Artículo de Opinión de Pablo Camacho Fernández-Medina. Portavoz de Bienestar Social del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha
La crisis sanitaria, como todas las crisis, se apelliden como se apelliden, ha golpeado con especial virulencia a las personas más vulnerables, ya sea por motivos de salud, de edad, o por arrastrar situaciones de pobreza o marginación social.
Uno de los principales cometidos de la política debe ser velar por la cohesión social. Tarea que en Castilla-La Mancha se acomete con determinación, plasmada en los acuerdos semanales del Consejo de Gobierno y en la aprobación de unos presupuestos que permiten garantizar la protección social a la ciudadanía y blindar el Estado del Bienestar.
La acción política, como el movimiento, se demuestra andando. Con hechos. Por ello, cada día del año 2021 el Gobierno del Presidente Page destina 18 millones de euros para financiar el Estado del Bienestar.
Nuestra Región ha decidido aprender de los errores y, por ende, demostrar que hay una forma diferente de gestionar una crisis. Frente a los recortes, despidos y desmantelamiento de los servicios públicos que el Partido Popular llevó a cabo en la legislatura del 2011 al 2015, el Presidente Page ha apostado por un modelo radicalmente opuesto, que consiste en incrementar el presupuesto en política social y apostar por una concepción progresista del bienestar social, considerado como una inversión y no como un gasto, y que, además, puede ser una fuente generadora de empleo, especialmente en zonas rurales.
La cohesión social pasa por que a nadie le falte lo más básico para vivir con dignidad. En consecuencia, el Gobierno Regional, a los pocos días del inicio de la pandemia, aprobó una convocatoria extraordinaria de 14 millones de euros para atender situaciones de emergencia sobrevenidas por la Covid-19. Una convocatoria que ha llegado a 12.000 familias.
Además, han permanecido activas el resto de prestaciones como el Ingreso Mínimo de Solidaridad, las ayudas de emergencia social, de pobreza energética o a familias numerosas. A todo ello hay que añadir una conquista social más en nuestro país, que, como todas ellas, ha venido de la mano del Partido Socialista. Me refiero al Ingreso Mínimo Vital, del que ya son beneficiarias 8.000 familias de la Región.
En suma, el Gobierno de Castilla-La Mancha atiende a más de 100.000 personas, con 42.000 prestaciones vivas a familias castellanomanchegas. La mayor cifra de la historia de nuestra Región, pese a tener mejores tasas de desempleo y de pobreza que en los años 2013 y 2014.
El de Emiliano García Page es un gobierno comprometido, también, con las personas que por motivos de salud o edad necesitan servicios, recursos o apoyos, ya sean puntuales o permanentes. Este compromiso se traduce en un incremento presupuestario en las diferentes partidas para el año 2021, porque Castilla-La Mancha no puede permitir que, de nuevo, esta crisis la paguen los más débiles. En consecuencia, el programa de atención a personas mayores ha aumentado un 21%, el de dependencia un 5,5%, y el de discapacidad un 7,6%.
Porque son, en definitiva, los recursos económicos los que permiten llevar servicios de calidad a cada municipio, ampliar derechos sociales y garantizar la igualdad de oportunidades.
Días atrás hemos conocido el dictamen anual de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales en el que se constata que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma que mejor gestiona el Sistema de Dependencia.
Las comparaciones son odiosas, pero necesarias. Si con Cospedal, en el 2015, se atendían a 34.000 personas, ahora se atienden a cerca del doble. Si entonces había 44.150 personas con derecho reconocido, ahora hay casi 75.000. Y si hace seis años había 27.000 expedientes pendientes, ahora hay 3.400, reduciendo el limbo de la dependencia en un 87%. Y, además, el dictamen nos sitúa como la tercera comunidad autónoma que menos tiempo tarda en resolver la valoración de las personas dependientes. Si en España la media es de 430 días, en Castilla-La Mancha es de 246.
La pandemia ha sido especialmente cruel con nuestros mayores. Padres y madres, abuelos y abuelas, que nos lo han dado todo: nos han criado, nos han enseñado lo que somos y nos han dejado un mundo mejor que el que ellos se encontraron.
Así pues, produce una infinita alegría saber que todas las personas mayores que residen en centros sociosanitarios ya están vacunadas con las dos dosis y que, por tanto, nunca más tendremos que vivir situaciones tan trágicas.
La pandemia nos ha enseñado, también, que hay que potenciar los servicios vinculados al entorno familiar, algo que en Castilla-La Mancha venimos haciendo con determinación. En este sentido, el Gobierno Regional está ultimando dos proyectos que, sin duda, suponen un antes y un después, como es un Plan de Telecuidado Avanzado mediante tecnología digital, así como la universalización de la teleasistencia para todas las personas mayores de 70 años.
Por otro lado, no se podría entender la atención a los diferentes colectivos sin la contribución del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha. Por ello, el Consejo de Gobierno ha aprobado un plan de rescate con un presupuesto de 37 millones de euros, para que las entidades realicen inversiones en sus centros y, por tanto, adecúen las infraestructuras sociales para ofrecer la mejor atención posible a sus usuarios.
En definitiva, una sociedad está más cohesionada cuando la ciudadanía encuentra administraciones públicas que la amparan, que la protegen y que la reconocen de forma efectiva sus derechos. En Castilla-La Mancha, nuestro Presidente lo tiene claro: saldremos todos juntos de la crisis, sin dejar a nadie atrás.
Pablo Camacho Fernández-Medina
Portavoz de Bienestar Social del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha
