Entre agosto de 2020 y julio de 2021 se han destruido 8.712 Km2 de selva tropical amazónica, el segundo peor dato jamás medido por el sistema de alerta DETER-B.
La deforestación en Brasil aumenta a medida que Jair Bolsonaro acelera el desmantelamiento de las políticas ambientales y de protección de los pueblos indígenas
Greenpeace ha sobrevolado la semana pasada varias zonas afectadas para el monitoreo de incendios, entre ellas un área deforestada de 2.716 hectáreas (equivalente a 3.888 campos de fútbol)
El Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales (INPE) ha hecho públicos los datos de deforestación entre agosto de 2020 y julio de 2021, registrándose una pérdida de 8.712 Km2, la segunda mayor cantidad de deforestación anual jamás medida por el sistema de alerta DETER-B. (1)
“Tras el proceso de desmantelamiento de las leyes de protección ambiental, el gobierno de Jair Bolsonaro y el congreso brasileño están tratando ahora de recompensar a los que practican la deforestación ilegal y el robo de tierras”, dice Cristiane Mazzetti, portavoz de Greenpeace Brasil. “Esto empeorará la actual crisis climática y de biodiversidad”.
El pasado martes 3 de agosto, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el proyecto de ley PL2633, una legislación que quiere legitimar el acaparamiento de tierras públicas. Esta práctica está directamente relacionada con la deforestación de un tercio de toda la superficie que pierde la Amazonia brasileña. A pesar de las recientes promesas de Bolsonaro de abordar la deforestación ilegal, y al tiempo que espera negociar acuerdos comerciales con la UE, EE.UU., Reino Unido y Canadá, él y sus aliados están impulsando un conjunto de proyectos de ley que permitirían una mayor deforestación y socavarían el derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios.
“Pocos creían en las falsas promesas de Bolsonaro de reducir en un 10% la deforestación. Mientras su gobierno sigue debilitando la capacidad de las agencias ambientales para hacer cumplir la ley, por tercer año consecutivo se vuelve a recurrir a las fuerzas armadas para investigar delitos ambientales, una estrategia que ha demostrado ser ineficaz“, continua Mazzetti, “pero si el Senado brasileño aprueba la ley de acaparadores de tierras, el colapso de la Amazonía se precipitará, destruyéndose partes de la selva tropical que son clave para prevenir los peores escenarios de emergencias climáticas y de biodiversidad”.
Cada año, Greenpeace Brasil sobrevuela el Amazonas para monitorear la deforestación y los incendios forestales sobre alertas del sistema Deter (Sistema de Detección de Deforestación en Tiempo Real) y Prodes (Proyecto de Monitoreo Satelital de la Amazonia Brasileña), además de puntos de calor notificados por el Inpe (Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales), en los estados de Amazonas, Rondônia, Mato Grosso y Pará.
En un sobrevuelo realizado en la última semana de julio, Greenpeace localizó incendios en varias zonas afectadas por la deforestación, incluida una zona deforestada que abarcaba 2.716 hectáreas (equivalente a 3.888 campos de fútbol). Es de esperar que estas áreas parcialmente taladas ardan en las próximas semanas, cuando la vegetación restante se vuelva más 
seca y más susceptible al fuego. “Cuando está a punto de publicarse el 6º informe del IPCC, que debería ser una llamada al aumento de la ambición en la lucha contra la crisis climática, la destrucción acelerada de la Amazonia es una muy mala noticia. Esta destrucción de la mayor selva tropical del mundo contribuirá a intensificar los extremos climáticos que estamos viviendo este verano a nivel global, con consecuencias devastadoras en la población “, ha declarado Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace España.
