de temporalidad establecido a nivel estatal.
