Artículo de Opinión de Pablo Bellido Acevedo. Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha
Hoy es el Día Mundial de la Justicia Social, un valor clave e imprescindible para avanzar hacia una sociedad mejor. La justicia social está íntimamente relacionada con el reparto justo y equitativo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de una persona en la sociedad y vela por ofrecer a cada uno lo que necesita para satisfacer sus necesidades básicas. No se consigue, pues, la justicia social ofreciendo a todo el mundo lo mismo, sino apoyando más a quien necesita más ayuda porque parte de una situación de clara desventaja.
De este modo, la justicia social se vincula con la solidaridad, el apoyo mutuo y la colaboración entre individuos y pueblos, de tal manera que, quien más tiene, contribuye más para que quien tiene menos pueda disfrutar de ventajas y servicios que le serían inaccesibles de no ser por la cooperación del resto. No actuar así, no pensar más en quien menos tiene, nos lleva a dar rienda suelta al egoísmo, al ‘sálvese quien pueda’, a proteger al poderoso y abandonar al débil. Y eso es algo que no debemos permitir.
La solidaridad, la equidad, la justicia en definitiva, deben ser valores que sustenten las relaciones sociales, tanto en el ámbito privado como en el público. En el privado, en el de nuestras relaciones personales, avanzaremos hacia una sociedad mejor si sustituimos el individualismo y la competitividad por la cooperación y el apoyo colectivo. Y en lo público, es esencial la construcción de un sistema que garantice que los servicios esenciales llegan con igualdad a todas y todos. Para ello, como decía anteriormente, es imprescindible aportar más donde más falta hace. Conseguir, por ejemplo, que los servicios lleguen al mundo rural, necesita un aporte extra, un esfuerzo de solidaridad colectiva, pero es de justicia que no sea motivo de discriminación el lugar en el que cada uno nace, o donde vive, como no puede serlo el género, la religión, la orientación sexual o la ideología.
La justicia social y la igualdad son compañeras inseparables. Una sociedad sólo puede ser más justa si es más igualitaria. Igualdad entre mujeres y hombres, entre pueblo y ciudad, entre territorios. Igualdad para acceder a servicios sanitarios, con independencia del poder adquisitivo; igualdad para acceder a la mejor educación, sin importar la posición social; igualdad para acceder a la vacuna contra la COVID sin trampas ni atajos. Decía Aristóteles que “el único Estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley”. Y podríamos añadir que sin la igualdad que nos aportan los servicios públicos que garantizan en estado del bienestar, tampoco es posible la estabilidad que necesitamos para convivir y avanzar.
El sistema público en sanidad, en educación, en atención a la dependencia, en pensiones, etc, es la mejor garantía de igualdad y, por tanto, de justicia social. Y los sistemas públicos se construyen con la aportación solidaria y progresiva de todas y todos, con impuestos progresivos en los que, quien más tiene, aporta más para que quien menos tiene tenga que poner menos. Por eso, carecen de toda ética las posiciones de quienes buscan que las grandes fortunas paguen menos o que tributen fuera de nuestro país, porque es de un egoísmo y una injusticia tal que debería causar sonrojo.
Frente a esta posición, hay otras como la de quienes impulsan, por ejemplo, un Ingreso Mínimo Vital para las familias más necesidades, una medida justa que es imprescindible que vea acelerada su implementación. Hay quienes la critican, quienes ven un problema en todo aquello que beneficia a los más débiles. La derecha se opone a esto como antes lo hizo a las pensiones públicas, a la jornada de ocho horas o a las vacaciones pagadas. Pero lo cierto es que se impondrá y será incuestionable, pese a los de siempre, porque es de esas decisiones que mejoran la sociedad porque promueve avanzar sin dejar a nadie atrás.
Hoy, 20 de febrero, renovemos nuestro compromiso de trabajar para la consecución de una verdadera justicia social, que fomente la integración y la protección frente a la explotación de las personas más vulnerables. Es la manera de caminar hacia una sociedad más justa y equitativa.
Pablo Bellido Acevedo
Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha.
