El comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, está detallando a cada uno de estos diez organismos los pormenores de un documento, compuesto por un total de 196 medidas, que será el principal instrumento de aplicación de la Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación.
Alique ha destacado que la necesidad de que los colectivos, entidades e instituciones que componen estos órganos, conozcan de primera mano las medidas que contempla el documento por su transversalidad, ya que afectan a la totalidad de las áreas de gestión del Ejecutivo autonómico.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado la ronda de consultas por los distintos consejos asesores, integrados por entidades, asociaciones e instituciones públicas y, que están adscritos a las Consejerías, para mostrar el borrador de la Estrategia Regional frente a la Despoblación que fue presentado días atrás a los agentes económicos y sociales.
Se trata de un proceso que se está llevando a cabo de forma paralela al abierto desde el pasado viernes a través del Portal de Participación — que finaliza el próximo 29 de julio — destinado a la ciudadanía en general y con el que se pretende que el documento final de la Estrategia sea lo más participado posible.
Así, el comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, está detallando en cada uno de los diez consejos asesores, por los que pasará el borrador en los próximos días, los pormenores de un documento compuesto por un total de 196 medidas que será el principal instrumento de aplicación de la Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha que está en vigor desde el pasado 1 de junio.
En este sentido, Alique ha destacado la necesidad de que los consejos asesores conozcan de primera mano las medidas que contempla el documento por su transversalidad, ya que afectan a la totalidad de las áreas de gestión del Ejecutivo autonómico.
La finalidad última es que la Estrategia Regional frente a la Despoblación tenga un ámbito temporal de diez años de duración, con dos periodos de revisión cada cuatro años, para que las medidas que contemplan puedan desarrollarse a lo largo de este plazo.
